MÁLAGA.La solución para la Justicia en la provincia no es "aumentar sin límites" los juzgados, sino "cambiar el sistema".

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas.

El decano del Colegio de Abogados indicó que "hay que pensar que en cualquier lugar de la provincia, todos los días del año y a cualquier hora debe haber letrados dispuestos a esas asistencias y abogados especialistas en menores, extranjería y malos tratos ".

BENALMADENA, MALAGA. El decano del Colegio de Abogados, Manuel Camas, consideró que la solución para la situación que vive la Justicia en Málaga no es aumentar "sin límites" el número de juzgados, "porque ya hemos visto que se crean y se colapsan nada más empezar". "Tenemos que cambiar el sistema, si no, vamos a seguir creando juzgados sin llegar a encontrar una justicia eficaz", apuntó.

"No creo que la solución sea aumentar sin límites el número de juzgados", manifestó Camas, para quien "el problema no es sólo el número de órganos", aunque reconoció que "son necesarios más jueces", sino que "vivimos anclados en el siglo XIX".

"La Justicia tiene el ejercicio del poder judicial, pero junto a eso hay una gran administración que tiene que funcionar como tal y que no tiene medios, sobre todo de organización, lo suficientemente adaptados como para hacerlo eficazmente", lamentó.

El decano dijo que "cada órgano sea un ente aislado completamente autónomo del que tenga al lado y que no funcione la mayor parte de los servicios de manera coordinada lleva a la situación en la que estamos, parece ser, que en vías de solución". "Faltan --aseveró-- más jueces y no faltan más oficinas, sino oficinas más eficaces, que no necesariamente significa que haya más funcionarios, sino que funcionen con otros sistemas de organización modernos".

Aunque señaló que primero "me gustaría reformar el sistema y luego ver las necesidades", sí expresó que existen en la provincia lugares en los que "el aumento de la litigiosidad es muy grande y ha propiciado situaciones de muy mal funcionamiento, como es el caso de Estepona", donde el Juzgado número 1, que instruye el caso 'Astapa', "ha resultado gravemente afectado".

También habló de situaciones "muy difíciles" en Torrox y en la jurisdicción contenciosa y en la social, que "tienen unas cargas de trabajo terribles", en parte, por "los efectos de la crisis", y la Sala de lo Contencioso-Administrativo. "En general, la justicia sufre un retraso realmente importante que la hace funcionar mal", apostilló.

Abogados de guardia

Por otro lado, Camas mostró su preocupación por las guardias de asistencias a detenidos, trabajo que en la provincia "se vuelve en algunos momentos agobiante por el número de personas que hay que atender", por lo que consideró necesario que la provincia tuviera 42 letrados de guardia.

Camas indicó que "hay que pensar que en cualquier lugar de la provincia, todos los días del año y a cualquier hora debe haber letrados dispuestos a esas asistencias y abogados especialistas en menores, extranjería y malos tratos, lo que supone un despliegue tremendo".

Por esto, indicó que "las estadísticas que el Colegio aporta elevarían el número de letrados de guardia por lo menos a 42 para la provincia" y explicó que "ahora mismo hay un sistema mixto, con 21 abogados de guardia y un sistema de guardias de disponibilidad".

"Todo ese sistema debe reformarse serenamente, porque estamos hablando de algo que afecta a los derechos fundamentales más básicos", apuntó Camas, quien dijo que, por el momento, "estamos planteando mantener el actual sistema por lo menos hasta 2010, de forma que podamos analizar las necesidades".

A nivel de la provincia, dijo que hay que tener en cuenta "la concentración de población de la costa, lo que no significa que no haya detenciones en cualquier pueblo del interior". Además, han solicitado "la actualización del importe de honorarios de las guardias, que llevan cinco años sin actualizarse".

Asimismo, aseguró que también mantienen una negociación "muy seria no sólo con la Consejería de Justicia, sino también con Salud, pidiendo lo que entendemos como un derecho, que es tener prestaciones sanitarias del sistema andaluz de salud, porque somos los únicos andaluces que no tenemos derecho a la sanidad pública incomprensiblemente".

En este punto, indicó que existen unas conversaciones a nivel del Consejo Andaluz del Colegios de Abogados "que avanzan rápido" y dijo que se trata de una cuestión que "se ha resuelto ya en Cataluña, Galicia y Valencia". "No creemos que Andalucía sea una comunidad que se quede atrás en algo en lo que todos los que residen en la Comunidad ya tienen derecho", concluyó.

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OPINIÓN. Principio de igualdad de armas ¿Seguro?

