Publicado el 15-04-2010 , por Mercedes Serraller
Las administraciones morosas con este servicio se escudan en la crisis y en su incremento, mientras los abogados recuerdan que es un derecho fundamental y que el sistema, susceptible de mejoras, es eficiente y garantiza la calidad e independencia del letrado.
Las administraciones morosas con este servicio se escudan en la crisis y en su incremento, mientras los abogados recuerdan que es un derecho fundamental y que el sistema, susceptible de mejoras, es eficiente y garantiza la calidad e independencia del letrado.
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No corren buenos tiempos para el turno de oficio. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha lamentado recientemente que “la Abogacía no tiene ninguna interlocución con la Comunidad de Madrid ni con la Comunidad Valenciana”. Estas regiones son las que tienen una deuda mayor en este servicio. Madrid debe 20.186.175 euros. Mientras que Valencia ha endurecido los requisitos para acceder al turno, Madrid prepara un decreto en esta línea, que va más allá de sus ya elevadas exigencias a los inmigrantes, “lo que supone negarles la Justicia gratuita”, apunta Carnicer. Las regiones morosas se escudan en la crisis y en el incremento de solicitudes –un 103% según Madrid, desde 2003– y del coste –un 160%– y cuestionan el modelo, lo que lleva a la Abogacía a recelar de una posible privatización y a recordar las bondades de un sistema que garantiza el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. Y se duele de que los poderes públicos no cuestionen otras partidas.
Lo cierto es que, fuera de la coyuntura económica, se está preparando una reforma de la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que data de 1996, momento en el que el impacto de la inmigración era diferente y no existía la Ley de Violencia de Género. La revisión del modelo está abierta. Se habla de copago por parte del justiciable, lo que no gusta a los abogados, o de libre elección del letrado. Cabe recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, llamó al Gobierno central a recuperar la competencia de la Justicia gratuita.
La Abogacía se moviliza. Luis F. Nieto Guzmán de Lázaro, decano del Colegio de Abogados de Salamanca y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE, destaca que “el actual modelo no sólo es viable sino que es, sin perjuicio de mejoras, el que mejor garantiza su calidad y la independencia del abogado en la fundamental prestación del derecho de defensa de las personas que carecen de recursos económicos y de colectivos vulnerables”. A su juicio, “el coste del servicio es absolutamente bajo en relación a las miles de actuaciones llevadas a cabo anualmente para más de un millón de ciudadanos, que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año: en torno a los 200 millones de euros anuales”.
CGAE:“El coste es bajo ante las miles de actuaciones para más de un millón de ciudadanos al año”
Los resultados del modelo nos hacen confiar en su continuidad, tal y como está organizado a través de los colegios de abogados, y que superará las dificultades de la crisis.
Con vistas a la reforma del modelo, el CGAE plantea la libre elección del abogado en la Justicia gratuita, que ya se ha probado en Pontevedra.
Esta opción no es sin embargo del agrado de las plataformas de abogados del turno. La portavoz de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid (Apaem) y ALA (Asociación Libre de Abogados), Luz Elena Jara, recuerda que “el modelo del turno responde al mandato constitucional; es plenamente vigente y puede ser modernizado, pero con el mínimo presupuesto asignado resulta una tarea imposible”.
Esta opción no es sin embargo del agrado de las plataformas de abogados del turno. La portavoz de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid (Apaem) y ALA (Asociación Libre de Abogados), Luz Elena Jara, recuerda que “el modelo del turno responde al mandato constitucional; es plenamente vigente y puede ser modernizado, pero con el mínimo presupuesto asignado resulta una tarea imposible”.
Apaem y ALA rechazan el copago o corresponsabilidad, “que no es otra cosa que pretender que el ciudadano asuma el coste parcial de su defensa”. Lo va a exigir la Comunidad de Madrid, mientras que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha propuesto implantar un “depósito” obligatorio general “previo a la presentación de recursos” para “disuadir a quienes abusan”.
A juicio de estas plataformas, “tampoco se puede pretender brindar el servicio a través de empresas particulares con fines de lucro, aunque se constituyan en fundaciones a efectos de dar una apariencia de idoneidad”.
Estas plataformas denuncian que “Madrid mantiene una abierta confrontación con el turno de oficio desde finales de 2008 porque pretende privatizarlo. La defensa del sistema por parte de los letrados y el colegio ha ralentizado esta campaña (similar a la que sostuvo contra los médicos para justificar la privatización de la sanidad)”.
Los abogados del turno recuerdan que costean de su bolsillo “multitud de actuaciones”
Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid no creen viable el modelo actual, “porque se confunde la asistencia jurídica gratuita con el abogado de oficio. El turno significa que todos tenemos derecho a un abogado, pero sólo será gratuito cuando no se tienen ingresos”. Madrid prepara un decreto que “va en la dirección de acreditar insuficiencia de ingresos para obtener la asistencia jurídica gratuita”, explican.
