CORDOBA. El presidente de la A.P.C. y la junta sectorial de jueces discrepan en el número de Juzgados de nueva creación.

Baena plantea crear un juzgado de Primera Instancia mientras los jueces reclaman seis

Miércoles, 29-04-09.P. GARCÍA-BAQUERO.

CÓRDOBA. El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, afirmó ayer durante la presentación de la memoria del TSJA correspondiente a 2008, que la Justicia en la provincia no acumula retrasos, sólo fluctúa. Baena sólo reconoció, tal y como refleja el texto publicado el pasado lunes, que sería necesaria la creación de un nuevo Juzgado más de Primera Instancia y un segundo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Nada que ver con la percepción de la junta sectorial de jueces de Primera Instancia que acordó recientemente instar tanto al TSJA como al Consejo General del Poder Judicial la creación «urgente» de seis nuevos ju zgados de esta materia en la provincia ante la «sobrecarga» de trabajo. De hecho el pasado ejercicio soportaron el doble de la carga de trabajo establecida por el CGPJ. Los jueces de Primera Instancia alertaron entonces que si continuaba el aumento de asuntos, tal y como sucedió en los dos primeros meses de este año, al acabar 2009 se superará el 225 por ciento de la carga de trabajo.

La situación de colapso también salpica al resto de materias como el Juzgado de Menores, pero como adelantó Baena, ya se busca un emplazamiento para la creación de un segundo Juzgado para este año, aunque no será, dij o, antes de verano. Baena avanzó que también está previsto para este año la creación un Juzgado número 3 de Posadas.

Y sería conveniente, apreció el presidente de la Audiencia durante la presentación de la memoria del TSJA, «aunque aún no está decidida, la creación» de dos Juzgados más de lo Social, dada la incidencia de la crisis y uno más de Vigilancia Penitenciaria ya que se prevé uno cada 1.000 internos y en Córdoba hay 1.810.

Sin embargo, el presidente de la Audiencia mantiene que sería «ideal», aunque bajo criterios económicos y optimización presupuestaria, la creación sólo de un nuevo órgano de Primera Instancia, con el objetivo de que el actual Juzgado de lo Mercantil limite su actividad a asuntos jurídicos de esta índole. Sin embargo, aunque se cree un décimo juzgado, al liberal de asuntos civiles el de lo Mercantil, el resto de materia civil ha llegado a engrosar más aún al resto de juzgados. De ellos, dos exclusivos para familia.

«Juzgados aliviados»

De hecho, Baena reconoció que la creación el pasado año del Juzgado de Primera Instancia número 10 «no ha sido suficiente» para paliar esta carga. Sí lo han sido, puntualizó Baena, la puesta en marcha del Juzgado de lo Penal número 5, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, ambos han quedado con un volumen de asuntos por debajo de los módulos recomendados por el CGPJ.

Por otro lado, una de las apuestas de Baena ha sido incrementar con dos magistrados y secretarios más la plantilla de la Audiencia de modo que existan doce jueces que se pueden dividir en cuatro secciones con lo cual se especializarían dos en asuntos penales y otros dos en civiles. Aún así, la Audiencia Provincial registró en 2008 un volumen total de 2.341 asuntos penales y 1.195 civiles un trabajo similar a la de años anteriores resueltos en un 96%.

Fuente:www.abc.es

CORDOBA. El presidente de la APC a favor de una reforma de los partidos judiciales

Baena plantea cambiar la normativa para crear un juzgado las 24 horas

El presidente de la Audiencia Provincial propone una "comarcalización" de los partidos judiciales para especializar a los jueces de los pueblos en algunos temas

A. Alba | Actualizado 29.04.2009 - 01:00

Eduardo Baena posa para los fotógrafos con una copia de la memoria anual del TSJA.

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, propuso ayer que la solución para que la ciudad cuente con un Juzgado de Guardia activo durante las 24 horas del día pasa por cambiar la normativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Baena informó de que Córdoba cuenta con siete Juzgados de Instrucción y que la normativa del CGPJ prevé la creación de unas guardias durante las 24 horas una vez que una ciudad cuente con ocho órganos de este tipo. Por eso, y teniendo en cuenta que no está previsto la creación de una Instrucción número 8, Baena planteó cambiar el reglamento del poder judicial para casos especiales como el de Córdoba: una ciudad de más de 325.000 habitantes en la que en determinadas horas no hay un Juzgado de Guardia disponible.

