Publicado el 01-12-09 , por Mercedes Serraller
"Plan de acción conjunta" en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para proteger el turno de oficio. El decano, Antonio Hernández-Gil, se reunió ayer con las asociaciones de letrados del turno de oficio, un día antes de su comparecencia en la Asamblea de Madrid, que tiene lugar hoy a petición del PSM.
Madrid lidera la batalla que la abogacía está planteando en varias autonomías que, de una forma o de otra, se resisten a pagar la deuda del turno o lo hacen con retraso.
El tiempo de los desencuentros ha pasado e ICAM y plataformas de Justicia gratuita acordaron ayer ir unidos en un asunto que presenta tres frentes: la deuda de la Comunidad de Madrid (CAM) de casi 28 millones de euros, la reflexión sobre el modelo de Justicia gratuita fruto de la crisis y de que la ley data de 1996, y la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva del inmigrante. Las autonomías ya estudian cómo afrontar estos problemas.
"Si la CAM no paga, no excluimos ningún tipo de medida de presión siempre que no se dañe el sistema de tutela judicial efectiva", asegura Hernández-Gil. "El límite es el derecho a recibir asistencia jurídica de los ciudadanos", insiste.
Al decano del ICAM le "preocupa la indefensión de los extranjeros" y así lo traslada a la Comisión de Justicia Gratuita de la CAM, que suscribió un acuerdo en noviembre de 2008 que limita el derecho a la tutela judicial efectiva del inmigrante al dificultar que se le asista en aeropuerto o frontera. Todo ello, después de que el ICAM interpuso un recurso administrativo en reclamo de los intereses de demora por el impago y de haber interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que establezca la doctrina legal sobre la efectividad del derecho de defensa a extranjeros por parte del turno de oficio.
Hernández-Gil lamenta: "No existe interlocución con el Ministerio de Justicia ni con la CAM". Asimismo, el decano destaca "la importancia de la Justicia gratuita en Madrid, donde se producen 750 designaciones al día".
Luz Elena Jara, secretaria de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid (Apaem), por su parte, cuenta que han "trasladado a Hernández-Gil una propuesta de presión a la CAM "en el caso de que no pague", que el decano va a estudiar". Consiste en "una huelga de trabajo reglamentado".
Es decir, en alargar el periodo en el que el letrado debe asistir al ciudadano, ocho horas, para que no se preste. Eso sí, siempre en casos que no sean penales o de violencia de género. Además, Apaem pide que se haga algo con la situación de los letrados en el Centro de Extranjeros de Aluche.
A.L.A (Asociación Libre de Abogados) demanda que explique al consejero de Justicia en qué consiste la obligación de defensa en cuanto a los recursos ya que "Granados ha difundido la idea de que recurrimos sin motivo sólo por cobrar más, cuando es al contrario, recurrimos siempre que quiera la persona designada o no podamos localizarla porque estamos obligados si la resolución le es desfavorable".
Y Altodo (Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno) pide que sólo se envíe al abogado para los extranjeros que pretenden recurrir o tienen documentación.
Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM ratifican que "la Comunidad pretende saldar la deuda antes de que acabe el año".
Por último, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Francisco Real, reta: "Si la Generalitat no aporta soluciones, saldremos a hacernos oír". No descarta "medidas de presión como manifestaciones, ruedas de prensa, intermitencia en los servicios que no perjudiquen al ciudadano".
CGAE: "La Ley de Extranjería es mejorable" Aunque se ha mejorado la redacción del artículo 22 del Anteproyecto de Ley de Extranjería en el texto que aprobó el Parlamento el pasado jueves y a la espera de que se fije la redacción definitiva, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) lamenta que "el texto continúa orientado más al clásico control de entradas o control de fronteras que a la adopción de medidas integradoras".
Tacha de "desafortunado" que no recoja de manera adecuada el fundamental principio de "igualdad y no discriminación", que, en su opinión "debe vertebrar cualquier régimen de extranjería en un Estado de Derecho". Para el CGAE, el texto "se inclina en la aplicación de conceptos mercantilistas de las migraciones" y destaca, además de otros muchos asuntos, "la incorporación de nuevos supuestos sancionadores que pueden percibirse como un paso hacia la criminalización de inmigrantes en situación irregular".
Propuestas para la Ley de Justicia Gratuita
Las asociaciones del turno de oficio y los colegios "lamentan" que el Ministerio de Justicia y las consejerías no cuenten con ellos para debatir la reforma de la Ley de Justicia Gratuita de 1996. Fuentes del Ministerio cuentan que están a la espera de propuestas de las CCAA. Creen que "primará la racionalización y que se extenderá la libre elección de abogados en violencia de género". Mayte López Pérez-Cruz, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), considera "necesario exigir responsabilidades de pago a la Administración si el profesional no consigue cobrar del justiciable, si éste no tramita o le deniegan el derecho". Muchos opinan de forma similar.
Fuentes del turno gallego piden "volcarse en Penal y, en el resto de jurisdicciones, modificar la ley". Fuentes de la Consejería de Justicia de la CAM insisten en que "el gasto del turno no puede aumentar al nivel actual y que los procesos deben ir firmados por quien se encarga del caso". Patricia Montagud, secretaria de Justicia de Valencia, sugiere "fijar la especialización de los letrados". Y Antoni Riba, decano del Colegio de Lleida y encargado del turno del Consejo de Colegios de Cataluña, llama a "adaptar los juicios rápidos, las parejas de hecho y la violencia de género".
Fuente:www.expansion.com .Ver noticia.
http://www.expansion.com/2009/12/01/juridico/1259622209.html
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