Los abogados del Turno de Oficio de la Comunidad de Madrid se concentrarán el próximo martes en la Puerta del Sol en contra de la privatización de la asistencia jurídica gratuita ante las sospechas del colectivo de la intención del Gobierno regional de querer despojarles de este servicio.
La manifestación forma parte del plan de movilizaciones marcado por las asociaciones ALA, APAEM y ALTODO, que representan a 4.500 letrados que cubren este servicio público, para que la Comunidad atienda a sus demandas. Las protestas se iniciaron por el impago de la deuda contraída por el Ejecutivo autonómico con los abogados al no retribuirles los honorarios de 2008.
El pasado 16 de febrero, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, se comprometió durante una reunión que mantuvo con el decano Antonio Hernández-Gil a pagar "en breve" la cuantía de 24 millones de euros que debe al colectivo y a establecer los mecanismos necesarios para que cobren regularmente en 2009.
Las asociaciones se mostraron escépticas con las promesas lanzadas por el consejero horas antes de que iniciaran un encierro en la sede del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Durante el encierro, acordaron seguir adelante con las protestas hasta que se materialicen los compromisos de la Comunidad. Además, pactaron convocar una concentración el 3 de marzo.
Para ALA, es "imprescindible" continuar con las movilizaciones y "seguir denunciando" ante la opinión publica y los ciudadanos de la comunidad de madrid "las maniobras del Gobierno autonómico tendentes a dejar sin efecto el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita, el ejercicio del derecho de defensa y el de percibir una retribución puntual".
PRIVATIZACIÓN
Al malestar por el impago que sumó el enfado de los abogados con motivo de sus sospechas de la intención de privatizar el servicio. Según el colectivo, el primer paso para privatizar el servicio ha sido entregar a manos privadas el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta ahora lo prestaba el ICAM.
La adjudicación de este servicio está suspendido de manera cautelar hasta que se estudien las alegaciones presentadas por el ICAM. Además, el Gobierno de Aguirre ha entregado ya a los despachos, como a Cremades & Calvo-Sotelo, la prestación de asesoramiento jurídica a ciudadanos extranjeros a través de cursos informativos
Entre sus reivindicaciones figura también que se les actualicen los baremos conforme al IPC. Tanto abogados como el ICAM exigen que se pongan al día los baremos conforme al IPC, puesto que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid, y desde 1996 en el caso del Ministerio.
Fuente: www.europapress.es
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