Eduardo Baena coincidió con los sindicatos en que este servicio es necesario en Córdoba, sobre todo para "beneficiar la coordinación" con la Policía Judicial, que también ha mostrado su malestar y problemática para desarrollar su trabajo con eficacia en los momentos en los que la ciudad carece de Juzgado de Guardia. Los sindicatos han convocado una protesta a las 10:00 de hoy en las puertas del Juzgado de Guardia de la Audiencia Provincial para exigir la creación de un órgano durante las 24 horas. La Junta de Personal de los Órganos de la Administración de Justicia asegura que el actual sistema de guardias no se adapta a la realidad actual cordobesa. Según los sindicatos, "la gran actividad judicial desborda a diario el Juzgado de Guardia, con jornadas laborales diarias de una media de 12 horas durante los ocho días de duración de las guardias, se incrementa mucho los fines de semana", ya que este órgano asume la competencia en materia de violencia contra la mujer.

El presidente de la Audiencia Provincial presentó ayer la memoria de actividad que el lunes hizo pública el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y reconoció que la situación es "alarmante" en los juzgados de Primera Instancia por culpa de la crisis económica y analizó la situación en las sedes de los pueblos, con especial saturación en Lucena y Posadas. Eduardo Baena planteó la necesidad de modificar el actual sistema de partidos judiciales y propuso una especie de "comarcalización" con la que algunos juzgados se encargarían y especializarían en temas como violencia contra la mujer o familia. El objetivo de esta propuesta es evitar saturaciones y resolver de una manera eficaz "esas materias comunes". Para el presidente de la Audiencia Provincial, esta nueva demarcación judicial debería llevarse a cabo "a corto plazo" y pensar en una reforma mucho más profunda de los partidos judiciales a largo plazo. Baena reconoció que esta modificación provocará "tensiones políticas" entre municipios.

Fuente:www.eldiadecordoba.es

CORDOBA. Se pide un Juzgado de Guardia 24 horas.

Más de un centenar de trabajadores de la Audiencia piden un juzgado de guardia 24 horas

29/04/2009 REDACCIÓN.

Más de un centenar de trabajadores de la administración de Justicia en Córdoba se han manifestado hoy para denunciar que el actual sistema de guardias está "obsoleto" y para pedir un juzgado de guardia que establezca un turno de 24 horas con el que ofrecer un mejor servicio y mejores garantías jurídicas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el vicepresidente de la Junta de Personal de Justicia, Vicente Bailina, quien ha explicado que esta concentración responde a la necesidad que tiene Córdoba de contar con un servicio ininterrumpido de guardia para conseguir un sistema público que beneficie a la población y a los trabajadores.

Por ello, ha pedido que se conceda un juzgado de guardia de 24 horas tanto para que las personas detenidas puedan ser puestos a disposición judicial con la debida celeridad como para que los trabajadores de los juzgados puedan disfrutar de una jornada laboral equilibrada.

En ese sentido, ha indicado que Córdoba necesita este servicio, que ya está instalado en Málaga, Sevilla y Granada, ya que una jornada de mañana y tarde es insuficiente para dar cobertura a la gran carga laboral que soportan los juzgados.

Según Bailina, la posibilidad de establecer un turno de guardia de 24 horas es competencia del Ministerio de Justicia, que debe tener en cuenta que tanto Policía Judicial, como jueces, procuradores y abogados coinciden en que esta cuestión ayudaría a conseguir un servicio más eficaz.

"El mayor de los problemas es que el horario de guardia establecido en Córdoba es inadaptable hasta para la propia policía", ya que, una vez acabadas las diligencias policiales, los detenidos pasan a disposición judicial, y esto afecta a los trabajadores que estén de guardia, que pueden ver sobrepasada la jornada laboral que le corresponde.

Por tanto, ha subrayado que la solución pasa por establecer un turno de guardia de 24 horas en el que cada día vaya rotando personal nuevo, y en el que los trabajadores que cubran la noche puedan descansar al día siguiente.

Fuente:www.diariocordoba.com.

MADRID. Desconvocada la huelga de Justicia

A. DEL CAZ / AGENCIAS | MADRID 25/02/2009.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y los delegados sindicales de los funcionarios de la Administración de Justicia han firmado este mediodía un preacuerdo que, de ser aprobado, pondría punto y final a la huelga que mantienen los funcionarios desde el pasado 16 de febrero.

La asamblea celebrada esta tarde en el Instituto de Secundaria «Virgen de la Paloma», en la que los trabajadores han expresado su criterio mediante votación, se ha decidido ratificar el principio de acuerdo al que se ha llegado con la Comunidad.

El respaldo de la propuesta significa la desconvocatoria de la huelga y la vuelta al trabajo de los funcionarios, que ahora tendrán que recuperar las dos semanas de retraso que acumulan.

Mañana jueves, Francisco Granados llevará el preacuerdo a la Asamblea y el jueves 5 de marzo será aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM). A. M., funcionaria de un juzgado de primera instancia, explica que «la garantía que pedimos es que se apruebe en el Consejo y se cumpla, que no ocurra lo mismo que pasó con el acuerdo firmado el 11 de diciembre de 2007».

Aumento de sueldo y de plantillaGranados se ha sentado esta mañana en la Mesa Sectorial con los representantes sindicales de CCOO y UGT, STAJ y CSI-CSIF para acercar posiciones. El preacuerdo consensuado consiste en incrementar el complemento específico a 90 euros en 2009 y a 140 euros en 2010, a lo que habría que sumar los 130 euros que perciben desde el pasado año. El resto, hasta alcanzar los 450 euros prometidos en 2007, se cobraría en 2011.

El convenio contempla reforzar en 2009 la plantilla del Registro Civil de la calle Pradillo en 24 nuevas plazas y en 2010 se crearían otras 70 nuevas plazas. Además, se consolidan en puestos de trabajo fijos el empleo de 181 personas con contratos de refuerzo. El calendario de aumento de plantilla se extenderá en 2010 y 2011 para mejorar los juzgados más colapsados, como los Juzgados de lo Penal de la capital. De hecho, la Comunidad ofrece un fondo de reserva de 260.

Fuente: www.abc.es

CORDOBA. LA JUSTICIA SE DEFIENDE

La Justicia se defiende

Cualquier jornada en los tribunales transcurre entre cerros de expedientes que se acumulan sobre escritorios, estanterías y sillas · Una visita sirve para entender los motivos que han impulsado la huelga

Ángel Robles / córdoba | Actualizado 15.02.2009 - 12:41

A la Justicia no le salen las cuentas: citaciones cada cinco minutos, juicios cada 15, miles de expedientes apilados en los armarios, cientos de sentencias en ejecución... Las jornadas de trabajo se consumen en los juzgados entre pilas de legajos y pasillos abarrotados de ciudadanos. Los documentos devoran estanterías y escritorios, sillas y archivadores. No es raro toparse con funcionarios que transportan decenas de expedientes multicolores en carros de supermercado: de una oficina a otra, de una mesa a otra. Hay papeles con una vida breve y otros que, por el contrario, encallan en los escritorios con citaciones interminables, recursos agotadores, informes forenses clave y pruebas periciales irrenunciables. Todo se plasma en papel, y cada puede llenar unos cuantos folios o varios tomos.

“Nos hemos convertido en meros despachadores de papeles, no en investigadores”, resume el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Armando García Carrasco. El miércoles, por primera vez en la historia reciente de España, los magistrados pararán su trabajo durante 24 horas para exigir a las administraciones una apuesta decidida por modernizar esta administración. La huelga se ha gestado en los últimos meses de despacho en despacho, en el correo interno, en las juntas de trabajo convocadas para analizar una situación que va a más. Los jueces, por fin, se defienden:“Este año llegaremos a las 10.000 diligencias. Cada día resolvemos una media de cuatro recursos. Algunos son simples, pero otros tienen gran complejidad procesal, con varios tomos. Y a veces, claro está, te arriesgas”, reconoce el magistrado, por cuyas manos pasan todo tipo de delitos, desde homicidios hasta complejas estafas o falsificaciones de documentos.

