Varios detenidos quedan en libertad sin declarar por el paro del turno de oficio El colegio de abogados insiste en que todos los sospechosos liberados sin exponer su versión de los hechos quedarían en la misma situación si estuviesen asistidos de letrado.
Junta general extraordinaria del colegio de abogados en la que se decidió suspender los servicios. / juan varela
MARÍA PARDO | A CORUÑA. 07/02/2009. La restricción del turno de oficio aprobada por los abogados para forzar a la Xunta a fijar un nuevo sistema compensatorio por este servicio está ralentizando el trabajo en los juzgados de la ciudad, sobre todo en los de instrucción. El juzgado de guardia, de cuyas funciones se encarga desde el martes el Juzgado de Instrucción número 3, está dejando en libertad a algunos detenidos sin que antes hayan prestado declaración. Además, la ausencia de letrados imposibilita la celebración de juicios rápidos.
La titular de esta unidad ha optado por soltar a los arrestados ante la imposibilidad de encontrar asistencia para los sospechosos que no tienen recursos económicos para contratar a un abogado. Según el colegio que defiende los intereses de estos profesionales, en sus tres primeros días de guardia, el Juzgado de Instrucción 3 no reclamó la presencia de ningún letrado, pero sí lo hizo la Policía Nacional y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
De todas las peticiones recibidas, el colegio consideró urgentes cinco, una para asistir a un acusado de robo y las otras cuatro relacionadas con asuntos de malos tratos. Roberto Rodríguez, diputado tercero de la organización colegial, insiste en que "todas las personas que están quedando en libertad sin prestar declaración iban a estar en la misma situación aunque la juez hubiese escuchado su versión de los hechos".
Explica este miembro de la junta directiva del colegio de abogados que en caso de que el sospechoso pueda ir a prisión sí se envía a un letrado de oficio, pues se considera un caso urgente. La restricción del servicio está teniendo diferente incidencia en los juzgados de Instrucción que no se hacen cargo de la guardia. En algunos indican que son pocas las declaraciones que han tenido que posponer hasta el momento por la falta de letrado, mientras que en otras unidades sostienen que la suspensión del servicio les está causando serios inconvenientes, pues no pueden continuar con la tramitación de muchos casos, lo que supondrá un retraso irrecuperable.
También han llegado al colegio peticiones de asistencia de juzgados de lo Civil, pero ninguna de estas reclamaciones ha sido considerada urgente. Con esta medida, los letrados pretenden lograr que la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza asuma sus reivindicaciones sobre la asistencia jurídica gratuita a personas con pocos recursos.
Tras meses de amenazas con paralizar este servicio, la Xunta aceptó abonar a los letrados una cantidad por día de trabajo. De esta manera, los colegiados ya no tendrían que pedir datos a sus clientes para poder cobrar. Los afectados se mostraron de acuerdo con esta oferta, pero la Consellería sólo estaba dispuesta a pagar de esta manera a los letrados de las siete grandes ciudades gallegas, pero no a los profesionales que prestan sus servicios en los llamados juzgados de pueblo. Por este motivo, los letrados decidieron en una junta general extraordinaria celebrada en enero restringir el turno de oficio a partir del 1 de febrero.
Según los letrados, la mayor parte de los clientes a los que tienen la obligación de asistir no les facilitan los datos necesarios para que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita les pague por sus servicios, lo que les impide cobrar gran parte de las asistencias.
Fuente: www.laopinióncoruña.es
La titular de esta unidad ha optado por soltar a los arrestados ante la imposibilidad de encontrar asistencia para los sospechosos que no tienen recursos económicos para contratar a un abogado. Según el colegio que defiende los intereses de estos profesionales, en sus tres primeros días de guardia, el Juzgado de Instrucción 3 no reclamó la presencia de ningún letrado, pero sí lo hizo la Policía Nacional y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
De todas las peticiones recibidas, el colegio consideró urgentes cinco, una para asistir a un acusado de robo y las otras cuatro relacionadas con asuntos de malos tratos. Roberto Rodríguez, diputado tercero de la organización colegial, insiste en que "todas las personas que están quedando en libertad sin prestar declaración iban a estar en la misma situación aunque la juez hubiese escuchado su versión de los hechos".
Explica este miembro de la junta directiva del colegio de abogados que en caso de que el sospechoso pueda ir a prisión sí se envía a un letrado de oficio, pues se considera un caso urgente. La restricción del servicio está teniendo diferente incidencia en los juzgados de Instrucción que no se hacen cargo de la guardia. En algunos indican que son pocas las declaraciones que han tenido que posponer hasta el momento por la falta de letrado, mientras que en otras unidades sostienen que la suspensión del servicio les está causando serios inconvenientes, pues no pueden continuar con la tramitación de muchos casos, lo que supondrá un retraso irrecuperable.
También han llegado al colegio peticiones de asistencia de juzgados de lo Civil, pero ninguna de estas reclamaciones ha sido considerada urgente. Con esta medida, los letrados pretenden lograr que la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza asuma sus reivindicaciones sobre la asistencia jurídica gratuita a personas con pocos recursos.
Tras meses de amenazas con paralizar este servicio, la Xunta aceptó abonar a los letrados una cantidad por día de trabajo. De esta manera, los colegiados ya no tendrían que pedir datos a sus clientes para poder cobrar. Los afectados se mostraron de acuerdo con esta oferta, pero la Consellería sólo estaba dispuesta a pagar de esta manera a los letrados de las siete grandes ciudades gallegas, pero no a los profesionales que prestan sus servicios en los llamados juzgados de pueblo. Por este motivo, los letrados decidieron en una junta general extraordinaria celebrada en enero restringir el turno de oficio a partir del 1 de febrero.
Según los letrados, la mayor parte de los clientes a los que tienen la obligación de asistir no les facilitan los datos necesarios para que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita les pague por sus servicios, lo que les impide cobrar gran parte de las asistencias.
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