viernes, 30 de enero de 2009

MADRID. El paro de los Abogados del Turno de Oficio puede llevar al caos de la Justicia.

Otro paro, ahora de los abogados del turno de oficio, puede llevar al caos de la justicia

O. FRAILE. 30.01.2009
Otro paro, ahora de los abogados del turno de oficio, puede llevar al caos de la justicia
  • Los letrados podrían ir a la huelga el próximo mes de marzo, antes, el 18 de febrero, pararán los magistrados madrileños.
  • En el turno de oficio hay 4.500 abogados a los que se les deben ocho meses de salario: 24 millones de euros en total.
  • Hasta 125.000 procesos, los que llevas estos letrados la cabo de un año, podrían suspenderse si van a la huelga.
Detenidos sin recursos económicos en libertad por no poder disponer de un abogado y miles de juicios suspendidos. El caos judicial amenaza Madrid.

Si no era suficiente con la huelga de magistrados convocada para este 18 de febrero, ahora hay que sumar la de los abogados de oficio, y en unas fechas también muy cercanas: el próximo mes de marzo.

Las principales asociaciones de los 4.500 abogados de turno de oficio de la región votaron este jueves hacer huelga dentro de dos meses si la Comunidad no les paga los ocho meses de sueldo que les deben (24 millones de euros).

Este dinero es del presupuesto general para todo 2009, no sólo de los sueldos

Los paros, para cuyo inicio aún no hay una fecha fijada, supondrán la suspensión de miles de procesos: los letrados públicos llevan 125.000 a lo largo del año.

Por su parte, la Comunidad aprobó este pasado jueves el gasto de 34 millones de euros para solventar la deuda, pero, según los abogados de oficio, "este dinero es el presupuesto general para todo 2009, no sólo el de los sueldos".

Un derecho constitucional

La Constitución española asegura asistencia letrada gratuita para aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Cada comunidad autónoma es la encargada de pagar a los abogados de oficio que realizan esta tarea.

Los casos pueden ser de todo tipo: laborales, penales, civiles... este derecho también acoge a los extranjeros sin papeles de residencia.

Fuente: www.20minutos.es

MADRID. Los Abogados de Oficio aprueban renunciar en marzo a las guardias.

El hartazgo de los actores de la Justicia madrileña alcanza ahora a los abogados del Turno de Oficio. El colectivo aprobó hoy en Asamblea por amplía mayoría renunciar a partir del próximo marzo a las guardias penales y de extranjería de detenidos si la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid no paga los 24 millones de euros que adeuda por los honorarios devengados en 2008.

La renuncia de los 4.500 letrados de oficio supondría que los detenidos sin recursos económicos quedarían en libertad al no recibir asistencia letrada. En el caso de extranjería, no se podrían abrir expedientes de expulsión y se bloquearía en el aeropuerto de Barajas el retorno de los inmigrantes a su país, entre otros trámites que implican la asistencia de un abogado de oficio. En resumen: se colapsarían de nuevo los tribunales de la región.

La amenaza de huelga responde en parte a los retrasos del Gobierno regional en el pago de las retribuciones del pasado año. La deuda contraída asciende a cerca de 24 millones de euros, que corresponde al 72 por ciento de los honorarios del segundo trimestre y al 100 por ciento del tercer y cuarto. Según lo letrados, la Consejería de Justicia pretende ahora pagar la deuda con el presupuesto de la Comunidad para 2009.

Ante la pasividad del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) de exigir el pago, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA) convocaron a sus asociados para debatir y votar la propuesta de renuncia. El paro afectaría sólo a las guardias penales y de extranjería.

Un abogado de oficio tiene de entre dos o cuatro guardias de 24 horas al mes, con un máximo de seis detenidos por cada jornada. Cada día, hay 104 abogados, sin incluir los de extranjería, cubriendo guardias penales entre los juzgados de la capital y los partidos judiciales de la región. Sus honorarios ascienden a los 300 euros por cada caso finalizado.

En la Asamblea, los asociados respaldaron la propuesta de recabar 4.300 firmas para realizar una moción de censura contra el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, por "dejación de funciones", con el fin de adelantar unas elecciones. También se aprobó un programa de movilizaciones que incluyen manifestaciones, encierros y ocupaciones, entre otras medidas de presión.

A todo se suma la amenaza de sumarse a la huelga convocada para el 18 de febrero por los jueces, en el caso de que siga adelante. El paro está supeditado a los acuerdos que las asociaciones judiciales alcancen con el ministro Mariano Fernández Bermejo. "Los problemas de la Justicia no sólo afecta a los jueces, sino que salpican a los abogados de oficio", aseveró a Europa Press Manuel Valero, de la Junta Directiva de ALTODO.

PRIVATIZACIÓN

El colectivo lo tiene claro. "Detrás de todo, está la intención de privatizar el servicio de oficio", aseveró el presidente de ALTODO, Santiago Luengo, en los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla antes de la celebración de la Asamblea. "La privatización no sólo afectará al abogado, sino que el derecho de defensa se verá mermado", subrayó Luengo.

Según las asociaciones, el primer paso para entregar el Turno de Oficio a manos privadas ha sido privatizar el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta ahora lo prestaba el ICAM. La Comunidad de Madrid ya lo ha sacado a concurso con la finalidad de que despachos privados se queden con el mismo. En el mismo camino, el Gobierno de Aguirre ha entregado ya a los despachos, como a Cremades & Calvo-Sotelo, la prestación de asesoramiento jurídica a ciudadanos extranjeros a través de cursos informativos.

Las asociaciones se quejan de que su hasta ahora interlocutor, el decano Antonio Hernández-Gil, ha pasado a ser el mayor cómplice del Ejecutivo autonómico. El pasado 11 de diciembre, el ICAM aprobó en una Asamblea General suspender el servicio de oficio si no se sufragaba la deuda. Pese a ello, Hernández-Gil impugnó la decisión y adelantó que la Junta de Gobierno no acataría esa medida de presión.

"El decano ha incumplido sus obligaciones", denunció Teodoro Mota, presidente de la Asociación Libre de Abogados (ALA). "Nos quedaremos en la calle. Llevo 22 años en el turno de oficio y esto supondrá un despido encubierto", se lamentó una de las asociadas.

DEBATE TENSO

El debate de las propuestas se retrasó unas horas por el supuesto "boicot" instigado por el Decanato de Jueces, según los asociados, al señalar un juicio para esta mañana que no estaba fijado, impidiendo la celebración a su hora de la Asamblea. En un ambiente tenso, los letrados decidieron reunirse en el rellano de las escaleras que conducen a los calabozos para iniciar el debate. Al rato, Luengo les emplazó a dirigirse al Salón de Actos, una vez finalizada la vista oral.

Las demandas del colectivo no se reducen al abono íntegro de la deuda. Exigen también la actualización de los Módulos y Bases de Compensación Económica conforme al IPC, que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid y desde 1996, en el caso del Ministerio de Justicia.

Además, reclaman que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados inicie una reclamación administrativa y posterior procedimiento Contencioso-Administrativo, para pedir a las distintas administraciones los intereses de demora correspondientes a los retrasos en el pago del turno de oficio.

ACUERDO DE EXTRANJERÍA

En la Asamblea salió adelante impugnar el acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, de 28 de noviembre de 2008, que establece que los ciudadanos extranjeros gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando sea evidente que carecen de medios para sufragar gastos de defensa.

Este acuerdo entrará en vigor el próximo 15 de febrero y supondrá que si no tienen los documentos para acreditar su situación económica no podrán ser defendidos en los tribunales. Las asociaciones interpretan este convenio como "una trampa" para "freír a los extranjeros de burocracia". "No se pueden exigir esos procedimientos a personas que carecen de recursos económicos", se quejaron.

Asimismo, exigen la nulidad de los acuerdos suscritos por la Comunidad de Madrid con prestigiosos despachos profesionales para la prestación de asistencia jurídica gratuita a ciudadanos extranjeros.

Fuente: www.europapress.es

jueves, 29 de enero de 2009

MADRID. La inmigración masiva amenaza el servicio de Justicia Gratuita.