Cada día, a las 09:30, comienza el desfile de declaraciones en el despacho de García Carrasco. La agenda es apretada y se confecciona con precisión matemática: un testimonio cada cinco minutos. El vaivén de ciudadanos, letrados, procuradores y fiscales se repite, a la misma vez, en los otros seis juzgados de instrucción de la capital. “No tienes tiempo suficiente para estudiar los asuntos y hay que solucionar cuestiones complejas en pocos minutos. Se trata de decidir sobre la libertad de las personas en el acto. Y hay que hacerlo ya porque, de lo contrario, el trabajo se acumula. Lo que quieren es productividad. Y, en el caso de que haya un error, encima te exigen responsabilidad”, lamenta García Carrasco. La jornada finaliza, teóricamente, a las 15:00. En teoría, claro, porque “muchos asuntos” terminan en casa.

A la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8, Cristina Mir, no le gusta hablar de números, “sino de personas”. Pero al entrar en su despacho es inevitable desviar la mirada hacia los tomos que se apilan sobre su mesa de trabajo. Entonces surge, inevitablemente, la retahíla de datos: es 10 de febrero y junto a su ordenador estudia el asunto 249. Los números, en su caso, esconden desahucios de familias, denuncias de empresas golpeadas por la crisis económica, complejas querellas, minuciosas, de despachos de arquitectos. “Todo el mundo espera una respuesta de calidad después de cinco meses de espera –reflexiona–. Pero cuando llega el momento de la vista oral me veo obligada a decir abrevie, letrado, por favor. Y es su tiempo, el tiempo que tiene el ciudadano para exponer su situación”.

El jueves pasado, la magistrada afrontó dos audiencias previas, cinco juicios verbales y dos ordinarios. La maratón de leyes comenzó a las 10:00: accidentes de tráfico, problemas de constructoras, pleitos de comunidades de vecinos, embargos preventivos... “Ojalá pudiera conciliar la vida laboral con la familiar. Pero casi todos los días me quito de trabajar a las 21:00”, confiesa Mir, que entró en la carrera judicial en el 91.

“Es imposible desconectar, porque los ciudadanos no pueden esperar para conocer una sentencia. La inmediatez es fundamental”, defiende.
“El sentido del deber está por encima de todo”, insiste la titular del Juzgado de lo Penal número 1, Ascensión Miranda. A tan sólo unos pasos del despacho de Mir, los casos –ya instruidos– esperan su turno para sentarse en el banquillo. Pueden pasar meses, incluso años, lustros, una década entera para que procesados y víctimas sean llamados a la sala de vistas. Y eso a pesar de que cada juzgado penal dedica dos jornadas enteras, a veces más, a la celebración de juicios. “Voy a ir a la huelga pero con tristeza, porque es la única manera de decir que estamos hartos de trabajar por encima de nuestras posibilidades”, reflexiona la magistrada ante una columna de expedientes pendientes de resolución. De las paredes de su despacho cuelgan recortes de prensa, novedades legislativas y directrices que hay que acatar y que, en los últimos años, han convertido los penales en bombas a punto de estallar. “Estamos en las trincheras. A los jueces ahora nos tildan de subversivos, pero no existe ninguna ley que prohíba que hagamos huelga. No somos ninguna panda de locos. Somos como un funcionario más, y en base a eso estamos supeditados a las administraciones y podemos ejercer medidas de presión”, reflexiona.

Cuando Miranda ingresó en la carrera judicial tenía que rociar raticida en latas de conserva para impedir que los roedores dañaran los legajos. De eso han pasado 25 años: “España ha avanzado. Y los ciudadanos, por este motivo, reclaman más. Pero los jueces de base, en órganos unipersonales, estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Somos un servicio público que no se presta en condiciones de calidad”, asevera.

En su caso, el trabajo también se traslada a casa después de ocho horas en la oficina:“Difícilmente se desconecta. Sobre todo, si tienes casos que te preocupan. Un día de la semana pasada salí a las cinco menos veinte del juzgado. Estaba caput. Y por la noche me desperté soñando con el caso”, confiesa la magistrada. “A veces pides permisos por asuntos propios y, en realidad, los aprovechas para poner al día las sentencias. Y la mayoría de los sábados por la mañana tienes que venir. No hay otra forma de organizarte”, dice.

