Los tribunales reciben los primeros recursos por la Ley de Dependencia .El Consell rechaza pagar el nuevo turno de oficio para asesorar a perjudicados.Los abogados alicantinos han atendido ya a unos 200 beneficiarios de ayudas.
MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE
Sólo era una cuestión de tiempo. La Generalitat debe comenzar a responder desde ya en los tribunales de sus acciones y omisiones en la gestión de la Ley de Dependencia. El Colegio de Abogados de Alicante (Icali) ha tramitado recientemente dos recursos de lo Contencioso-Administrativo contra la negativa de la Conselleria de Bienestar Social a reconocer el derecho a la prestación desde el momento de la solicitud, según la responsable del Turno de Oficio, Lydia García Olcina, y la letrada Paloma Cascales.
MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE
Sólo era una cuestión de tiempo. La Generalitat debe comenzar a responder desde ya en los tribunales de sus acciones y omisiones en la gestión de la Ley de Dependencia. El Colegio de Abogados de Alicante (Icali) ha tramitado recientemente dos recursos de lo Contencioso-Administrativo contra la negativa de la Conselleria de Bienestar Social a reconocer el derecho a la prestación desde el momento de la solicitud, según la responsable del Turno de Oficio, Lydia García Olcina, y la letrada Paloma Cascales.
Éstas son las primeras demandas judiciales que se interponen desde la provincia contra el Gobierno valenciano por la aplicación de dicha ley. Son las primeras por varias razones, pero principalmente porque hasta ahora se habían producido escasas resoluciones. Y las dictadas han sido estimatorias, referidas en su mayor parte a personas que ya cuentan con plazas en residencias privadas o concertadas; ninguna o prácticamente ninguna sobre prestaciones a familiares de dependientes o al reconocimiento del nivel o grado de minusvalía de los beneficiarios.
El Icali cuenta con un turno de oficio especializado en el que una docena de letrados ha prestado asesoramiento legal gratuito a unas doscientas personas en los últimos tres meses sobre esta materia. Estos abogados, auténticos «voluntarios» según Cascales, que les coordina, se están topando con «casos horrorosos», como familias que tienen entre sus integrantes hasta tres personas dependientes y «no han cobrado nada desde hace un año y medio».
En más de un 80% de los casos, la Conselleria no ha resuelto el grado y el nivel de minusvalía que tienen los solicitantes ni les ha comunicado por consiguiente el PIA (Programa Individual de Actuación), la propuesta de servicios (teleasistencia, plaza en un centro de día, etc.) y prestaciones económicas que la Generalitat les ofrece.
Por si eso fuera poco, el Gobierno valenciano sólo reconoce las ayudas a partir de esa declaración del PIA, y no, como se recoge en la Ley de Dependencia, desde la primera solicitud.
Ese polémico criterio ha llevado a los abogados, una vez agotada la vía administrativa, a presentar los primeros contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Lógicamente, dada la juventud de la nueva legislación, no existe jurisprudencia en toda España sobre ella. La habrá probablemente dentro de dos años si antes el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre otra medida del Consell que ha levantado airadas críticas entre los afectados: considerar negativo el silencio administrativo en todas las solicitudes tramitadas a partir del 2008 que no hayan obtenido respuesta. El Defensor del Pueblo ha promovido el recurso de amparo contra esa decisión, incluida por la puerta trasera de la Ley de Presupuestos del pasado año.
La desesperación, mientras tanto, cunde en los beneficiarios de la ley que residen en la Comunidad Valenciana, la que menos la está aplicando junto con Madrid. Las plataformas ciudadanas constituidas para defender estos nuevos recursos sociales han celebrado recientemente concentraciones de protesta y homenaje a los 6.000 dependientes que, según sus cálculos, han fallecido mientras esperaban el reconocimiento de las ayudas.
Cascales opina que existe base jurídica para que sus familiares reclamen ahora esas prestaciones, «pero hay que lucharlo en los tribunales». Además, destaca la colaboración del Icali, su Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y sus delegaciones locales en este turno de oficio especializado, que la Conselleria de Justicia no quiere sufragar con el argumento de que los recursos de alzada no requieren abogado.
«Eso genera indefensión porque es gente lega en derecho y no se puede reclamar de ante un juez lo que no se ha reclamado antes a la Administración», lamenta García Olcina.
Fuente:www.laverdad.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario