CORDOBA. El presidente de la A.P.C. y la junta sectorial de jueces discrepan en el número de Juzgados de nueva creación.

Baena plantea crear un juzgado de Primera Instancia mientras los jueces reclaman seis

Miércoles, 29-04-09.P. GARCÍA-BAQUERO.

CÓRDOBA. El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, afirmó ayer durante la presentación de la memoria del TSJA correspondiente a 2008, que la Justicia en la provincia no acumula retrasos, sólo fluctúa. Baena sólo reconoció, tal y como refleja el texto publicado el pasado lunes, que sería necesaria la creación de un nuevo Juzgado más de Primera Instancia y un segundo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Nada que ver con la percepción de la junta sectorial de jueces de Primera Instancia que acordó recientemente instar tanto al TSJA como al Consejo General del Poder Judicial la creación «urgente» de seis nuevos ju zgados de esta materia en la provincia ante la «sobrecarga» de trabajo. De hecho el pasado ejercicio soportaron el doble de la carga de trabajo establecida por el CGPJ. Los jueces de Primera Instancia alertaron entonces que si continuaba el aumento de asuntos, tal y como sucedió en los dos primeros meses de este año, al acabar 2009 se superará el 225 por ciento de la carga de trabajo.

La situación de colapso también salpica al resto de materias como el Juzgado de Menores, pero como adelantó Baena, ya se busca un emplazamiento para la creación de un segundo Juzgado para este año, aunque no será, dij o, antes de verano. Baena avanzó que también está previsto para este año la creación un Juzgado número 3 de Posadas.

Y sería conveniente, apreció el presidente de la Audiencia durante la presentación de la memoria del TSJA, «aunque aún no está decidida, la creación» de dos Juzgados más de lo Social, dada la incidencia de la crisis y uno más de Vigilancia Penitenciaria ya que se prevé uno cada 1.000 internos y en Córdoba hay 1.810.

Sin embargo, el presidente de la Audiencia mantiene que sería «ideal», aunque bajo criterios económicos y optimización presupuestaria, la creación sólo de un nuevo órgano de Primera Instancia, con el objetivo de que el actual Juzgado de lo Mercantil limite su actividad a asuntos jurídicos de esta índole. Sin embargo, aunque se cree un décimo juzgado, al liberal de asuntos civiles el de lo Mercantil, el resto de materia civil ha llegado a engrosar más aún al resto de juzgados. De ellos, dos exclusivos para familia.

«Juzgados aliviados»

De hecho, Baena reconoció que la creación el pasado año del Juzgado de Primera Instancia número 10 «no ha sido suficiente» para paliar esta carga. Sí lo han sido, puntualizó Baena, la puesta en marcha del Juzgado de lo Penal número 5, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, ambos han quedado con un volumen de asuntos por debajo de los módulos recomendados por el CGPJ.

Por otro lado, una de las apuestas de Baena ha sido incrementar con dos magistrados y secretarios más la plantilla de la Audiencia de modo que existan doce jueces que se pueden dividir en cuatro secciones con lo cual se especializarían dos en asuntos penales y otros dos en civiles. Aún así, la Audiencia Provincial registró en 2008 un volumen total de 2.341 asuntos penales y 1.195 civiles un trabajo similar a la de años anteriores resueltos en un 96%.

Fuente:www.abc.es

BALEARES. El Colegio de Abogados de Balerares abre un debate sobre la pena privativa de libertad.

El Colegio de Abogados aboga por alternativas "más eficaces" que la prisión para solventar los problemas de criminalidad.

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares recalcó hoy la necesidad de aplicar penas alternativas al ingreso en prisión para castigar los delitos relacionados con la criminalidad, al considerar que la privación de libertad "no solventa" los problemas de este tipo de delincuencia sino que su interposición "tiene límites" más allá de los cuales esta medida "deja de ser útil para ser más bien contraproducente".

Así lo manifestó hoy uno de los miembros de la Comisión, Antoni Vicens, en base al informe sobre la 'Orientación actual en materia de política criminal', presentado esta mañana, en el que este órgano del Colegio de Abogados denuncia el aumento "exacerbado" de las penas de cárcel "como única respuesta a los delitos que causan alarma social", sin reflexionar sobre la utilidad "real" de alternativas "más eficaces" en el control de las tasas de criminalidad, tanto en Baleares como en el conjunto del Estado.

