El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, comparecerá mañana para informar sobre la postura del Colegio ante la previsión del Turno de Oficio de renunciar en bloque a las guardias penales y su intención de presentar una moción de censura contra él por el descontento del colectivo debido al "fiasco" de su gestión.
El malestar de los abogados de oficio se debe a la decisión de Hernández-Gil de impugnar el acuerdo que se aprobó el pasado 11 de diciembre en una Asamblea General para respaldar la suspensión del servicio de oficio si la Comunidad no pagaba los 24 millones que adeuda.
El decano adelantó entonces que la Junta de Gobierno no acataría esa medida de presión, lo que hizo que pasara de ser su interlocutor a "un cómplice" del Gobierno regional. También le recriminan haber pactado con la Comunidad un acuerdo que obligará a partir del 16 de febrero a los extranjeros documentar su situación económica como requisito para recibir asistencia jurídica gratuita.
Hasta ahora, el decano no se ha pronunciado sobre el revuelo montado por sus colegiados, quienes están dispuestos a emprender en breve un calendario de movilizaciones que incluyen manifestaciones y encierros. El colectivo se queja del "mutis por el foro" hecho por Hernández-Gil, según denunció a Europa Press Santiago Luengo, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).
Las medidas de presión pactadas por las tres asociaciones de abogados del Turno de Oficio tomarán la próxima semana forma al iniciarse la recogida de firmas de los asociados para que prospere la renuncia masiva a las guardias penales a partir de marzo y la propuesta de moción de censura contra Hernández-Gil.
RECOGIDA DE FIRMAS
Las asociaciones que representan al colectivo celebrarán el próximo jueves una Asamblea en el Colegio de Abogados de Madrid para plantear de manera formal las propuestas que se aprobaron la pasada semana en la reunión celebrada en el Salón de Actos de los Juzgados de Plaza de Castilla.
A la renuncia de las guardias se suma un programa de movilizaciones que incluye manifestaciones, encierros y una posible unión a la huelga convocada para el próximo 18 de febrero por los jueces de Madrid, en sintonía con la carrera judicial de otros territorios. La primera manifestación se prevé para finales de mes.
El motivo de la renuncia, que requiere de 900 firmas para paralizar el servicio, es la deuda de 24 millones de euros contraída por la Comunidad de Madrid al deber los honorarios devengados en 2008. La Consejería que dirige Francisco Granados aprobó la semana pasado un presupuesto de 30 millones de euros para sufragar los gastos del Turno de Oficio. El colectivo denuncia que se les pagará la deuda con el dinero presupuestado para este año.
La principal medida de presión que barajan es renunciar a las guardias penales de detenidos y de extranjería a partir del próximo marzo. Esto supondría que los detenidos sin recursos económicos quedarían en libertad a las 72 horas al no recibir asistencia letrada. En el caso de extranjería, no se podrían abrir expedientes de expulsión y se bloquearía en el aeropuerto de Barajas el retorno de los inmigrantes a su país.
Las asociaciones aspiran también a reunir 4.300 firmas para presentar una moción de censura contra Hernández-Gil, quien ostenta este cargo desde diciembre de 2007, para adelantar elecciones. El colectivo cree que su gestión ha sido "un fiasco" debido a que su llegada al Decanato del ICAM generó muchas expectativas. "El pasado año ha sido el peor para los abogados de oficio por la deuda acumulada y las pretensiones de privatizar este servicio público", denunció Luengo.
PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO
El primer paso para privatizar el servicio ha sido entregar a manos privadas el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta ahora lo prestaba el ICAM. Igualmente, el Gobierno de Aguirre ha entregado ya a los despachos, como a Cremades & Calvo-Sotelo, la prestación de asesoramiento jurídica a ciudadanos extranjeros a través de cursos informativos.
Luengo acusó al decano de engañar al colectivo al pactar con la Comunidad el acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, de 28 de noviembre de 2008, que establece que los ciudadanos extranjeros gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando sea evidente que carecen de medios para sufragar gastos de defensa.
Este acuerdo entrará en vigor el próximo 15 de febrero y supondrá que si no tienen los documentos para acreditar su situación económica no podrán recibir asistencia letrada gratuita. Las asociaciones interpretan este convenio como "una trampa" para "freír a los extranjeros de burocracia".
Fuente: www.europapress.es
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