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lunes, 10 de agosto de 2009

24 HORAS DE GUARDIA Mucho oficio, menos beneficio 4.500 abogados, pendientes de cobrar los casos de 2009

24 HORAS DE GUARDIA

ANAÍS BERDIÉ - Madrid - 09/08/2009

A pocas personas les resulta normal que una llamada les saque de la cama a las tres de la madrugada. A Eugenio Ribón, sí: es abogado del turno de oficio y está de guardia. Por eso, desde las diez de la noche del miércoles hasta la misma hora del jueves su teléfono puede sonar en cualquier momento.

"En este trabajo ves la miseria de la sociedad", relata el abogado

"El 80% de nuestros clientes no llegaría a un despacho privado", añade

Esa llamada le hará plantarse en cualquier comisaría una vez que la policía haya dirigido la frase habitual al detenido: "Si no tiene abogado, se le designará uno de oficio". Por eso el teléfono de Eugenio Ribón va a sonar varias veces esta jornada. Como otras muchas.

Él es uno de los 4.500 letrados (de los 49.000 colegiados en Madrid) que se han inscrito para defender a quienes carecen de recursos económicos suficientes -sólo las personas cuyos ingresos no superen el doble del salario mínimo interprofesional tienen derecho a la justicia gratuita- y, también, en un primer momento, a cualquier detenido que solicite su servicio.

Un colectivo sublevado esta semana por las acusaciones del consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, que denunció "abusos" de estos letrados al pasar minutas infladas. Un colectivo, también, al que el Gobierno regional adeuda 21 millones de euros por el trabajo que han realizado en el primer semestre de este año y cuyas tarifas están congeladas desde 2003.

El turno de oficio es "sacrificado" y "muy vocacional", sostiene Ribón, de 35 años. Sus integrantes se sienten a menudo olvidados y ahora, además, indignados. Pero el trabajo no cesa y las guardias arrebatan el sueño incluso en las madrugadas de agosto.

"Un detenido por delito contra la seguridad vial. Acuda a las dependencias policiales de la calle del Plomo [distrito de Arganzuela]". Dos noches al mes, desde hace 10 años, Eugenio Ribón se despierta con mensajes como éste. Un detenido ha solicitado ser defendido de oficio y el Colegio de Abogados de Madrid le ha asignado el caso a él, uno de los 18 letrados que hoy están de guardia. Son bastantes menos de lo habitual por aquello de que es agosto.

El abogado se levanta intentando no despertar a su mujer. Se viste el uniforme de faena -impecable traje con corbata, pelo repeinado y brillante- y llama a un taxi, que pagará de su bolsillo. Cuando baja, maletín en mano, nadie diría que sólo ha dormido tres horas.

Eugenio Ribón cruza la puerta de las dependencias de la Policía Municipal, que suele realizar las diligencias en los delitos contra la seguridad del tráfico en la capital. Los agentes van y vienen, con sucesivos detenidos en los controles de alcoholemia instalados en la ciudad. El abogado venía para atender uno, pero acabarán siendo tres. Los conoce cuando se sientan a su lado, frente al agente que va a interrogarles.

"Buenas noches. Voy a ser su abogado". Un rápido apretón de manos y un instante para dar un consejo antes de que los policías empiecen a hacer preguntas. "Que sepa que puede declarar aquí o ante el juez. Y es mejor que lo haga ante el juez", desliza a su primer cliente de la guardia. El letrado no puede reunirse a solas con los detenidos antes de que se les tome declaración. Pero Ribón intenta que este derecho les quede claro. Es por un caso que llevó hace tiempo y que se le ha quedado grabado. El de una joven de 18 años a la que su novio engañó para traer droga escondida en la maleta. "Le cayeron seis años de cárcel. Si no hubiera hablado en la comisaría, quizá habría conseguido la absolución".