Ante estas premisas, la abogacía recela que se prepare la privatización del modelo. Isidro Moreno de Miguel, vocal de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), asegura que el encargo de su gestión a entidades privadas que concursarían, “además de no garantizar la continuidad del servicio, no garantiza la calidad, puesto que los criterios de selección de los letrados no tendrían los necesarios controles públicos, y la empresa concesionaria se regiría por criterios de mercado, es decir, buscaría el máximo beneficio al menor coste, lo que conduciría a una escasa remuneración y fuga de los mejores…”.
Moreno recuerda que “tampoco garantizaría la independencia del letrado, puesto que quedaría sujeto a un superior jerárquico que podría, por criterios de empresa, darle instrucciones para que se conforme o litigue menos, o para que sea más dócil en sus litigios frente a la Administración, en aras a reducir el coste del servicio y a que la Administración renueve el concurso... Éste experimento se está haciendo con los intérpretes jurados y los resultados en cuanto a pérdida de calidad del servicio son manifiestos”.
Habla sin tapujos de la privatización Juan Pardo, consejero, director general corporativo de Legálitas: “Puede redundar en una mayor calidad. Si el particular tuviera derecho a la libre elección del abogado, existiría una mayor competitividad”, apunta, aunque matiza que “lo importante es que todo ciudadano cubra el derecho a ser defendido aunque no pueda pagarlo, pero es que además tiene que poder defenderse en igualdad de condiciones que los que sí pueden pagarse esa defensa”.
Según Altodo, “un sistema de funcionarización de letrado de oficio, parecido al Cuerpo de Abogados del Estado, tampoco garantizaría la independencia del abogado; en muchas ocasiones, la defensa se ejercita frente a la propia administración: parece poco compatible con la lógica y con nuestro código deontológico defender a un cliente frente a quien nos abona la nómina, en régimen, es de suponer, de exclusividad”.
ALA y Apaem recuerdan que, “pese al deterioro de las condiciones para el trabajo de los letrados del turno, éstos garantizan el derecho de defensa de los justiciables mediante actuaciones no reconocidas, ni abonadas. Las guardias de 24 horas se prolongan hasta tres días”.
Además, Altodo detalla que “en el actual sistema es el abogado de oficio quien costea de su bolsillo multitud de prestaciones que, de otro modo, tendría que satisfacer la Administración; así, el letrado, que también ejerce como abogado particular en la mayoría de los casos, presta gratuitamente el local o despacho, costea la factura del teléfono, el material de oficina, las bases de datos jurídicas, el vehículo, la seguridad social, etc.”.
Y, con la actual normativa “se ve obligado a prestar gratuitamente ciertas tareas administrativas, tales como cumplimentar los impresos de solicitud de justicia gratuita, y recabar la documentación”, añade Morano.
Para ilustrar las cargas del letrado de oficio, Moreno explícita que “si al justiciable se le deniega la justicia gratuita, el letrado debe reclamarle los honorarios por los servicios prestados desde que fue designado provisionalmente hasta que le fue denegado el derecho, llegando incluso a la vía judicial, y devolviendo a la Administración el importe que en su caso se hubiera pagado o anticipado al letrado, lo que significa que éste asume, también gratuitamente, funciones de recaudador y de defensor y perseguidor de los créditos de la Administración”.
Honorarios
En cuanto a los honorarios que perciben los letrados de oficio, Moreno advierte de que “están muy por debajo del precio de mercado; a título de ejemplo, un divorcio se paga a unos 300 euros, cuando en la abogacía privada el coste medio es de 1.800 euros”. De esta forma, concluye, “toda reforma debe respetar el trabajo del letrado de oficio y establecer un sistema retributivo justo (los baremos son de 2003 en Madrid, o de 1998 en los asuntos competencia de Justicia)”.
En cuanto a los honorarios que perciben los letrados de oficio, Moreno advierte de que “están muy por debajo del precio de mercado; a título de ejemplo, un divorcio se paga a unos 300 euros, cuando en la abogacía privada el coste medio es de 1.800 euros”. De esta forma, concluye, “toda reforma debe respetar el trabajo del letrado de oficio y establecer un sistema retributivo justo (los baremos son de 2003 en Madrid, o de 1998 en los asuntos competencia de Justicia)”.
Mayte López Pérez-Cruz, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), considera “necesario exigir responsabilidades de pago a la Administración si el profesional no consigue cobrar del justiciable, si éste no tramita o le deniegan el derecho”.
Fuentes del turno gallego piden “volcarse en Penal –como en EEUU– y, en el resto de jurisdicciones, modificar la ley”. Mientras que la Abogacía se congratula de que “el sistema de justicia gratuita vigente en España es referencia en el ámbito internacional” y de que en el resto de la UE la tendencia es brindar servicios mínimos que no resisten comparación”, Madrid apunta que “la justicia gratuita como está implantada en España no existe en otro país europeo”. Pero, como recuerdan los letrados, las restricciones al servicio sólo serían legítimas si se plantearan en una ley orgánica, ya que la Constitución obliga a garantizar este derecho.
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