Redacción | Publicado el 28 Enero, 2009 |

El alto número de inmigrantes que usan el denominado turno de oficio, mediante el cual reciben asistencia jurídica gratuita de abogados y procuradores, hace que económicamente sea excesivamente gravoso para las arcas públicas.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita asiste a todo aquellos que carezcan de ingresos suficientes para sufragar los gastos de un abogado particular. Son los abogados del turno de oficio quines se encargan de prestar este servicio y las arcas públicas de pagarles las asistencias. En 2007 más de un millón de personas fueron atendidas por los 30.000 abogados adscritos al Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita. La prestación de este servicio por parte de los profesionales es voluntaria y se designan de entre aquellos que están inscritos en el turno de oficio. Para ello, uno de los requisitos es que tengan al menos tres años de ejercicio.

Sin embargo en 2009 ante la crisis económica el servicio puede colapsarse. A más parados, más solicitudes de justicia gratuita. Esta es la realidad que a diario se constata en los Colegios de Abogados, que ven como se retrasa el pago de las cantidades con que el Ministerio de Justicia o las CC.AA., si tienen transferidas las competencias, cubren las prestación del servicio.

En el caso de Madrid la situación se hace especialmente crítica debido al gran número de inmigrantes que hacen uso del servicio sin contribuir en lo más mínimo a sufragar el gasto público que supone. La realidad de la comunidad madrileña es que 1 de cada 5 inmigrantes en España reside en Madrid, y que tan sólo 1 de cada 4, cotiza a la Seguridad Social. Así solo en Barajas los abogados del Turno de Oficio asistieron a más de 14.000 inmigrantes recién llegados inadmitidos durante 2007. Los letrados de oficio además tienen que asesorar y defender también gratuitamente a los inmigrantes a los que se ha incoado expediente de expulsión administrativo, al menos 56.176 ilegales en 2007. De hecho en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, el 92,3 por ciento de los solicitantes de justicia gratuita en Madrid son inmigrantes. Además 29.125 inmigrantes en Madrid han disfrutado de asistencia jurídica gratuita al detenido y otros 109.282 extranjeros recibieron este servicio en diversos procedimientos penales, administrativos y civiles, especialmente de familia y desahucios.

La situación es preocupante ya que a inicios de este año la deuda contraída por los impagos a los letrados del turno de oficio madrileños asciende a cerca de 24 millones de euros. Del segundo trimestre de 2008 queda por abonar el 72 por ciento de los honorarios, es decir, alrededor de 7,2 millones de euros. Del tercer y cuarto trimestre se debe el 100 por ciento de la retribución, es decir, un total de más de 16,7 millones de euros. A esto se suman los intereses, de un 5 por ciento, que tiene que pagar el Colegio de Abogados por el crédito bancario solicitado para anticipar algunos pagos.

En relación a esta situación Esperanza Aguirre ha dicho que “no es posible que cualquier, cualquier litigio jurídico, incluido el divorcio, de cualquier ciudadano extranjero sin papeles lo tenga que pagar la Comunidad de Madrid”, lo que levantado las iras de los colectivos y asociaciones que apoyan la inmigración.

Fuente: www.minutodigital.com

MADRID. Los Abogados de Oficio deciden si van a la huelga en Madrid.

Los abogados de oficio deciden hoy si van a la huelga en Madrid

Agencias | 8:27 - 29/01/2009.

Tres asociaciones de abogados de la Comunidad de Madrid decidirán hoy en asamblea si los letrados del turno de oficio de la región van a la huelga a partir del 1 de febrero y suspenden indefinidamente el turno de oficio hasta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia les abonen los impagos de todo el año 2008.

Las asociaciones Altodo (Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno), Apaem (Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid) y ALA (Asociación Libre de Abogados) han convocado a todos sus asociados a una asamblea que se celebrará a las 13.30 horas en el salón de actos de la sede de los Juzgados de Plaza de Castilla, para debatir y votar la propuesta de huelga.

Los más de 4.500 abogados de oficio de la Comunidad de Madrid podrían colapsar la justicia madrileña en caso de aprobarse y llevarse a efecto dicha propuesta, puesto que la asistencia letrada es preceptiva para multitud de trámites judiciales.

Fuente: www.ecodiario.eleconomista.es

miércoles, 28 de enero de 2009

MADRID. Los Abogados del Turno de Oficio decidirán si mañana van a la huelga.

Los abogados del Turno de Oficio decidirán mañana si van a la huelga en febrero por los impagos del Gobierno regional.

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los abogados del Turno de Oficio de Madrid decidirán mañana durante una Asamblea que se celebrará en los Juzgados ordinarios de Plaza Castilla si secundan una huelga a partir del próximo 1 de febrero por los retrasos del Gobierno regional en el pago de las retribuciones que corresponden a 2008, que asciende a una deuda de cerca de 24 millones de euros.

Las Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM) y Asociación Libre de Abogados (ALA) han convocado a sus asociados para debatir y votar la propuesta de huelga. Si se respalda la medida, el paro paralizaría de nuevo los tribunales de Madrid.

Entre sus demandas, figura también que se produzca la actualización de los baremos conforme al IPC, desde la última revisión en 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid y desde 1996 en el caso del Ministerio.

Además, reclaman que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid inicie una reclamación administrativa y posterior procedimiento Contencioso-Administrativo, para pedir a las distintas administraciones los intereses de demora correspondientes a los retrasos en el pago del turno de oficio.

SOSPECHAS DE PRIVATIZACIÓN

El PSM-PSOE sospecha que el Gobierno de Esperanza Aguirre tiene la intención de privatizar el Turno de Oficio de Madrid al mantener la deuda de más de 24 millones de euros contraída con el Colegio de Abogados de Madrid. El impago corresponde al retraso en la retribución de los honorarios devengados en 2008, del que sólo se ha abonado el 29 por ciento del segundo trimestre.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, se reunirá el próxima martes con representantes de los abogados del turno de oficio para analizar la situación que atraviesan. Los socialistas podrían solicitar la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, para que explique las razones de su departamento que impiden pagar a los letrados.

Así lo adelantó ayer a Europa Press la secretaria de Inmigración del PSM, Macarena Elvira Rubio, quien sospecha que detrás de los impagos está la pretensión de Aguirre de privatizar el turno de oficio. De hecho, recordó, la Comunidad ya ha entregado a manos de los despachos profesionales la asistencia jurídica de asesoramiento a extranjeros a través de prestigiosas firmas como Cremades & Calvo-Sotelo. Este servicio se prestaba hasta ahora a través del Colegio.

Rubio tuvo conocimiento de esta situación tras una reunión mantenida con una asociación de abogados del turno de oficio que prestan asistencia jurídica a extranjeros. Los letrados le informaron de los impagos, un asunto que afecta a la totalidad de los abogados de Madrid que prestan este servicio.

La deuda contraída por los impagos asciende a cerca de 24 millones de euros. Del segundo trimestre de 2008 queda por abonar el 72 por ciento de los honorarios, es decir, alrededor de 7,2 millones de euros.

Del tercer y cuarto trimestre se debe el 100 por ciento de la retribución, es decir, un total de más de 16,7 millones de euros. A esto se suman los intereses, de un 5 por ciento, que tiene que pagar el Colegio de Abogados por el crédito bancario solicitado para anticipar algunos pagos.

"Es un asunto muy grave porque afecta a las clases con menos recursos. Si los abogados del turno de oficio no cobran, no estarán dispuestos a prestar asistencia jurídica gratuita y, por tanto, se vulnerará el derecho a la tutela efectiva", denunció Rubio, quien recalcó que Aguirre "no puede incumplir sus obligaciones económicas para prestar un servicio público".

Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, insisten en que "se está pagando" a los abogados que prestan este servicio. Además, recuerdan que se firmó un convenio con el ICAM y con el Colegio de Abogados de Alcalá a través del cual "la Comunidad les pagaría en virtud de cada trimestre vencido en el trimestre siguiente".

Fuente: europapress.es

SEGURIDAD SOCIAL. Abogados de Oficio, Seguridad Social e igualdad.

Abogados, Seguridad Social, igualdad

Apreciados lectores, como gozo de total libertad de expresión en este medio, hoy voy a tratar de informarles sobre algo que posiblemente desconozcan acerca del mundo de la abogacía, pues como dice el refrán ”no es oro todo lo que reluce”.

Pues sí, hoy voy a escribir sobre los abogados y la Seguridad Social, que sepan ustedes que hay un colectivo de abogados, muy numeroso en España, que a nivel de protección de la Seguridad Social tiene menos derechos que un inmigrante.

Estos que después de jugarse la vida llega a las costas españolas y no se sabe cómo, valiéndose de artilugios y picarescas de origen o aprendidas y de acuerdo con la vigente legislación, se pueden empadronar en cualquier ayuntamiento de España, automáticamente, estén en la autonomía que estén, reciben una tarjeta de la Seguridad Social y con ella ostentan todos los derechos recogidos en la Ley 16 2003 de 28 de Mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Si alguien tiene interés podrá consultar en esta ley la cantidad de derechos que tiene ese emigrante empadronado.

