JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ GARCÍA Director general de Justicia del Principado
Oviedo, Idoya RONZÓN
José Manuel Fernández García es el nuevo director general de Justicia. No pisa terreno desconocido: como ex director general de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos, la negociación de la transferencia de los medios personales de Justicia se llevó a cabo desde la dirección de la que él era titular.
-Llega en un momento en que llueve en todas las direcciones. Primera queja: medios informáticos.
-Aunque es un tema que depende de la Consejería de Administraciones Públicas, la Administración es única y se actúa coordinadamente. En esta materia hay carencias evidentes. Es una situación heredada, y es complicada. Pero este año vamos a afrontar un gasto considerable y vamos a proceder a la renovación completa del parque informático del Principado. El coste estimado que tiene la dirección de informática ronda los 2.400.000 euros, y el año que viene se pretende un esfuerzo similar: renovación completa de todos los ordenadores, incluidos servidores. En estos dos años vamos a tener absolutamente renovado un parque que tiene muchas carencias.
-En verano, la juez del Social 3 de Oviedo pagó un escáner de su propio bolsillo para el Juzgado.
-Esos supuestos son anecdóticos. Estamos metiendo recursos, pero no disponemos en este momento de una cantidad tan elevada para afrontar todo lo que es necesario hacer.
-¿Estarán por fin los Juzgados conectados entre sí?
-Todos los Juzgados de Asturias tienen banda ancha. Otra cosa distinto son las aplicaciones. Unas dependen únicamente de nosotros, como es el sistema de grabación de vistas, que se acabará pronto de implantar en toda Asturias y, en meses, habrá expendedores para que los abogados puedan sacar sus propias copias a través de una llave USB en Oviedo, Gijón y Avilés. Pero hay otras que no dependen de la Administración regional. El Poder Judicial acaba de presentar un plan de modernización y en eso estamos todos.
-¿La modernización de la Justicia se queda sólo en titulares?
-Creo que la voluntad del Principado de invertir en la Justicia es evidente. Este año tenemos un presupuesto de 26.950.000 euros. La transferencia de medios materiales fue de 26,4 millones. Estamos hablando de diez millones más que el Principado está poniendo encima de la mesa, sin contar el presupuesto de Informática, que está en la Consejería de Administraciones Públicas.
-Segunda queja: edificios.
-Es una situación complicada, heredada, con una serie de sedes judiciales que no están en buenas condiciones. Hay temas que ya han ido hacia adelante y que, a principios de 2011, tendremos acabados: el Instituto de Medicina Legal, el edificio nuevo de Gijón o la sede de Villaviciosa. Se han hecho también otras obras necesarias, en la Fiscalía de Oviedo, Menores, Camposagrado y Valdecarzana... y otras menores pero que también son importantes. Y es cierto que hay otras sedes judiciales que necesitan una reforma. Estamos en negociaciones con ayuntamientos y unas van más avanzadas que otras.
-Las obras en Camposagrado y Valdecarzana, sede del TSJA, no solucionaron los problemas de espacio. ¿Fue «chapa y pintura»?
-Estamos hablando de dos palacios que son bienes de interés cultural que están protegidos y que tienen singularidades, y la adecuación es difícil. Las obras han quedado bien, responden a la finalidad y han sido más que la mera «chapa y pintura». ¿Que a lo mejor se podía haber hecho algo más? Puede, pero no soy conocedor de quejas generalizadas.
-¿Qué sedes están en peores condiciones?
-Langreo, Valdés, Piloña, Cangas de Onís y Pravia.
-Los archivos de Avilés se han calificado de «insalubres».
-Se han limpiado y únicamente nos resta realizar obras de ventilación forzada. En dos o tres meses se cumplirá estrictamente con lo requerido por Inspección de Trabajo.
-¿Oviedo sigue en la mesa?
-El problema de la dispersión de las sedes, agravada con la creación de nuevos Juzgados, requiere una reflexión prudente. Cualquier decisión que adoptemos en Oviedo tiene que partir de un criterio fundamental, que es el económico. Estamos trabajando en ello, pero a un plazo medio. No sé si en la parcela del Cristo (la que dejará el Hospital Central) o en otro lado, pero lo lógico es que se unifique todo en una sola sede. Deberíamos ir a una solución única y no volver a caer en lo mismo.
-¿Pondrán a fichar a los funcionarios de Justicia?
-Todos los funcionarios fichan, Justicia no será una excepción.
-¿Qué le parece la amenaza de huelga de los jueces?
-Sin entrar en la legitimidad jurídica de la huelga (no nos corresponde opinar sobre eso), creemos que es una huelga innecesaria. La huelga debe ser el último argumento en una negociación y parece que aquí no lo es. Esperamos que no se produzca, no sería buena para nadie. Con respecto a los planteamientos, por nuestra parte estamos intentando poner todos los medios para responder a la modernización que reclaman.
-Queja número tres: el turno de oficio del Colegio de Gijón.