Ninguno de los tres detenidos por alcoholemia, que muestran evidentes síntomas de embriaguez, declara esta noche ante la policía. Lo dejan para el juicio. Que probablemente será pocos días después. "Seguro que la guardia se me alarga hasta el viernes con los juicios rápidos por estos detenidos", aventura el abogado. Y ojalá no sea más. Porque Ribón pensaba pasar el fin de semana con la familia.

"Voy a hacer todo lo posible y casi lo imposible por ayudarte". Ribón intenta tranquilizar a sus clientes en la breve reunión que tiene con ellos, una vez quedan en libertad. Pero no será fácil. "Conducir superando la tasa de 0,6 gramos de alcohol por litro de sangre es delito automáticamente", les explica mientras les da su tarjeta de contacto en una sala de espera desierta.

"Yo se lo agradecería eternamente si consigue que no me quiten el carné de conducir", implora uno de ellos, repartidor de profesión. Ribón apenas altera el gesto: es lo que tiene la experiencia. "Se dan muchos casos de alcoholemia en los que el conductor tiene el vehículo como medio de trabajo", explica. Y quedarse sin trabajo no es ninguna tontería en los tiempos que corren. "Pero yo no puedo darles falsas esperanzas. Prefiero que desde hoy sepan a lo que se enfrentan", agrega. El abogado se despide hasta el viernes de los que han sido citados en el juzgado apenas 24 horas después del arresto.

Son las 5.25 cuando el abogado sale de la comisaría. Aún no ha amanecido otra jornada calurosa. Ribón se toma un café rápido en uno de los pocos bares abiertos a estas horas. Cuando llegue a casa desayunará con su mujer, que madruga. Él piensa en quedarse ya despierto, pero el sueño al final le puede. Echa una cabezada hasta que el teléfono le despierte de nuevo. Serán tres llamadas: dos de clientes del turno y una tercera del colegio, para otra tarea de la guardia. "Tres detenidos. Uno por explotación de menores, otro por resistencia a la autoridad y otro por abusos y coacciones. "Acuda a la comisaría de la calle de Leganitos", le comunican a las 10.27. Empieza un nuevo día de trabajo.

La comisaría, esta vez del Cuerpo Nacional de Policía, bulle de actividad. Es uno de esos sitios que no se vacía en agosto: los arrestos no toman vacaciones. En la sala de espera, Ribón se cruza con dos compañeros del turno. Hablan de lo que ahora les quita el sueño, más incluso que sus clientes: De los meses que llevan sin cobrar de la Administración regional.

Apuntarse al turno de oficio es voluntario y requiere como mínimo tres años de experiencia. Cobran 180 euros por las 24 horas de guardia y en torno a unos 300 por caso. Pero la Comunidad de Madrid no les paga desde principios de año y ya les debe 21 millones. Algunos letrados han cobrado parte de sus minutas, gracias a un adelanto bancario que gestiona el colegio. El consejero Granados ha lanzado sus dardos especialmente contra los letrados de oficio que llevan casos de extranjería a los que acusa de seguir recurriendo aun cuando sus clientes han sido expulsados, para cobrar más. El decano del colegio es taxativo: "Los abogados deben recurrir incluso tras la expulsión", ha dicho Antonio Hernández-Gil.

"Nuestro trabajo es defender los intereses de nuestros clientes hasta el final", mantiene Ribón. Mientras esperan, los letrados hablan de las protestas que preparan para septiembre si los 4.500 abogados del turno de oficio continúan sin cobrar. "Si nos damos de baja la mitad, se satura todo. Los detenidos no pueden declarar sin abogado. Y no los pueden retener más de 72 horas", aseguran. Pero eso no será hoy. Hoy seguirán asistiendo a los que no pueden permitirse un letrado particular.

El abogado pasea su abultado maletín marrón por varias estancias de la avejentada comisaría durante horas. Utiliza su encanto personal para sondear a la policía sobre el contenido del atestado, que no podrá ver hasta que él lo pida en el juzgado. Y no pocas veces descubre que no coincide en nada con la versión que le dan sus clientes en privado.

