viernes, 30 de abril de 2010

GALICIA.La Xunta destina 180.000 euros al servicio de orientación para los demandantes de asistencia jurídica gratuita

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -  El Gobierno gallego destinará 180.000 euros para contribuir al funcionamiento del servicio de orientación jurídica para los demandantes de asistencia jurídica gratuita, según recoge el convenio que firmaron hoy el conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, y el presidente del Consello da Avogacía Galega, Eloy Artime.


   Dicho servicio consiste en la prestación de asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso para personas que pretendan reclamar la tutela judicial de sus intereses, de tal forma que se garantice el acceso a la Justicia a aquellos ciudadanos que, de otro modo, podrían ver reducidos sus derechos por motivos económicos.

   En este marco, el titular de Presidencia reivindicó el compromiso de la Xunta con la prestación de la asistencia jurídica gratuita y agradeció el trabajo de los abogados gallegos a la hora de ofrecer este servicio. "Que el sistema funcione bien descansa en gran parte en la colaboración con los colegios de abogados", argumentó.

   Precisamente, Xunta y abogados alcanzaron también un acuerdo para este ejercicio sobre los baremos de los pagos que se hacen a los letrados del turno de oficio y seguirán negociando con el objetivo de cerrar un acuerdo definitivo para los próximos años. El acuerdo alcanzado hoy establece una prórroga de las condiciones de 2009 para el primer semestre de 2010 y un incremento del 0,9 por ciento para los últimos seis meses del año.

   En este contexto, Rueda destacó la importancia de la asistencia jurídica gratuita para garantizar "la igualdad" de los derechos de los ciudadanos y recordó que el año pasado se atendieron más de 75.000 casos que, previsiblemente, serán más en 2010, por lo que la Xunta incrementó en un 20 por ciento la partida reservada en los presupuestos para este servicio.

PAGAR "EN PLAZO"

   Más allá de la aportación económica, el conselleiro de Presidencia destacó que la Xunta paga "en plazo" a los abogados por su labor de asistencia jurídica gratuita, algo que "no se había hecho nunca". Este extremo fue ratificado, a su vez, por el presidente del Consello da Avogacía Galega.

   "Es la primera vez que estamos al día", agradeció Artime, quien admitió que el convenio suscrito hoy no constata "una gran subida", pero justificó que los abogados "se hacen cargo" de la actual situación de crisis con su propio "acto generoso". Así, subrayó que el documento firmado hoy es una prórroga y agregó que continuarán las negociaciones sobre la remuneración del turno.

   Por último, el conselleiro volvió a instar al Ministerio de Justicia a impulsar la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, una reclamación "unánime" de las comunidades y a la que, incidió, se "había comprometido" el Gobierno central.
 
Fuente:www.europapress.es . Ver noticia.
http://www.europapress.es/galicia/a-coruna-00382/noticia-xunta-destina-180000-euros-servicio-orientacion-demandantes-asistencia-juridica-gratuita-20100430145351.html.

jueves, 22 de abril de 2010

BURGOS. Las peticiones de turno de oficio aumentaron un 65% el pasado año.

M.R. / Burgos.Jue, 22/04/2010.

La crisis no deja de aportar datos elocuentes sobre sus efectos en las economías familiares. Las cifras de peticiones de justicia gratuita en Burgos el pasado año así lo constatan.

Según los datos aportados por el Colegio de Abogados, durante el pasado año se presentaron en la provincia de Burgos 5.764 solicitudes de asistencia gratuita, el servicio más comúnmente conocido como turno de oficio, en el que los abogados prestan gratuitamente sus servicios legales a personas sin recursos económicos suficientes. Estas más de 5.700 peticiones de asistencia legal gratuita contrastan con las 3.771 que se presentaron durante el año 2008, lo que representa un aumento del 65,4%.

La evolución durante este año muestra una tendencia al alza, ya que durante el primer trimestre de 2010 se han presentado 1.045 solicitudes de asistencia legal gratuita, frente a las 904 del mismo periodo del pasado año. La crisis se ha notado más en algunos ámbitos como el Social y el Mercantil.