Durante su intervención, Vicens, acompañado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Francesc Riera, aludió a otras medidas que "pueden adecuarse mejor a la naturaleza de los delitos cometidos", como la retirada del carnet de conducir, del permiso de armas, los trabajos en beneficio de la sociedad -que "bien gestionados son tremendamente útiles"-, la pena de confinamiento o la mediación de conflictos.

A juicio del letrado, estas penas "tienen poder de expandirse sin miedo de que el Código Penal pierda su eficacia", al tiempo que hizo referencia a los distintos costes que conlleva la privación de libertad, como los económicos directos e indirectos, y los sociales. Tal y como manifestó, decretar una pena "no adecuada" al delito "provoca el peligro de que aumente la criminalidad", al aseverar que "las cárceles quedarán saturadas y las herramientas de rehabilitación de los internos perderán por ello eficacia".

"Es necesario acreditar que la prisión tiene limitaciones y pensar que solventa los problemas de criminalidad es ingenuo", por lo que consideró que esta pena "merece una reflexión mucho más profunda sin contaminaciones ideológicas", toda vez que debe ser reservada para aquellos casos en los que se constate un fracaso de la prevención especial o para los delitos considerados más graves.

"EROSIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES"

En su opinión, la sociedad civil, además, "parece indiferente ante la erosión de derechos individuales" y la opinión pública "se ha instalado el error de que el logro de la seguridad colectiva se encuentra en relación inversa con el respeto a los derechos fundamentales y sus garantías".

Otro de los puntos que criticó Vicens en su discurso es la "idea arraigada" de que el derecho penal de garantías es incompatible con la seguridad ciudadana y de que "no permite alcanzar niveles óptimos de seguridad", al contrario que en 1978, cuando "suponía un espacio de tranquilidad hacia la posible ingerencia sobre los derechos fundamentales de las personas".

En su informe, la Comisión insta asimismo a los poderes públicos a fomentar la investigación científica tanto sobre la delincuencia como sobre la criminalidad, a fin de contar con los modelos teóricos necesarios que permitan diseñar programas de intervención político criminal, sustentados sobre "bases racionales antes que sobre presupuestos ideológicos", y a establecer los medios e incentivos necesarios para implicar activamente a los privados de libertad en su propio proceso de reinserción social.

Fuente:www.europapress.es

CORDOBA. El presidente de la APC a favor de una reforma de los partidos judiciales

Baena plantea cambiar la normativa para crear un juzgado las 24 horas

El presidente de la Audiencia Provincial propone una "comarcalización" de los partidos judiciales para especializar a los jueces de los pueblos en algunos temas

A. Alba | Actualizado 29.04.2009 - 01:00

Eduardo Baena posa para los fotógrafos con una copia de la memoria anual del TSJA.

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, propuso ayer que la solución para que la ciudad cuente con un Juzgado de Guardia activo durante las 24 horas del día pasa por cambiar la normativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Baena informó de que Córdoba cuenta con siete Juzgados de Instrucción y que la normativa del CGPJ prevé la creación de unas guardias durante las 24 horas una vez que una ciudad cuente con ocho órganos de este tipo. Por eso, y teniendo en cuenta que no está previsto la creación de una Instrucción número 8, Baena planteó cambiar el reglamento del poder judicial para casos especiales como el de Córdoba: una ciudad de más de 325.000 habitantes en la que en determinadas horas no hay un Juzgado de Guardia disponible.

Eduardo Baena coincidió con los sindicatos en que este servicio es necesario en Córdoba, sobre todo para "beneficiar la coordinación" con la Policía Judicial, que también ha mostrado su malestar y problemática para desarrollar su trabajo con eficacia en los momentos en los que la ciudad carece de Juzgado de Guardia. Los sindicatos han convocado una protesta a las 10:00 de hoy en las puertas del Juzgado de Guardia de la Audiencia Provincial para exigir la creación de un órgano durante las 24 horas. La Junta de Personal de los Órganos de la Administración de Justicia asegura que el actual sistema de guardias no se adapta a la realidad actual cordobesa. Según los sindicatos, "la gran actividad judicial desborda a diario el Juzgado de Guardia, con jornadas laborales diarias de una media de 12 horas durante los ocho días de duración de las guardias, se incrementa mucho los fines de semana", ya que este órgano asume la competencia en materia de violencia contra la mujer.