La semana laboral del titular del Juzgado de lo Penal número 3, Miguel Ángel Pareja, también tiene seis días: “Hay que aprovechar el sábado”. A diario, a las 09:00 llega al despacho, donde permanece hasta las 15:30. “Y, por la tarde, mínimo de tres horas en casa, porque por la mañana hay que celebrar juicios, atender dudas, recibir...”, dice. “Es imposible desconectar. La vocación es grandísima, y a veces crea ansiedad. Cuando estoy celebrando un juicio no me acuerdo absolutamente de nada, tengo la sensación de que no pasa el tiempo. Pero cuando vuelvo a la realidad cotidiana y compruebo las horas que han pasado, siento impotencia y pido disculpas. En parte me siento mal, pero hay que hacerlo por el bien del ciudadano”, confiesa.

Fuente:www.eldiadecordoba.es

MADRID. 6.000 funcionarios segundan los primeros paros de la Justicia.

Casi 6.000 funcionarios de Justicia de Madrid secundan los primeros paros.

Publicado el 17-02-2009 , por Expansión.com

La huelga iniciada este lunes por los 5.800 empleados públicos de la Administración de Justicia madrileña ha obligado a suspender este lunes más de 2.000 actuaciones judiciales en la región. Los sindicatos cifraron el seguimiento del paro en un 81,32%, mientras que la Consejería que dirige Francisco Granados lo rebajó a un 40,9%.

Un momento de la asamblea de empleados de Justicia de la Comunidad de Madrid ayer en el salón de actos de CC.OO. EFE

Motivados por la "inacción" del Gobierno regional para mejorar "el crítico estado" de los tribunales de Madrid, los empleados públicos alternarán 15 días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión. Aspiran a forzar a la Comunidad de Madrid a implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que atraviesan los tribunales de la región.

Un 85% de los juzgados contará durante estos días con servicios mínimos. En el caso de órganos unipersonales, cada juzgado dispondrá de un gestor, un tramitador y un auxiliar. Los Juzgados de Violencia contra la Mujer serán los únicos que cuenten con la plantilla habitual de funcionarios.

Los funcionarios protestan por las políticas restrictivas del Gobierno regional en materia económica y de personal y el incumplimiento del convenio

La convocatoria de huelga, realizada por CC.OO., STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce como protesta a las políticas restrictivas que está llevando a cabo el Gobierno regional en materia económica y de personal. A ello se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados en diciembre de 2007 por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. El convenio contemplaba un plan de choque para incrementar las plantillas de los Juzgados de lo Penal o el Registro Civil, las sedes judiciales más atascadas de Madrid.

"La situación es penosa. La Comunidad es la única responsable del mal estado de la Justicia madrileña", declaró ayer a Europa Press la portavoz de UGT, Ana García, a las puertas de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla, donde los funcionarios realizaron una pitada por las plantas de la sede judicial. La sindicalista insistió en que sus demandas van más allá de lo económico: "incrementos de plantilla en los Juzgados, regularización de los contratos de refuerzo, revisión de las guardias de la periferia, el establecimiento de una bolsa de interinos en condiciones, etc".

Corte de la Gran Vía
En la jornada de paro del martes, cientos de funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid obligaron a cortar la calle Gran Vía, a la altura del número 18. Los sindicatos han cifrado en un 80% el seguimiento del paro en este segundo día de huelga, mientras que la Consejería de Presidencia y Justicia lo rebajó a un 38,66%.

La manifestación convocada l martes ha recibido el respaldo mayoritario de los empleados públicos, que coreaban repetidamente: "Ea, ea, ea, la Justicia se cabrea". "Sí al acuerdo, no al colapso judicial. Señor Granados, quien no cumple lo firmado, a la Justicia ha estafado", rezaba una de las pancartas reivindicativas alzadas por los huelguistas. Un amplio dispositivo policial acordonaba el perímetro de la marcha.

Granados cree que los funcionarios deben tomar conciencia de la situación gravísima de crisis económica y del descenso de la recaudación

Los sindicatos acusaron a Granados de engañar a los trabajadores y a la opinión pública por sus "anuncios falsos" de convocar la mesa de negociación. "No vamos a consentir que Granados y el Gobierno regional mienta", aseguró la representante de CC.OO, Felicidad López, quien recordó que el acuerdo incumplido contemplaba mejoras fundamentales para mejorar la administración de Justicia.