Hoy no toca escribir sobre otros derechos sociales, de educación, de ayudas etc., de los que me siento orgulloso, como ciudadano español, se puedan dar a la gente necesitada e inmigrante.

Lo que sí cuestiono es que parte de los Abogados, que son ciudadanos que pagan sus impuestos, colaboran con Hacienda en los pagos de IVA, retenciones y cumplen con sus obligaciones fiscales, y laborales estén, como estamos muchos, privados de tener esa cartilla de la Seguridad Social que da derecho a las prestaciones de la Seguridad Social.

Para dar toda la información, decir que hay Abogados que sí tienen esa cartilla de la Seguridad Social, son los que pagan el RETA, popularmente autónomos, pero los otros, los que pagamos Mutualidad nos vemos privados de detentar esa famosa cartilla antiguamente, ahora tarjeta.

Bueno, políticos, sra. Ministra de Igualdad, en su Ministerio, en esa Dirección General contra la discriminación que está creando, me pregunto si nosotros, abogados, ciudadanos colaboradores de Hacienda y cumplidores con nuestra obligaciones fiscales, laborales y de todo tipo; tendremos que seguir siendo discriminados y no tratados como iguales con los inmigrantes empadronados, que puede o no que paguen sus impuestos y cumplan son sus obligaciones.

Por lo menos sí que tienen un deber de convivencia y de respeto a la nación que les da cobijo y al Estado que les otorga unos de derechos, sean de educación, sociales o de salud.

Sra. Ministra créame, sólo hablo de igualdad y de no discriminación para una profesión, la abogacía, que incluso colabora con el Estado, atendiendo en toda España el turno de oficio, tratando de que se respeten los derechos y libertades de la ciudadanía.

Y no se crea ni por un momento que este colectivo está compuesto por mega despachos y que atiende a clientela de renombre, abogados y despachos de abogados hay de todo tipo, desde el unipersonal hasta aquel que cuenta con cientos de abogados, eso sí, todos ellos estarán de acuerdo conmigo en que el agravio comparativo con los inmigrantes no lo resiste el menor juicio crítico de igualdad o discriminación……………….QUE PAIS.

Escrito por Antonio Pavón Ortiz.

Nacido en Loja (Granada) 1951, aunque residente desde esa fecha en Barcelona. Licenciado en Derecho por la U.B. Abogado generalista y titular de Bufete Pavón en la ciudad de Barcelona.

Lunes, 21 de abril de 2008.

MADRID. Los Abogados del Turno de Oficio estudian medidas de presión.

El colectivo celebrará este jueves una Asamblea en Plaza de Castilla para estudiar las medidas a emprender.

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS).

El PSM-PSOE sospecha que el Gobierno de Esperanza Aguirre tiene la intención de privatizar la asistencia jurídica gratuita que presta el turno de oficio al mantener la deuda de más de 24 millones de euros contraída con el Colegio de Abogados de Madrid. El impago corresponde al retraso en la retribución de los honorarios devengados en 2008, del que sólo se ha abonado el 29 por ciento del segundo trimestre.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, se reunirá el próxima martes con representantes de los abogados del turno de oficio para analizar la situación que atraviesan. Los socialistas podrían solicitar la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, para que explique las razones de su departamento que impiden pagar a los letrados.

Así lo adelantó a Europa Press la secretaria de Inmigración del PSM, Macarena Elvira Rubio, quien sospecha que detrás de los impagos está la pretensión de Aguirre de privatizar el turno de oficio. De hecho, recordó, la Comunidad ya ha entregado a manos de los despachos profesionales la asistencia jurídica de asesoramiento a extranjeros a través de prestigiosas firmas como Cremades & Calvo-Sotelo. Este servicio se prestaba hasta ahora a través del Colegio.

Rubio tuvo conocimiento de esta situación tras una reunión mantenida con una asociación de abogados del turno de oficio que prestan asistencia jurídica a extranjeros. Los letrados le informaron de los impagos, un asunto que afecta a la totalidad de los abogados de Madrid que prestan este servicio.

La deuda contraída por los impagos asciende a cerca de 24 millones de euros. Del segundo trimestre de 2008 queda por abonar el 72 por ciento de los honorarios, es decir, alrededor de 7,2 millones de euros. Del tercer y cuarto trimestre se debe el 100 por ciento de la retribución, es decir, un total de más de 16,7 millones de euros. A esto se suman los intereses, de un 5 por ciento, que tiene que pagar el Colegio de Abogados por el crédito bancario solicitado para anticipar algunos pagos.

"Es un asunto muy grave porque afecta a las clases con menos recursos. Si los abogados del turno de oficio no cobran, no estarán dispuestos a prestar asistencia jurídica gratuita y, por tanto, se vulnerará el derecho a la tutela efectiva", denunció Rubio, quien recalcó que Aguirre "no puede incumplir sus obligaciones económicas para prestar un servicio público".

El colectivo celebrará el próximo jueves una Asamblea en los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla para estudiar las medidas a emprender para forzar el pago de la deuda.

POR CADA TRIMESTRE VENCIDO

Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, insisten en que "se está pagando" a los abogados que prestan este servicio. Además, recuerdan que se firmó un convenio con el ICAM y con el Colegio de Abogados de Alcalá a través del cual "la Comunidad les pagaría en virtud de cada trimestre vencido en el trimestre siguiente".

Por otro lado, la Asociación Libre de Abogados critica que llevan sin que se les actualice los honorarios desde 2003, ni siquiera el IPC, por lo que exigen que se les actualice los pagos y que se les paguen al término de cada trimestre. "El trabajo que realizamos, casi voluntario, no tiene reconocimiento social", lamentan.

Fuente: www.europapress.es

MADRID. Asamblea de Abogados del Turno de oficio en Madrid

Asamblea de Abogados del Turno de Oficio.

29 de enero, 2009 - Plaza de Castilla

Publicado 27-01-2009 por ALA.


Las Asociaciones de Abogados ALA (Asociación Libre de Abogados) ALTODO (Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno) y APAEM (Asociación Profesional de Abogados de Extranjería)

CONVOCAN

a todos los ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO en el Salón de Actos de los Juzgados de Plaza Castilla el 29 de enero de 2009, a las 13:30 horas a la celebración de una ASAMBLEA en la que se trataran los siguientes puntos:

. Aprobación en la Junta General del Colegio de Abogados de Madrid del 11 de diciembre de 2008 de la Propuesta de suspensión total de la gestión de la asistencia jurídica gratuita a partir del 1 de Febrero de 2009, si no se abonan antes de esa fecha las retribuciones del año 2008.

. Interposición del procedimiento administrativo para la reclamación administrativa de intereses de demora en el pago del Turno de Oficio.

. Actualización de las retribuciones del Turno de Oficio congeladas desde el año 2003.

. Pago puntual de las retribuciones del Turno de Oficio al término de cada trimestre.

. Privatización del Turno de Oficio.

. Acuerdo de extranjería adoptado por la Comunidad de Madrid el pasado 28 de noviembre de 2008 relativo a la privación “de facto” del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros e inicio de reclamación ante los Tribunales.

. Acciones a llevar a cabo ante la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

. Reconocimiento y Dignificación del Turno de Oficio.

Fuente: www.madriddigital.info

martes, 27 de enero de 2009

El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia cuestiona la colegiación obligatoria.

Berenguer vuelve a cuestionar la colegiación obligatoria

Publicado el 22-01-2009 , por Carlos García-León. Madrid

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, ha explicado, en una jornada organizada por Unidad Editorial, qué modificaciones propone este organismo en materia de regulación de los colegios profesionales. Para Berenguer, “el objetivo de este y otros cuatro informes es poner de manifiesto que algunas regulaciones plantean problemas desde la óptica de la competencia. El principal objetivo de la reforma es beneficiar a los destinatarios de los servicios, los consumidores”.

El presidente de la CNC, Luis Berenguer, junto a Joaquín García-Romanillos, moderador de la Jornada, en el Auditorio de Unidad Editorial.

El presidente de la CNC, Luis Berenguer, junto a Joaquín García-Romanillos, moderador de la Jornada, en el Auditorio de Unidad Editorial.

