Las medidas de presión pactadas por las tres asociaciones de abogados del Turno de Oficio tomarán la próxima semana forma al iniciarse la recogida de firmas de los asociados para que prospere la renuncia masiva a las guardias penales y la propuesta de moción de censura contra el decano Antonio Hernández-Gil por "engañar" a los colegiados.
Las tres asociaciones que representan al colectivo celebrarán el próximo jueves una Asamblea en el Colegio de Abogados de Madrid para plantear de manera formal las propuestas que se aprobaron la pasada semana en la reunión celebrada en el Salón de Actos de los Juzgados de Plaza de Castilla.
A la renuncia de las guardias se suma un programa de movilizaciones que incluye manifestaciones, encierros y una posible unión a la huelga convocada para el próximo 18 de febrero por los jueces de Madrid, en sintonía con la carrera judicial de otros territorios. La primera manifestación se prevé para finales de mes.
El motivo de la renuncia, que requiere de 900 firmas para paralizar el servicio, es la deuda de 24 millones de euros contraída por la Comunidad de Madrid al deber los honorarios devengados en 2008. La Consejería que dirige Francisco Granados aprobó la semana pasado un presupuesto de 30 millones de euros para sufragar los gastos del Turno de Oficio. El colectivo denuncia que se les pagará la deuda con el dinero presupuestado para este año.
La principal medida de presión que barajan es renunciar a las guardias penales de detenidos y de extranjería a partir del próximo marzo. Esto supondría que los detenidos sin recursos económicos quedarían en libertad a las 72 horas al no recibir asistencia letrada. En el caso de extranjería, no se podrían abrir expedientes de expulsión y se bloquearía en el aeropuerto de Barajas el retorno de los inmigrantes a su país.
DESALOJO DEL DECANO
Las asociaciones aspiran también a reunir 4.300 firmas para presentar una moción de censura contra Hernández-Gil, quien ostenta este cargo desde diciembre de 2007, para adelantar elecciones. El colectivo cree que su gestión ha sido "un fiasco" debido a que su llegada al Decanato del ICAM generó muchas expectativas.
"El pasado año ha sido el peor para los abogados de oficio por la deuda acumulada y las pretensiones de privatizar este servicio público", denunció a Europa Press Santiago Luengo, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO).
El primer paso para privatizar el servicio ha sido entregar a manos privadas el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta ahora lo prestaba el ICAM. Igualmente, el Gobierno de Aguirre ha entregado ya a los despachos, como a Cremades & Calvo-Sotelo, la prestación de asesoramiento jurídica a ciudadanos extranjeros a través de cursos informativos.
Luego acusó al decano de engañar al colectivo al pactar con la Comunidad el acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, de 28 de noviembre de 2008, que establece que los ciudadanos extranjeros gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando sea evidente que carecen de medios para sufragar gastos de defensa.
Este acuerdo entrará en vigor el próximo 15 de febrero y supondrá que si no tienen los documentos para acreditar su situación económica no podrán recibir asistencia letrada. Las asociaciones interpretan este convenio como "una trampa" para "freír a los extranjeros de burocracia".
Por otro lado, los representantes de las tres asociaciones se reunieron hoy en la Asamblea de Madrid con el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, para trasladarle la problemática que sufre el colectivo. Gómez les informó de que el Grupo Parlamentario Socialista impulsará una serie de iniciativas parlamentarias, como una Proposición no de Ley o preguntas al Gobierno regional.
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