Nacido en Lugo en 1958. Hijo de fiscal, nieto y bisnieto de juez, y tataranieto de abogado. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago. Fue profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de A Coruña y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña

JOSÉ IGNACIO SANTALÓ JUNQUERA La mayoría de los que nos dedicamos a esto sabemos que el principio de igualdad de armas es un principio básico por el que se rigen las reglas del juego del procedimiento penal español en virtud del cual las partes procesales (acusación y defensa) gozan de las mismas armas o posibilidades jurídicas a la hora de definir y defender sus respectivas posturas. Ocurre que, ya en el primer caso con el que cualquier abogado recién salido del cascarón se enfrenta, tal idílico concepto teórico se hace añicos y muchos de estos idealistas ya no vuelven a ser los mismos. Me explico.

El inicio de la investigación del delito y castigo del delincuente desde que interviene un abogado en las dependencias policiales y continúa en el juzgado de Instrucción con la participación del Ministerio fiscal hasta el juicio, se podría exponer, desde un punto de vista futbolero por el que nos entendemos casi todos en este país, en que, antes del pitido inicial, el partido comienza con el siguiente resultado: acusación, 3; defensa, 1.

En efecto. El abogado llega a las dependencias policiales y cual "convidado de piedra", que diría el maestro Zorrilla, ve y escucha sentadito cómo su cliente, con el que no ha podido entrevistarse previamente, es interrogado por unos hechos cuya concreción al caso concreto le son desconocidos al profesional que sólo ha sido informado del concepto jurídico delictivo en virtud del cual el presunto culpable ha sido detenido y, probablemente, esposado; razones que, con sentido común, llevarán al letrado como opción defensiva preferible, dado el status quo del ciudadano sometido a esa tesitura, a recomendarle que no declare allí sino ante el juzgado, pero tal recomendación in situ del abogado originará, en un porcentaje no baladí, un problema desagradable con el funcionario policial de turno.

Cierto que llegados al juzgado la cosa cambia por cuanto al abogado ya se le facilita la fotocopia del atestado policial, y ya podrá saber de qué va la cosa. No obstante el gozo durará poco, muy poco, ya que el presunto culpable será interrogado nuevamente por el juez que en la mayoría de los casos teniéndolo como culpable -y en la mayoría de los casos lo será- lo someterá con el beneplácito del fiscal (si comparece) a un tercer grado que también en la mayoría de los casos apenas dejará resquicios para la intervención de aquél, precisamente quien en puridad sería la parte acusadora verdaderamente legitimada para tal cometido, pero para qué, si su colega ya ha hecho la faena; después le tocará al abogado, a quien muy probablemente ya se le advertirá severamente ab initio que se ciña a los hechos, tras de lo cual, muchas veces, aún el más avisado, para olvidar y sentirse mejor consigo mismo ese día a la hora del aperitivo en vez de tomarse una fresca cervecita se tomará un dry martini doble sin aceituna. Porque es lo cierto que en estos casos será difícil que un profesional diligente salga contento tras el encorsetamiento a que se somete su intervención, en definitiva, el derecho fundamental de defensa (artículo 24.1 de la Constitución). Y los tiempos no están cambiando, al revés de lo que predijo el maestro Bob Dylan allá por el mayo del 68. Muy al contrario.

Por supuesto que todo esto ocurre bajo una interpretación totalmente restrictiva -la usual- del escaso y ambiguo articulado procesal que regula nuestra intervención en esas fases del proceso penal (artículos 118 y 520 de la ley de enjuiciamiento criminal). Porque por mucha literatura jurídica que se haya escrito al respecto, sobre todo para encajarla en el artículo 24 de la Constitución y hacer más dulce la norma ordinaria, la letra de ley da pie a que la interpretación de los operadores jurídicos superiores, vamos, los que tienen la sartén por el mango, sea otra bien distinta; es decir: primero; facilitar la carnaza o prueba de cargo (policía), segundo; protegerla, conservarla y aumentarla (juez) y, tercero; lo mismo para formalizar una acusación que asegure la condena final del presunto culpable (fiscal).

Hace poco el Fiscal General se quejaba amarga y públicamente de que la Policía Judicial no diera cuenta, informara al fiscal de turno, de la investigación que de oficio el instructor había ordenado en la instrucción de un caso de la Audiencia Nacional contra miembros de ETA y que era inadmisible ese actuar a espaldas de la Fiscalía. Digo yo que, al margen de que sólo se pronuncie en un caso puntual de enorme calado y no con referencia al día a día de los órganos judiciales penales, que al fin y a la postre es lo mismo, habrá que decirle con todo respeto al Excmo. Sr. fiscal general del Estado que la ley manda y mientras no se reforme, mientras todo siga igual (rebus sic stantibus), que la posición del instructor como un árbitro o garante que precisamente vele por el cumplimiento del principio que da título a este artículo sólo seguirá siendo un buen deseo, una entelequia. Y es que esto no son los EEUU de América, ni Alemania, Italia, Portugal o Perú, por citar países que sí adoptan un similar sistema al que se propugna.

