Los colegios profesionales expresan a la consellera de Justicia su preocupación La Generalitat recuerda que el presupuesto ha ido creciendo desde el 2003.
En pleno azote de la crisis económica, que ha dejado en el paro y la ruina a cientos de miles de familias, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha decidido recortar casi un 20% los fondos que destina a la asistencia jurídica gratuita, un derecho fundamental reconocido en el artículo 119 de la Constitución para todas aquellas personas que acrediten «insuficiencia de recursos para litigar».
Según las cifras facilitadas a este diario por la propia secretaria autonómica de Justicia, Patricia Montagud, el presupuesto destinado a pagar este año a los abogados de oficio asciende a 16.569.000 euros y a 1.870.710 el de los procuradores. En el 2008 la consignación fue de 20.569.000 y 1.870.710 euros, respectivamente.
No obstante, se da la circunstancia de que en el último ejercicio el Consell ya tuvo que recurrir a créditos extraordinarios para cubrir los casi 22 millones que finalmente facturaron los letrados. Es decir, si el Gobierno valenciano se quedó corto con aquella provisión de fondos, todo apunta a que el «desfase» será aún mayor en el 2009, en opinión del decano de los letrados alicantinos, Mariano Caballero.
Esta misma semana la junta directiva del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) se reunió con la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, para expresarle su «preocupación» ante los recortes presupuestarios y los retrasos en los pagos.
«Ajustar las cifras»
Según Caballero, la consellera les tranquilizó, les dijo que no habría problemas y que debía «ajustar» las cifras. Los decanos confían en que la Generalitat hará frente al coste total que genere para sus arcas el Turno de Oficio este año «porque nunca ha dejado de pagar», pero consideran que estos desbarajustes generan «inseguridad» entre los profesionales.
«No es serio que cada año se tenga que estar recurriendo a créditos extraordinarios» para sufragar el servicio, señala Caballero. «Las cosas deben estar claras desde el principio», añade.
Montagud prefiere referirse al «incremento exponencial» que han registrado estas partidas presupuestarias desde el año 2003, cuando sólo se dedicaron 7.831.970 euros a los letrados y 1.259.980 euros a los procuradores. Claro, que en ese lustro la población de la provincia se ha disparado, sobre todo con la llegada de inmigrantes que están sufriendo actualmente con más crudeza que los españoles las consecuencias de la recesión.
No obstante, la secretaria autonómica asegura que un programa informático permitirá en breve a los servicios de orientación jurídica (SOJ) de los colegios profesionales establecer «más filtros dentro de la ley» en relación a los usuarios que piden un abogado de oficio.
¿Y no resulta contradictorio que la Conselleria recorte el presupuesto de este servicio fundamental precisamente en medio de una coyuntura económica que está multiplicando las solicitudes? Montagud responde que la Conselleria no tiene constancia de ese incremento porque «de momento no se ha trasladado a la Comisión de Asistencia Jurídica».
En cambio, el ex conseller Fernando de Rosa cifraba ya el 17 de agosto del pasado año, en una comparecencia pública, en un 50,2% el aumento de expedientes durante el primer semestre del 2008 respecto al mismo periodo del 2007.
Sólo el Icali, que abarca tanto la demarcación judicial de la capital como las de Villajoyosa-Benidorm, Dénia, Elda, Novelda, Villena e Ibi, tramitó durante el año pasado cerca de un 8% más de casos que el anterior. En concreto, fueron atendidas 1.972 solicitudes más, por lo que los asuntos gestionados pasaron de 25.121 a 27.093.
Una abogada de oficio atiende a un cliente en los Juzgados de Alicante. / UBALDO ARACIL
Fuente: www.laverdad.es
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