En cuanto a cuestionar la obligatoriedad de la colegiación, Berenguer dijo que “parece que hemos atacado un principio sacrosanto, pero en muchos casos no se exige la colegiación obligatoria y a veces es excesiva”. “Sólo está justificada la colegiación obligatoria en caso de interés público, y la función pública se atribuye paradójicamente a los propios profesionales y no a un organismo público independiente, añadió el presidente de la CNC, para acabar recalcando que “la función pública de los colegios es muy limitada”.

Berenguer manifestó a los asistentes a la Jornada de “Modernización de Colegios Profesionales” organizada por Unidad Editorial Conferencias y moderada por Joaquín García-Romanillos, que debe quebrarse la asociación automática de profesión titulada con Colegio Profesional. “También hay que redefinir y acortar los fines y funciones de los Colegios, ya que el enfoque debe estar basado en los consumidores y no en los profesionales”, dijo Berenguer. “Es importante, añadió, que se dote a la administración de un mayor papel en la ordenación de una profesión”.

Críticas
Por su parte, Rafael del Rosal, letrado jefe del departamento de Deontología del Colegio de Abogados de Madrid, que intervino a continuación, criticó duramente las tesis de Berenguer. Para Del Rosal, “el informe de la CNC no es claro en el propósito. Si desnaturalizamos los Colegios, como pide la CNC, no se podrían modernizar”. “Lo bueno que ya hecho la CNC y el señor Berenguer, y por lo que tenemos que estarle agradecidos desde los Colegios, es que nos ha puesto en el espejo para poder redefinir lo que somos”, manifestó.

Fuente: www.expansión.com

EL CGAE muestra su sorpresa por la sentencia de la cuota litis.

Publicado el 15-12-2008 , por Expansión.com

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha manifestado esta tarde mediante un comunicado su sorpresa por el hecho de que el Tribunal Supremo haya quebrado totalmente su doctrina sobre el pacto de cuota litis, en un giro de 180 grados. El Código Deontológico de la Abogacía Europea (CCBE) de mayo de 2006 lo prohíbe expresamente

Este giro del Supremo toma más importancia, para el CGAE, dado que no hace muchos años resolvió en sentido contrario algunos recursos contra el vigente Estatuto de la Abogacía de 2001, señalando que la prohibición estaba correctamente regulada. Igualmente el CGAE manifiesta el Consejo que el pacto cuota litis está contraindicado y que el Código Deontológico de CCBE, que agrupa a todas las abogacías de la Unión Europea, lo tiene expresamente prohibido.

En este sentido, el artículo 3 del citado Código, aprobado en Oporto en mayo de 2006, señala expresamente que “el abogado no podrá fijar sus honorarios con arreglo a un pacto de cuota litis", y que “no se considerará pacto de cuota litis el convenio que prevea la determinación de los honorarios en función del valor del litigio encargado al abogado, siempre que dicho valor se fije de conformidad con una tarifa oficial de honorarios o esté admitida por la autoridad competente de la que depende el abogado”.

Esta normativa deontológico, informa el CGAE, refleja la posición común de la gran mayoría de Estados miembros de la UE en el sentido de que un acuerdo no regulado de pacto de cuota litis es contrario a la buena administración de la justicia en la medida en que fomenta la litigiosidad especulativa y que convierte al abogado en socio del cliente, momento en el cual pierde su independencia.

Sin embargo, este artículo no se opone al mantenimiento o introducción de acuerdos por los que los abogados reciban honorarios diferentes en función de los resultados o que sus servicios únicamente sean abonados si la acción o el asunto resultan en beneficio de la parte, siempre que estos mecanismos se encuentren suficientemente regulados y controlados para proteger al cliente y el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, afirma el Consejo, que a la espera de analizar en detalle la sentencia, estudiará si plantea el correspondiente recurso ante los órganos competentes, nacionales o internacionales.

Fuente: www.expansión.com

Sentencia cuota litis. Los abogados pueden pactar porcentaje sólo en caso de ganar el pleito

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado en una sentencia que los abogados puedan pactar libremente percibir honorarios a porcentaje en función del resultado del pleito, en contra de lo establecido por el Código Deontológico del Consejo de la Abogacía que exigía el pago de un honorario mínimo antes del inicio del litigio.

La prohibición de la cuota litis acaba de ser considerada por el Tribunal Supremo como una práctica contraria a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). Por cuota litis se entiende de forma tradicional un procedimiento de minutar los honorarios profesionales en función de los resultados obtenidos en el pleito. El abogado ganaría un porcentaje convenido del valor de los resultados en caso de ser estos positivos.

Este último tribunal había sancionado al Consejo de la Abogacía al pago de una multa de 180.000 euros al entender que la norma del Código Deontológico que prohibía los honorarios a porcentaje o "cuota litis" violaba el derecho a la libre competencia.

La Sala Tercera del Alto Tribunal, con esta decisión tomada en el Pleno, cambia su doctrina respecto a esta cuestión ya que tradicionalmente la Jurisprudencia de la Sala Tercera había sido favorable a la prohibición impuesta por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). De hecho, tal y como reconoce el Pleno, hasta hace escasas fechas, “ha imperado una consideración tradicional sobre la función de los servicios jurídicos como ajenos al mundo de la competencia”. Sin embargo, el Supremo asegura ahora que prohibir la fijación de honorarios a porcentaje sólo en caso de ganar el pleito “choca frontalmente” con la LDC que prohíbe que se establezcan directa o indirectamente los precios.

A juicio del Pleno, “no cabe duda de que la prohibición de la que se habla supone una fijación indirecta de precios mínimos que impide la libertad por parte del profesional de condicionar su remuneracion a un determinado resultado positivo”. Supone, además, “una limitación en cuanto a las condiciones en que se presta el servicio profesional”.

Para llegar a esta conclusión, el Supremo parte del “pleno sometimiento de los Colegios Profesionales a la Ley y al Tribunal de Defensa de la Competencia –hoy Comisión Nacional de la Competencia– sean cuales sean las funciones que ejerzan y el carácter público o privado de las mismas”.

Ahora el alto tribunal viene a respaldar esta resolución del TDC aunque levanta la sanción económica establecida. En su sentencia asegura que cualquier tipo de Colegio Profesional debe aplicar un "pleno sometimiento" a la Ley y a la hoy conocida como Comisión de la Competencia "sean cuales sean las funciones que ejerzan y el carácter público o privado de las mismas".

Estatuto

La sentencia, que estima un recurso del letrado José Luis Mazón, tendrá que tener su reflejo en el futuro Estatuto de la Abogacía española ya que el ahora anulado artículo 16 del Código Deontológico fue reproducido posteriormente en el artículo 44.3 de la mencionada norma. Al respecto, el Supremo indica que el cambio de criterio adoptado en esta sentencia “habrá de plasmarse en futuros supuestos de aplicación del citado precepto del Estatuto General de la Abogacía”.

La sentencia destaca que la prohibición de la cuota litis en sentido estricto también está en contra "de la supuesta libertad de fijación de honorarios" que proclama el propio Código Deontológico.

Fuente: ww.expansión.com

lunes, 26 de enero de 2009

CANARIAS. Convenio de Asistencia Jurídica con la Consejería de Sanidad.

La Consejería de Sanidad y el Consejo Canario de Colegios de Abogados firman un convenio de asistencia jurídica para los casos de agresiones físicas o verbales en el ámbito laboral.

El personal del Servicio Canario de la Salud contará con asesoramiento y orientación jurídica gratuita en materia civil y penal, sobre cuestiones relacionadas o derivadas de agresión sufrida durante su actividad laboral La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Víctor Medina Fernández-Aceytuno, y la directora general de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud (SCS), Carmen Aguirre, han firmado un convenio de colaboración entre el SCS y la institución citada, que tiene como finalidad la prestación del servicio de asistencia jurídica especializada al personal del SCS en caso de agresión física y/o verbal derivada del ejercicio de sus funciones como tal, procedente de los usuarios de los servicios sanitarios.

El presente convenio expone como objeto, el asesoramiento y orientación jurídica gratuita en materia civil y penal, sobre cuestiones relacionadas o derivadas de agresión sufrida durante la actividad laboral del personal del SCS. Además, se especifica que se dará prestación del servicio de asistencia letrada en los procedimientos judiciales que se inicien.

Este acuerdo excluye el servicio de asistencia jurídica especializada en los supuestos en que la agresión proceda del propio personal del SCS y en el caso de que se inicie procedimiento penal contra personal del SCS a raíz de agresión. La vigencia de este convenio finaliza el 31 de diciembre de 2007, aunque el plazo podrá ser prorrogado expresamente por las partes por períodos anuales. En cuanto a la financiación, corresponde al SCS la financiación íntegra del presente proyecto.

