El hartazgo de los actores de la Justicia madrileña alcanza ahora a los abogados del Turno de Oficio. El colectivo aprobó hoy en Asamblea por amplía mayoría renunciar a partir del próximo marzo a las guardias penales y de extranjería de detenidos si la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid no paga los 24 millones de euros que adeuda por los honorarios devengados en 2008.
La renuncia de los 4.500 letrados de oficio supondría que los detenidos sin recursos económicos quedarían en libertad al no recibir asistencia letrada. En el caso de extranjería, no se podrían abrir expedientes de expulsión y se bloquearía en el aeropuerto de Barajas el retorno de los inmigrantes a su país, entre otros trámites que implican la asistencia de un abogado de oficio. En resumen: se colapsarían de nuevo los tribunales de la región.
La amenaza de huelga responde en parte a los retrasos del Gobierno regional en el pago de las retribuciones del pasado año. La deuda contraída asciende a cerca de 24 millones de euros, que corresponde al 72 por ciento de los honorarios del segundo trimestre y al 100 por ciento del tercer y cuarto. Según lo letrados, la Consejería de Justicia pretende ahora pagar la deuda con el presupuesto de la Comunidad para 2009.
Ante la pasividad del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) de exigir el pago, la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), la Asociación Profesional de Letrados de Extranjería de Madrid (APAEM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA) convocaron a sus asociados para debatir y votar la propuesta de renuncia. El paro afectaría sólo a las guardias penales y de extranjería.
Un abogado de oficio tiene de entre dos o cuatro guardias de 24 horas al mes, con un máximo de seis detenidos por cada jornada. Cada día, hay 104 abogados, sin incluir los de extranjería, cubriendo guardias penales entre los juzgados de la capital y los partidos judiciales de la región. Sus honorarios ascienden a los 300 euros por cada caso finalizado.
En la Asamblea, los asociados respaldaron la propuesta de recabar 4.300 firmas para realizar una moción de censura contra el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, por "dejación de funciones", con el fin de adelantar unas elecciones. También se aprobó un programa de movilizaciones que incluyen manifestaciones, encierros y ocupaciones, entre otras medidas de presión.
A todo se suma la amenaza de sumarse a la huelga convocada para el 18 de febrero por los jueces, en el caso de que siga adelante. El paro está supeditado a los acuerdos que las asociaciones judiciales alcancen con el ministro Mariano Fernández Bermejo. "Los problemas de la Justicia no sólo afecta a los jueces, sino que salpican a los abogados de oficio", aseveró a Europa Press Manuel Valero, de la Junta Directiva de ALTODO.
PRIVATIZACIÓN
El colectivo lo tiene claro. "Detrás de todo, está la intención de privatizar el servicio de oficio", aseveró el presidente de ALTODO, Santiago Luengo, en los pasillos de los Juzgados de Plaza de Castilla antes de la celebración de la Asamblea. "La privatización no sólo afectará al abogado, sino que el derecho de defensa se verá mermado", subrayó Luengo.
Según las asociaciones, el primer paso para entregar el Turno de Oficio a manos privadas ha sido privatizar el Servicio de Orientación Jurídica a Mayores, que hasta ahora lo prestaba el ICAM. La Comunidad de Madrid ya lo ha sacado a concurso con la finalidad de que despachos privados se queden con el mismo. En el mismo camino, el Gobierno de Aguirre ha entregado ya a los despachos, como a Cremades & Calvo-Sotelo, la prestación de asesoramiento jurídica a ciudadanos extranjeros a través de cursos informativos.
Las asociaciones se quejan de que su hasta ahora interlocutor, el decano Antonio Hernández-Gil, ha pasado a ser el mayor cómplice del Ejecutivo autonómico. El pasado 11 de diciembre, el ICAM aprobó en una Asamblea General suspender el servicio de oficio si no se sufragaba la deuda. Pese a ello, Hernández-Gil impugnó la decisión y adelantó que la Junta de Gobierno no acataría esa medida de presión.
"El decano ha incumplido sus obligaciones", denunció Teodoro Mota, presidente de la Asociación Libre de Abogados (ALA). "Nos quedaremos en la calle. Llevo 22 años en el turno de oficio y esto supondrá un despido encubierto", se lamentó una de las asociadas.
DEBATE TENSO
El debate de las propuestas se retrasó unas horas por el supuesto "boicot" instigado por el Decanato de Jueces, según los asociados, al señalar un juicio para esta mañana que no estaba fijado, impidiendo la celebración a su hora de la Asamblea. En un ambiente tenso, los letrados decidieron reunirse en el rellano de las escaleras que conducen a los calabozos para iniciar el debate. Al rato, Luengo les emplazó a dirigirse al Salón de Actos, una vez finalizada la vista oral.
Las demandas del colectivo no se reducen al abono íntegro de la deuda. Exigen también la actualización de los Módulos y Bases de Compensación Económica conforme al IPC, que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid y desde 1996, en el caso del Ministerio de Justicia.
Además, reclaman que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados inicie una reclamación administrativa y posterior procedimiento Contencioso-Administrativo, para pedir a las distintas administraciones los intereses de demora correspondientes a los retrasos en el pago del turno de oficio.
ACUERDO DE EXTRANJERÍA
En la Asamblea salió adelante impugnar el acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid, de 28 de noviembre de 2008, que establece que los ciudadanos extranjeros gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando sea evidente que carecen de medios para sufragar gastos de defensa.
Este acuerdo entrará en vigor el próximo 15 de febrero y supondrá que si no tienen los documentos para acreditar su situación económica no podrán ser defendidos en los tribunales. Las asociaciones interpretan este convenio como "una trampa" para "freír a los extranjeros de burocracia". "No se pueden exigir esos procedimientos a personas que carecen de recursos económicos", se quejaron.
Asimismo, exigen la nulidad de los acuerdos suscritos por la Comunidad de Madrid con prestigiosos despachos profesionales para la prestación de asistencia jurídica gratuita a ciudadanos extranjeros.
Fuente: www.europapress.es
