CATALUÑA.- Aprobada la Ley de acceso a la asistencia sanitaria de los Abogados en Cataluña.

Aprobada la Ley de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud.

06/07/2010

El pleno del Parlamento de Cataluña aprobó el 30 de junio la Ley de asistencia sanitaria que permite el acceso a la sanidad pública a los abogados que residen en Cataluña, entre otros colectivos de profesiones liberales. 

 

Conocida coloquialmente como a Ley de universalización, ésta será la primera, dentro del ámbito estatal, que dará acceso a la sanidad pública gratuita a cerca de 60.000 personas que hasta ahora quedaban excluidas.

Ésta ha sido una reclamación histórica de la abogacía catalana pero fue en los últimos tiempos que con el impulso y acciones de la exdecana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Sílvia Gimenez-Salinas, fue posible firmar un acuerdo el 16 de junio de 2009 entre el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC) y la Consejería de Salud, a través del cual se inició una prueba piloto con la abogacía catalana de forma que los abogados no sólo de Barcelona sino de toda Cataluña fuimos el primer colectivo profesional "excluido" que pudo solicitar la tarjeta sanitaria individual. Los abogados nos convertimos nuevamente en pioneros en este avance.

Aunque el ordenamiento jurídico español y catalán se inspira en el principio de universalización para la prestación de servicios públicos, se calcula que cerca de 60.000 personas, un 0,7% de la población catalana, se habían quedado fuera de este derecho desde 1986.

Cuando entre en vigor, esta ley supondrá haber hecho realidad la equidad en la prestación de servicios sanitarios reconocida en la Ley de ordenación sanitaria de Cataluña.

Fuente:/www.icab.cat . Ver noticia.

 

GIJÓN. Reivindicación de la asistencia sanitaria para los Abogados.

JESÚS VILLA VICEDECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN. Sabido es que los abogados de Gijón estamos en situación de conflicto desde el mes de mayo del pasado año 2008, pero lo que quizá no se sepa adecuadamente son las razones del mismo. Se oye que esto puede causar perjuicios en los usuarios de la Justicia, fundamentalmente en los beneficiarios del derecho a la Justicia Gratuita, pero escasamente de cuáles son los motivos para la indignación de los letrados, ni la respuesta que la Administración ha dado a los mismos.

Una de nuestras reivindicaciones, recientemente negada por el director general de Justicia del Principado, es que los abogados tengamos derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que la casi totalidad de españoles y extranjeros residentes en nuestro país. Puede parecer sorprendente, pero lo cierto es que en España, a día de hoy, existen escasamente 200.000 personas que no tienen ese derecho, de los cuales unos 65.000 son abogados en ejercicio, es decir, trabajadores en defensa de derechos e intereses ajenos ante los tribunales de justicia. O, en términos estadísticos, que quizás asuste más aún, una de cada tres personas que integran el colectivo del 0,5% de españoles sin derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país es abogado. Abogados que no se podrán poner enfermos y ser debidamente asistidos por el sistema público de salud, salvo afiliación voluntaria a la Seguridad Social o que lo paguen de su bolsillo. Llega a darse la paradoja de que, si su cliente resulta condenado a trabajos en beneficio de la comunidad, tendrá derecho a esa asistencia por el mero hecho de estar cumpliendo dicha condena, independientemente de que tenga o no cubierta tal contingencia por otra cualquier causa. Su abogado no.

¿Qué explicación, o justificación, puede existir para semejante discriminación, no sólo con el anterior ejemplo, que es un mero botón de muestra, sino con la inmensa mayoría de la sociedad española? Lo cierto es que, a día de hoy, y pese a lo que se nos quiere hacer seguir creyendo desde la Consejería de Justicia, ninguna.

Es verdad que los 65.000 abogados en toda España antes referidos no cotizan al sistema de previsión social nacional. Pero no lo es menos que ello no responde a una voluntad suya rebelde a la integración, sino simplemente a que, hasta el año 1996, los abogados y procuradores estaban expresamente excluidos, por ley, de la posibilidad de pertenecer a la Seguridad Social, siendo obligatorio que sus cotizaciones para la jubilación lo fuesen a sus respectivas mutualidades. Solo tras esa fecha, y en virtud de una sentencia judicial, se nos permitió optar entre seguir en la mutualidad o cambiar a la Seguridad Social, a través de su régimen especial de trabajadores autónomos, bien que perdiendo todo lo que ya llevásemos cotizado a nuestro sistema.