El presidente de la Audiencia Provincial presentó ayer la memoria de actividad que el lunes hizo pública el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y reconoció que la situación es "alarmante" en los juzgados de Primera Instancia por culpa de la crisis económica y analizó la situación en las sedes de los pueblos, con especial saturación en Lucena y Posadas. Eduardo Baena planteó la necesidad de modificar el actual sistema de partidos judiciales y propuso una especie de "comarcalización" con la que algunos juzgados se encargarían y especializarían en temas como violencia contra la mujer o familia. El objetivo de esta propuesta es evitar saturaciones y resolver de una manera eficaz "esas materias comunes". Para el presidente de la Audiencia Provincial, esta nueva demarcación judicial debería llevarse a cabo "a corto plazo" y pensar en una reforma mucho más profunda de los partidos judiciales a largo plazo. Baena reconoció que esta modificación provocará "tensiones políticas" entre municipios.

Fuente:www.eldiadecordoba.es

CORDOBA. Se pide un Juzgado de Guardia 24 horas.

Más de un centenar de trabajadores de la Audiencia piden un juzgado de guardia 24 horas

29/04/2009 REDACCIÓN.

Más de un centenar de trabajadores de la administración de Justicia en Córdoba se han manifestado hoy para denunciar que el actual sistema de guardias está "obsoleto" y para pedir un juzgado de guardia que establezca un turno de 24 horas con el que ofrecer un mejor servicio y mejores garantías jurídicas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el vicepresidente de la Junta de Personal de Justicia, Vicente Bailina, quien ha explicado que esta concentración responde a la necesidad que tiene Córdoba de contar con un servicio ininterrumpido de guardia para conseguir un sistema público que beneficie a la población y a los trabajadores.

Por ello, ha pedido que se conceda un juzgado de guardia de 24 horas tanto para que las personas detenidas puedan ser puestos a disposición judicial con la debida celeridad como para que los trabajadores de los juzgados puedan disfrutar de una jornada laboral equilibrada.

En ese sentido, ha indicado que Córdoba necesita este servicio, que ya está instalado en Málaga, Sevilla y Granada, ya que una jornada de mañana y tarde es insuficiente para dar cobertura a la gran carga laboral que soportan los juzgados.

Según Bailina, la posibilidad de establecer un turno de guardia de 24 horas es competencia del Ministerio de Justicia, que debe tener en cuenta que tanto Policía Judicial, como jueces, procuradores y abogados coinciden en que esta cuestión ayudaría a conseguir un servicio más eficaz.

"El mayor de los problemas es que el horario de guardia establecido en Córdoba es inadaptable hasta para la propia policía", ya que, una vez acabadas las diligencias policiales, los detenidos pasan a disposición judicial, y esto afecta a los trabajadores que estén de guardia, que pueden ver sobrepasada la jornada laboral que le corresponde.

Por tanto, ha subrayado que la solución pasa por establecer un turno de guardia de 24 horas en el que cada día vaya rotando personal nuevo, y en el que los trabajadores que cubran la noche puedan descansar al día siguiente.

Fuente:www.diariocordoba.com.

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA O VOLUNTARIA. Los colegios profesionales en el punto de mira.

La 'ley paraguas' no protege de la tormenta a los Colegios Profesionales

Las medidas aprobadas por Economía que reforman el sector servicios abren el debate sobre la colegiación voluntaria

Beatriz Lorenzo.- La conocida como 'ley paraguas' hace honor a su nombre y trata de mantenerse desplegada en medio del temporal. Unión Profesional, la entidad que en España aglutina a más de 1.000 colegios profesionales y casi millón de profesionales liberales, ha arremetido contra el propósito del Ministerio de Economía de introducir la colegiación voluntaria, la voluntariedad de visados y la eliminación de baremos orientativos.

Son tres las leyes a través de las que se quieren reformar los colegios profesionales.

1. Transposición de la directiva de Servicios : Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (Ley Paraguas). Actualmente en fase de proyecto de ley. El Consejo de Ministros del 27 de marzo remitía el texto al Congreso.

2. Ley Ómnibus Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Paraguas. Modifica toda la normativa que pueda ser incompatible con la Ley Paraguas.

3. Ley de Servicios Profesionales.

La 'ley paraguas' reconoce que los colegios profesionales son "autoridades competentes" y señala que son imprescindibles para poner en marcha algunas de las obligaciones derivadas de la directiva europea, como la ventanilla única (tramitaciones telemáticas), la cooperación administrativa o el servicio de atención a los ciudadanos.

Además, son los responsables para la elaboración de los códigos de conducta (deontología profesional), son garantía de legalidad para los consumidores y usuarios y son útiles para la resolución extrajudicial de conflictos, entre otros aspectos.