Aquí, otra vez con la ley en la mano, la Policía Judicial se cubre perfectamente las espaldas sólo rindiendo cuenta de manera principal al juez que, en cualquier caso, siempre controla en un plano superior la actuación del Ministerio público en la investigación del delito (artículos 282 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal).

Desde luego urge una reforma legislativa del proceso penal español, anclado en el siglo XIX, por más que en la Exposición de Motivos de la Ley Procesal del 1932, en plena II República, el magnífico penalista Jiménez de Asúa dijera, y nos haga saltar las lágrimas con su preclara visión de lo que debería ser la imparcialidad del juzgador, de lo que se debe hacer en el foro y no se hace, lean: "? no; los magistrados deben permanecer durante la discusión pasivos, retraídos, neutrales, a semejanza de los jueces de los antiguos torneos, limitándose a dirigir con ánimo sereno los debates?". No seguiré porque emociona in malam partem el ver y sentir en la nuca el aliento de la cruda realidad. En fin, que necesitamos una radical reforma que nos haga en este sector de una vez más democráticos y garantes del principio de referencia inserto en la Constitución dentro del reconocimiento a un proceso justo con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución).

Opino -con todo el respeto para los discrepantes- que para ello, para un mejor funcionamiento del procedimiento penal español, en definitiva, para responder a la Constitución y a la nueva expresión de la sociedad democrática, debería partirse del modelo de preeminencia del principio acusatorio frente al inquisitivo, donde el fiscal investigador dirige la instrucción de la mano de la Policía Judicial y el juez es como un árbitro imparcial o de garantías, potenciándose así el principio de que la prueba ha de surgir en el juicio oral bajo la inmediación del tribunal sentenciador; otra vez en palabras del gran Jiménez de Asúa: "Sin descender a la arena del combate convirtiéndose en parte ? ". O de Vicente Jimeno Sendra en el El Ministerio Fiscal-Director de la Instrucción (Iustel): "Porque la función natural del juez es juzgar, decidir, no debe al mismo tiempo investigar. La sociedad no puede demandar que el juez al mismo tiempo sea un buen investigador y un buen juzgador".

Difícil, muy difícil en un país donde nadie quiere ceder "parcelas de poder", pero es evidente el encaje en estos hechos del célebre adagio: "Renovarse o morir". Entre tanto, "la nave va", que diría el sabio romano y gran consejero Fellini.

PAÍS VASCO. Abogados de Oficio:¿héroes o Villanos?

Abogados de oficio: ¿héroes o villanos?

Bea Sever - 18/05/09 | Redacción |

Al contrario de lo que se cree, los abogados de oficio no pueden renunciar a una defensa por razones de conciencia; tampoco se trata de jóvenes inexpertos. Profundizamos en la labor de estos profesionales.

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Sala de un juzgado

Aproximadamente un tercio de los abogados en ejercicio en la Comunidad Autónoma vasca componen las listas de turnos de oficio. Formar parte de estos listados es voluntario desde hace 18 años, como recuerda Nazario Oleaga, decano del Colegio de Abogados de Bizkaia: "Cuando yo comencé a ejercer era obligatorio estar en las listas. Por lo menos te pagaban, había una compensación mínima, porque anteriormente, era obligatorio y además no estaba remunerado, era una forma de ayudar al sistema judicial".

Siendo voluntario ¿qué motiva a un abogado a inscribirse en el turno de oficio? Nazario Oleaga opina que las motivaciones son variadas, pero hay dos principales: "Fundamentalmente las económicas y las ganas de ayudar". De todas formas, el hecho de que sea voluntario no ha supuesto ningún problema a la hora de tener abogados suficientes. "Hubo un momento duro con el boom de los casos de violencia doméstica. La gente que llevaba esos casos estaba casi las 24 horas del día dedicada a ello, pero se duplicó el número de abogados y ahora están mejor", dice Oleaga.

Asistencia gratuita

Es importante diferenciar entre turnos de oficio y asistencia jurídica gratuita. Los letrados y letradas que prestan asistencia jurídica gratuita son designados del turno de oficio, pero no siempre que se designa a un abogado de oficio el defendido tiene derecho a asistencia jurídica gratuita. En ocasiones, el procedimiento exige que se designe a un letrado del turno de oficio, pero el cliente debe hacerse cargo de sus honorarios. La asistencia jurídica gratuita sólo se presta a aquellos ciudadanos sin medios económicos para sufragarse la asistencia de un abogado de su elección.

En 2008 se tramitaron en la Comunidad Autónoma Vasca 41 expedientes de justicia gratuita. En esos casos, el Gobierno vasco paga 143 euros por asistencia a un detenido, 228 por tramitar un expediente administrativo de extranjería, 350 euros por un procedimiento penal ordinario o por un juicio rápido de violencia doméstica, 343 euros por procedimientos matrimoniales de mutuo acuerdo y 686 si son contenciosos.