-Es una situación peculiar. La asistencia está encomendada a los Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía. En ese caso, la no prestación de la asistencia, o el intento, no deja de ser un incumplimiento de esas obligaciones por parte del Colegio de Abogados de Gijón. Al Principado lo que le corresponde es la supervisión y el abono de las indemnizaciones.
-Los abogados se quejan de que cobran poco, mal y nunca.
-En el Colegio hubo un acuerdo por el que dio de baja a todos los letrados a fecha 31 de diciembre, excepto aquellos que manifestaron su voluntad de permanecer en el turno, que fueron 24. Son suficientes. Cualquier otro acuerdo que se pueda adoptar que cercene la voluntad de estos letrados será atacado por el Principado y me imagino que también por la Fiscalía. Y con respecto a las reivindicaciones, decir dos cosas: el decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en Asturias se aprobó en noviembre de 2007 y entró en vigor en enero de 2008 y supuso un incremento del 30 por ciento de las indemnizaciones. Se pasa prácticamente de tres millones de euros a cuatro. No se va a producir otra subida más esta legislatura.
-¿Qué hay de la reclamación de la asistencia sanitaria?
-Tampoco estamos de acuerdo. Estamos hablando de un personal que está en el turno de oficio porque es abogado, no es abogado porque está en el turno de oficio. Su actividad es la de colegiado independiente, y el turno de oficio es algo que presta porque se le obliga a prestar, es una obligación que asume como colegiado. Con lo cual, entendemos que no nos corresponde esa indemnización. Como colegiados independientes deberían ser ellos los que se costeasen esa asistencia.
-¿Qué ocurriría si también se borrasen esos 24 letrados?
-Tendríamos un problema. Pero el Principado sólo tiene una función de supervisión y abono de indemnizaciones, nada más. Quien primero debe buscar una solución es el propio Colegio de Abogados. Es el que debe buscar soluciones y no amparar problemas.
-¿Es cierto que pagan tarde?
-Cualquier problema que sea de gestión, no sólo estamos de acuerdo en arreglarlo, sino obligados a arreglarlo. De todos modos, son problemas muy puntuales y escasos.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo.
Abogado y funcionario de carrera del cuerpo superior de administradores del Principado, fue secretario general técnico de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo (legislatura 1999-2003); secretario general del Consejo Consultivo del Principado (2005-2007), y director general de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos (desde agosto de 2007 hasta su nombramiento como director general de Justicia).
Además, desempeñó distintos cargos en las direcciones regionales de Medio Ambiente, Servicios, Urbanismo y Promoción de Empleo.
«La voluntad del Principado de invertir en Justicia es evidente; en dos años renovaremos el parque informático completo»
Fuente: www.lne.es
Oviedo, Idoya RONZÓN
José Manuel Fernández García es el nuevo director general de Justicia. No pisa terreno desconocido: como ex director general de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos, la negociación de la transferencia de los medios personales de Justicia se llevó a cabo desde la dirección de la que él era titular.
-Llega en un momento en que llueve en todas las direcciones. Primera queja: medios informáticos.
-Aunque es un tema que depende de la Consejería de Administraciones Públicas, la Administración es única y se actúa coordinadamente. En esta materia hay carencias evidentes. Es una situación heredada, y es complicada. Pero este año vamos a afrontar un gasto considerable y vamos a proceder a la renovación completa del parque informático del Principado. El coste estimado que tiene la dirección de informática ronda los 2.400.000 euros, y el año que viene se pretende un esfuerzo similar: renovación completa de todos los ordenadores, incluidos servidores. En estos dos años vamos a tener absolutamente renovado un parque que tiene muchas carencias.
-En verano, la juez del Social 3 de Oviedo pagó un escáner de su propio bolsillo para el Juzgado.
-Esos supuestos son anecdóticos. Estamos metiendo recursos, pero no disponemos en este momento de una cantidad tan elevada para afrontar todo lo que es necesario hacer.
-¿Estarán por fin los Juzgados conectados entre sí?
-Todos los Juzgados de Asturias tienen banda ancha. Otra cosa distinto son las aplicaciones. Unas dependen únicamente de nosotros, como es el sistema de grabación de vistas, que se acabará pronto de implantar en toda Asturias y, en meses, habrá expendedores para que los abogados puedan sacar sus propias copias a través de una llave USB en Oviedo, Gijón y Avilés. Pero hay otras que no dependen de la Administración regional. El Poder Judicial acaba de presentar un plan de modernización y en eso estamos todos.
-¿La modernización de la Justicia se queda sólo en titulares?
-Creo que la voluntad del Principado de invertir en la Justicia es evidente. Este año tenemos un presupuesto de 26.950.000 euros. La transferencia de medios materiales fue de 26,4 millones. Estamos hablando de diez millones más que el Principado está poniendo encima de la mesa, sin contar el presupuesto de Informática, que está en la Consejería de Administraciones Públicas.
-Segunda queja: edificios.
