Los letrados convocan una protesta para "paralizar" el servicio de justicia gratuita a partir del 3 de mayo.
M. REYES La tensión entre el Gobierno de Canarias y los letrados del turno de oficio del Colegio de Abogados de Las Palmas va en aumento. El comité de huelga, que se constituyó esta semana para denunciar el incumplimiento del pago de honorarios aprobado en junio de 2010, acordó ayer convocar una "huelga indefinida" a partir del día 3 de mayo, según Tomás Valdivielso, uno de los tres portavoces que representan al colectivo.
La reunión se celebró en el Colegio de Abogados con la asistencia de los 10 miembros que integran el comité de huelga, los cuales representan a los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de Tirajana y Arucas. La huelga, respaldada por la institución colegial y los dos sindicatos existentes en el sector (Unión Sindical Canaria y CSIF), será notificada el próximo martes a la Dirección General de Trabajo del Gobierno regional. "Vamos a paralizar el servicio con la excepción de las causas con presos, los derechos de los trabajadores y pensionistas, menores y familia", sostiene Tomás Valdivielso.
"Cambiar los criterios del pago de honorarios de manera unilateral es una salvajada", subraya el portavoz. "No somos una ONG que cobramos una subvención, sino profesionales del derecho que prestamos un servicio constitucional y esencial para el ciudadano", añade.
El letrado explica que Presidencia y Justicia ha incumplido un convenio firmado en junio de 2010, precisamente para reorganizar el servicio, reducir costes y lograr in extremis la desconvocatoria de otra huelga. Según los portavoces del comité de huelga, el Ejecutivo ha decidido unificar en una sola guardia las asistencias especiales de juicios rápidos y violencia de género, ahorrándose 145,09 euros, en total de 178.605,79 euros en el tercer cuatrimestre del año pasado. Esa es la diferencia entre lo facturado por el Colegio de Las Palmas conforme a los baremos de 2010 (1.672.269,48 ?), y lo que el Gobierno pagó según sus propios cálculos (1.493.663,69?) tras dictar la polémica orden de pago, la cual se ejecutó el pasado 23 de marzo.
Error de los abogados
Sin embargo, la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias afirma que está cumpliendo el acuerdo de colaboración en materia de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG), suscrito en junio de 2010 con los colegios de Abogados de Las Palmas, Lanzarote y La Palma. Este departamento, que es dirigido por José Miguel Ruano, asegura en un comunicado que las "quejas" del turno de oficio se deben "a una errónea interpretación de dicho acuerdo", en el que se establecía el pago de las guardias ordinarias y la de los juicios rápidos, tal y como se viene realizando en los demás Colegios de Canarias.
Los letrados replican que "es mentira" que interpreten mal el convenio; resaltan que el acuerdo está impugnado en los tribunales y matizan que el Colegio de Tenerife nunca lo llegó a firmar porque no estaba de acuerdo con los nuevos baremos.
Desde Presidencia y Justicia se muestran dispuestos al diálogo y "a mantener una reunión específica para abordar este asunto" con el Colegio de Abogados de Las Palmas, cuyo vicedecano y responsable del turno de oficio, Javier Monzón, también negó ayer con rotundidad que el conflicto obedezca a una interpretación errónea de lo acordado.
La reunión se celebró en el Colegio de Abogados con la asistencia de los 10 miembros que integran el comité de huelga, los cuales representan a los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de Tirajana y Arucas. La huelga, respaldada por la institución colegial y los dos sindicatos existentes en el sector (Unión Sindical Canaria y CSIF), será notificada el próximo martes a la Dirección General de Trabajo del Gobierno regional. "Vamos a paralizar el servicio con la excepción de las causas con presos, los derechos de los trabajadores y pensionistas, menores y familia", sostiene Tomás Valdivielso.
"Cambiar los criterios del pago de honorarios de manera unilateral es una salvajada", subraya el portavoz. "No somos una ONG que cobramos una subvención, sino profesionales del derecho que prestamos un servicio constitucional y esencial para el ciudadano", añade.
El letrado explica que Presidencia y Justicia ha incumplido un convenio firmado en junio de 2010, precisamente para reorganizar el servicio, reducir costes y lograr in extremis la desconvocatoria de otra huelga. Según los portavoces del comité de huelga, el Ejecutivo ha decidido unificar en una sola guardia las asistencias especiales de juicios rápidos y violencia de género, ahorrándose 145,09 euros, en total de 178.605,79 euros en el tercer cuatrimestre del año pasado. Esa es la diferencia entre lo facturado por el Colegio de Las Palmas conforme a los baremos de 2010 (1.672.269,48 ?), y lo que el Gobierno pagó según sus propios cálculos (1.493.663,69?) tras dictar la polémica orden de pago, la cual se ejecutó el pasado 23 de marzo.
Error de los abogados
Sin embargo, la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias afirma que está cumpliendo el acuerdo de colaboración en materia de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG), suscrito en junio de 2010 con los colegios de Abogados de Las Palmas, Lanzarote y La Palma. Este departamento, que es dirigido por José Miguel Ruano, asegura en un comunicado que las "quejas" del turno de oficio se deben "a una errónea interpretación de dicho acuerdo", en el que se establecía el pago de las guardias ordinarias y la de los juicios rápidos, tal y como se viene realizando en los demás Colegios de Canarias.
Los letrados replican que "es mentira" que interpreten mal el convenio; resaltan que el acuerdo está impugnado en los tribunales y matizan que el Colegio de Tenerife nunca lo llegó a firmar porque no estaba de acuerdo con los nuevos baremos.
Desde Presidencia y Justicia se muestran dispuestos al diálogo y "a mantener una reunión específica para abordar este asunto" con el Colegio de Abogados de Las Palmas, cuyo vicedecano y responsable del turno de oficio, Javier Monzón, también negó ayer con rotundidad que el conflicto obedezca a una interpretación errónea de lo acordado.
Fuente: www.laprovincia.es. Ver noticia.
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