El Colegio de Abogados de Madrid y asociaciones alertan de que la salida a concurso del asesoramiento a mayores puede ampliarse a la de la justicia gratuita de los extranjeros y no descartan que abra la puerta al turno de oficio.
Las asociaciones de letrados de Madrid están convencidas de que la Comunidad de Madrid (CAM) va a privatizar el turno de oficio. El l Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) lo teme. Ya lo ha hecho con el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores (SOJ). Alertan de que se prepara el de Extranjería y, en último término, de todo el turno. Además, la CAM les adeuda dinero de justicia gratuita, y el hecho de que la partida de 2009 se vaya a quedar muy reducida porque se ha destinado a pagar lo que se debía de 2008 no presagia un futuro claro para el turno de oficio.
En cuanto a Extranjería, aseguran que se intenta debilitar el derecho del inmigrante a la asistencia y se imposibilita que el abogado de oficio lo ofrezca, con las trabas que impone el artículo 22 bis del Anteproyecto de Ley de Extranjería.
Las asociaciones han acordado hacer huelga el 1 de marzo, impugnar el acuerdo de extranjería y el la privatización del servicio de mayores. Mª Jesús Díaz Veiga, portavoz de ALA (Asociación Libre de Abogados), se queja de la “inactividad del ICAM”.
Santiago Luengo, director de Altodo (Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno), exige que les paguen intereses y que actualicen los baremos de 2003. “El presupuesto es el mismo y las designaciones aumentan un 6%”, recuerda. Luz Elena Jara, secretaria de Apaem (Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid), cree que la CAM empieza por Mayores y Extranjería e irá privatizando otros sectores.
“Estamos en absoluto desacuerdo con la privatización del SOJ que ha emprendido la CAM. Si no rectifica, impugnaremos el concurso público”, asegura Antonio Hernández-Gil, decano del ICAM. “Alegan que lo exige la nueva Ley de Contratos del Sector Público, lo que no es cierto. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dice que le corresponde al colegio darlo, que es parte de la asistencia jurídica gratuita”, añade.
Antonio Hernández-Gil, decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Además, apunta, el ICAM tiene “varios acuerdos similares con la CAM que sí se han firmado”. Así, reconoce, “podrían esgrimir el mismo argumento para privatizar otros servicios de justicia gratuita”. Hernández-Gil explica que el ICAM “no tiene constancia absoluta de que la CAM vaya a privatizar el turno de oficio”, pero sí reconoce que “están confluyendo varias actuaciones de la CAM muy preocupantes”.
Por ejemplo, el convenio suscrito entre la CAM y la fundación Cremades & Calvo-Sotelo para formar a inmigrantes en el sistema jurídico español en el que participarían grandes bufetes. “No pueden dar asistencia jurídica gratuita, espero que se limiten a informar”, responde.
Para Hernández-Gil, “lo más grave es la situación económica: la CAM ha autorizado pagar lo que tiene pendiente de 2008: el 72% del segundo trimestre, el tercer y el cuarto, unos 24 millones.
En cuanto a la amenaza de las asociaciones de presentar una moción de censura contra Hernández-Gil, lamenta que “se politice el asunto cuando la opinión de las asociaciones y de la Junta es la misma”. Y aduce que no puede “llevar la relación con la CAM de forma asamblearia”.
Y sentencia: “Tenemos un sistema de Justicia gratuita estupendo al que afectarían la privatización o la funcionarialización. Serían desastrosas, la actuación del abogado es libre e independiente”.
Fuentes de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia de la CAM cuentan que los acuerdos que preocupan a los abogados “dependen de distintas consejerías” y que si quisieran “privatizar” no habrían “aprobado la partida”.
Acuerdo para inmigrantes en Barajas
La Comunidad de Madrid y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita acordaron el pasado 28 de noviembre que los extranjeros que soliciten asistencia jurídica gratuita en el aeropuerto de Barajas no reciban dicho asesoramiento hasta que presenten, en un plazo de 15 días, una serie de documentos que, en la práctica, les obligan a volver a su lugar de origen e impiden dicha asistencia en último término. Hernández-Gil cree que se infringe el principio de tutela judicial efectiva. Aunque reconoce que el Colegio estaba “presente cuando se firmó el acuerdo”. Santiago Luengo, de Altodo, cree que la Comunidad, “en vez de esperar al cambio legislativo, ha acordado dificultar la entrada de extranjeros con este acuerdo”, que van a recurrir. Y Luz Elena Jara, de Apaem, señala que “el artículo 22 bis del anteproyecto de ley de extranjería da a entender que el turno se privatizará, pero parece que la CAM se adelanta”.
Fuente:www.expansión.com
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