Aún siendo voluntario, la voluntad no es suficiente; cualquier abogado no puede ejercer de oficio. Según explica el decano son necesarios ciertos requisitos: "Debe tener un mínimo de tres años de experiencia y realizar los cursos en la Escuela Práctica Jurídica o justificar que es especialista en esa materia presentando documentación sobre el número de casos que han llevado, etc.".

Hoy en día las listas están divididas en especialidades, de manera que cada letrado sólo se da de alta en las materias que domina: penal, penal especial, civil-mercantil, familia, social, administrativo, menores ó violencia doméstica y agresiones sexuales.

Cuándo se puede renunciar a un caso

¿Y en qué casos puede renunciar un abogado de oficio a la defensa de un cliente? A pesar de lo que pudiera creerse sólo puede renunciar en aquellos supuestos en los que hay una implicación directa del abogado o de sus familiares en el caso. "Si no es una circunstancia personal muy directa no pueden renunciar, no cabe la renuncia por motivos de conciencia", aclara Oleaga. "Hay quienes dicen que no pueden defender, por ejemplo, a violadores; pero el día que les toque, o lo enmascaran de otra manera o se les da de baja del turno de oficio".

Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo se enfrenta un letrado a la defensa de alguien que considera culpable. Iñigo Santxo, abogado del bufete Gaurko asegura que muchas veces no es necesario preguntárselo para saber si el cliente es o no culpable. "Yo trato de conocer la verdad sin preguntarlo directamente, pero si no logro una versión creíble, en ocasiones, lo he preguntado directamente. Hay que tener en cuenta que debes llegar al juicio con una versión que reúna unos mínimos de credibilidad y congruencia".

En el ámbito penal es más sencillo, porque una cosa es la culpabilidad y otra las circunstancias modificatorias de la responsabilidad, los eximentes. "No hay una pena fija, puede haber muchas motivaciones… Nosotros siempre hemos defendido que todo el mundo, incluso quien haya cometido el peor crimen, tiene derecho a que le defienda, porque no conocemos sus modificaciones, habrá que descubrirlas en un juicio", afirma Oleaga. "Al fin y al cabo, no es al abogado a quien corresponde hacer justicia", añade Santxo.

El letrado compara la situación con la de un futbolista que viste una camiseta extranjera y tiene que jugar contra su equipo de origen. "Ahí tienes el ejemplo de Aduriz cuando le ha tocado jugar con el Mallorca contra el Athletic. Tú haces tu trabajo y si la administración no logra castigarle, ellos verán en qué han fallado".

Alcanzar acuerdos

De todas formas, Santxo explica que la autoría no lo es todo en un proceso y que muchos juicios se ganan por errores de forma e incluso cabe la transacción entre las partes. "En ocasiones, surge la posibilidad de alcanzar acuerdos con la acusación. En esos casos, lo fundamental suele ser, por un lado, garantizar la indemnización de la víctima y, por otro, que el castigo no sea excesivo, y que, en la medida de lo posible, pueda quedar en suspenso. Al fin y al cabo la cárcel no cumple el objetivo de la reinserción social, por eso, el que un cliente acabe en prisión siempre es un fracaso, aunque repudies su crimen".

Oleaga aclara que el ámbito penal es el mayoritario y el más vistoso, pero no el único. "Puede ocurrir que en cuestiones civiles te corresponda defender a alguien acusado de impago y realmente no haya pagado". En ese ámbito, si las pretensiones son insostenibles, el abogado puede realizar un informe y se le exime de continuar con el cliente. "De todas maneras, si el cliente insiste, se le nombra otro abogado de oficio que no puede eximirse", explica el decano.

Lo que es fundamental es saber diferenciar el ámbito profesional del personal. Santxo asegura que "en ocasiones tienes que trivializar los casos para no volverte loco".

Fuente:www.eitb.com

Confundir la dignidad con la corbata

Confundir la dignidad con la corbata

JOSÉ YOLDI 27/04/2009

Usted, querido lector, que se ve agobiado diariamente por ella, quizá no lo sepa, pero la corbata como símbolo de distinción fue importada directamente de los usos de la guerra. El término procede del italiano cravatta o crovatta, derivado de croata, ya que a mediados del siglo XVII en la guerra contra los turcos los jinetes de la caballería croata, una de las más fieras de Europa, lucían en el cuello unos pañuelos de colores característicos para infundir mayor respeto entre sus enemigos.

No hay que confundirlo con "un corbata", que era un ministro de capa y espada, es decir, un consejero que en los tribunales reales no tenía la condición de letrado. Pero eso es otra historia.

El caso es que el uso de la corbata se extendió como señal de elegancia entre las clases sociales dominantes de Europa, y en el Estatuto General de la Abogacía de 1946 se recogía la exigencia para los letrados de vestir camisa blanca, corbata y zapatos negros cuando se llevara toga en los juicios.

