18 de abril de 2010. Los letrados, que se concentrarán a las 13 horas en la Puerta del Sol, quieren "salvaguardar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los ciudadanos nacionales y extranjeros".
Critican que la Comunidad de Madrid "pretende dejar en indefensión" a los extranjeros, a quienes "viene exigiendo documental acreditativa de insolvencia económica en un término perentorio de 15 días, que les impide de facto ejercer su derecho a la defensa". Además, apuntan que el Ejecutivo "recurre a empresas privadas para el servicio público de orientación y asesoría legal".
Los convocantes quieren dejar clara "la defensa del turno de oficio de Madrid como un servicio público, pilar del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al que no se otorga la dotación presupuestaria necesaria para sus subsistencia".
Para ser escuchados por el Ejecutivo, los abogados de oficio acudieron este jueves a la Asamblea de Madrid, donde se debatía una moción del Grupo Parlamentario de IU, que pedía paralizar la modificación del decreto regional 86/2003 (de justicia gratuita) hasta que acabe la negociación Gobierno-comunidades autónomas para reformar la normativa estatal en materia de justicia gratuita.
IU incide en que las condiciones para acreditar la insuficiencia de medios económicos en los casos de extranjeros irregulares o personas de similares características son "imposibles de cumplir", por lo que "significarían trato discriminatorio y en la práctica la negación del derecho a la legítima defensa".
La portavoz de APAEM Luz Elena explicó a Europa Press que se manifiestan por el "derecho a la defensa de la personas sin recursos" y para que "se garantice el derecho a la justicia gratuita".
Elena indicó que la Comunidad de Madrid "está vulnerando el acuerdo al que llegó con el Estado y las comunidades autónomas" con respecto a la modificación de la ley de Justicia gratuita y afirmó que los más afectados de la modificación del recurso y la "restricción de la justicia gratuita" serán sobre todo, las personas "de menores recursos y los inmigrantes" debido a que afecta sobre todo, al tuno de oficio de extranjería, social y penal.
"La Comunidad ahora pide documentos que es imposible presentar", indicó en relación al requisito de presentación de documentos como la declaración de la renta en el plazo de 15 días.
Por otra parte, la portavoz afirmó que "como letrados del turno de oficio", la Comunidad "hace un año y medio que les adeuda los pagos horarios", y criticó que, además, esos baremos de remuneración llevan "sin tocar" desde 2003 con el fin de "estrangular el servicio".
"Esto perjudica a los que defiendes", criticó la portavoz, que apuntó a una futura "privatización" del servicio, ya que la Comunidad "firma convenios con grandes despachos y no quiere ni ver a los 5.000 abogados del turno de oficio".
Fuente:www.que.es.Ver noticia.
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