COLEGIACIÓN OBLIGATORIA O VOLUNTARIA. Los colegios profesionales en el punto de mira.

La 'ley paraguas' no protege de la tormenta a los Colegios Profesionales

Las medidas aprobadas por Economía que reforman el sector servicios abren el debate sobre la colegiación voluntaria

Beatriz Lorenzo.- La conocida como 'ley paraguas' hace honor a su nombre y trata de mantenerse desplegada en medio del temporal. Unión Profesional, la entidad que en España aglutina a más de 1.000 colegios profesionales y casi millón de profesionales liberales, ha arremetido contra el propósito del Ministerio de Economía de introducir la colegiación voluntaria, la voluntariedad de visados y la eliminación de baremos orientativos.

Son tres las leyes a través de las que se quieren reformar los colegios profesionales.

1. Transposición de la directiva de Servicios : Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (Ley Paraguas). Actualmente en fase de proyecto de ley. El Consejo de Ministros del 27 de marzo remitía el texto al Congreso.

2. Ley Ómnibus Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Paraguas. Modifica toda la normativa que pueda ser incompatible con la Ley Paraguas.

3. Ley de Servicios Profesionales.

La 'ley paraguas' reconoce que los colegios profesionales son "autoridades competentes" y señala que son imprescindibles para poner en marcha algunas de las obligaciones derivadas de la directiva europea, como la ventanilla única (tramitaciones telemáticas), la cooperación administrativa o el servicio de atención a los ciudadanos.

Además, son los responsables para la elaboración de los códigos de conducta (deontología profesional), son garantía de legalidad para los consumidores y usuarios y son útiles para la resolución extrajudicial de conflictos, entre otros aspectos.

Las principales críticas a esta nueva regulación, no sólo de Unión Profesional, sino de diversos colegios profesionales por separado, vienen motivadas por la colegiación (introducir la voluntariedad); los baremos de honorarios orientativos (su eliminación); los visados (eliminar su obligatoriedad) y la publicidad (eliminar las limitaciones o sus requisitos).

Lo que sin duda ha causado más nerviosismo es la nueva redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales, que en su nueva versión establece que es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación hallarse incorporado al colegio correspondiente. Si la nueva redacción del artículo anula el requisito de la obligatoriedad, podría llegarse, según las voces más alarmistas, a la supresión de los colegios profesionales más pequeños, sobreviviendo sólo los que cuentan ya hoy día con un ingente número de socios. En el caso de los colegios de abogados esto podría causar una merma en los servicios prestados en el turno de oficio o la firma electrónica.

En el lado contrario, los adalides de la reforma fundamentan que un colegio tendría que ser capaz de entusiasmar a los profesionales que representa y esto generaría el deseo, no sólo de la adscripción voluntaria, sino de participar directamente en su actividad, añadiendo que la colegiación voluntaria podría impulsar a estas vetustas instituciones a sacudirse la pereza y fomentar mediante actividades varias la participación e inscripción de los socios.

Sea como fuere, la reforma que se plantea es la más ambiciosa del sector desde 1974. Además de lo mencionado, el Ejecutivo prevé que la 'ley ómnibus' acabe con los baremos orientativos de precios que establecen los colegios profesionales un mecanismo que para sus detractores obstaculiza la competencia y para sus adalides mantiene vivos los prácticos “dictámenes de honorarios”, algo que afecta de lleno a los colegios de abogados que ya no contarían con su clásica herramienta pericial en las reclamaciones judiciales de honorarios. Otro objetivo es acabar con la obligatoriedad de los visados, que pasarán a ser voluntarios, salvo cuando las leyes dicten lo contrario. También se permite a los colegiados hacer publicidad directa de sus servicios.

LOS GUARDIANES DE LA ÉTICA PROFESIONAL

Hasta la fecha, los Colegios Profesionales se han erigido como una especie de pequeño gobierno para los profesionales, salvaguardando la deontología, la ética profesional, y con potestad para sancionar a los colegiados. Una postura algo arcaica, inamovible a lo largo del tiempo, que se ha topado recientemente con el rechazo de organismos como la Comisión Nacional de la Competencia, que recientemente hizo público un informe en el que recomendaba que los Colegios Profesionales fueran desapareciendo, pues estimaba que son una traba para el mercado y los profesionales.

Han sido varios los colegios profesionales que han empezado a movilizarse en contra de la nueva regulación. Ha sido el caso de varios colegios de ingenieros Ha sido el caso de los ingenieros, que desde el Instituto de la Ingeniería de España se han pronunciado en contra del visado voluntario.

Desde los colegios de abogados, las reflexiones han sido más comedidas y prudentes. Mientras desde algunos bufetes aseguran que “lo que hace la futura norma es incorporar a la Ley de Colegios Profesionales la ‘reserva de ley’ en materia de colegiación obligatoria.”, otros se muestran algo más críticos y recomiendan recoger, por razones de seguridad jurídica, la obligación de colegiación en disposiciones legales.

Fuente:www.www.capitalnews.es

COLEGIOS PROFESIONALES. ¿Una especie en peligro de extinción?

Publicado el 28-04-09 , por José Mª López Agúndez

Las alegaciones de Unión Profesional a la ley ómnibus cargan contra el propósito de Economía de introducir la colegiación voluntaria, la voluntariedad de visados y la eliminación de baremos orientativos.