Respecto a las obligaciones de las partes, el Consejo Canario de Colegios de Abogados, a través de los ilustres Colegios de Abogados que lo integran, deberá procurar la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento y aportar la máxima rapidez en la designación de asistencia jurídica profesional y en el sistema de cita previa, a través de cuantos medios se estime necesario.

Por su parte, el SCS se obligará a realizar las intervenciones que le competan en cuanto a la tramitación y evaluación de las solicitudes que se presenten. Asimismo, el convenio contempla que la dirección del SCS designará un responsable que supervisará la ejecución del convenio y se creará, a su vez, una comisión mixta de seguimiento que tendrá como finalidad la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.

Trámites.

En el supuesto de que un trabajador manifieste ante la institución responsable la intenciónde solicitar el servicio de Asesoramiento Jurídico Especializado, la Gerencia correspondiente, una vez evaluada la solicitud, la cursará ante el Ilustre Colegio de Abogados correspondiente a su partido judicial, quien designará un letrado al trabajador agredido.

En ningún caso, el Colegio de Abogados atenderá solicitudes directas de particulares que no vengan de las Gerencias. Para los casos de extrema urgencia, se establecerá un sistema de designación de asistencia letrada inmediata, siempre a solicitud de las instituciones sanitarias competentes.

La firma de este convenio fue autorizada en Consejo de Gobierno a principios del pasado mes de octubre, a propuesta de la Consejería de Sanidad, por lo que, superado este trámite, se procede a su ratificación entre los titulares de ambas instituciones con el objetivo de hacer efectiva la prestación de este servicio al personal del ámbito asistencial que lo necesite.

En 2006, se registraron un total de 79 agresiones de usuarios a trabajadores del SCS durante la actividad laboral, de las que 13 fueron físicas, 57 verbales y 5 físicas y verbales. En septiembre de este año, el número de agresiones ascendió a 87, un 10 por ciento más, de las que 9 fueron físicas, 52 verbales y 26 físicas y verbales.

Ante esta circunstancia, detectada en el resto de servicios autonómicos de salud, la Consejería de Sanidad impulsó, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, la puesta en marcha de un Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud, del que se desprende el citado convenio con el Consejo Canario de Colegios de Abogados, como medio de protección del personal.

Fuente: http://www.gobiernodecanarias.org/noticias 8/11/2007

SEGURIDAD SOCIAL. 65.000 Abogados no tienen asistencia sanitaria gratuíta.

200.000 PERSONAS, DE LAS CUALES 65.000 SON ABOGADOS,NO TIENEN ASISTENCIA SANITARIA GRATUITA EN ESPAÑA.

POR TERESA BLANCO CAMACHO.

Si bien existe un principio de universalidad de la prestación sanitaria gratuita en condiciones de igualdad, sigue existiendo un sector de la población de igualdad, sigue existiendo un sector de la población, entre el que se encuentran los abogados colegiados encuadrados en la Mutualidad de la Abogacía, no cubierto por la gratuidad del Sistema de Salud. Por esta razón, y con el objetivo de poner de relieve, entre otras cuestiones, el derecho a la asistencia sanitaria de esta parte de la población, analizar si existe vulneración del principio de igualdad proclamado por la Constitución Española, o examinar la oportunidad de financiación del sistema de salud mediante impuestos separando los conceptos de prestaciones de la Seguridad Social y prestación Sanitaria, el Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad General de la Abogacía organizaron una jornada sobre la Asistencia Sanitaria Universal, que tuvo lugar en el salón de actos del Colegio de Abogados de Madrid el pasado 4 de diciembre.

El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Alfredo Montoya Melgar fue uno de los ponentes. Durante su intervención indicó que “pese a tantos y tan proclamados propósitos. Hoy la Asistencia Sanitaria Pública sigue sin ser universal ni gratuita ya que algunos colectivos que no están incluidos en el campo de aplicación de la Seguridad Social, ni pueden acreditar falta de recursos, están desprotegidos”. Este es el caso de los abogados encuadrados en la Mutualidad
de la Abogacía, que para beneficiarse de las prestaciones sanitarias deben satisfacer las correspondientes primas a la Mutualidad.

AGRAVIO COMPARATIVO Y VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

Durante su ponencia el catedrático repasó las diversas declaraciones legislativas que recogen que “la salud constituye un derecho de carácter universal”, del que se desprende, en opinión de Montoya Melgar, “la gratuidad de este derecho aunque no se recoja expresamente en la normativa internacional o española”. Para Montoya Melgar, “reconocer la universalidad de un derecho y luego no establecer los mecanismos necesarios para su gratuidad sería un flatus vocis”. Señaló asimismo que del modelo constitucional español deriva “una idea de asistencia sanitaria pública, universal y gratuita, configurada como un principio rector de la vida política, económica
y social, aunque no como un derecho fundamental”. De este modo, explicó Melgar “el sistema de la Seguridad Social venía prestando asistencia sanitaria a favor de colectivos determinados y ello implicaba una reducción del ámbito de protección de la asistencia sanitaria y, con el modelo universal de la Constitución, se pretende la protección de todos los colectivos”. Para ello, “es necesario financiar la sanidad a través de los impuestos y no a través de prestaciones contributivas de la Seguridad Social”.

El profesor denunció que “llevamos un cuarto de siglo de situación transitoria a lo largo del cual la Seguridad Social sigue siendo el básico prestador de la asistencia sanitaria”. Una situación que, si bien en un principio se debió a “motivos económico-financieros ahora continúa por pura inercia” y que supone “un agravio comparativo y vulnera el principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de nuestra Constitución, ligado inevitablemente a los principios de universalidad y gratuidad”. Para el profesor lo ideal sería “una solución global y definitiva con una universalidad práctica y que afecte a todo el mundo que pasa por acabar con el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y una financiación de la Sanidad a través de los impuestos”.

UNO DE LOS MEJORES SISTEMAS DE SALUD DEL MUNDO.

También intervino como ponente Francisco Sevilla Pérez, consejero de Sanidad y Consumo en la representación de España en la Unión Europea, quien presentó la situación actual de la cobertura de la prestación sanitaria en lo relativo a la universalización. A su juicio, el problema de la actual situación requiere “una decisión política clara que no se ha adoptado hasta ahora porque se han complicado las relaciones entre Seguridad Social, Sistema Nacional de Salud y Comunidades Autónomas que no han permitido el abordaje global”. Una decisión, indicó, que llevaría a la universalización de la sanidad “bien como derecho de la ciudadanía o como prestación no contributiva dentro de la Seguridad Social”. Afirmó que “los ciudadanos sin cobertura pública en la actualidad son una minoría” y que su situación “atenta contra varios principios constitucionales”.


Por lo que se refiere a la cobertura de la prestación sanitaria Sevilla Pérez señaló que nuestro Sistema Nacional de Salud es “uno de los mejores del mundo, conlleva un gasto sanitario relativamente bajo, crea empleo, y, según las encuestas, es un sistema con el que los ciudadanos están contentos”.

LA INCLUSIÓN DE ESTOS COLECTIVOS NO SUPONDRÍA UN GRAN INCREMENTO ECONÓMICO.


Los dos ponentes coincidieron asimismo en que la inclusión en la asistencia sanitariagratuita de este colectivo de 200.000 personas –de las cuales 65.000 son abogados no supondría un incremento exclusivo del gasto, ya que esta cifra es muy reducida en comparación con el resto de los españoles que sí se ven favorecidos por esta gratuidad. En este sentido, Sevilla indicó que el Sistema Sanitario actual tiene una financiación autonómica y que “el análisis del impacto de la inclusión de este 1 por ciento en el global de los ciudadanos sería un impacto mínimo para las Comunidades Autónomas”.

Fuente: Revista Abogados. Diciembre 2008.

domingo, 25 de enero de 2009

ENTREVISTAS. Rosario Novoa Amarelle.

ROSARIO NOVOA AMARELLE

ABOGADA DEL TURNO DE OFICIO Y ASISTENCIA AL DETENIDO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE A CORUÑA.