Y esta supuesta vida al margen de la Seguridad Social es la que se utiliza por parte de la Administración para negarnos un derecho universal y gratuito del que, como decía, gozan prácticamente todos los españoles y muchos extranjeros que viven en nuestro país. Se nos dice que, puesto que no cotizamos al INSS ni somos asalariados de la Administración, no tenemos derecho a beneficiarnos de sus prestaciones, por lo que nuestra protección de la salud debemos gestionarla privadamente.

Artero argumento este que, utilizado demagógicamente, ha calado en la opinión pública, que lo sigue dando por bueno, pues parece de una lógica aplastante: quien no contribuye, no tiene derecho a beneficiarse.

Ahora bien, si se nos permite detenernos mínimamente en él, veremos con facilidad que, además de artero y demagógico, es rotundamente falso, puesto que, en primer lugar, no es cierto que los abogados estemos al margen de la Seguridad Social, ya que, como todos los españoles y extranjeros asentados en España que trabajan, estamos obligados a proveer nuestra futura jubilación. Lo único que sucede es que, por una excepción legal, sobre la que nadie nos preguntó nunca nada, nuestras aportaciones no podían ir a la caja común, sino a una especial. Ni somos ni fuimos los únicos, ni se nos puede tachar por ello de insolidarios o de estar fuera del sistema. Además, y fundamentalmente, por cuanto hace ya mucho tiempo que ese discurso carece de argumentario legal que lo sustente pues, como veremos a continuación, el derecho a la salud y a la asistencia médica, recogido ya en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el art. 43 de nuestra Constitución, se asienta sobre dos pilares básicos, la universalidad y la gratuidad, tal cual se recoge en las leyes que lo desarrollan:

La Ley General de Sanidad de 1986, cuyo art. 12 dispone que «Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio español...».

La Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que en su art. 2 recoge, como principios generales que la han de informar, entre otros, los siguientes: «1. La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando especialmente toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias. 2. El aseguramiento universal y público por parte del Estado, y 5. La financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica». Y su art. 3 dice que «Son titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria los siguientes: 1. Todos los españoles...».

Y aquí está, sin duda, el quid de la cuestión. Resulta que, legalmente, hace ya tiempo que en nuestro país se ha deshecho el binomio «Seguridad Social = Asistencia Sanitaria», tratándose hoy en día de dos instituciones que corren claramente separadas.

¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: que la sanidad pública, a la que todos los españoles han de tener derecho (por ser universal), no se financia de la caja común de la Seguridad Social, sino «de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica» -art. 10 de la antes citada ley 16/2003- (por ser gratuita). Es decir, con los impuestos de todos los españoles, entre ellos esos 65.000 abogados que están excluidos de ese derecho. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el céntimo sanitario por litro de gasolina? Pues también lo pagamos los abogados asturianos. Y si todavía hay alguien que pueda albergar incertidumbre al respecto, debería bastar con citar el art. 86, 2 de la Ley General de la Seguridad Social y el 39 de la Ley 1/1992 del Servicio de Salud del Principado. ¿Aún no se lo creen? Pues espero que esto les convenza ya definitivamente: «A medio plazo podría contemplarse perfectamente modificar los impuestos del tabaco, el alcohol y los hidrocarburos para incrementar los fondos que se destinan a la sanidad pública, ya que lo razonable para un sistema que se financia con impuestos es que esa financiación venga también de mayores impuestos, en el ejercicio de una mayor corresponsabilidad fiscal de las administraciones territoriales», según declaraciones realizadas en agosto de 2004 por doña Elena Salgado Méndez, a la sazón ministra de Sanidad.

¿Alguien nos puede decir ahora qué argumento existe para que los abogados no tengamos igual derecho que el resto de asturianos y extranjeros que en nuestra comunidad residen al uso y disfrute del sistema público de salud?

Usted tiene la palabra, señora consejera. Permítame recordarle, eso sí, aunque sé que ya lo sabe, que nuestra vecina Comunidad Autónoma de Galicia ya ha incorporado a los abogados que prestan el servicio del turno de oficio a su servicio de salud. ¿Están cometiendo una ilegalidad?

Fuente:www.lne.es

SEGURIDAD SOCIAL. Abogados de Oficio, Seguridad Social e igualdad.

Abogados, Seguridad Social, igualdad

Apreciados lectores, como gozo de total libertad de expresión en este medio, hoy voy a tratar de informarles sobre algo que posiblemente desconozcan acerca del mundo de la abogacía, pues como dice el refrán ”no es oro todo lo que reluce”.