El precepto no fue baladí y algún letrado, como Francesc Arnau, fue sancionado en los albores de la democracia por negarse a llevar corbata en los juicios. Todavía en 2002, los jueces de lo Penal de Málaga acordaron suspender aquellas vistas en las que los abogados acudieran sin esa prenda.

Esa obligatoriedad fue eliminada en el nuevo Estatuto, aprobado como real decreto en junio de 2001, que en su artículo 37 establece: "Los abogados comparecerán ante los tribunales vistiendo toga y, potestativamente, birrete, (...) y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia". Es decir, tirando de sentido común, que no parece adecuado ir con bermudas y chancletas, pero desde luego no es obligatoria la corbata.

Expulsión del edificio

Sin embargo, algunos jueces, con un concepto arcaico de las normas, se empecinan en enseñarnos a todos cómo son capaces de imponer su autoridad al que no lleve corbata. ¡Como si la dignidad, el prestigio y el respeto se llevaran en la corbata!

El 9 de diciembre de 2008, el abogado Juan Moreno, de guardia en el turno de oficio, comparecía ante la Sección Tercera Penal de la Audiencia Nacional para asistir a un procesado en la vista de una prórroga de prisión. El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, reclamó al letrado -que sí vestía traje, pero no corbata- que se pusiese esa prenda, a lo que éste contestó que si no se exigía a las mujeres no entendía por qué tenían que ponérsela los hombres. El presidente insistió e indicó a Moreno que si no disponía de corbata se le proporcionaría una en la sala de togas. Pero como el abogado se negó a pasar por tal imposición, fue expulsado de la sala. En el momento de abandonar la estancia, Moreno comentó: "Esto es increíble". Guevara entonces ordenó a la Policía Nacional que se cerciorase de su expulsión no sólo de la sala, sino del edificio de la Audiencia, y el letrado, conducido por los agentes, fue puesto de patitas en la calle. La vista tuvo que ser suspendida hasta el día siguiente pero el acusado ya no fue asistido por el citado letrado, sino por una compañera suya. Moreno denunció lo ocurrido al Consejo del Poder Judicial por estimar que había habido abuso de poder por parte del magistrado.

El 3 de noviembre de 2008, Antonio Morgado comparecía como defensor a una vista en el Juzgado de lo Social número 37 de Madrid. El juez Marcos Ramos impidió subir a estrados al jurista porque no llevaba corbata. Éste alegó que ni la secretaria judicial ni la abogada del Estado la llevaban, pero el magistrado le precisó que por su condición de varón estaba obligado a usarla y que si se negaba a hacerlo podría intervenir como abogado, pero desde los bancos del público.

Para los letrados es una afrenta que los expulsen de los estrados y el artículo 38 del Estatuto de la Abogacía señala que "los abogados tendrán derecho a intervenir (...) sentados dentro del estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el tribunal ante quien actúen". Sin embargo, Morgado accedió a actuar desde los bancos del público porque el juicio se había suspendido ya en dos ocasiones anteriores y no quería perjudicar a su cliente. No obstante, el letrado denunció lo que consideró un trato discriminatorio, arbitrario y desconsiderado por parte del juez.

Ahora, el Consejo del Poder Judicial ha ordenado la apertura de sendos expedientes contra Guevara y Ramos por falta leve de "desatención o desconsideración con iguales o inferiores, (...) abogados y procuradores".

"¡Triste época la nuestra!", decía Einstein, "es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". O parafraseando a Oscar Wilde: "Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable". Y usted se preguntará: ¿En qué hemisferio tiene su sede el Ministerio de Igualdad?

Fuente:www.elpais.com

OPINION. La Justicia de todos.

ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL Decano del Colegio de Abogados de Madrid.

Domingo, 22-02-09.

En la República de Platón, las ideas no están sólo en nuestra mente; forman parte del mundo de sombras que vislumbramos desde el fondo de la caverna: la belleza, la bondad, el círculo. Pocas ideas platónicas tienen los contornos difusos de la justicia y salen con su frecuencia de la boca de todos. Lo demostraría la estadística de las conversaciones sorprendidas en mitad de la calle: ¿cuánto hablamos de la virtud o del pentágono? Sin embargo, la justicia no ha merecido nunca tanto gasto como palabras gastadas. De otro modo, Don Quijote no habría tenido que liberar a aquellos hombres ensartados camino de galeras por el polvo de La Mancha, encontrando en cada uno razón suficiente para corregir a «la justicia» con valores más humanos: que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, el olvido para el reo de hoy que ya no es el mismo condenado de ayer. Cinco siglos después, seguimos galeotes presos de una justicia menor, sin nadie que escuche nuestras historias de ineficiencias, dilaciones o errores, por terribles que sean, con el poder de remediarlas. ¿Qué hacer hoy con esta justicia vilipendiada, que, por no tener, no tiene ni abogado que la defienda? Tal vez, por aproximarnos al «justo» medio, deberíamos recordar la independencia, la calidad y el esfuerzo, en conjunto, de nuestros jueces, el imposible ritmo de crecimiento de los litigios en los últimos años, o un proceso como el reciente del 11 M, resuelto ejemplarmente con unos abogados -en su mayoría de oficio- que han sabido servir a la justicia, en el buen sentido de la palabra.