"¿Quieres contarme algo más?", insiste con delicadeza a la acusada de obligar a menores a robar. Comparten unos minutos en la esquina de un pasillo, antes de que la lleven de nuevo al calabozo. "Para que yo pueda ayudarte mejor, tienes que decirme qué ha pasado exactamente", afirma el letrado. Ella no colabora demasiado. Ribón dice que defender a los acusados no siempre es sencillo. "El 80% de nuestros clientes no llegaría a un despacho privado", opina.

Algunos le reciben "como su tabla de salvación". Otros permanecen cabizbajos mirando sus muñecas esposadas, sin cruzan apenas palabra con él. O incluso se ponen violentos. Podría haberle pasado con el detenido por resistencia a la autoridad, que se presenta ensangrentado y con cara de pocos amigos. Quizá por eso, una vez puesto en libertad, Ribón decide reunirse con él otro día, cuando esté más tranquilo. "En este trabajo ves la miseria de la sociedad", relata. Aunque algo de eso es lo que a él le engancha.

Como la mayoría de los letrados, Ribón reparte su tiempo entre el turno de oficio, que redondea el sueldo a muchos, y el despacho privado. Este abogado con 13 años de experiencia asesora también a una organización de consumidores (es experto en esta materia). Pero el turno de oficio es su debilidad. "Descubres que esto es la vida real", afirma el letrado.

A las 13.50, Ribón abandona cansado la comisaría de Leganitos. Ya en la calle comparte unas palabras con el último cliente de la mañana, que también asegura no saber por qué ha acabado en la comisaría. Está acusado de abusos y coacciones.

Ribón tiene más de 400 casos abiertos del turno de oficio, que se suman a otros cientos de su despacho privado. Su turno es el de derecho penal y ésta es una guardia en la que sólo le asignarán delitos con penas de menos de nueve años de cárcel. Otros días pueden tocar menores o violencia de género.

En la mesa de su despacho se amontonan los papeles. Los deja aparcados un rato. Necesita una siesta. Vuelve a ellos por la tarde. Y el teléfono ya no le molesta más. A las diez en punto de la noche se termina la guardia. Más o menos. Porque al día siguiente le esperan dos juicios rápidos de las alcoholemias y atender a la chica acusada de explotación de menores, que ha pasado a disposición judicial y le espera en los calabozos de la plaza de Castilla.

Se despierta descansado. Recoge en los juzgados los atestados policiales para estudiarlos antes de entrar en la sala. Visita a la detenida en los calabozos. El área está recién pintada, pero eso no le ha quitado el aspecto helador. En la minúscula sala de comunicaciones, el abogado intenta por todos los medios que las explicaciones que le da la mujer se ajusten en algo al expediente policial. Pero ella afirma no saber nada de lo que se le acusa y el letrado tiene que aceptar su versión. Más tarde quedará en libertad pendiente de juicio.

Ribón coge de nuevo el ascensor y abre la carpeta del siguiente cliente. En la puerta del juzgado de guardia le espera uno de los detenidos por alcoholemia. El abogado consigue la pena más baja en el juicio. Aún más de lo que había augurado. Su cliente, al que esperan fuera su mujer y su hija, se deshace en agradecimientos. El otro detenido que estaba citado no se ha presentado y la juez dicta para él una orden de detención. Ahora sí, se acerca el final definitivo del turno.

Son las 14.27 del viernes y Ribón cuelga la toga. Pero cuando sale del juzgado suena el teléfono. "El acusado por alcoholemia del segundo juicio rápido se ha presentado tres horas tarde y le han detenido", explica. Hay que dar media vuelta. Habrá juicio. El descanso en familia tendrá que esperar hasta el sábado.

Fuente:www.elpais.com .Ver noticia.

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Mucho/oficio/beneficio/elpepiespmad/20090809elpmad_2/Tes.

miércoles, 13 de mayo de 2009

ABOGACÍA. Cuando ser Abogado es sinónimo de muerte

Grabación dejada por abogado asesinado incrimina a gobierno Colom.