Pero no sólo es la crisis la que ha motivado este incremento. Según señalaba ayer Luis Nieto, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE), algunos cambios legislativos también han contribuido a este aumento. Y puso como ejemplo las modificaciones relacionadas con los delitos de violencia de género. En el caso de Burgos, durante el pasado año se atendieron 299 consultas y peticiones de asesoramiento jurídico relacionados con la violencia de género. Peticiones que no terminan en todos los casos en un procedimiento judicial. A lo largo del primer trimestre de este año este servicio ha atendido a 88 mujeres.

La presidenta de la Comisión de Justicia Gratuita del Colegio de Abogados de Burgos, Marina Villuela, señaló que en la provincia hay 260 letrados que trabajan en el turno de oficio, repartidos en jurisdicciones como Civil, Contencioso-Administrativo, Familia, Penal, Menores o Violencia de Género, entre otras. En el servicio de asesoría a mujeres víctimas de violencia de género hay 70 letrados, así como 39 en el de orientación jurídica. Nieto destacó la importancia de la asistencia gratuita dentro del sistema judicial, ya que soporta el 7,6% de toda la carga judicial. Asimismo, aprovechó para desmentir algunos falsos tópicos que giran en torno al turno de oficio. No lo desempeñan jóvenes e inexpertos abogados. El perfil del abogado de oficio es de un profesional de 41 años de media, con más de 13 años de ejercicio. Para entrar en el turno de oficio se requieren un mínimo de tres años de ejercicio profesional, cursos en la Escuela Jurídica y habilitaciones específicas según el ámbito jurídico. De igual modo, este sistema, según Nieto, garantiza la independencia en la defensa de los detenidos. De hecho, en su opinión, estos abogados son «un ejemplo de profesionalidad».

Fuente:www.elcorreodeburgos.com . ver noticia.
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/2010-04-22/las-peticiones-de-turno-de-oficio-aumentaron-un-65-el-pasado-ano.

lunes, 19 de abril de 2010

VALENCIA. El Consell reformará el turno de oficio para frenar el mayor gasto del servicio por la crisis

La crisis ha disparado el coste y la conselleria propone discutir un nuevo modelo.

La Conselleria de Justicia ultima una reforma drástica del turno de oficio que podría afectar de forma importante a los honorarios que perciben los letrados. Responsables del departamento que dirige Paula Sánchez de León mantendrán en los próximos días contactos con representantes de los colegios de abogados de Castelló, Valencia y Alicante para informarles sobre el proyecto, cuya finalidad es «revisar el modelo actual de este servicio», aseguraron fuentes del Consell.

Todo apunta a que el nuevo modelo que prepara el Gobierno valenciano estaría en la línea de recortes presupuestarios que aplican otras comunidades autónomas y «contaría con el respaldo del ministerio», agregan las mismas fuentes.

Aunque no ha trascendido el contenido de esta reforma, que se prevé «general y amplia», ya se sabe que «podrían subir los honorarios de unos letrados y bajar otros, puesto que se trata de corregir los desajustes y el gasto desorbitado que acarrea el turno de oficio». Según la Conselleria de Justicia, se trata de que «el ciudadano no se vea perjudicado y se pueda seguir garantizando su derecho a una justicia gratuita».

La crisis económica ha disparado en la provincia de Castelló la demanda de asistencia gratuita de abogados de oficio para causas civiles en el bienio 2008-2009 y ha multiplicado por tres el número de expedientes registrados en 2007.

La demanda de asistencia gratuita de abogados de oficio se ha multiplicado por 30 en los últimos 12 años en la provincia de Castelló y el gasto de la Generalitat Valenciana para afrontar este servicio público supera ya los 2 millones de euros anuales. Fuentes del Colegio de Abogados de Castelló recibieron con «cautela» la intención del Consell de meter la tijera en el servicio de turno de oficio y pidieron a los letrados que tengan «paciencia» hasta conocer los puntos concretos de la reforma legal.

Movilizaciones

Los letrados del turno de oficio de Castelló protagonizaron meses atrás una movilización inédita en las calles de la ciudad, en la que pidieron el pago de los atrasos que hasta ese momento se les adeudaba.

En la actualidad, la conselleria está al corriente con los abogados, ya que les ha abonado el último trimestre, que fue satisfecho como cada año antes del 30 de marzo.Hasta el próximo mes de junio no se abonará el siguiente trimestre, pero en el colectivo de profesionales del turno de oficio hay, de momento, «cierta tranquilidad» tras el pago de las cuotas atrasadas.