La primera denuncia es la falta de medios. En tiempos de tan alta espiritualidad, eso significa dinero: más presupuesto para más y más pagados jueces, menor número de interinos de ocasión, nuevas tecnologías para esa «oficina judicial» que se nos presenta como solución a casi todos los problemas organizativos. Y es cierto; no porque estemos posados, como por casualidad, en un mal momento de la economía o porque tengamos gobernantes tan distraídos que no hayan reparado en las montañas de papel que desbordan las mesas de los juzgados, sino porque la prioridad de la justicia viene pospuesta de siglos, lastrada por una burocracia espesa, con la mala suerte de los problemas que sólo parecen tener solución a un plazo más largo que el de las próximas elecciones y porque un sistema judicial fuerte ha sido siempre un límite para quienes manejan los recursos públicos. Entiéndase en términos históricos. Ahora, ante otras bocas que alimentar, corremos el riesgo de que la justicia baje puestos en la escala de urgencias sociales: la inmigración, el desempleo, la inseguridad. Sin embargo, es en estos momentos cuando necesitamos más que nunca de ella, y de su ingrediente primario, la seguridad jurídica, para mantener cohesionada la sociedad y su esperanza en el progreso; para equidistribuir el infortunio y poder competir en una sociedad global.

Pero pensemos antes, por un momento, en soluciones cualitativas, empezando por la administración ordenada, en minúscula, de la Administración de Justicia. Resulta complicado extraer mayor rendimiento de recursos limitados allí donde los actores son, básicamente, funcionarios cualificados en otro tipo de competencias ligadas al conocimiento técnico en su especialidad: los jueces, igual que los abogados o los profesores universitarios no somos, en términos generales, gestores que hayamos accedido a nuestro estatuto profesional por la destreza en el manejo de recursos humanos, en la organización de equipos y en la programación de objetivos para el mejor aprovechamiento de los medios disponibles. Se podría decir algo parecido de muchos responsables políticos y, en el caso de la justicia, de los órganos de gobierno de los tribunales y del propio Consejo General del Poder Judicial donde, además, la «forma» de elección de sus vocales ha reducido arbitrariamente su procedencia y casi excluido a la abogacía, pieza básica del engranaje de la justicia. Pero el cambio no es imposible. Tenemos cerca ejemplos notables de modernización como el de la Administración Tributaria, seguramente más rentable en el corto plazo. Habrá que combinar la formación de nuestros funcionarios judiciales en tareas organizativas con la provisión de herramientas técnicas indispensables y -por encima de tentaciones corporativas- una mayor autocrítica y sensibilidad hacia la trascendencia social del ejercicio diario de sus funciones.

Además, la buena gestión no es fácil cuando dentro de las mismas cuatro paredes concurren competencias públicas diversas que rompen las relaciones jerárquicas entre funcionarios y generan improvisación y desorden: el Ministerio de Justicia sobre la dotación humana y material de los órganos judiciales en Comunidades sin competencias en justicia, y, siempre, sobre fiscales y Secretarios Judiciales; las Consejerías de Justicia de las Comunidades con competencias transferidas; el Consejo General del Poder Judicial, en materia de propuestas, nombramientos y responsabilidad disciplinaria; la Sala 3ª del Tribunal Supremo decidiendo recursos contra los actos del Consejo y definiendo lo jurisdiccional como espacio de poder exento de control. Añádase a la mezcla el difícil equilibrio, Administración por Administración, entre las competencias presupuestarias y las funcionales. Nadie tiene por sí solo la clave y no siempre las interacciones han sido las adecuadas para el buen orden del conjunto. Sin modificar un esquema orgánico con implicaciones constitucionales, los poderes públicos, los partidos y la sociedad tienen que reforzar la voluntad de entendimiento y la responsabilidad institucional para una armonización competencial de facto, ajena a prejuicios y alineamientos políticos predeterminados.