Los abogados del turno de oficio llevamos años esperando un cambio activo del concepto trasnochado de Asistencia Jurídica Gratuita que recoja de una vez por todas nuestras recomendaciones y nuestras viejas reivindicaciones poniendo, con ello, definitivamente, fin a los males endémicos que padece el turno de oficio. No somos sólo los abogados del turno adscritos al Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña los que padecemos este mal, sino que esta enfermedad la hemos contraído todos los abogados de turno y la epidemia se ha manifestado, en mayor o menor medida, por todo el territorio peninsular e insular a lo largo de los años; hoy, por ejemplo, hay un brote activo en Gijón donde, los abogados de oficio, llevan meses de ardua lucha contra el virus de las condiciones discriminatorias, indignas y restrictivas de derechos que nos son impuestas y que dificultan seriamente nuestro trabajo en defensa de los derechos fundamentales de las personas.

Es curioso ver cómo un colectivo que defiende todos los días los derechos constitucionales de los ciudadanos ve ninguneados los suyos bajo varios pretextos demagógicos, que hasta el día de la fecha han funcionado, porque los profesionales del Derecho, que ejercen la abogacía, están siempre demasiado ocupados defendiendo a los demás, hasta el punto de que se olvidan de defenderse a sí mismos. Esto, unido a que la profesión de abogado, por su propia naturaleza, es individualista y solitaria, ha constituido el caldo de cultivo propicio para que no se escuchen sus reivindicaciones, se acallen fácilmente o se releguen peligrosamente en detrimento de la salvaguarda de los derechos constitucionales.

Así, refiriéndonos a la Asistencia Jurídica Gratuita, entre los pretextos que esgrime la Administración para mantener el abuso y al mismo tiempo ofrecer un servicio con cargo a los presupuestos personales de los profesionales que lo prestan, profesionales que ponen, además, los medios materiales al servicio de esta prestación, está la celebrada frase que reza "el turno de oficio es voluntario", lo cual, aunque fuera cierto (que no lo es del todo, ya que tiene que haber un número suficiente de letrados inscriptos en ese servicio para garantizar el adecuado funcionamiento del mismo, sino, incluso, con carácter excepcional, se puede acordar la inclusión obligatoria de los profesionales en las listas de Asistencia Jurídica Gratuita) no debiera utilizarse para imponer condiciones serviles a nadie en un Estado de Derecho que proscribe la explotación y proclama, al contrario, el derecho de los españoles a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades (y las de su familia), todo ello en el marco del derecho a la libre elección de profesión u oficio. Tampoco debiera utilizarse esa célebre frase porque, es evidente, que toda profesión, oficio, cargo o puesto de responsabilidad pública o política se ejerce de una manera voluntaria y, al día de hoy, no se ha visto a nadie renunciar al salario que considera digno, en aras de la consecución de un orden social justo, ni aún cuando invocan la temida crisis o dicen actuar en beneficio de todos.

Recientemente se ha aprobado un nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita autonómico, en el que no se nos ha dado participación y por lo tanto se ha perdido una oportunidad de mejorar un servicio público, en beneficio de todos, gracias al asesoramiento y la colaboración de los profesionales que, por su participación, en el día a día, son los que mejor conocen cómo se debiera de articular su reglamentación: los abogados de oficio; pero bueno, esto no es una tragedia, lamentablemente para la seguridad jurídica estamos acostumbrados a ver como se promulgan y se derogan, o no se aplican, normas diariamente.

Lo que sí es más complicado es el día a día del abogado obligado a asumir un servicio que, en la mayoría de los casos, no puede negarse a prestar, aún cuando sabe que no va a percibir ni las nimias compensaciones que le ofrece la Administración ni los honorarios que tendría que abonar aquél al que se le ha denegado el derecho a la asistencia jurídica gratuita; un abogado que ha padecido, previamente, el letargo de los burócratas que forman la comisión que reconoce o deniega tal derecho, que tardan meses, cuando no años, en decidir si lo conceden o lo deniegan, que para cuando han resuelto (lo normal es la denegación sistemática por no aportar documentación) el letrado de oficio ya casi ha terminado el pleito y mientras tanto ha asumido, de una manera obligada, la dirección del mismo, sin que tampoco lo pueda abandonar precipitadamente, dejándolo a la espera de que se designe un nuevo compañero, que tampoco va a ver retribuido su trabajo y llegado a un punto, al que le toque, tampoco puede negarse a aceptar esa defensa bajo pena de incurrir en responsabilidades civiles y disciplinarias por causar indefensión a la parte; asume de manera obligada, también, responsabilidades que libremente puede que no hubiese querido asumir, que, además, ni aún cuando se concede el beneficio de justicia gratuita son respaldadas con un seguro de responsabilidad civil a cargo de la Administración; o asuntos, como los del 11 M por poner un ejemplo, cuyo derecho a la defensa puede que no sea bien entendido por el conjunto de la sociedad; ha tenido que desplazarse a centros de detención situados en puntos kilométricos distantes unos de otros "no cabaliño de San Fernando" o valiéndose del medio que buenamente pueda; asistir, cuando lo requiera el asunto, a práctica de pruebas fuera de la sede judicial utilizando, para ello, sus propios recursos, padeciendo el desagravio comparativo de ver cómo a otros, al servicio de la Administración, se les facilita un medio de transporte con cargo a fondos públicos y si tiene que desplazarse al centro penitenciario le abonan 20 euros, con un máximo de dos salidas por proceso. Todo lo anterior sin contar con que las guardias son de 24 horas en ciudad y una semana en los partidos judiciales, en las que hay que estar enteramente disponible, sin que la Administración cotice por el abogado a la Seguridad Social, que, además, obligan a ajustes imposibles en la agenda semanal siguiente a esa guardia. Los señores letrados deben plegarse a las exigencias de todo el mundo. Por si esto fuera poco, incluso, hubo de pagar, por citar otro ejemplo, 30 euros por el curso de formación para acceso y permanencia en el turno en materia de Violencia de Género.

Fuente: www.laopinioncoruna.es

viernes, 23 de enero de 2009

GIJÓN. El Colegio de Abogados crea un grupo de estudio del turno de oficio.

El vicedecano de la institución, Jesús Villa, dirigirá a los letrados que van a realizar un informe de la situación

R. GARCÍA. 23/01/2009.

El Colegio de Abogados creó ayer de manera oficial un grupo de trabajo que tiene el objetivo principal el de poner sobre la mesa la situación que viven los letrados que ejercen dentro del servicio del turno de oficio. El grupo de abogados que realizará el trabajo, encabezado por el vicedecano de la institución, Jesús Villa, se reunió ayer por primera vez en la sede colegial situada en Cimadevilla. Durante los próximos días, los profesionales del derecho estudiarán de manera comparada cuál es la situación del turno de oficio en las diferentes comunidades y cuáles son las soluciones más factibles para «dignificar» a los profesionales asturianos que trabajan en este campo.

El objetivo es el de «emprender un proceso de despliegue de una batería de medidas dirigidas a darle la mayor difusión pública posible a la reivindicación de mejoras para los abogados que prestan el servicio en el turno de oficio». Los letrados pretenden, de esta manera, y con las acciones que lleven a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo, que los ciudadanos sean conscientes de las malas condiciones de trabajo que sufren los encargados de cubrir la asistencia letrada gratuita a aquellos justiciables que carezcan de recursos económicos para costearse un profesional.

Además, y como segunda actuación, ayer mismo el Colegio participó en una mesa redonda organizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo sobre la reforma de la Administración de Justicia. En el acto, el decano de los letrados gijoneses, Sergio Herrero, puso sobre la mesa las condiciones de la prestación del turno de oficio y la necesidad «acuciante» de mejoras».

Los letrados gijoneses comenzaron su pugna por la dignificación y la mejora de las condiciones del turno de oficio en mayo del pasado 2008. En un primer momento, decidieron hacer una huelga que luego fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia, por lo que los letrados, reunidos en su Colegio, optaron por darse de baja de manera masiva en el servicio de asistencia gratuita. El próximo día 1 de febrero, cuando entre en vigor la baja voluntaria, tan sólo habrá 24 abogados en Gijón que presten este tipo de servicio; el 6 por ciento de los que normalmente están inscritos en el turno de oficio. El objetivo de los letrados pasa por el aumento de las cuotas que perciben por asistir a los ciudadanos que demandan los servicios jurídicos gratuitos y por la inclusión de los profesionales inscritos en el turno dentro del sistema de la Seguridad Social.