Los sindicatos reprocharon al Gobierno regional que sea la única Administración que se escude en la crisis económica para desmarcarse de los acuerdos económicos alcanzados en 2007. "La Comunidad de Madrid es la única autonomía que se agarra en la crisis para sustentar el incumplimiento de los acuerdos sobre la Administración de Justicia", denunció el portavoz de CC.OO., Fernando Buendía.

La huelga irá acompañada de concentraciones diarias, a las 8.30 horas, a las puertas de las principales sedes judiciales de Madrid, como los Juzgados de Plaza de Castilla, la Audiencia Provincial de Madrid y el Registro Civil de la calle Pradillo, entre otras. Además, los sindicatos celebrarán hoy una Asamblea en la sede de CC.OO. para informar a los empleados públicos de las movilizaciones que se realizarán cada día.

Promesas incumplidas
Entretanto, Granados se comprometió a que los funcionarios recuperen "en el futuro" la pérdida económica que sufran este año con motivo de la rebaja de la oferta salarial, ajustada a la crisis económica, que realiza su departamento respecto a los acuerdos firmados en diciembre de 2007. Granados anunció que se reunirá durante esta semana con los sindicatos para desbloquear las movilizaciones.

"El Gobierno regional ha hecho una oferta un poco inferior con la acordada. La oferta es razonable. Los funcionarios deben tomar conciencia de la situación gravísima de crisis económica que atraviesa España y del descenso de la recaudación que se ha producido", recalcó Granados, quien garantizó que "la pérdida que se produzca este año de lo inicialmente pactado se recuperará en el futuro".

Aludía a la rebaja de la oferta salarial que se ha acordado en las negociaciones que se mantienen respecto a lo contemplado en el convenio que se fraguó el 11 de diciembre de 2007 entre el ex consejero Alfredo Prada y los sindicatos. El incumplimiento de los acuerdos ha llevado a los funcionarios a secundar una nueva huelga de carácter indefinido, en la que se alternarán 15 días de paro y una semana de trabajo. La huelga se cumplimenta con piquetes en las sedes judiciales y concentraciones a lo largo de la semana frente a la sede de la Consejería, el Gobierno regional y el PP nacional.

Así, Granados emplazó al colectivo a que "renuncien a una parte de la subida del complemento" pactada con Prada en 2007 para reconducir la situación. "En este momento no podemos asumir esa carga económica", aseveró el consejero en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), momentos antes de reunirse con el decano de los abogados, Antonio Hernández-Gil, para afrontar el otro frente abierto por las protestas de los abogados del turno de Oficio.

Fuente. www.expansión.com

CORDOBA. Los jueces de Córdoba mantienen la huelga.

CONFLICTO JUDICIAL. Los jueces de Córdoba mantienen la huelga pese al acuerdo del CGPJ Consideran que no niega el derecho y que solo constata que no hay una norma que lo regule. Degayón asegura que "la opinión mayoritaria" es secundar el paro de 24 horas previsto para el 18.

11/02/2009 RAFAEL DE LA HABA

El magistrado Félix Degayón entra en la Audiencia, el pasado miércoles, para acudir a la asamblea.
FOTO: SÁNCHEZ MORENO

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha negado el derecho a la huelga de los jueces, sino que simplemente ha constatado que no está regulado y, por lo tanto, ha considerado que no procedía establecer servicios mínimos. Esta es la interpretación que hacen los jueces y magistrados de Córdoba sobre el acuerdo del CGPJ del pasado lunes, una lectura que además comparten con la que hacen otras muchas asambleas de jueces del resto de España. Por eso, mantienen la huelga prevista para el próximo día 18.

El magistrado Félix Degayón, que ha actuado en las últimas reuniones como portavoz de la asamblea de jueces de Córdoba, aseguró ayer que "la opinión mayoritaria de quienes en su día decidieron ponerse en huelga el día 18 es que, a pesar del acuerdo del Consejo, seguirán adelante". Degayón explicó que la idea se mantiene porque el acuerdo del CGPJ, que consideró "ambiguo", "no es que niegue expresamente el derecho a la huelga, sino que no fija servicios mínimos porque entiende que no hay cobertura normativa, que jurídicamente es una cosa distinta".

"Hay muchos compañeros que quieren, a pesar de todo, ejercer su derecho a la huelga", insistió Degayón, quien no obstante reconoció que ahora la situación es "incierta". El portavoz de la asamblea dijo, en este sentido, que de momento no se sabe qué va a pasar con los servicios mínimos y si se va a recurrir o no el acuerdo, aunque apostó por que así ocurrirá.