En una reunión que se celebrará el próximo martes se debatirá la reforma que prepara la Conselleria de Justicia. A la misma está previsto que asistan la consellera de Justicia, directores generales de su departamento y asesores, además de los decanos de los colegios de abogados. Al día siguiente el Pleno del Consejo Valenciano de la Abogacía tratará, previsiblemente, sobre los acuerdos que se hayan alcanzado.
 
Fuente:www.levante-emv.com .Ver noticia.
 

domingo, 18 de abril de 2010

MADRID. Letrados del turno de oficio de Madrid se manifestarán el jueves para "salvaguardar" la Justicia gratuita madrileña

Letrados del turno de oficio de Madrid se manifestarán el jueves para "salvaguardar" la Justicia gratuita madrileña.Denuncian una precaria situación económica, que podría ser el camino para la "privatización" del servicio por parte de la Comunidad.

18 de abril de 2010. Los letrados, que se concentrarán a las 13 horas en la Puerta del Sol, quieren "salvaguardar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los ciudadanos nacionales y extranjeros".

Critican que la Comunidad de Madrid "pretende dejar en indefensión" a los extranjeros, a quienes "viene exigiendo documental acreditativa de insolvencia económica en un término perentorio de 15 días, que les impide de facto ejercer su derecho a la defensa". Además, apuntan que el Ejecutivo "recurre a empresas privadas para el servicio público de orientación y asesoría legal". 

Los convocantes quieren dejar clara "la defensa del turno de oficio de Madrid como un servicio público, pilar del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al que no se otorga la dotación presupuestaria necesaria para sus subsistencia".

Para ser escuchados por el Ejecutivo, los abogados de oficio acudieron este jueves a la Asamblea de Madrid, donde se debatía una moción del Grupo Parlamentario de IU, que pedía paralizar la modificación del decreto regional 86/2003 (de justicia gratuita) hasta que acabe la negociación Gobierno-comunidades autónomas para reformar la normativa estatal en materia de justicia gratuita.

IU incide en que las condiciones para acreditar la insuficiencia de medios económicos en los casos de extranjeros irregulares o personas de similares características son "imposibles de cumplir", por lo que "significarían trato discriminatorio y en la práctica la negación del derecho a la legítima defensa".
La portavoz de APAEM Luz Elena explicó a Europa Press que se manifiestan por el "derecho a la defensa de la personas sin recursos" y para que "se garantice el derecho a la justicia gratuita".

Elena indicó que la Comunidad de Madrid "está vulnerando el acuerdo al que llegó con el Estado y las comunidades autónomas" con respecto a la modificación de la ley de Justicia gratuita y afirmó que los más afectados de la modificación del recurso y la "restricción de la justicia gratuita" serán sobre todo, las personas "de menores recursos y los inmigrantes" debido a que afecta sobre todo, al tuno de oficio de extranjería, social y penal.
"La Comunidad ahora pide documentos que es imposible presentar", indicó en relación al requisito de presentación de documentos como la declaración de la renta en el plazo de 15 días.

Por otra parte, la portavoz afirmó que "como letrados del turno de oficio", la Comunidad "hace un año y medio que les adeuda los pagos horarios", y criticó que, además, esos baremos de remuneración llevan "sin tocar" desde 2003 con el fin de "estrangular el servicio".

"Esto perjudica a los que defiendes", criticó la portavoz, que apuntó a una futura "privatización" del servicio, ya que la Comunidad "firma convenios con grandes despachos y no quiere ni ver a los 5.000 abogados del turno de oficio". 

Fuente:www.que.es.Ver noticia.

miércoles, 14 de abril de 2010

El turno de oficio lucha contra la privatización.