Las principales críticas a esta nueva regulación, no sólo de Unión Profesional, sino de diversos colegios profesionales por separado, vienen motivadas por la colegiación (introducir la voluntariedad); los baremos de honorarios orientativos (su eliminación); los visados (eliminar su obligatoriedad) y la publicidad (eliminar las limitaciones o sus requisitos).

Lo que sin duda ha causado más nerviosismo es la nueva redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales, que en su nueva versión establece que es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación hallarse incorporado al colegio correspondiente. Si la nueva redacción del artículo anula el requisito de la obligatoriedad, podría llegarse, según las voces más alarmistas, a la supresión de los colegios profesionales más pequeños, sobreviviendo sólo los que cuentan ya hoy día con un ingente número de socios. En el caso de los colegios de abogados esto podría causar una merma en los servicios prestados en el turno de oficio o la firma electrónica.

En el lado contrario, los adalides de la reforma fundamentan que un colegio tendría que ser capaz de entusiasmar a los profesionales que representa y esto generaría el deseo, no sólo de la adscripción voluntaria, sino de participar directamente en su actividad, añadiendo que la colegiación voluntaria podría impulsar a estas vetustas instituciones a sacudirse la pereza y fomentar mediante actividades varias la participación e inscripción de los socios.

Sea como fuere, la reforma que se plantea es la más ambiciosa del sector desde 1974. Además de lo mencionado, el Ejecutivo prevé que la 'ley ómnibus' acabe con los baremos orientativos de precios que establecen los colegios profesionales un mecanismo que para sus detractores obstaculiza la competencia y para sus adalides mantiene vivos los prácticos “dictámenes de honorarios”, algo que afecta de lleno a los colegios de abogados que ya no contarían con su clásica herramienta pericial en las reclamaciones judiciales de honorarios. Otro objetivo es acabar con la obligatoriedad de los visados, que pasarán a ser voluntarios, salvo cuando las leyes dicten lo contrario. También se permite a los colegiados hacer publicidad directa de sus servicios.

LOS GUARDIANES DE LA ÉTICA PROFESIONAL

Hasta la fecha, los Colegios Profesionales se han erigido como una especie de pequeño gobierno para los profesionales, salvaguardando la deontología, la ética profesional, y con potestad para sancionar a los colegiados. Una postura algo arcaica, inamovible a lo largo del tiempo, que se ha topado recientemente con el rechazo de organismos como la Comisión Nacional de la Competencia, que recientemente hizo público un informe en el que recomendaba que los Colegios Profesionales fueran desapareciendo, pues estimaba que son una traba para el mercado y los profesionales.

Han sido varios los colegios profesionales que han empezado a movilizarse en contra de la nueva regulación. Ha sido el caso de varios colegios de ingenieros Ha sido el caso de los ingenieros, que desde el Instituto de la Ingeniería de España se han pronunciado en contra del visado voluntario.

Desde los colegios de abogados, las reflexiones han sido más comedidas y prudentes. Mientras desde algunos bufetes aseguran que “lo que hace la futura norma es incorporar a la Ley de Colegios Profesionales la ‘reserva de ley’ en materia de colegiación obligatoria.”, otros se muestran algo más críticos y recomiendan recoger, por razones de seguridad jurídica, la obligación de colegiación en disposiciones legales.

Fuente:www.www.capitalnews.es

COLEGIOS PROFESIONALES. ¿Una especie en peligro de extinción?

Publicado el 28-04-09 , por José Mª López Agúndez

Las alegaciones de Unión Profesional a la ley ómnibus cargan contra el propósito de Economía de introducir la colegiación voluntaria, la voluntariedad de visados y la eliminación de baremos orientativos.

Se quieren poner en el peor escenario de cara al futuro y sus alegaciones al anteproyecto de ley conocida como ley ómnibus que modificará 46 normas para adaptarse a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios la denominada ley paraguas dejan pocas dudas: Unión Profesional, la entidad que aglutina en España a más de 1.000 colegios profesionales y cerca de millón y medio de profesionales liberales, no se fía del Ministerio de Economía. El motivo es que, conscientemente o no, se quieren introducir cambios para modificar la situación jurídica actual de los colegios hacia la liberalización.

Aunque, como informó este periódico, los cambios previstos por Economía permiten sostener que el anteproyecto mantiene el statu quo jurídico actual de los colegios ver EXPANSIÓN del 21 de abril, la lectura meditada que ha hecho Unión Profesional del texto ha provocado en el colectivo incertidumbre y temor a que se esté preparando el terreno de la futura liberalización.