"Mi nombre es Rodrigo Rosenberg Manzano y lamentablemente si usted está viendo o escuchando esta grabación es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom". De esta manera da inicio un video que circula actualmente en la Internet.

Escrito por DPA/ Ciudad de Guatemala, 12 mayo

Martes, 12 mayo 2009 07:56

Una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala advirtió hoy de obstáculos para resolver el asesinato el domingo del abogado que acusó del hecho al presidente Álvaro Colom y su esposa mediante un video que grabó y dejó a personas cercanas a él, con el propósito de hacerlo público, en caso de que fuera asesinado, pues ya había sido amenazado.

Sus temores se hicieron realidad el pasado domingo, cuando fue asesinado por sicarios, según él, contratados por el presidente guatemalteco, su esposa y el secretario general de la presidencia, entre otros colaboradores.

Ayer, el video y la noticia se hicieron circular en los periódicos guatemaltecos, causando revuelo en la sociedad de ese país, mientras la oposición exigió la renuncia del mandatario, según informaron hoy los diarios en amplia cobertura.

"Haremos todo lo que sea necesario pero necesitamos cortes con las manos limpias", advirtió el director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -un organismo auspiciado por la ONU-, el jurista español Carlos Castresana, informó el matutino Prensa Libre.

La CICIG está actualmente pugnando, sin éxito visible en el mediano plazo, por una ley que haga transparente la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un organismo frecuentemente cuestionado por su dependencia a intereses políticos.

La CICIG inició desde el lunes un trabajo de apoyo a la fiscalía guatemalteca en la investigación de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, ultimado el domingo cuando practicaba deporte, pero quien dejó un video grabado que compromete a Colom, su esposa Sandra Torres, el secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, y a dirigentes de un floreciente banco.

Otto Pérez, un general retirado que es el principal líder de la opocisición, planteó la necesidad de que Colom renuncie al cargo como garantía para no entorpecer las investigaciones.

Colom, a su vez, en medio del escándalo y el asombro de la opinión pública, se reunió en Casa Presidencial con el Cuerpo Diplomático, después de grabar un mensaje a la nación que fue difundido anoche.

En el mensaje, el mandatario rechazó "categóricamente" las acusaciones e instó a la población a no sumarse a "gente que de forma malintencionada está generando hechos para crear ingobernabilidad".

Los diarios dedicaron hoy portada y amplia cobertura en sus principales páginas interiores a las revelaciones hechas por el abogado en el video de 18 minutos de duaración, cuyo envío a los medios de comunicación ayer causó una inmediata conmoción en Guatemala, a todo nivel.

"Culpa a Colom", tituló con gran tipo el matutino "Prensa Libre", insertando como foto central al abogado asesinado en momentos en que dirigía su mensaje en video vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata celeste.

El mismo diario dijo que Rosenberg tenía una "trayectoria intacable", al referir que fue vicedecano de la Universidad Rafael Landívar (URL) y director de la Cámara de Comercio de Guatemala. De 48 años, era socio fundador de la firma de abogados Rosenberg- Marroquín-Pemueller & Asociados desde 1987.

Rosenberg era representante legal de Khalil Musa, prominente empresario de 74 años asesinado a tiros hace tres semanas junto a su hija de 49.

De acuerdo con la versión de la víctima, su muerte está relacionada con una conspiración derivada de oscuros intereses en la disputa por la conducción del floreciente banco Banrural, uno de los más fuertes del país y el de mayor crecimiento en 2008.

Rosenberg fue atacado a balazos por sicarios desde dos vehículos, mientras cumplía su rutina de ejercicios en una exclusiva zona capitalina.

La grabación de audio fue reproducida por la cadena Emisoras Unidas, mientras el video, en el que se observa al propio Rosenberg dando su testimonio, fue subido por los principales diarios, de inmediato, a su edición electrónica.