Se quieren poner en el peor escenario de cara al futuro y sus alegaciones al anteproyecto de ley conocida como ley ómnibus que modificará 46 normas para adaptarse a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios la denominada ley paraguas dejan pocas dudas: Unión Profesional, la entidad que aglutina en España a más de 1.000 colegios profesionales y cerca de millón y medio de profesionales liberales, no se fía del Ministerio de Economía. El motivo es que, conscientemente o no, se quieren introducir cambios para modificar la situación jurídica actual de los colegios hacia la liberalización.

Aunque, como informó este periódico, los cambios previstos por Economía permiten sostener que el anteproyecto mantiene el statu quo jurídico actual de los colegios ver EXPANSIÓN del 21 de abril, la lectura meditada que ha hecho Unión Profesional del texto ha provocado en el colectivo incertidumbre y temor a que se esté preparando el terreno de la futura liberalización.

El bufete Ariño & Asociados cree que existe el riesgo de que haya colegiación voluntaria

Las principales objeciones que hace esta entidad en sus alegaciones, a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN, se refieren a la colegiación (introducir la voluntariedad o libre adscripción); los baremos de honorarios orientativos (su eliminación); los visados (eliminar su obligatoriedad) y la publicidad (eliminar las limitaciones o sus requisitos).

Nueva redacción
El problema que se plantea para el principio de colegiación obligatoria es la nueva redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales: Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación hallarse incorporado al colegio correspondiente.

El nerviosismo que ha creado este párrafo se explica en que, como explica Unión Profesional, una vez que la colegiación obligatoria se ha desvinculado de la institución colegial, el resultado potencial a que puede conducir es la supresión de la colegiación obligatoria en todas aquellas corporaciones en las que una norma con rango de ley presumiblemente, la ley sectorial, en la que se incardine por razón de la materia el tratamiento jurídico de la actividad profesional respectiva no sancione expresamente el principio. Esto sucede, puntualiza, con la práctica totalidad de las corporaciones de Derecho Público que conforman el panorama estatal.

Es cierto que esto se puede arreglar con una disposición transitoria que aplique el principio de irretroactividad de la reserva de ley, consagrado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero, de momento, tal redacción del artículo 3.2 da lugar a interpretaciones contradictorias.

Este riesgo lo explican muy bien, aportando otro enfoque, las alegaciones de los ingenieros industriales, realizadas por el bufete Ariño & Asociados: La regulación propuesta conllevará que a pesar de que los colegios han de seguirse creando mediante ley formal, la incorporación al colegio quedaría a la disposición plena de los respectivos titulados (colegio profesional voluntario) si la propia ley de creación, u otra norma con rango de ley, no estableciese lo contrario (obligatoriedad) o nada dispusiera. En otras palabras, la colegiación queda configurada como facultad de disposición voluntaria.

Fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN explican que la introducción de la colegiación voluntaria pondría en peligro en la abogacía no a los grandes colegios, sino a los pequeños y provocaría una clara disminución de los servicios que prestan los colegios de abogados en relación con el turno de oficio o la firma electrónica.

La eliminación de los baremos orientativos daría problemas a los 'dictámenes de honorarios'

En relación con los visados, Unión Profesional, ésta alerta de que puede suprimirse su obligatoriedad porque de acuerdo con el anteproyecto, el visado colegial sólo podría practicarse voluntariamente, cuando los destinatarios del trabajo profesional lo soliciten expresamente al colegio, y con carácter obligatorio, cuándo lo impongan las leyes. Esto significa que, si la expresión las leyes se interpreta en sentido estricto, como equivalente a normas con rango de ley, el resultado final es la práctica supresión de la obligatoriedad del visado colegial. Esto ha provocado grandes críticas en el sector.

El anteproyecto también elimina los baremos de honorarios orientativos. Aunque se trata de una cuestión que ha evolucionado desde hace años, esta propuesta afecta de lleno a los abogados, ya que ni siquiera se podrían utilizar como una herramienta meramente pericial en las reclamaciones judiciales de honorarios. Así los ha configurado el Colegio de Abogados de Madrid, que ahora los denomina como dictámenes de honorarios profesionales.

El anteproyecto también toca la publicidad, ya que establece la reserva de ley para establecer limitaciones a las comunicaciones comerciales. Unión Profesional advierte de que esto contradice a la propia Directiva de Servicios.

Ingenieros contra el visado voluntario
Manuel Acero, presidente del Instituto de la Ingeniería de España, una asociación privada que aglutina, como una federación de asociaciones, a más de 100.000 profesionales de las principales ramas de la ingeniería española, explica que hay una insistencia en la reserva exclusiva de la actividad de los colegios, pero esto no es cierto, ya que los ingenieros se encuentran unos con otros en los diferentes proyectos.

Acero cree que tanto desde la Comisión Nacional de Competencia como las reformas legales en marcha existe una concepción equivocada de que los profesionales concentramos poder.

A ello añade por qué es importante la obligatoriedad del visado: Ha existido siempre para que haya una garantía de que no existen riesgos. Si se convierte en voluntario, el ciudadano no la tendrá. Los colegios garantizan que el visado lo hace el profesional cualificado, con arreglo a la normativa específica y con todos los documentos exigidos.

Puntos de debate
- La redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales plantea riesgos legales en el futuro. Los colegios quieren más claridad.

- Los visados se establecen con carácter voluntario, por lo que, según los colegios, se eliminaría un instrumento de seguridad para el ciudadano.

- Con la eliminación de los honorarios orientativos, dice Unión Profesional, se quitaría información a los clientes del contenido del servicio.

- La supresión de barreras a la publicidad en la ley ómnibus plantea discordancias con la propia Directiva de Servicios.

Fuente:www.expansión.com juridico