CANARIAS. Apoyo a la modernización del sistema judicial marroquí.

En el país africano no hay derecho a justicia gratuita si las penas son inferiores a cinco años

B.M. | SANTA CRUZ DE TENERIFE Canarias, junto con Andalucía, el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de Cooperación Internacional, es una de las impulsoras de la modernización judicial y jurídica en Marruecos.

A la Justicia marroquí aún le falta un camino por recorrer para adecuarse a los parámetros judiciales que marca la Convención Europea de los Derechos Humanos. A modo de ejemplo, quien es condenado en Marruecos a penas inferiores a cinco años no tiene derecho a la asistencia letrada si no puede pagarla. Tampoco hay un baremo de máximos y mínimos en las tarifas de los abogados particulares que estén fijados por órganos colegiales.

Estos son algunas de las dificultades que debe resolver el reino alauí en cuanto a Justicia si quiere acercarse de verdad a Europa y para ello, Ángel Llorente Fernández de la Reguera, magistrado de enlace con Marruecos, impulsó en 2005 el Proyecto ADL para ayudar al país vecino a reformar su estructura judicial y modernizar su Administración de Justicia.
Uno de los logros del proyecto ADL, cuya primera fase acaba en julio, es sentar las bases para la creación de una red de cooperación internacional.

"Son muchas las acciones que se han pretendido con el proyecto, desde dotar a jueces y abogados con becas para que conozcan de primera mano el sistema judicial español hasta el tratamiento a las mujeres víctimas de maltrato", afirmó ayer Llorente durante la primera jornada del Encuentro Internacional de Acceso a la Justicia Gratuita, que se celebra hasta mañana en el Hotel Escuela y en el que participan juristas y abogados de Marruecos, pero también de Cabo Verde, Túnez, Senegal, Mauritania y Argelia.

Falta de dinero.
Según Llorente, que ha ejercido como magistrado en Santa Cruz de Tenerife y aún conserva su plaza, la justicia gratuita existe en Marruecos, pero aún debe vertebrarse para subsanar unos de sus principales escollos, que es la financiación para conseguir una justicia gratuita que llegue a los que de verdad carecen de medios para financiarla. "Hay voluntad política para subsanar estos problemas, pero el verdadero problema es económico. Acceder a la Justicia es una necesidad, pero también hay otras necesidades como la sanidad y la educación", indicó el magistrado de enlace.

Uno de los participantes ayer en este Encuentro sobre justicia gratuita fue el catedrático de Derecho Procesal por la Universidad Carlos III de Madrid, Víctor Moreno Catena, principal responsable de un estudio acerca del acceso a la Justicia en los países del Magreb que se ha llevado a cabo mediante un consorcio hispano-marroquí liderado por el Instituto Alonso Martínez.

Según expuso Moreno Catena en su intervención, la justicia gratuita en Marruecos precisa reformas que la hagan verdaderamente posible.

Abogados sin remunerar.
Entre otras, habló de una mayor implicación de los colegios de abogados que deben crear un turno de oficio , pero también lograr que los abogados que defienden a quienes carecen de recursos (el catedrático se refirió a los "legalmente pobres") cobren del Estado por la defensa que ejercen. Sí cobran los peritos judiciales y los intérpretes, pero no los letrados.

"Es necesaria una reforma en este sentido para lograr que los abogados participen de una forma más activa en la creación de los turnos de oficio", opinó. "Una fórmula sería que los condenados paguen las costas judiciales, que incluyen los honorarios del abogado".

Asimismo, Moreno Catena consideró imprescindible que la población sea informada de su derecho a acceder a la justicia gratis cuando se carece de recursos, pero "no hay formularios ni otros recursos para informar. Es curioso que en Casablanca, con más de dos millones de personas censadas, apenas una treintena haya solicitado el pasado año asistencia jurídica gratuita".