Rosenberg señaló como "asesinos, ladrones y narcotraficantes" a Colom y a su esposa, junto a otros incriminados: el secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, y el empresario vinculado al gobierno Gregorio Valdéz.

Rosenberg afirmó que Alejos lo amenazó de muerte por no cesar con sus averiguaciones por el asesinato de Musa y sostuvo que el presidente Colom y el resto de acusados ordenaron los asesinatos de éste y su hija por una disputa de la dirección del Banrural, cuyo capital es mixto, tras dejar de ser una institución estatal en la década pasada.

Afirmó que como abogado de los Musa, estaba al tanto de la conspiración que existía en contra del empresario asesinado y que la entidad bancaria se convirtió "en una cueva de ladrones" alineada a los proyectos políticos de la Primera Dama, quien -sostuvo- "se encuentra en campaña presidencial" para suceder a su marido.

El fiscal general, Amilcar Velásquez, declaró este día que el Ministerio Público (MP) trabaja "de oficio" en la investigación de los asesinatos de Musa y su hija y de Rosenberg, aunque explicó que no conocía la grabación, por lo que indicó que primero habría que determinar su autenticidad. También explicó que corresponde a un juez detreminar su validez como medio de prueba.

Fuente:www.laprensagrafica.com




miércoles, 6 de mayo de 2009

ABOGACÍA. Cuidado Peligro de muerte.

  • Abogados británicos denuncian impunidad en asesinatos de colegas colombianos
  • EFE/Londres

Más de 400 abogados han sido asesinados en Colombia desde 1991, en unos crímenes que han quedado impunes, según denuncia la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales en un informe elaborado tras visitar el país sudamericano en 2008.

El informe, difundido hoy y realizado por la "Caravana Internacional de Juristas", documenta amenazas, asaltos, asesinatos y desapariciones de defensores de los derechos humanos y la omisión de las autoridades colombianas de investigar estos crímenes.

En agosto del año pasado, 42 abogados del Reino Unido y una treintena de juristas de otros países, participaron en una investigación en Colombia sobre la situación de los abogados en ese país, especialmente de los que trabajan en el área de derechos humanos.

Según explicó hoy la Sociedad de Abogados británica en un comunicado, el objetivo fue hacer las funciones de "escudo humano" a los abogados en riesgo, protestar contra las autoridades e investigar qué se puede hacer para apoyar y proteger a los abogados de derechos humanos en el futuro.

La delegación se reunió con abogados de derechos humanos y grupos de víctimas así como con jueces, policías y fiscales, empleados de la embajada del Reino Unido, y funcionarios públicos.

Sara Chandler, de la Sociedad de Abogados, destaca en el comunicado que "el coraje de los abogados colombianos ha dejado una profunda impresión en todos nosotros".

"Escuchamos terribles y detallados recuentos de testigos oculares del acoso y ataques sufridos. Durante nuestra visita, un abogado fue asesinado en una de las regiones que estábamos investigando", dice.

Chandler denuncia que "los abogados que conocimos durante nuestra visita continúan sufriendo acoso y recibiendo amenazas de muerte" y que las oficinas de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza (ACADEUM), donde se reunieron con sus colegas, ha sufrido robos y asaltos desde entonces.

Además, afirma, "dos abogados han tenido que exiliarse después de recibir amenazas de muerte en febrero y marzo de este año".

En el informe se señala que los sindicalistas "también han sido objeto de esta campaña de terror".

"Desde 1986, 2.700 sindicalistas han sido asesinados. Profesores, trabajadores de salud y empleados y trabajadores de la industria del aceite de palma son los que están en más alto riesgo", se indica.

Fuente:www.adn.es

lunes, 2 de marzo de 2009

ABOGADOS EN ACCION. Stafford Smith. Un abogado en Guantánamo.