Pues sí, hoy voy a escribir sobre los abogados y la Seguridad Social, que sepan ustedes que hay un colectivo de abogados, muy numeroso en España, que a nivel de protección de la Seguridad Social tiene menos derechos que un inmigrante.

Estos que después de jugarse la vida llega a las costas españolas y no se sabe cómo, valiéndose de artilugios y picarescas de origen o aprendidas y de acuerdo con la vigente legislación, se pueden empadronar en cualquier ayuntamiento de España, automáticamente, estén en la autonomía que estén, reciben una tarjeta de la Seguridad Social y con ella ostentan todos los derechos recogidos en la Ley 16 2003 de 28 de Mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Si alguien tiene interés podrá consultar en esta ley la cantidad de derechos que tiene ese emigrante empadronado.

Hoy no toca escribir sobre otros derechos sociales, de educación, de ayudas etc., de los que me siento orgulloso, como ciudadano español, se puedan dar a la gente necesitada e inmigrante.

Lo que sí cuestiono es que parte de los Abogados, que son ciudadanos que pagan sus impuestos, colaboran con Hacienda en los pagos de IVA, retenciones y cumplen con sus obligaciones fiscales, y laborales estén, como estamos muchos, privados de tener esa cartilla de la Seguridad Social que da derecho a las prestaciones de la Seguridad Social.

Para dar toda la información, decir que hay Abogados que sí tienen esa cartilla de la Seguridad Social, son los que pagan el RETA, popularmente autónomos, pero los otros, los que pagamos Mutualidad nos vemos privados de detentar esa famosa cartilla antiguamente, ahora tarjeta.

Bueno, políticos, sra. Ministra de Igualdad, en su Ministerio, en esa Dirección General contra la discriminación que está creando, me pregunto si nosotros, abogados, ciudadanos colaboradores de Hacienda y cumplidores con nuestra obligaciones fiscales, laborales y de todo tipo; tendremos que seguir siendo discriminados y no tratados como iguales con los inmigrantes empadronados, que puede o no que paguen sus impuestos y cumplan son sus obligaciones.

Por lo menos sí que tienen un deber de convivencia y de respeto a la nación que les da cobijo y al Estado que les otorga unos de derechos, sean de educación, sociales o de salud.

Sra. Ministra créame, sólo hablo de igualdad y de no discriminación para una profesión, la abogacía, que incluso colabora con el Estado, atendiendo en toda España el turno de oficio, tratando de que se respeten los derechos y libertades de la ciudadanía.

Y no se crea ni por un momento que este colectivo está compuesto por mega despachos y que atiende a clientela de renombre, abogados y despachos de abogados hay de todo tipo, desde el unipersonal hasta aquel que cuenta con cientos de abogados, eso sí, todos ellos estarán de acuerdo conmigo en que el agravio comparativo con los inmigrantes no lo resiste el menor juicio crítico de igualdad o discriminación……………….QUE PAIS.

Escrito por Antonio Pavón Ortiz.

Nacido en Loja (Granada) 1951, aunque residente desde esa fecha en Barcelona. Licenciado en Derecho por la U.B. Abogado generalista y titular de Bufete Pavón en la ciudad de Barcelona.

Lunes, 21 de abril de 2008.

SEGURIDAD SOCIAL. 65.000 Abogados no tienen asistencia sanitaria gratuíta.

200.000 PERSONAS, DE LAS CUALES 65.000 SON ABOGADOS,NO TIENEN ASISTENCIA SANITARIA GRATUITA EN ESPAÑA.

POR TERESA BLANCO CAMACHO.

Si bien existe un principio de universalidad de la prestación sanitaria gratuita en condiciones de igualdad, sigue existiendo un sector de la población de igualdad, sigue existiendo un sector de la población, entre el que se encuentran los abogados colegiados encuadrados en la Mutualidad de la Abogacía, no cubierto por la gratuidad del Sistema de Salud. Por esta razón, y con el objetivo de poner de relieve, entre otras cuestiones, el derecho a la asistencia sanitaria de esta parte de la población, analizar si existe vulneración del principio de igualdad proclamado por la Constitución Española, o examinar la oportunidad de financiación del sistema de salud mediante impuestos separando los conceptos de prestaciones de la Seguridad Social y prestación Sanitaria, el Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad General de la Abogacía organizaron una jornada sobre la Asistencia Sanitaria Universal, que tuvo lugar en el salón de actos del Colegio de Abogados de Madrid el pasado 4 de diciembre.