Los abogados gijoneses comienzan su lucha por la «dignificación» del turno de oficio.
En un primer momento se instaura una huelga que luego no es permitida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Diciembre de 2008

En una junta celebrada en el Colegio, los abogados se ponen de acuerdo en dar de baja de manera masiva a todos los profesionales que prestan sus servicios dentro del turno de oficio.A partir del 1 de febrero, en Gijón sólo 24 abogados participarán del servicio de asistencia gratuita, es decir, el 6 por ciento de los habituales.

Fuente: lne.es

GIJÓN. Los Abogados elaborarán un estudio sobre el Turno de Oficio.

23/01/2009 P. L.

El Colegio de Abogados de Gijón designó ayer al equipo redactor que se encargará de elaborar un estudio comparativo sobre las condiciones del turno de oficio en las distintas comunidades autónomas. Se trata de la primera medida que adoptará el colectivo para reivindicar la mejora del servicio de justicia gratuita. Entre las medidas que exigen los letrados está la justa retribución de todas las actuaciones profesionales que realizan y el derecho a contar con los servicios sanitarios de la Seguridad Social. Asimismo, piden que se simplifiquen los trámites que tienen que seguir los abogados para justificar y cobrar las intervenciones referidas a los casos de justicia gratuita. Los letrados también piden a la consejería que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado controle que los beneficiarios del turno cumplan los requisitos económicos legales y no se produzcan casos de abuso por parte de usuarios. Otra de las medidas de presión que han acordado llevar a cabo el Colegio de Abogados de Gijón es el encierro en la sede colegial los primeros lunes de febrero y marzo. Asimismo, los letrados repartirán folletos explicativos para dar a conocer la precaria situación que sufre el turno de oficio. El decano del Colegio de Abogados, Sergio Herrero, señaló que el siguiente paso que adoptará la entidad para reivindicar mejores condiciones para los letrados inscritos en el registro de justicia gratuita se anunciará el próximo lunes. Tras el abandono en masa del turno de oficio, sólo 22 abogados permanecen en el servicio.

Fuente: www.lavozdeasturias.es

jueves, 22 de enero de 2009

GIJÓN. Los Abogados se dividen por los inscritos en el Turno de Oficio

El Colegio debatirá nuevas medidas de presión y algunos pedirán que no se pague a los ejercientes.

R. GARCÍA. 22/01/09

Las medidas de presión no han terminado. Los abogados gijoneses no se rinden y en su junta extraordinaria debatirán hoy nuevas propuestas para que el Principado les dé la razón y aumente las percepciones que se ofrecen dentro del turno de oficio. Entre estas nuevas propuestas los letrados gijoneses pretenden que la Consejería de Justicia no pague a los abogados que aún siguen dados de alta en el turno de oficio y que no se acogieron a la baja voluntaria establecida el uno de enero.

Además los letrados pretenden que, debido a que actualmente sólo 24 profesionales prestan sus servicios dentro de la justicia gratuita, se eliminen las especialidades y que, por tanto, cada abogado esté trabajando en varios juzgados a la vez. Ésta y otras medidas de presión fueron propuestas ayer por un nutrido grupo de abogados al presidente del Colegio, Sergio Herrero, y serán debatidas hoy a las 19.30 horas, en la junta extraordinaria.

En ese nuevo paquete de medidas también se incluye la limitación de las citas que se ofrecen a los abogados de oficio y el establecimiento de un único turno de guardias, que haría a los profesionales encargados de la justicia gratuita estar pendientes de nueve localizadores diferentes.

Además, el primer lunes del mes de febrero y el del mes de marzo los letrados gijoneses se encerrarán dentro de la sala de togas de su sede colegial. Los abogados señalarán de esta forma su malestar y endurecerán las protestas que ya comenzaron en mayo de 2008 y que, desde el 1 de febrero, cobrarán más importancia con la baja masiva de profesionales en el servicio de asistencia jurídica gratuita.

El Colegio de Abogados ha publicado, además, una circular que entregará a todos aquellos ciudadanos que soliciten un abogado de oficio. En el comunicado, los letrados explican a los usuarios de la justicia su posición con frases como: «¿Sabía usted que un abogado del turno de oficio cobra 85,12 euros por el servicio de guardia de 24 horas de asistencia a víctimas de violencia de género?» o, por ejemplo, «¿que la consejera de Justicia de Asturias no ofrece a los abogados ninguna mejora?».

Fuente: www.lne.es

miércoles, 21 de enero de 2009

GIJÓN. Los Abogados se encerrarán en su colegio durante dos noches para protestar.

Su objetivo es lograr la «dignificación» del turno de oficio y el aumento de los salarios.

R. GARCÍA. 21/01/2009.

El primer lunes del mes de febrero y el del mes de marzo los abogados gijoneses se encerrarán en la sala de togas de su sede colegial durante toda la noche. El objetivo es protestar por la mala situación que vive el servicio de asistencia gratuita, con salarios que, a juicio de los juristas, son excesivamente bajos. El primer encierro tendrá lugar el lunes día 2 de febrero, a partir de las nueve y media de la noche.

Los letrados recrudecen de esta manera las protestas que ya comenzaran en el mes de mayo del pasado 2008 y que desde el 1 de febrero cobrarán más importancia con la baja masiva de profesionales en el servicio de asistencia jurídica gratuita.

El Colegio de Abogados ha publicado, además, una circular que entregará a todos aquellos ciudadanos que soliciten un abogado de oficio. En el comunicado se pueden leer frases como: «¿Sabía usted que un abogado del turno de oficio cobra 85,12 euros por el servicio de guardia de 24 horas de asistencia a víctimas de violencia de género?» o «que la consejera de Justicia de Asturias no ofrece a los abogados absolutamente ninguna mejora para su situación». Con estas palabras los letrados gijoneses quieren expresar a los ciudadanos sus necesidades y explicar los motivos por los que el número de abogados del turno de oficio ha quedado reducido a 24 profesionales, tan sólo el 6 por ciento de la plantilla habitual.

Fuente: www.lne.es

martes, 20 de enero de 2009

GIJON. Sólo 24 abogados se inscriben en el Turno de Oficio en su pugna con el Principado.

R. GARCÍA 20/01/09

Durante el mes de febrero sólo el seis por ciento de los abogados que prestan sus servicios dentro del turno de justicia gratuita trabajarán en los Juzgados gijoneses. De esta manera el cuerpo de letrados que sirven como asistencia jurídica a los detenidos sin recursos económicos quedará reducido el próximo mes a tan sólo 24 profesionales. Se trata de un nuevo paso en la protesta que el Colegio de Abogados de Gijón tiene abierta desde el mes de mayo del pasado año 2008. Los letrados exigen una mejora de las retribuciones que reciben dentro del servicio de justicia gratuita a la vez que reclaman el derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, como tienen, según los abogados, «el 99,6 por ciento de las personas que se encuentran en España».

Otro de los puntos en los que quieren incidir los letrados con la baja masiva en el servicio del turno de oficio es el de las «trabas burocráticas» que en ocasiones pone la Administración para el pago del turno de oficio. Los abogados piden una simplificación de las exigencias que la Administración exige a los que prestan sus servicios dentro de la justicia gratuita.

Los portavoces de los letrados señalan que por el momento los responsables regionales en el campo de la Justicia no han dado señas de querer solucionar el conflicto. Por su parte los políticos regionales mantienen que los salarios no se van a subir y que ya hubo el pasado año una revisión de las tarifas que juzgan, de momento, como suficiente. El conflicto continúa, por tanto, abierto.

Fuente: www.lne.es

GIJÓN.- Los abogados del Turno de Oficio preparan un encierro para el 2 de febrero.

Repetirán la movilización el primer lunes de marzo para presionar al Principado. Editarán un folleto para explicar sus reivindicaciones a los ciudadanos

M. M. C.| GIJÓN. 20/01/2009.

Los abogados gijoneses que han rechazado inscribirse en el turno de oficio endurecen su enfrentamiento con la Consejería de Justicia y protagonizarán un encierro en la sala de togas de la sede colegial el próximo 2 de febrero, donde prevén pasar toda la noche en señal de protesta. Esta movilización se volverá a repetir el 2 de marzo.

Así lo hizo saber el decano del Colegio de Abogados de Gijón, Sergio Herrero, a los letrados de la ciudad, a quienes también informó de otra serie de medidas que adoptará la entidad colegial en su lucha por dignificar el turno de oficio y, por ende, la profesión. Una de esas medidas será la de entregar un folleto con las reivindicaciones a aquellos abogados que no secundan las movilizaciones y siguen solicitando su inclusión en el turno de oficio, hasta el momento 24, un 6% de la notación habitual del servicio. Además, se editarán varios carteles que serán colocados en los dos edificios judiciales de Gijón para informar a la ciudadanía de las razones que alegan los letrados para mantener estas movilizaciones.