GUILLERMO ABRIL 01/03/2009

Fue el primero en llevar la prisión ilegal a los tribunales. Abrió el camino para defender a los detenidos. Con su ONG, Clive Stafford Smith ha luchado por liberar a casi un centenar. Ahora confía en Europa para echar el cierre.

Cuando en enero de 2002 empezaron a conocerse las primeras noticias sobre la prisión de Guantánamo (Cuba), a la que los militares estadounidenses estaban trasladando a supuestos terroristas de Al Qaeda y talibanes afganos capturados “en combate”, un abogado de sonrisa torcida decidió meter una cuña antes de que se cerrara la puerta de la guerra sucia contra el terror. “Demandemos al presidente Bush”, escribió Clive Stafford Smith en un correo electrónico a sus colegas defensores de los derechos civiles en Estados Unidos. La mayoría respondió con silencio. Otros no veían ningún problema con la prisión. Algo había cambiado, se excusaban: su país se encontraba en guerra desde el 11-S.

Stafford Smith, de 49 años, estadounidense de origen británico, no le retuvo ningún complejo patriótico. Después de dos décadas defendiendo a los innombrables en el corredor de la muerte de los Estados sureños, en febrero de 2002 demandó al entonces presidente, George Walker Bush; al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y a dos mandos de la base naval de Guantánamo por retener “incomunicados y bajo custodia ilegal” a dos ciudadanos británicos. Dos años y medio más tarde, gracias a esta demanda, la Corte Suprema reconocía a los presos el derecho al procedimiento de hábeas corpus y abría una rendija para la entrada de abogados en la base.

La niebla acaricia las colinas del condado de Dorset, al sur de Inglaterra. La carretera serpentea entre prados y vacas. Unas casitas de ladrillo al fondo de un camino embarrado. Un hombre espigado se asoma a la puerta. Dentro, ofrece un té y pide unos minutos: “Estoy acabando una carta a la Casa Blanca. A ver cuál es la postura de Obama sobre la tortura cometida contra un cliente”. Stafford Smith teclea en el portátil. Su mujer, también abogada, juguetea en el salón con el bebé de ambos. John Le Carré y Ernesto Che Guevara sobre la estantería. Zumba la tetera. Punto. Correo terminado. Con la taza en la mano y sus pantalones de pana agujereados, el azote de Guantánamo sale a la calle y hace de guía hasta su oficina, una cabaña luminosa que debió de servir como almacén de aperos. Le ha puesto el apodo de El Pentágono. Como el original, dice, cuenta con cinco lados.

El inagotable Stafford Smith, distinguido como oficial del Imperio Británico, acaba de volver de Estrasburgo (Francia), donde ha pasado un par de días contando a los parlamentarios europeos “la verdad sobre los prisioneros de Guantánamo”. Con más de 20 viajes a la base americana a sus espaldas, en estancias de 10 días, ha representado a unos ochenta detenidos al frente de Reprieve, la organización británica sin ánimo de lucro que fundó hace nueve años; 50 de ellos ya han sido liberados. La mutación de la ONG, consagrada a la defensa de los condenados a muerte, fue inevitable cuando Guantánamo entró en escena. Su sede se encuentra en el corazón de Londres y cuenta con 14 abogados e investigadores dedicados a desvelar el oscuro sistema de inteligencia post-11-S. Las prisiones ilegales se encuentran entre sus prioridades. No sólo la cubana. Ahí están Bagram (Afganistán), Temara (Marruecos) o Diego García (territorio británico). El seguimiento de los vuelos de la CIA es otro de sus fuertes. Sus averiguaciones fueron entregadas en 2008 al fiscal de la Audiencia Nacional que investiga el caso en España, Vicente González Mota. Reprieve aportó la identidad de los agentes de la CIA que operaron los vuelos con escala en territorio español. Los agentes se identificaron con nombres falsos, sostiene Reprieve. “Esta información todavía ha de verificarse, pero ha sido incluida en el sumario”, resume el fiscal. “Y esto da cuenta de su relevancia”.