La asamblea de jueces de Córdoba decidió en su día dejar en manos de las asociaciones judiciales convocantes de la huelga --Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)-- el proceso de preaviso y de interlocución para el desarrollo de la huelga, por lo que Degayón apuntó que desde Córdoba "no se va a hacer ahora nada específico, solo esperar al día 18 y los que quieran se pondrán en huelga y los que no quieran, no". Las asociaciones convocantes ya adelantaron el lunes, de su lado, que mantienen la huelga.

Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, dijo que a partir de conocerse el acuerdo del CGPJ "no queda nada más que esperar acontecimientos y ver qué ficha mueven los que tenían convocada la huelga". Ahora hay que conocer si se recurre al Supremo y quién establece los servicios mínimos.

Fuente: www.diariocordoba.com

ÓRDAGO A LOS JUECES.

El CGPJ decide que los jueces no tienen derecho a la huelga.

Publicado el 10-02-09 , por C. García-León / Agencias

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó anoche por unanimidad una resolución en la que afirma que la huelga convocada para el próximo 18 de febrero "no tiene cobertura legal", por lo que los magistrados "tendrán que estar en sus puestos de trabajo el día fijado para el paro".

Pleno extraordinario del CGPJ. (EFE)

Tras casi tres horas de reunión, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, señaló que el órgano de gobierno de los jueces ha decidido "no tener por anunciada la convocatoria de huelga" y "no fijar servicios mínimos" al entender que los escritos presentados por los convocantes de la huelga no tienen "ni competencia ni base legal".

Los vocales han tenido que analizar el artículo 28 de la Constitución, que reconoce el derecho a la huelga de "todos los trabajadores" sin limitar su ejercicio a los jueces, como si ocurre en el caso, por ejemplo, del derecho a sindicarse.

El máximo órgano de gobierno de los jueces decidió "no tener por anunciadas" las convocatorias de huelgas que han sido remitidas a este órgano por parte de distintos órganos judiciales de toda España así como de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y de Foro Judicial Independiente.

"Rechazamos el ejercicio de huelga de los jueces porque no hay base normativa para su ejercicio", señaló Bravo, quien dijo que, por lo tanto, "los jueces y magistrados tienen que estar el día 18 en sus puestos de trabajo".

Aquellos jueces que desoigan al Consejo y decidan finalmente acudir a la huelga el próximo 18 de febrero se enfretarán a posibles expedientes disciplinarios. "Valoraremos cada caso concreto y actuaremos conforme a las normas", dijo la portavoz

Por último, preguntada sobre si la decisión del Consejo ha estado motivada por algún tipo de indicación por parte del Ministerio de Justicia, Bravo quiso dejar claro que los vocales no necesitan "sugerencias" de nadie para tomar sus decisiones.

Contra el acuerdo adoptado anoche, después de tres horas de debate, cabe interponer recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El recurso se tendrá que resolver antes del miércoles 18 de este mes.

Las asociaciones mantienen el paro
Tras conocerse la noticia del CGPJ ha habido reacciones de las asociaciones convocantes de la huelga. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) mantienen "en principio" la convocatoria de huelga para el próximo día 18 pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado ayer que los jueces puedan ejercer este derecho.

Así lo han anunciado los portavoces de estas dos asociaciones, Marcelino Sexmero, de la AJFV, y Conrado Gallardo, del FJI. Sexmero ha dicho que la postura "intermedia" del CGPJ era "la esperada", sin cuestionar el derecho de los jueces al derecho a la huelga y sin fijar los servicios mínimos. Para este portavoz, lo que ha hecho el Consejo es "pasar la pelota" a las asociaciones, ya que ahora son ellas las que tienen que decidir si recurren esa decisión al Tribunal Supremo y llegado el caso, al Constitucional.

Por su parte, el portavoz del FJI, Conrado Gallardo, ha calificado de "solemne estupidez" el argumento empleado por el CGPJ, que ha rechazado el ejercicio del derecho de huelga de los jueces por la ausencia de "cobertura legal", y ha considerado que, de ser así, tampoco los funcionarios podrían hacerla, ya que no está previsto por la ley.

Fuente: www.expansión.com