Publicado el 01-06-2010 , por Mercedes Serraller
No es un asunto prioritario. Y es complejo y controvertido. La reforma de la Ley de Justicia Gratuita, que el Gobierno auguró lista para este mes de junio, no será efectiva antes de que acabe el año. Así lo aseguran colegios de abogados, consejerías y letrados del turno de oficio.
Y se basan en que el Ministerio de Justicia no tiene ningún texto previo que pueda culminar, dentro de pocos meses, en la aprobación de un Anteproyecto. De hecho, fuentes cercanas al proceso aseguran que el Ministerio no tiene intención de activar el proceso, que no se preparará en esta legislatura.
CCAA y Abogacía presionan al Ministerio para que reactive el proceso
Por una parte, Justicia tiene frentes más acuciantes pendientes, como la reforma concursal y la Ley de Acceso a la Abogacía, que también están previstas para junio. Y, en plena ola de recortes que, previsiblemente afectarán al plan de modernización de la Justicia, no parece un debate perentorio. Ni fácil. La actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita data de 1996, momento en el que el impacto de la inmigración era diferente y no existía la Ley de Violencia de Género o el matrimonio homosexual.
Sin embargo, la complejidad de la reforma se encuentra en la revisión del modelo que ha abierto la crisis. Se habla de copago por parte del justiciable, lo que no gusta a los abogados, o de libre elección del letrado. Cabe recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, llamó al Gobierno central a recuperar la competencia de la Justicia gratuita.
Madrid y Valencia preparan sendos decretos para restringir el acceso a la Justicia gratuita que los colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) vigilan de cerca. Están en juego el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. Tampoco es apetecible para el Gobierno poner sobre la mesa otro debate controvertido más, cuando se acerca la reforma laboral.
Certifica que no se le ha trasladado ningún borrador Luis F. Nieto Guzmán de Lázaro, decano del Colegio de Abogados de Salamanca y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE. Pero, aunque los operadores insistan en que no hay ningún texto y así lo reconozcan fuentes próximas al Ministerio de Justicia, éste, de forma oficial, dice que antes de verano habrá un borrador.
Porque, además de la actualización de la ley, el Gobierno sí que estaría recibiendo la presión de las comunidades autónomas, que tienen un gran interés en que se reforme. Así se lo transmitieron a Francisco Caamaño en una reunión de consejeros de Justicia en Pamplona el pasado enero.
A su vez, Luz Elena Jara, portavoz de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid (Apaem) y ALA (Asociación Libre de Abogados), explica que “el Gobierno no puede enterrar la reforma porque le obliga a llevarla acabo la recientemente aprobada Ley de Extranjería”. De esta manera, el Reglamento de Extranjería, por ejemplo, el artículo 22, depende de la Ley de Justicia Gratuita. Pero Jara secunda la tesis del resto de operadores del sector de que la reforma se retrasa.
Justicia dice, de forma oficial, que antes de verano habrá un borrador
Tampoco ve que el proceso avance Isidro Moreno de Miguel, vocal de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo). Recuerda que, con vistas a la reforma del modelo, el CGAE plantea la libre elección del abogado en la Justicia gratuita, que ya se ha probado en Pontevedra, opción no es sin embargo del agrado de los abogados del turno.
Y Francisco Real, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), no tiene constancia de que esté próximo el Anteproyecto. Asegura que el ICAV ha avanzado bastante en su diálogo con la Generalitat valenciana, con el fin de evitar que prosperen las pretensiones iniciales del Decreto de la Comunidad, que pretendía rebajar las retribuciones de los letrados del turno un 50%.
En una lucha similar se encuentra el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Su decano, Antonio Hernández-Gil, ha reiterado que “el ICAM será beligerante” con la Comunidad si persiste en su recorte de derechos en este asunto.
Las cifras
- La actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita data de 1996, momento en el que el impacto de la inmigración era diferente y no existía la Ley de Violencia de Género o el matrimonio homosexual.
- Sin embargo, la complejidad de la reforma está en la revisión del modelo ante la crisis. Madrid asegura que las solicitudes han aumentado un 103% desde 2003, y el coste, un 160%.
- El CGAE estima que el coste es “absolutamente bajo en relación a las miles de actuaciones anuales para más de un millón de ciudadanos, las 24 horas del día: unos 200 millones de euros anuales”.
Madrid espera la norma, pero sacará su Decreto si se retrasa
La Comunidad de Madrid (CAM) pretendía hacer efectivo el Decreto sobre Justicia gratuita que prepara en junio. Tenía previsto hacerlo cuanto antes. Ante un escenario en el que la reforma de la Ley de Justicia Gratuita se retrase, fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior explican que postergarán el Decreto si perciben indicios de que el Anteproyecto está cerca pero, si no es así, irán adelante con su texto. El Decreto no necesita la Ley para aprobarse pero no puede ir más allá de lo que la norma establezca. Los servicios jurídicos de la CAM están examinando el Decreto en estos momentos.
Fuentes de la Comunidad han explicado que no creen viable el modelo actual, porque se confunde la asistencia jurídica gratuita con el abogado de oficio. “El turno significa que todos tenemos derecho a un abogado, pero sólo será gratuito cuando no se tienen ingresos”, entienden. El Decreto que prepara Madrid va en la dirección de acreditar insuficiencia de ingresos para obtener la asistencia jurídica gratuita, señalan. Madrid se escuda en la crisis y en el incremento de un 103% de solicitudes desde 2003, y del coste de un 160%.
Luis F. Nieto Guzmán de Lázaro, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE, por su parte, estima que el coste del servicio es “absolutamente bajo en relación a las miles de actuaciones llevadas a cabo anualmente para más de un millón de ciudadanos, que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año: en torno a los 200 millones de euros anuales”.
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