Volvamos a Guantánamo. Con la orden ejecutiva de Barack Obama de desmantelar en un año una prisión en la que han tenido lugar más suicidios (4) que juicios justos (3), el debate se ha trasladado. “No puedes cerrarla a menos que los prisioneros tengan un lugar al que ir”, dice Stafford Smith. Ahí entra en juego Europa y su viaje a Estrasburgo. De las cerca de 240 personas que siguen encerradas, 140 regresarán a sus países. Unas 40 quizá sean juzgadas en suelo estadounidense. Cerca de 60 no tienen un destino al que volver, perseguidos en sus países, o cuyos Estados se encuentran en guerra. La negociación en el Parlamento Europeo terminó con una declaración de buenas intenciones para ofrecer refugio a quien lo necesite. Pero el problema con la política, dice el abogado, es que una cosa son las palabras y otra la acción.

Noviembre de 2004. Stafford Smith logra su primer permiso para entrar en la base y entrevistarse con los prisioneros británicos Moazzam Begg y Richard Belmar. Bush ya había anunciado al mundo (julio de 2003): “De lo único que estoy seguro es de que éstos [los prisioneros] son personas malvadas”. El abogado imaginaba que se habrían cometido errores, fallos en la identificación, falta de pruebas. “Pero supuse que lo habrían hecho bien en casi todos los casos”. Primera sorpresa: “La mayoría no eran terroristas”. Las cifras han ido hablando por sí solas: de las 759 personas que han desfilado por la base, 525 han sido liberadas. Sus dos primeros clientes volaron a casa dos meses después de la visita del abogado.

El anecdotario de este hombre sobre los sinsentidos de la prisión es interminable. Para empezar, cuenta, se topó con el muro de la burocracia militar. Lo primero que necesita un abogado para defender a una persona es saber quién es la persona, pero nadie sabía quién se hallaba en Guantánamo. Los militares tampoco aportaban ninguna pista. “Cuando por fin dimos con algún nombre y comentamos a las autoridades americanas ‘Eh, estoy representando gratis a esta persona’, nos contestaron que sólo podíamos representarlo si teníamos su permiso expreso. ‘Pregúntenle si quieren que le defendamos’, respondíamos. Y los militares: ‘No. Eso no lo podemos hacer”. La clave fue dar con los familiares, que tienen derecho a solicitar apoyo jurídico para los detenidos. Esto puede resultar sencillo con ciudadanos británicos o australianos. En Yemen, adonde Stafford Smith viajó para localizar a varias familias, se vuelve una labor titánica.

Una vez dentro, la siguiente trampa burocrática: cualquier anotación que un abogado quisiera conservar después de entrevistarse con un detenido había de meterla en un sobre y dirigirla al Departamento de Defensa en Washington, donde se tachaba debidamente toda información comprometedora para la “seguridad nacional” de Estados Unidos. Cualquier referencia a las torturas sufridas por sus clientes, como el ahogamiento, los golpes, los cortes, la simulación de homicidios en celdas contiguas o la posición de strappado propia de la Inquisición española era eliminada porque formaba parte de los “métodos de investigación”. Material clasificado que los abogados no podían hacer público.

A Stafford Smith se le ocurrió así uno de sus golpes de efecto más sonados. En 2005 le remitió al primer ministro británico Tony Blair una carta desde Guantánamo describiendo las atrocidades que los militares americanos habían cometido contra su cliente Moazzam Begg. La misiva la componían una memoria de 40 páginas sobre los abusos, que quedó censurada en un 90%, y dos folios de carta aclaratoria con el encabezamiento: “Re: Torturas y abusos a ciudadanos británicos en Guantánamo”, y un último párrafo: “Todo lo que aparezca tachado en esta carta es información que sus aliados de Estados Unidos no creen que deba conocer”. Fueron las dos únicas frases que la censura de Washington no cubrió con una mancha negra.