El bufete Ariño & Asociados cree que existe el riesgo de que haya colegiación voluntaria

Las principales objeciones que hace esta entidad en sus alegaciones, a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN, se refieren a la colegiación (introducir la voluntariedad o libre adscripción); los baremos de honorarios orientativos (su eliminación); los visados (eliminar su obligatoriedad) y la publicidad (eliminar las limitaciones o sus requisitos).

Nueva redacción
El problema que se plantea para el principio de colegiación obligatoria es la nueva redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales: Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación hallarse incorporado al colegio correspondiente.

El nerviosismo que ha creado este párrafo se explica en que, como explica Unión Profesional, una vez que la colegiación obligatoria se ha desvinculado de la institución colegial, el resultado potencial a que puede conducir es la supresión de la colegiación obligatoria en todas aquellas corporaciones en las que una norma con rango de ley presumiblemente, la ley sectorial, en la que se incardine por razón de la materia el tratamiento jurídico de la actividad profesional respectiva no sancione expresamente el principio. Esto sucede, puntualiza, con la práctica totalidad de las corporaciones de Derecho Público que conforman el panorama estatal.

Es cierto que esto se puede arreglar con una disposición transitoria que aplique el principio de irretroactividad de la reserva de ley, consagrado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero, de momento, tal redacción del artículo 3.2 da lugar a interpretaciones contradictorias.

Este riesgo lo explican muy bien, aportando otro enfoque, las alegaciones de los ingenieros industriales, realizadas por el bufete Ariño & Asociados: La regulación propuesta conllevará que a pesar de que los colegios han de seguirse creando mediante ley formal, la incorporación al colegio quedaría a la disposición plena de los respectivos titulados (colegio profesional voluntario) si la propia ley de creación, u otra norma con rango de ley, no estableciese lo contrario (obligatoriedad) o nada dispusiera. En otras palabras, la colegiación queda configurada como facultad de disposición voluntaria.

Fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN explican que la introducción de la colegiación voluntaria pondría en peligro en la abogacía no a los grandes colegios, sino a los pequeños y provocaría una clara disminución de los servicios que prestan los colegios de abogados en relación con el turno de oficio o la firma electrónica.

La eliminación de los baremos orientativos daría problemas a los 'dictámenes de honorarios'

En relación con los visados, Unión Profesional, ésta alerta de que puede suprimirse su obligatoriedad porque de acuerdo con el anteproyecto, el visado colegial sólo podría practicarse voluntariamente, cuando los destinatarios del trabajo profesional lo soliciten expresamente al colegio, y con carácter obligatorio, cuándo lo impongan las leyes. Esto significa que, si la expresión las leyes se interpreta en sentido estricto, como equivalente a normas con rango de ley, el resultado final es la práctica supresión de la obligatoriedad del visado colegial. Esto ha provocado grandes críticas en el sector.

El anteproyecto también elimina los baremos de honorarios orientativos. Aunque se trata de una cuestión que ha evolucionado desde hace años, esta propuesta afecta de lleno a los abogados, ya que ni siquiera se podrían utilizar como una herramienta meramente pericial en las reclamaciones judiciales de honorarios. Así los ha configurado el Colegio de Abogados de Madrid, que ahora los denomina como dictámenes de honorarios profesionales.

El anteproyecto también toca la publicidad, ya que establece la reserva de ley para establecer limitaciones a las comunicaciones comerciales. Unión Profesional advierte de que esto contradice a la propia Directiva de Servicios.

Ingenieros contra el visado voluntario
Manuel Acero, presidente del Instituto de la Ingeniería de España, una asociación privada que aglutina, como una federación de asociaciones, a más de 100.000 profesionales de las principales ramas de la ingeniería española, explica que hay una insistencia en la reserva exclusiva de la actividad de los colegios, pero esto no es cierto, ya que los ingenieros se encuentran unos con otros en los diferentes proyectos.

Acero cree que tanto desde la Comisión Nacional de Competencia como las reformas legales en marcha existe una concepción equivocada de que los profesionales concentramos poder.

A ello añade por qué es importante la obligatoriedad del visado: Ha existido siempre para que haya una garantía de que no existen riesgos. Si se convierte en voluntario, el ciudadano no la tendrá. Los colegios garantizan que el visado lo hace el profesional cualificado, con arreglo a la normativa específica y con todos los documentos exigidos.

Puntos de debate
- La redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales plantea riesgos legales en el futuro. Los colegios quieren más claridad.