El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Alfredo Montoya Melgar fue uno de los ponentes. Durante su intervención indicó que “pese a tantos y tan proclamados propósitos. Hoy la Asistencia Sanitaria Pública sigue sin ser universal ni gratuita ya que algunos colectivos que no están incluidos en el campo de aplicación de la Seguridad Social, ni pueden acreditar falta de recursos, están desprotegidos”. Este es el caso de los abogados encuadrados en la Mutualidad
de la Abogacía, que para beneficiarse de las prestaciones sanitarias deben satisfacer las correspondientes primas a la Mutualidad.

AGRAVIO COMPARATIVO Y VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

Durante su ponencia el catedrático repasó las diversas declaraciones legislativas que recogen que “la salud constituye un derecho de carácter universal”, del que se desprende, en opinión de Montoya Melgar, “la gratuidad de este derecho aunque no se recoja expresamente en la normativa internacional o española”. Para Montoya Melgar, “reconocer la universalidad de un derecho y luego no establecer los mecanismos necesarios para su gratuidad sería un flatus vocis”. Señaló asimismo que del modelo constitucional español deriva “una idea de asistencia sanitaria pública, universal y gratuita, configurada como un principio rector de la vida política, económica
y social, aunque no como un derecho fundamental”. De este modo, explicó Melgar “el sistema de la Seguridad Social venía prestando asistencia sanitaria a favor de colectivos determinados y ello implicaba una reducción del ámbito de protección de la asistencia sanitaria y, con el modelo universal de la Constitución, se pretende la protección de todos los colectivos”. Para ello, “es necesario financiar la sanidad a través de los impuestos y no a través de prestaciones contributivas de la Seguridad Social”.

El profesor denunció que “llevamos un cuarto de siglo de situación transitoria a lo largo del cual la Seguridad Social sigue siendo el básico prestador de la asistencia sanitaria”. Una situación que, si bien en un principio se debió a “motivos económico-financieros ahora continúa por pura inercia” y que supone “un agravio comparativo y vulnera el principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de nuestra Constitución, ligado inevitablemente a los principios de universalidad y gratuidad”. Para el profesor lo ideal sería “una solución global y definitiva con una universalidad práctica y que afecte a todo el mundo que pasa por acabar con el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y una financiación de la Sanidad a través de los impuestos”.

UNO DE LOS MEJORES SISTEMAS DE SALUD DEL MUNDO.

También intervino como ponente Francisco Sevilla Pérez, consejero de Sanidad y Consumo en la representación de España en la Unión Europea, quien presentó la situación actual de la cobertura de la prestación sanitaria en lo relativo a la universalización. A su juicio, el problema de la actual situación requiere “una decisión política clara que no se ha adoptado hasta ahora porque se han complicado las relaciones entre Seguridad Social, Sistema Nacional de Salud y Comunidades Autónomas que no han permitido el abordaje global”. Una decisión, indicó, que llevaría a la universalización de la sanidad “bien como derecho de la ciudadanía o como prestación no contributiva dentro de la Seguridad Social”. Afirmó que “los ciudadanos sin cobertura pública en la actualidad son una minoría” y que su situación “atenta contra varios principios constitucionales”.

Por lo que se refiere a la cobertura de la prestación sanitaria Sevilla Pérez señaló que nuestro Sistema Nacional de Salud es “uno de los mejores del mundo, conlleva un gasto sanitario relativamente bajo, crea empleo, y, según las encuestas, es un sistema con el que los ciudadanos están contentos”.

LA INCLUSIÓN DE ESTOS COLECTIVOS NO SUPONDRÍA UN GRAN INCREMENTO ECONÓMICO.

Los dos ponentes coincidieron asimismo en que la inclusión en la asistencia sanitariagratuita de este colectivo de 200.000 personas –de las cuales 65.000 son abogados no supondría un incremento exclusivo del gasto, ya que esta cifra es muy reducida en comparación con el resto de los españoles que sí se ven favorecidos por esta gratuidad. En este sentido, Sevilla indicó que el Sistema Sanitario actual tiene una financiación autonómica y que “el análisis del impacto de la inclusión de este 1 por ciento en el global de los ciudadanos sería un impacto mínimo para las Comunidades Autónomas”.

Fuente: Revista Abogados. Diciembre 2008.