En fin, el empeño de todos los que operamos en el sistema de la justicia. La contraposición entre el Estado que monopoliza la acción de gobierno y la sociedad civil que la sufre se difumina mediante la idea motriz de la responsabilidad de todos; de una responsabilidad social aplicada a toda clase de corporaciones, funcionarios, profesionales, cada uno cuidando de mejorar su parcela y también algo de lo que queda fuera de ella. La responsabilidad como extensión voluntaria de la obligación. Hacer antes que pedir. En el Colegio de Abogados de Madrid acabamos de inaugurar un Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía, que nace para impulsar y encauzar la acción de los abogados en favor de la sociedad, con el punto de mira en el derecho de defensa; y un Observatorio de la Justicia que, en conexión directa con los órganos judiciales, tratará de trasladar disfunciones y proponer soluciones en beneficio del justiciable. Pero de poco servirá la mejor disposición si otros operadores jurídicos no cuentan con quienes, parte necesaria del sistema, encarnamos el punto de vista del ciudadano; y si en esas y otras funciones sociales de nuestro Colegio, como la gestión del Turno de Oficio (750 designaciones diarias de abogados en Madrid) o los servicios de orientación jurídica (más de 160.000 asistencias al año), las administraciones públicas nos dan la espalda, le niegan a los abogados su remuneración o miran hacia otro lado buscando formas más complacientes o baratas de organizar la asistencia jurídica gratuita, despreciando nuestra capacidad para actuar de forma comprometida, libre e independiente.

En situaciones de crisis hay que poner en valor el esfuerzo combinado de los agentes sociales y su capacidad transformadora. Conocemos el riesgo de las grandes palabras; pero los abogados vivimos profesionalmente en el conflicto y en la lucha por su superación. Tenemos las habilidades para ayudar al diseño de leyes más justas y liderar el cambio político y social, como en la transición pusieron de manifiesto muy notables abogados o el espíritu cívico ante los compañeros de Atocha asesinados. Estoy seguro de que los abogados sabremos implicarnos más; dar ejemplo de cooperación, de denuncia y contradicción leal -también de autocrítica- para la resolución de los problemas de la justicia; y de que entre todos, acercaremos este valor, esencial para el Estado de derecho, al lugar que la Constitución y la sociedad demandan.

Fuente: www.abc.es

OPINIÓN. POR SER DE JUSTICIA.

10.02.09 -JOSE MARÍA ROSALES DE ANGULO DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS.

SABIDO es por las gentes del Foro, hoy llamados operadores jurídicos, que los abogados solemos terminar nuestros escritos judiciales con esta frase: por ser de Justicia.

En estos momentos, vistas las circunstancias concurrentes, «por ser de Justicia» hay que ubicarlo en primer lugar para solicitar, de una vez por todas, la profunda y esencial reforma de la Administración de Justicia.

Por ser de Justicia, hay que exigir a los poderes públicos que desarrollen y cumplimenten ese gran 'Pacto por la Justicia' y a los partidos políticos, de todos los colores democráticos, que obvien disputas banales al ser la Justicia tema de Estado, sentando en esa gran mesa del acuerdo a todos cuantos sectores intervienen en el mundo de la Justicia, debiendo ser todos ellos abiertos, generosos y proclives a buscar el consenso, a sentar las bases comunes, nunca a orquestar reinos de taifas, de protestas y reclamaciones, particulares e insolidarios.

Evidentemente hay al menos dos frentes en el espacio geopolítico en esta materia: la Administración Central, con sus competencias generales en materia de Justicia, y la Administración Autonómica, con sus competencias asimismo en su día traspasadas y asumidas. No olvidemos que aquí concurren simultáneamente ambas administraciones y, además, existen otros implicados: Jueces, Fiscales, Secretarios, Funcionarios (Oficiales, Auxiliares y Agentes), Forenses, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Peritos, así como otras profesiones jurídicas, Notarios, Registradores, Abogados del Estado, Letrados de la Administración Autonómica, y no obviaría a los restantes Funcionarios Públicos ni, por supuesto, a los teóricos y docentes del Derecho.

Por ser de Justicia hacen falta más órganos judiciales, con la dotación del personal correspondiente, y, por ser de Justicia, es imprescindible otorgar mayores medios materiales, tecnológicos, informáticos y telemáticos, a la Administración de Justicia. Por supuesto, en los espacios adecuados, intentando esa beneficiosa concentración de los órganos judiciales.

Para paliar problemas ahora y procurar evitarlos en el futuro, hay que pensar en cambios legislativos, especialmente en temas procedimentales, en potenciar el arbitraje, la mediación y la conciliación como métodos a utilizar, en el seno del sistema y como fórmulas alternativas, en usar los llamados tercer y cuarto turnos para el acceso a cargos judiciales, al menos como apoyo o ayuda a los titulares hasta una normalización deseada, con juristas de prestigio que coadyuven en los procesos; y todo ello, entre otros extremos en los que, en general, hay coincidencias en la mayoría de los sectores y profesionales afectados, y, por supuesto, contando con todos.