- Los visados se establecen con carácter voluntario, por lo que, según los colegios, se eliminaría un instrumento de seguridad para el ciudadano.

- Con la eliminación de los honorarios orientativos, dice Unión Profesional, se quitaría información a los clientes del contenido del servicio.

- La supresión de barreras a la publicidad en la ley ómnibus plantea discordancias con la propia Directiva de Servicios.

Fuente:www.expansión.com juridico

ALCALA. La Comunidad de Madrid cumple su deuda con el Turno de Oficio.

Lunes 27 de Abril de 2009.

Escrito por D. Santos

La Comunidad de Madrid ya ha saldado la deuda que mantenía desde el año pasado con los abogados del turno de oficio de Alcalá. Así lo asegura el decano del colegio de abogados complutense, José Luis Doñoro, quien apunta a que a fecha de hoy se han pagado a los letrados todos los atrasos que se les debían desde marzo de 2008. “Actualmente, se acaba de cerrar el primer trimestre y se está tramitando también los pagos del mismo”, afirma Doñoro.

La deuda que la Comunidad mantenía con los abogados de la ciudad complutense desde los primeros meses del año pasado se elevaba a más de tres millones de euros. Cada letrado del turno estaba a falta del pago de una media de 6.000 euros, según aseguraban en el mes de febrero las asociaciones judiciales. Fue entonces cuando, ante el impago de sus honorarios, los profesionales de este sector en toda la Comunidad de Madrid decidieron ir a la huelga y realizaron varios paros. En total, en toda la región, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior adeudaba 24 millones de euros.

Una vez subsanado el impago, desde el Colegio de Abogados de Alcalá no se realizarán nuevos paros en su actividad. Sin embargo, no se descarta que éstos se produzcan si el Gobierno regional continúa con su intención de cambiar el modelo del turno de oficio que, según asegura, privatizará el mismo pues lo dejará en manos del poder ejecutivo regional y de los grandes bufetes privados.

“Si se cambia el modelo que existe actualmente, si volveremos a la movilización. Consideramos que se privatizará el turno y que se vulnerará con el cambio uno de los derechos fundamentales”, apunta Doñoro que considera que los más perjudicados serán los más débiles, los imputados que no tengan recursos para su defensa.

Fuente:www.diariodealcala.es

OVIEDO. El colegio de Abogados reclama mejores honorarios para el Turno de Oficio.

Los 700 letrados del servicio resisten la situación con toda «la dignidad» posible

23.04.09 -P. A.| OVIEDO.

Mayores retribuciones, incorporación a la Seguridad Social y rebaja de las trabas burocráticas para cobrar los servicios prestados. Esto es lo que piden los abogados del turno oficio. En Gijón, gran parte de los letrados, amparados por el propio colegio, se pusieron en huelga para ser escuchados y lograr los objetivos. En Oviedo, el ambiente está más calmado, pero las reivindicaciones siguen ahí.

Ignacio Cuesta, responsable del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Oviedo, afirmó ayer que los más de 700 profesionales inscritos en el turno deberían «cobrar mejores» honorarios y que «resisten con la mayor dignidad» posible la actual situación. Por su parte, la Agrupación de Abogados Jóvenes considera que en la institución ovetense «debe abrirse un proceso de reflexión sobre este asunto». El colectivo entiende que los compañeros gijoneses hayan llevado a cabo el paro porque «las peticiones son justas y razonables». Lo demuestra «el hecho de que la cobertura de la asistencia sanitaria haya sido asumida en otras comunidades autónomas limítrofes», especificó la agrupación en un comunicado. También pide al Principado que les «descargue del trabajo meramente administrativo» y exige una subida salarial del 70%.

El 30%, conseguido

Poco a poco, hay avances. Los letrados han logrado una actualización de los honorarios del 30%, pero no es suficiente. «No se puede cobrar 200 euros por llevar un procedimiento de divorcio. Hay que equiparar las retribuciones con las tablas de honorarios del colegio», abogaba en 2008 Cuesta.

Si los honorarios «son ahora un 30% menos miserables», los abogados también han avanzado en otro asunto: la puntualidad a la hora del cobro. «La Consejería de Justicia se está esforzando para ello», reconoció Pablo Luque.

Los retrasos a la hora de recibir las pagas del turno de oficio han llegado hasta los seis meses. El Colegio de Abogados, por su lado, también ha mediado en este asunto. El pasado mes de julio, firmó un convenio con Bankinter para la puesta en marcha de una oficina bancaria virtual para los colegiados. Entre otras cosas, permite el deseado anticipo de los honorarios del turno de oficio.