Publicado el 15-04-2010 , por Mercedes Serraller  

Las administraciones morosas con este servicio se escudan en la crisis y en su incremento, mientras los abogados recuerdan que es un derecho fundamental y que el sistema, susceptible de mejoras, es eficiente y garantiza la calidad e independencia del letrado.
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No corren buenos tiempos para el turno de oficio. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha lamentado recientemente que “la Abogacía no tiene ninguna interlocución con la Comunidad de Madrid ni con la Comunidad Valenciana”. Estas regiones son las que tienen una deuda mayor en este servicio. Madrid debe 20.186.175 euros. Mientras que Valencia ha endurecido los requisitos para acceder al turno, Madrid prepara un decreto en esta línea, que va más allá de sus ya elevadas exigencias a los inmigrantes, “lo que supone negarles la Justicia gratuita”, apunta Carnicer. Las regiones morosas se escudan en la crisis y en el incremento de solicitudes –un 103% según Madrid, desde 2003– y del coste –un 160%– y cuestionan el modelo, lo que lleva a la Abogacía a recelar de una posible privatización y a recordar las bondades de un sistema que garantiza el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. Y se duele de que los poderes públicos no cuestionen otras partidas.

Lo cierto es que, fuera de la coyuntura económica, se está preparando una reforma de la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que data de 1996, momento en el que el impacto de la inmigración era diferente y no existía la Ley de Violencia de Género. La revisión del modelo está abierta. Se habla de copago por parte del justiciable, lo que no gusta a los abogados, o de libre elección del letrado. Cabe recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, llamó al Gobierno central a recuperar la competencia de la Justicia gratuita.
La Abogacía se moviliza. Luis F. Nieto Guzmán de Lázaro, decano del Colegio de Abogados de Salamanca y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE, destaca que “el actual modelo no sólo es viable sino que es, sin perjuicio de mejoras, el que mejor garantiza su calidad y la independencia del abogado en la fundamental prestación del derecho de defensa de las personas que carecen de recursos económicos y de colectivos vulnerables”. A su juicio, “el coste del servicio es absolutamente bajo en relación a las miles de actuaciones llevadas a cabo anualmente para más de un millón de ciudadanos, que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año: en torno a los 200 millones de euros anuales”.

CGAE:“El coste es bajo ante las miles de actuaciones para más de un millón de ciudadanos al año”
Los resultados del modelo nos hacen confiar en su continuidad, tal y como está organizado a través de los colegios de abogados, y que superará las dificultades de la crisis.
Con vistas a la reforma del modelo, el CGAE plantea la libre elección del abogado en la Justicia gratuita, que ya se ha probado en Pontevedra.

Esta opción no es sin embargo del agrado de las plataformas de abogados del turno. La portavoz de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid (Apaem) y ALA (Asociación Libre de Abogados), Luz Elena Jara, recuerda que “el modelo del turno responde al mandato constitucional; es plenamente vigente y puede ser modernizado, pero con el mínimo presupuesto asignado resulta una tarea imposible”.

Apaem y ALA rechazan el copago o corresponsabilidad, “que no es otra cosa que pretender que el ciudadano asuma el coste parcial de su defensa”. Lo va a exigir la Comunidad de Madrid, mientras que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha propuesto implantar un “depósito” obligatorio general “previo a la presentación de recursos” para “disuadir a quienes abusan”.
A juicio de estas plataformas, “tampoco se puede pretender brindar el servicio a través de empresas particulares con fines de lucro, aunque se constituyan en fundaciones a efectos de dar una apariencia de idoneidad”.
Estas plataformas denuncian que “Madrid mantiene una abierta confrontación con el turno de oficio desde finales de 2008 porque pretende privatizarlo. La defensa del sistema por parte de los letrados y el colegio ha ralentizado esta campaña (similar a la que sostuvo contra los médicos para justificar la privatización de la sanidad)”.

Los abogados del turno recuerdan que costean de su bolsillo “multitud de actuaciones”

Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid no creen viable el modelo actual, “porque se confunde la asistencia jurídica gratuita con el abogado de oficio. El turno significa que todos tenemos derecho a un abogado, pero sólo será gratuito cuando no se tienen ingresos”. Madrid prepara un decreto que “va en la dirección de acreditar insuficiencia de ingresos para obtener la asistencia jurídica gratuita”, explican.
Ante estas premisas, la abogacía recela que se prepare la privatización del modelo. Isidro Moreno de Miguel, vocal de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), asegura que el encargo de su gestión a entidades privadas que concursarían, “además de no garantizar la continuidad del servicio, no garantiza la calidad, puesto que los criterios de selección de los letrados no tendrían los necesarios controles públicos, y la empresa concesionaria se regiría por criterios de mercado, es decir, buscaría el máximo beneficio al menor coste, lo que conduciría a una escasa remuneración y fuga de los mejores…”.