Ante la ausencia de juicios justos y la poca información que superaba el filtro, la labor de los abogados ha sido investigar la vida de los prisioneros con las pocas pistas que tenían. Stafford Smith lo ilustra con la historia de otro de sus clientes, Mohamed el Gharani. Originario de Arabia Saudí, fue detenido en Pakistán y vendido a los militares estadounidenses en 2003. Tenía 14 años. Durante el interrogatorio, un intérprete de árabe que hablaba el dialecto yemení le preguntó que cómo conseguía “tomates” en Pakistán. “¿Tomates?”, se preguntó el muchacho. “No necesito tomates. Puedo conseguirlos en cualquier parte”. El problema fue que la palabra que entendía en su dialecto saudí como “tomates” o “ensalada”, zalat, significaba “dinero” en yemení. Los militares, explica su abogado, concluyeron que debía de tratarse de un financiador de Al Qaeda. Lo acusaron de formar parte de una célula londinense en 1998, convencidos de que El Gharani tenía unos 25 años. Lo primero que hizo Stafford Smith, después de entrevistarse con el chico, fue confirmar su edad. Consiguió su partida de nacimiento y probó que cuando se encontraba supuestamente en Londres, financiando a terroristas, ¡tenía 11 años! Su liberación ha sido anunciada en enero.

Aun así, dice el abogado, lo más grave no han sido las torturas ni las injusticias, sino el secretismo: “Yo sé un montón de cosas que están pasando, pero tú no las sabes. Ni nadie. Los americanos clasifican la información cuando los hechos les resultan embarazosos”.

El caso de Binyam Mohamed, cliente que continúa encerrado, es un ejemplo de esta arbitrariedad. El asunto saltaba a la prensa el mismo día de la entrevista con Stafford Smith (5 de febrero). Y por eso escribía un correo apresurado a la Casa Blanca. El residente británico Mohamed fue detenido en 2002 y sometido a torturas en prisiones secretas de Pakistán, Afganistán y Marruecos, según contó. “Los americanos no nos permitían el acceso a las evidencias de esas torturas”, dice su abogado. “Así que denunciamos al Gobierno británico para que nos diera la información”. La inteligencia británica había intervenido en el interrogatorio en Pakistán. Y en Marruecos le inquirieron sobre la base de datos facilitados por los británicos.

Se ganó el caso y Stafford Smith pudo leer 42 documentos clasificados. “La información es devastadora. Pero sólo unos pocos hemos tenido acceso”. A finales de 2008, varios medios de comunicación (la BBC, The Times y The New York Times, entre otros) se unieron a la demanda, para que la evidencia saliera a la luz. El 4 de febrero, los jueces anunciaron que el Gobierno británico no la haría pública, ya que había sido amenazado por la Administración estadounidense en estos términos: “La desclasificación (…) produciría un daño duradero a nuestros acuerdos (…) y a la seguridad del Reino Unido”.

La decisión del tribunal ha sido recurrida y, en cualquier caso, Stafford Smith se muestra orgulloso. “Hasta que no hubiera juicios justos, nada se haría público. Ahora los hay y, como suele decirse, el sol es el mejor desinfectante”. Oscurece fuera de El Pentágono. La taza de té vacía descansa junto al busto de Zeus que preside su escritorio. Son poco más de las cuatro, hora del paseo con su mujer y su hijo. La figura espigada se pierde por los caminos embarrados.

El día siguiente a la entrevista, la viñeta satírica de Times mostraba a Obama preguntándose: “¿Podemos publicar la información sobre la tortura al residente británico?”. Lo mismo le había pedido Stafford Smith, si mantenía la posición oscurantista de su predecesor. “Me gusta Obama. Voté por él”, había explicado el abogado. “Pero no podremos aprender de la historia hasta que no sepamos cuál es la historia”. El documento que remitió al presidente explicando la tortura sufrida por su cliente le fue devuelto por el censor de Washington con todas y cada una de las palabras tachadas.

Fuente:www.elpais.com