Fuente:www.elcomerciodigital.com

Confundir la dignidad con la corbata

Confundir la dignidad con la corbata

JOSÉ YOLDI 27/04/2009

Usted, querido lector, que se ve agobiado diariamente por ella, quizá no lo sepa, pero la corbata como símbolo de distinción fue importada directamente de los usos de la guerra. El término procede del italiano cravatta o crovatta, derivado de croata, ya que a mediados del siglo XVII en la guerra contra los turcos los jinetes de la caballería croata, una de las más fieras de Europa, lucían en el cuello unos pañuelos de colores característicos para infundir mayor respeto entre sus enemigos.

No hay que confundirlo con "un corbata", que era un ministro de capa y espada, es decir, un consejero que en los tribunales reales no tenía la condición de letrado. Pero eso es otra historia.

El caso es que el uso de la corbata se extendió como señal de elegancia entre las clases sociales dominantes de Europa, y en el Estatuto General de la Abogacía de 1946 se recogía la exigencia para los letrados de vestir camisa blanca, corbata y zapatos negros cuando se llevara toga en los juicios.

El precepto no fue baladí y algún letrado, como Francesc Arnau, fue sancionado en los albores de la democracia por negarse a llevar corbata en los juicios. Todavía en 2002, los jueces de lo Penal de Málaga acordaron suspender aquellas vistas en las que los abogados acudieran sin esa prenda.

Esa obligatoriedad fue eliminada en el nuevo Estatuto, aprobado como real decreto en junio de 2001, que en su artículo 37 establece: "Los abogados comparecerán ante los tribunales vistiendo toga y, potestativamente, birrete, (...) y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia". Es decir, tirando de sentido común, que no parece adecuado ir con bermudas y chancletas, pero desde luego no es obligatoria la corbata.

Expulsión del edificio

Sin embargo, algunos jueces, con un concepto arcaico de las normas, se empecinan en enseñarnos a todos cómo son capaces de imponer su autoridad al que no lleve corbata. ¡Como si la dignidad, el prestigio y el respeto se llevaran en la corbata!

El 9 de diciembre de 2008, el abogado Juan Moreno, de guardia en el turno de oficio, comparecía ante la Sección Tercera Penal de la Audiencia Nacional para asistir a un procesado en la vista de una prórroga de prisión. El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, reclamó al letrado -que sí vestía traje, pero no corbata- que se pusiese esa prenda, a lo que éste contestó que si no se exigía a las mujeres no entendía por qué tenían que ponérsela los hombres. El presidente insistió e indicó a Moreno que si no disponía de corbata se le proporcionaría una en la sala de togas. Pero como el abogado se negó a pasar por tal imposición, fue expulsado de la sala. En el momento de abandonar la estancia, Moreno comentó: "Esto es increíble". Guevara entonces ordenó a la Policía Nacional que se cerciorase de su expulsión no sólo de la sala, sino del edificio de la Audiencia, y el letrado, conducido por los agentes, fue puesto de patitas en la calle. La vista tuvo que ser suspendida hasta el día siguiente pero el acusado ya no fue asistido por el citado letrado, sino por una compañera suya. Moreno denunció lo ocurrido al Consejo del Poder Judicial por estimar que había habido abuso de poder por parte del magistrado.

El 3 de noviembre de 2008, Antonio Morgado comparecía como defensor a una vista en el Juzgado de lo Social número 37 de Madrid. El juez Marcos Ramos impidió subir a estrados al jurista porque no llevaba corbata. Éste alegó que ni la secretaria judicial ni la abogada del Estado la llevaban, pero el magistrado le precisó que por su condición de varón estaba obligado a usarla y que si se negaba a hacerlo podría intervenir como abogado, pero desde los bancos del público.

Para los letrados es una afrenta que los expulsen de los estrados y el artículo 38 del Estatuto de la Abogacía señala que "los abogados tendrán derecho a intervenir (...) sentados dentro del estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el tribunal ante quien actúen". Sin embargo, Morgado accedió a actuar desde los bancos del público porque el juicio se había suspendido ya en dos ocasiones anteriores y no quería perjudicar a su cliente. No obstante, el letrado denunció lo que consideró un trato discriminatorio, arbitrario y desconsiderado por parte del juez.

