MADRID. Abogados denuncian trabas a los extranjeros en el acceso a Justicia gratuita.

Madrid, 7 julio 2009 (EFE).- Abogados del turno de oficio de Madrid han denunciado hoy la existencia de trabas en esta Comunidad Autónoma para el acceso a la asistencia jurídica gratuita por parte de los extranjeros.El miembro de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) Santiago Luengo ha explicado a Efe que los extranjeros que quieran disfrutar de asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión del territorio español o no admisión al mismo, deberán aportar documentación que acredite su carencia de medios económicos. Esta exigencia es fruto de un acuerdo de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita (CPAJG), a partir del cual se denegará la asistencia jurídica gratuita a todos los extranjeros que, en un plazo de 15 días, no aporten documentación sobre su falta de capacidad económica. La documentación requerida consiste en una copia del pasaporte y el informe de vida laboral, pero, según el representante de ALTODO, muchos de los extranjeros incursos en este tipo de procesos carecen de todo tipo de documentos. Hasta la entrada en vigor de este acuerdo se sobreentendía que aquellas personas que no pueden trabajar en España -porque no tienen papeles- y que están incursos en un proceso de expulsión del país, no tenían recursos económicos y, en consecuencia, obtenían la asistencia jurídica gratuita sólo con una "declaración de carencia manifiesta de medios" emitida por del abogado del turno de oficio. Además, la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM) ha criticado el anteproyecto de la Ley de Extranjería, remitido a las Cortes por el Gobierno, por entender que introduce nuevas trabas al acceso a la Justicia gratuita por parte de los extranjeros. El artículo 22 del anteproyecto señala que los españoles y los extranjeros tendrán las mismas condiciones para acceder a la Justicia gratuita, pero en el tercer párrafo del mismo precepto se exige exclusivamente a los no nacionales una nueva solicitud en caso de que quieran interponer un recurso. Tanto ALTODO como APAEM consideran que estas medidas suponen una traba al derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. EFE.

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