-Es una situación complicada, heredada, con una serie de sedes judiciales que no están en buenas condiciones. Hay temas que ya han ido hacia adelante y que, a principios de 2011, tendremos acabados: el Instituto de Medicina Legal, el edificio nuevo de Gijón o la sede de Villaviciosa. Se han hecho también otras obras necesarias, en la Fiscalía de Oviedo, Menores, Camposagrado y Valdecarzana... y otras menores pero que también son importantes. Y es cierto que hay otras sedes judiciales que necesitan una reforma. Estamos en negociaciones con ayuntamientos y unas van más avanzadas que otras.
-Las obras en Camposagrado y Valdecarzana, sede del TSJA, no solucionaron los problemas de espacio. ¿Fue «chapa y pintura»?
-Estamos hablando de dos palacios que son bienes de interés cultural que están protegidos y que tienen singularidades, y la adecuación es difícil. Las obras han quedado bien, responden a la finalidad y han sido más que la mera «chapa y pintura». ¿Que a lo mejor se podía haber hecho algo más? Puede, pero no soy conocedor de quejas generalizadas.
-¿Qué sedes están en peores condiciones?
-Langreo, Valdés, Piloña, Cangas de Onís y Pravia.
-Los archivos de Avilés se han calificado de «insalubres».
-Se han limpiado y únicamente nos resta realizar obras de ventilación forzada. En dos o tres meses se cumplirá estrictamente con lo requerido por Inspección de Trabajo.
-¿Oviedo sigue en la mesa?
-El problema de la dispersión de las sedes, agravada con la creación de nuevos Juzgados, requiere una reflexión prudente. Cualquier decisión que adoptemos en Oviedo tiene que partir de un criterio fundamental, que es el económico. Estamos trabajando en ello, pero a un plazo medio. No sé si en la parcela del Cristo (la que dejará el Hospital Central) o en otro lado, pero lo lógico es que se unifique todo en una sola sede. Deberíamos ir a una solución única y no volver a caer en lo mismo.
-¿Pondrán a fichar a los funcionarios de Justicia?
-Todos los funcionarios fichan, Justicia no será una excepción.
-¿Qué le parece la amenaza de huelga de los jueces?
-Sin entrar en la legitimidad jurídica de la huelga (no nos corresponde opinar sobre eso), creemos que es una huelga innecesaria. La huelga debe ser el último argumento en una negociación y parece que aquí no lo es. Esperamos que no se produzca, no sería buena para nadie. Con respecto a los planteamientos, por nuestra parte estamos intentando poner todos los medios para responder a la modernización que reclaman.
-Queja número tres: el turno de oficio del Colegio de Gijón.
-Es una situación peculiar. La asistencia está encomendada a los Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía. En ese caso, la no prestación de la asistencia, o el intento, no deja de ser un incumplimiento de esas obligaciones por parte del Colegio de Abogados de Gijón. Al Principado lo que le corresponde es la supervisión y el abono de las indemnizaciones.
-Los abogados se quejan de que cobran poco, mal y nunca.
-En el Colegio hubo un acuerdo por el que dio de baja a todos los letrados a fecha 31 de diciembre, excepto aquellos que manifestaron su voluntad de permanecer en el turno, que fueron 24. Son suficientes. Cualquier otro acuerdo que se pueda adoptar que cercene la voluntad de estos letrados será atacado por el Principado y me imagino que también por la Fiscalía. Y con respecto a las reivindicaciones, decir dos cosas: el decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en Asturias se aprobó en noviembre de 2007 y entró en vigor en enero de 2008 y supuso un incremento del 30 por ciento de las indemnizaciones. Se pasa prácticamente de tres millones de euros a cuatro. No se va a producir otra subida más esta legislatura.
-¿Qué hay de la reclamación de la asistencia sanitaria?
-Tampoco estamos de acuerdo. Estamos hablando de un personal que está en el turno de oficio porque es abogado, no es abogado porque está en el turno de oficio. Su actividad es la de colegiado independiente, y el turno de oficio es algo que presta porque se le obliga a prestar, es una obligación que asume como colegiado. Con lo cual, entendemos que no nos corresponde esa indemnización. Como colegiados independientes deberían ser ellos los que se costeasen esa asistencia.
-¿Qué ocurriría si también se borrasen esos 24 letrados?
-Tendríamos un problema. Pero el Principado sólo tiene una función de supervisión y abono de indemnizaciones, nada más. Quien primero debe buscar una solución es el propio Colegio de Abogados. Es el que debe buscar soluciones y no amparar problemas.
-¿Es cierto que pagan tarde?
-Cualquier problema que sea de gestión, no sólo estamos de acuerdo en arreglarlo, sino obligados a arreglarlo. De todos modos, son problemas muy puntuales y escasos.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo.
Abogado y funcionario de carrera del cuerpo superior de administradores del Principado, fue secretario general técnico de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo (legislatura 1999-2003); secretario general del Consejo Consultivo del Principado (2005-2007), y director general de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos (desde agosto de 2007 hasta su nombramiento como director general de Justicia).
Además, desempeñó distintos cargos en las direcciones regionales de Medio Ambiente, Servicios, Urbanismo y Promoción de Empleo.
«La voluntad del Principado de invertir en Justicia es evidente; en dos años renovaremos el parque informático completo»
Fuente: www.lne.es
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