Moreno recuerda que “tampoco garantizaría la independencia del letrado, puesto que quedaría sujeto a un superior jerárquico que podría, por criterios de empresa, darle instrucciones para que se conforme o litigue menos, o para que sea más dócil en sus litigios frente a la Administración, en aras a reducir el coste del servicio y a que la Administración renueve el concurso... Éste experimento se está haciendo con los intérpretes jurados y los resultados en cuanto a pérdida de calidad del servicio son manifiestos”.

Habla sin tapujos de la privatización Juan Pardo, consejero, director general corporativo de Legálitas: “Puede redundar en una mayor calidad. Si el particular tuviera derecho a la libre elección del abogado, existiría una mayor competitividad”, apunta, aunque matiza que “lo importante es que todo ciudadano cubra el derecho a ser defendido aunque no pueda pagarlo, pero es que además tiene que poder defenderse en igualdad de condiciones que los que sí pueden pagarse esa defensa”.

Según Altodo, “un sistema de funcionarización de letrado de oficio, parecido al Cuerpo de Abogados del Estado, tampoco garantizaría la independencia del abogado; en muchas ocasiones, la defensa se ejercita frente a la propia administración: parece poco compatible con la lógica y con nuestro código deontológico defender a un cliente frente a quien nos abona la nómina, en régimen, es de suponer, de exclusividad”.
ALA y Apaem recuerdan que, “pese al deterioro de las condiciones para el trabajo de los letrados del turno, éstos garantizan el derecho de defensa de los justiciables mediante actuaciones no reconocidas, ni abonadas. Las guardias de 24 horas se prolongan hasta tres días”.
Además, Altodo detalla que “en el actual sistema es el abogado de oficio quien costea de su bolsillo multitud de prestaciones que, de otro modo, tendría que satisfacer la Administración; así, el letrado, que también ejerce como abogado particular en la mayoría de los casos, presta gratuitamente el local o despacho, costea la factura del teléfono, el material de oficina, las bases de datos jurídicas, el vehículo, la seguridad social, etc.”.
Y, con la actual normativa “se ve obligado a prestar gratuitamente ciertas tareas administrativas, tales como cumplimentar los impresos de solicitud de justicia gratuita, y recabar la documentación”, añade Morano.

Para ilustrar las cargas del letrado de oficio, Moreno explícita que “si al justiciable se le deniega la justicia gratuita, el letrado debe reclamarle los honorarios por los servicios prestados desde que fue designado provisionalmente hasta que le fue denegado el derecho, llegando incluso a la vía judicial, y devolviendo a la Administración el importe que en su caso se hubiera pagado o anticipado al letrado, lo que significa que éste asume, también gratuitamente, funciones de recaudador y de defensor y perseguidor de los créditos de la Administración”.
Honorarios

En cuanto a los honorarios que perciben los letrados de oficio, Moreno advierte de que “están muy por debajo del precio de mercado; a título de ejemplo, un divorcio se paga a unos 300 euros, cuando en la abogacía privada el coste medio es de 1.800 euros”. De esta forma, concluye, “toda reforma debe respetar el trabajo del letrado de oficio y establecer un sistema retributivo justo (los baremos son de 2003 en Madrid, o de 1998 en los asuntos competencia de Justicia)”.

Mayte López Pérez-Cruz, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), considera “necesario exigir responsabilidades de pago a la Administración si el profesional no consigue cobrar del justiciable, si éste no tramita o le deniegan el derecho”.

Fuentes del turno gallego piden “volcarse en Penal –como en EEUU– y, en el resto de jurisdicciones, modificar la ley”. Mientras que la Abogacía se congratula de que “el sistema de justicia gratuita vigente en España es referencia en el ámbito internacional” y de que en el resto de la UE la tendencia es brindar servicios mínimos que no resisten comparación”, Madrid apunta que “la justicia gratuita como está implantada en España no existe en otro país europeo”. Pero, como recuerdan los letrados, las restricciones al servicio sólo serían legítimas si se plantearan en una ley orgánica, ya que la Constitución obliga a garantizar este derecho.

Fuente:www.expansion.com. Ver noticia.