El director de Justicia aboga por un sistema de cofinanciación por parte de las administraciones para sufragar este servicio
MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, denunció hoy ante la Asamblea de Madrid que supeditar el servicio de la Justicia Jurídica Gratuita pone en riesgo "un modelo en el que es esencial garantizar la libertad, la independencia y la calidad de los abogados en condiciones que atentan contra su funcionamiento".
Hernández-Gil compareció esta tarde en la Cámara regional a petición del Grupo Parlamentario Socialista y de IU para valorar la situación de la Justicia madrileña, así como la de los abogados madrileños. En su intervención, el decano realizó un diagnóstico sobre los principales problemas que aquejan a los tribunales madrileños, cuya valoración tachó de "deficiente", conforme a los datos del Observatorio de Justicia del Colegio.
En líneas generales, criticó la falta de medios personales, materiales y organizativos en la Administración de Justicia madrileña, lo que genera que "la Justicia madrileña sea inferior a la exigible". En este punto, insistió en que el efecto de la capitalidad implica un mayor número de órganos judiciales que en otras comunidades, puesto que Madrid cuenta con la mayor tasa de litigiosidad de España.
"La sobrecarga de asuntos colapsa los tribunales. Hace faltan medidas de refuerzo para que la Justicia no esté por debajo de otras comunidades", recalcó el decano, quien incidió en que la modernización de la Justicia requiere del esfuerzo de las administraciones públicas.
Asimismo, se quejó de la dispersión de las sedes judiciales y de la ralentización indefinida en la construcción del Campus de la Justicia. A su juicio, esto debería llevar a un proyecto de Ciudad de la Justicia más modesto u a otros núcleos judiciales que soluciones esta dispersión que contribuye a los retrasos judiciales. Además, criticó la ineficaz gestión del tiempo con retrasos injustificables y suspensiones innecesarias. Por ello, reclamó protocolos para el buen orden de los señalamientos de las vistas u otras citaciones, así como pautas de buena práctica para los abogados.
Para el decano, otro de los problemas que aqueja a la Justicia es la falta de formación de los funcionarios que acceden a la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que un 30 por ciento son interinos. A su juicio, su mala formación contribuye al deterioro en el funcionamiento de los tribunales madrileños.
EN RIESGO, LA JUSTICIA GRATUITA
El decano aprovechó su intervención para denunciar el deterioro del servicio de Justicia Jurídica Gratuita al no disponer de los medios económicos necesarios para ejercer este servicio. "Este trabajo no tienen la debida correspondencia en las administraciones porque no disponen de los medios necesarios para realizar este ejercicio", reseñó.
"No se puede admitir que por razones presupuestarias se hagan regates en la legislación para ver cómo se puede disminuir este servicio. Se pone en peligro este servicio. No hay un sistema que aguante a este deterioro progresivo. Merece la pena atender una parte tan sustancial del funcionamiento de la Justicia", aseveró.
Además, criticó que la partida de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para la Justicia Jurídica Gratuita haya sido la misma desde 2007. "La realidad en 2007 ya fue de 40 millones de euros, con un desfase en 2008 de un 46 por ciento porque ascendió a 45 millones de euros. El pasado año, las cantidades devengadas no se abonaron, salvo una pequeña parte en 2009", subrayó.
Insistió en que este año no se ha percibido ni una sola cantidad devengada, si bien apuntó que la Consejería de Hacienda se ha comprometido a dotar de instrumentos presupuestarios para abonar esta partida antes de fin de año. "Este año el presupuesto se repite y el desfase presupuestario llevará a la misma situación", recalcó. Por ello, llamó la atención de los grupos parlamentarios en defensa de los miles de abogados. "No es justo que se les impute el incremento de una demanda de Justicia", añadió.
EN CONTRA DE LA HUELGA
Pese a sus quejas, señaló que la Junta del Colegio de Abogados se opone a una convocatoria de huelga, puesto que no aceptarán ninguna medida de presión que pueda vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Además, incidió en que el Colegio siempre ha estado a disposición para cooperar institucionalmente y promover reformas sin éxito. Así, lamentó que no les hayan dado la oportunidad de participar en reuniones de comunidades o en la conferencia sectorial de Justicia celebrada hace unas semanas.
El director general de Justicia de la Comunidad de Madrid, Gonzalo Quiroga, recordó que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, anunció que antes del 31 de diciembre se abonarán las cantidades pendientes. Además, indicó que se trata de un problema común de todas las comunidades autónomas, por lo que llamó la atención en la necesidad de impulsar un sistema de cofinanciación por parte de las administraciones.
Por su parte, la diputada socialista Encarnación Moya suscribió las palabras del decano de los abogados, tachando de "grave error" la paralización del proyecto del Campus de la Justicia. Moya confió en que su comparecencia sirva para que los grupos parlamentarios se pongan a trabajar de inmediato para que "el compromiso político no se quede en palabras, sino en hechos".
Por su parte, la diputada del PP Cristina Cifuentes incidió en la necesidad de incrementar la planta judicial, puesto que "de nada sirve querer una Justicia ágil, si no tenemos jueces". Igualmente, opinó que a su entender la Justicia Jurídica Gratuita no está en peligro, en contra de la opinión del decano.
COSTES DE LAS ACTUACIONES
Según datos de la Consejería, la evolución experimentada en los costes derivados de las actuaciones de los profesionales de la Abogacía y la Procuraduría en materia de asistencia jurídica Gratuita muestran que dichos costes han sufrido un incremento de un 160,65 por ciento, es decir, 29 millones de euros, desde 2003 hasta 2008, mientras que la comparativa incremento costes de 2007-2008, supone un aumento del 8,81 por ciento, 3 millones de euros.
En cuanto a la evolución en el número de expedientes, en 2003 se recibieron 65.718 expedientes de justicia gratuita, si bien en los últimos años se ha producido un aumento de un 90,79 por ciento de expedientes y así en 2008 los expedientes de la justicia gratuita alcanzó la cifra de 125.385.
http://www.europapress.es/madrid/noticia-decano-abogados-advierte-supeditar-justicia-gratuita-presupuestos-pone-riesgo-modelo-20091201190601.html
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