Este documento traslada a la opinión pública detalles como que un abogado del turno de oficio cobra 85,12 euros por el servicio de guardia de 24 horas de asistencia a víctimas de violencia de género y que por intervenir judicialmente en unas medidas provisionales completas en materia de familia cobra 90,15 euros. También asegura el escrito que estos letrados no tienen derecho a atención sanitaria de la Seguridad Social, a pesar de trabajar para la Administración, y que el Principado no ha ofrecido a los letrados mejora alguna para su situación.

Otra de las medidas a adoptar por los letrados movilizados será la elaboración de un «estudio detallado sobre la situación y problemática real del turno de oficio, que exponga de forma prolija cuál es la labor desarrollada por los abogados que lo sirven, la forma y cuantía de retribución de los mismos, la comparación con otros países y con otras zonas de España, las dificultades a que se enfrentan los letrados en su trabajo y, en general, las mejoras que justificadamente demandamos».

Para elaborar este informe se constituirá un grupo de trabajo que será el encargado de preparar el borrador del informe, que, una vez aprobado por la junta de gobierno del Colegio de Abogados, se hará público. Con el fin de poner en marcha este grupo de trabajo habrá una reunión de letrados mañana, a las 19.30 horas, en el edificio que el colegio tiene en Cimadevilla.

Fuente: www.elcomerciodigital.com

lunes, 19 de enero de 2009

OPINIÓN. Justicia Gratuíta Derecho y vocación.

JUSTICIA GRATUÍTA: DERECHO Y VOCACION.

Lunes, 19-01-09.

Justicia gratuita: derecho y vocación

Francisco Real Cuenca. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.


La Constitución Española consagra en el Capítulo II del Título I el derecho a recibir justicia como uno de los derechos fundamentales del ciudadano. El artículo 17 habla de la «garantía de la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales», y el artículo 24 recoge explícitamente el derecho «a la defensa y a la asistencia de letrado». Si aplicamos a estos derechos el principio de igualdad de los ciudadanos sin discriminación que recoge el artículo 10, queda legitimada constitucionalmente la asistencia jurídica gratuita, un servicio público prestado con grandes dosis de vocación por parte de los profesionales de la abogacía y que garantiza un derecho esencial de todo Estado democrático, sin el cual no sería posible el ejercicio del resto.

Un servicio, por otra parte, nada exento de complicaciones, ya que los abogados del turno de oficio, aquellos que dedican su tiempo y su esfuerzo a convertir la justicia en un derecho para todos, deben enfrentarse a los escollos de la escasa - y a menudo tardía- remuneración de su trabajo, así como a la lentitud de los procedimientos por la falta de medios o por los límites de la normativa vigente, cuando no a la desidia de las administraciones competentes por agilizar los procedimientos en beneficio del justiciable.

A pesar de las dificultades y de los nuevos retos que nos plantea el progreso de una sociedad democrática como la nuestra, los abogados valencianos siempre hemos estado a la vanguardia en la prestación de este servicio ciudadano. Sensibles hacia la situación de los desfavorecidos, luchamos hace siglos por la creación del turno de oficio, con letrados que comenzaron a involucrarse en la defensa de colectivos vulnerables, porque entendieron que la justicia es un derecho de todos.

Hoy, algunos de los colectivos más indefensos son nuevos -mujeres maltratadas, inmigrantes, personas discapacitadas- pero nuestra respuesta es la misma: luchar por una defensa de calidad, racionalizando la asignación de los casos, formando al letrado en las materias específicas del turno de oficio y garantizando la mejor asistencia al defendido. Me siento orgulloso de estar al frente de un Colegio inquieto, comprometido e independiente, pionero en la creación de nuevas secciones en el turno de oficio y claramente activo en la mejora de este servicio. Prueba de ello es que fuimos el primer colegio de abogados de toda España en incorporar el turno de violencia doméstica, y actualmente estudiamos crear nuevas secciones adaptadas a nuevas demandas sociales. La crisis económica, un tema de actualidad ineludible en estos días, nos genera nuevos retos. Ciudadanos cuyos recursos disminuyen y se ven involucrados en pleitos judiciales acuden cada vez más al turno de oficio para defender sus intereses. En el último año, la media de casos por abogado rondó los 25 y hemos detectado un incremento de más del 40% en las designaciones de abogado en procesos civiles, cifra que nos hace reflexionar acerca del papel de la justicia gratuita en este escenario de crisis.

Por todo ello, comprometido como estoy con la idea de la justicia como servicio público, considero que el turno de oficio merece una atención más específica por parte de las administraciones central y autonómica. No más insolidaridad con aquellos cuya vocación por servir a los demás garantiza un derecho constitucional que de otro modo quedaría desprotegido. Mejorar la justicia gratuita es tarea de todos.

Fuente: www.abc.es

sábado, 17 de enero de 2009

A CORUÑA. Mendez Romeu cree que la huelga del Turno de Oficio se está politizando.

17.01.2009. Los abogados la llevarán a cabo desde el 1 de febrero, un mes antes de las elecciones, en A Coruña.

"No es casual que el conflicto aparezca mediáticamente ahora", manifestó ayer el conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, José Luis Méndez Romeu, sobre la huelga que los abogados del turno de oficio del Colegio de A Coruña llevarán adelante a partir del día 1 de febrero para reivindicar el pago de 180 euros por día de guardia en todos los partidos judiciales y no sólo en los de las siete grandes ciudades de la autonomía. La situación afecta a cerca de 700 letrados que atendieron en el pasado año 860 casos.

Méndez Romeu replica que la Administración autonómica tiene la voluntad de aportar los fondos necesarios "para que los letrados vean reconocido su esfuerzo y trabajo", manifiesta que "en el Colegio de Abogados de A Coruña están personas que tienen un cargo de representación política y, por lo tanto, influyen en la toma de decisiones y trasladan al procedimiento judicial aspectos más propios del debate político", y declara que no puede pasar por alto que se intente "politizar la vida colegial desde una posición sectaria en unas vísperas electorales, lo mismo que está sucediendo en el ámbito del Poder Judicial".

Diálogo para una solución

El conselleiro apuntó que en los próximos días se realizarán contactos directos con el Colegio de Abogados de A Coruña, con su comisión del turno de oficio, con los siete colegios de abogados del resto de Galicia y con los representantes de los letrados de todos los partidos judiciales.

En sus declaraciones Méndez Romeu denotó su "perplejidad", ante el desarrollo de los acontecimientos en la asamblea que el Colegio de Abogados de A Coruña llevo a cabo anteayer, ante los avances y medidas que se realizaron en su favor en Galicia como la inclusión de los letrados del turno de oficio en la Seguridade Social, "algo prácticamente sin precedentes en España", precisó el conselleiro.

Fuente: www.elcorreogallego.es

A CORUÑA. Méndez Romeu denuncia la politizacion del colegio de Abogados coruñés.

Sábado, 17-01-09. P. F. A CORUÑA. «Hay personas que tienen un cargo de representación política» y, por tanto, «están influyendo en la toma de decisiones y trasladando al procedimiento judicial aspectos propios del debate político». Con estas palabras, el conselleiro de Presidencia, Adminstracións Públicas e Xustiza, José Luis Méndez Romeu, denunció la «politización» que, en su opinión, sufre el Colexio de Avogados de La Coruña, relacionando las protestas de los letrados por los turnos de oficio con la proximidad de las elecciones autonómicas.

Así, el representante autonómico puntualizó que no pretende entrar en un «enfrentamiento directo con personas que tienen la legitimidad de ser representantes de los abogados», pero matizó que no se puede «pasar por alto» que se intente «politizar la vida colegial desde una posición sectaria», lo que igualó a la situación que se está viviendo en al ámbito del Poder Judicial.

Contactos en los próximos días.

Además, el responsable de Presidencia apuntó que «la Xunta aporta los fondos necesarios para que los letrados vean reconocido su esfuerzo y su trabajo» y que la retribución de los colegiados en Galicia «supera la media española».

Para terminar su posicionamiento, el socialista Méndez Romeu anunció que «en los próximos días» se mantendrán «contactos directos» con el Colexio de Avogados coruñés, con la Comisión de turnos de oficio y con los siete colegios de abogados de Galicia, así como con los representantes de abogados de los diferentes partidos judiciales.

Fuente: www.abc.es