Por ser de Justicia, hay que reiterar que la Justicia no son sólo los jueces. Y que solos no van, ni vamos, a ninguna parte. Pienso que toda persona, en cuanto trabajador, tiene derecho a la huelga, incluidos funcionarios, incluidos jueces. El problema es cómo. Cómo se desarrolla ese derecho. Asimismo considero que esta propuesta de huelga de un sector de la judicatura no es muy procedente ahora. Se protesta, se pide, se exige, se plantea; luego, si se incumple, se actúa. En su caso y en sus casos. Y se suman voluntades. Aquí sigue estando la Abogacía.

Todos los profesionales del Derecho tenemos justas reivindicaciones. Unas, para la oportuna mejora del sistema; otras, específicas para el propio colectivo. Igualmente legítimas. Y todas hay que reclamarlas: por su orden, en su respectivo procedimiento. Por ejemplo, los abogados reclamamos ya las prestaciones médico-farmaceúticas de la Seguridad Social, que ahora y todavía no tenemos, ni siquiera los que trabajan los turnos de oficio y de asistencia al detenido y a la víctima, aún constituyendo un esencial servicio público, lo que constituye nuestra mayor exigencia en estos momentos a los poderes públicos y un enorme y prioritario reto en el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Por ser de Justicia tendremos que convenir que la Justicia somos todos. Los que intervenimos en ella y los que no. Y la Justicia, dicho sea con ironía y con total seriedad, también son los justiciables. O sea, la sociedad. Y a ella nos debemos. En un Estado Democrático de Derecho todos debemos estar a la altura de las circunstancias que nuestras obligaciones nos imponen, abiertos y solidarios, con la mayor dosis de humanismo posible, por ser de Justicia.

Fuente: www.ideal.es

OPINIÓN. Justicia Gratuíta Derecho y vocación.

JUSTICIA GRATUÍTA: DERECHO Y VOCACION.

Lunes, 19-01-09.

Francisco Real Cuenca. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

La Constitución Española consagra en el Capítulo II del Título I el derecho a recibir justicia como uno de los derechos fundamentales del ciudadano. El artículo 17 habla de la «garantía de la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales», y el artículo 24 recoge explícitamente el derecho «a la defensa y a la asistencia de letrado». Si aplicamos a estos derechos el principio de igualdad de los ciudadanos sin discriminación que recoge el artículo 10, queda legitimada constitucionalmente la asistencia jurídica gratuita, un servicio público prestado con grandes dosis de vocación por parte de los profesionales de la abogacía y que garantiza un derecho esencial de todo Estado democrático, sin el cual no sería posible el ejercicio del resto.

Un servicio, por otra parte, nada exento de complicaciones, ya que los abogados del turno de oficio, aquellos que dedican su tiempo y su esfuerzo a convertir la justicia en un derecho para todos, deben enfrentarse a los escollos de la escasa - y a menudo tardía- remuneración de su trabajo, así como a la lentitud de los procedimientos por la falta de medios o por los límites de la normativa vigente, cuando no a la desidia de las administraciones competentes por agilizar los procedimientos en beneficio del justiciable.

A pesar de las dificultades y de los nuevos retos que nos plantea el progreso de una sociedad democrática como la nuestra, los abogados valencianos siempre hemos estado a la vanguardia en la prestación de este servicio ciudadano. Sensibles hacia la situación de los desfavorecidos, luchamos hace siglos por la creación del turno de oficio, con letrados que comenzaron a involucrarse en la defensa de colectivos vulnerables, porque entendieron que la justicia es un derecho de todos.

Hoy, algunos de los colectivos más indefensos son nuevos -mujeres maltratadas, inmigrantes, personas discapacitadas- pero nuestra respuesta es la misma: luchar por una defensa de calidad, racionalizando la asignación de los casos, formando al letrado en las materias específicas del turno de oficio y garantizando la mejor asistencia al defendido. Me siento orgulloso de estar al frente de un Colegio inquieto, comprometido e independiente, pionero en la creación de nuevas secciones en el turno de oficio y claramente activo en la mejora de este servicio. Prueba de ello es que fuimos el primer colegio de abogados de toda España en incorporar el turno de violencia doméstica, y actualmente estudiamos crear nuevas secciones adaptadas a nuevas demandas sociales. La crisis económica, un tema de actualidad ineludible en estos días, nos genera nuevos retos. Ciudadanos cuyos recursos disminuyen y se ven involucrados en pleitos judiciales acuden cada vez más al turno de oficio para defender sus intereses. En el último año, la media de casos por abogado rondó los 25 y hemos detectado un incremento de más del 40% en las designaciones de abogado en procesos civiles, cifra que nos hace reflexionar acerca del papel de la justicia gratuita en este escenario de crisis.

Por todo ello, comprometido como estoy con la idea de la justicia como servicio público, considero que el turno de oficio merece una atención más específica por parte de las administraciones central y autonómica. No más insolidaridad con aquellos cuya vocación por servir a los demás garantiza un derecho constitucional que de otro modo quedaría desprotegido. Mejorar la justicia gratuita es tarea de todos.

Fuente: www.abc.es