Ahora, el Consejo del Poder Judicial ha ordenado la apertura de sendos expedientes contra Guevara y Ramos por falta leve de "desatención o desconsideración con iguales o inferiores, (...) abogados y procuradores".

"¡Triste época la nuestra!", decía Einstein, "es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". O parafraseando a Oscar Wilde: "Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable". Y usted se preguntará: ¿En qué hemisferio tiene su sede el Ministerio de Igualdad?

Fuente:www.elpais.com

MÁLAGA. Los despedidos recurren a Abogados de Oficio por la falta de recursos.

El Colegio de Abogados de Málaga asegura que el número de litigios ha aumentado desde que empezó el año y que su celebración se está retrasando Raquel Garrido / Málaga | Actualizado 24.04.2009 - 01:00

Firma del convenio suscrito ayer en el Colegio de Abogados de Málaga.

En una situación de crisis económica como la actual no es de extrañar que a la hora de afrontar un proceso judicial por un despido laboral se recurra a los abogados del turno de oficio en lugar de contratar los servicios de un letrado. Es la consecuencia directa de la regulación de empleo que muchas empresas de la provincia han llevado a cabo en los últimos meses y que ha hecho que aumente considerablemente también el número de litigios que llegan a los distintos juzgados de lo Social de la provincia de Málaga, muchos de ellos saturados por la proliferación de estos casos.

El Colegio Oficial de Abogados de Málaga ha detectado un aumento de las designaciones de los letrados de oficio desde principios de año cuando se recrudeció la crisis que trajo como consecuencia un continuo goteo de despidos de trabajadores de la provincia. Aunque no necesariamente la mayor demanda de este tipo de abogados del turno de oficio implica, según explicó ayer a este periódico el decano de este colectivo, Manuel Camas, un incremento de los juicios "sino más bien que estas personas que acaban de ser despedidas optan por este servicio por cuestiones económicas".

Pero en este caso el incremento de las designaciones de los abogados de oficio sí va en paralelo con la mayor carga que están soportando los juzgados de lo Social para abordar, sobre todo, despidos improcedentes o desacuerdos de los empleados con las condiciones recogidas en los expedientes de regulación de empleo ejecutados por las empresas.

Según el decano de los abogados malagueños, "de momento no se sabe a ciencia cierta las cifras de que avalan esta percepción pero no cabe duda que la litigiosidad y los concursos han aumentado notablemente en estos meses".

Las efectos de esta situación de sobrecarga que sufren los juzgados malagueños para abordar los litigios laborales son el retraso que acumula por lo general la celebración de este tipo de juicios. Si antes el periodo medio de espera solía rondar los dos meses, ahora a raíz de los despidos masivos que se han producido en muchas empresas están tardando hasta seis meses en celebrarse.

Fuente:www.malagahoy.es

GALICIA. El consello da avogacia anula la suspensión del Turno de Oficio.

Martes, 21-04-09. P. F.

LA CORUÑA. El Consello de Avogacía Galega (CAG) declaró, en el pleno celebrado el pasado viernes, la nulidad absoluta de la suspensión del turno de oficio en La Coruña. El órgano colegial de máxima representación de la profesión a nivel autonómico tomó esta decisión tras estimar el recurso de alzada presentado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el acuerdo de los abogados coruñeses. En dicho pacto, los letrados decidían suspender, el pasado mes de enero, el servicio de turno de oficio como medida de presión ante la Consellería de Presidencia del gobierno del bipartito.

En consideración del CAG, «las justas reivindicaciones del Colegio de Abogados no pueden prevalecer sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos para los que presta el servicio». A pesar de ese edicto, el Consello de Avogacióa reconoce, en la resolución, la legitimidad de las motivaciones de fondo que llevó al organismo coruñés a tomar la drástica medida de suspender el turno de oficio. Por este motivo, el CAG anunció que adoptará todas las acciones necesarias para lograr el reconocimiento de los derechos de los juristas y alcanzar así un «financiamiento acorde con los estándares de calidad que se esperan en la Asistencia Jurídica Gratuita en un Estado de Derecho».

Un largo conflicto

El conflicto entre los abogados y la Xunta comenzaba en diciembre de 2008 cuando el CAG inició las negociaciones con la Dirección Xeral de Xustiza para mejorar las condiciones de las actuaciones de los abogados de oficio. En enero, el Colegio de Abogados de La Coruña decide suspender, excepto en casos urgentes, este servicio como medida de reclamo de os pagos pendientes a la administración autonómica. Ante los actos de protesta, Presidencia suspende las negociaciones con el colectivo en marzo de 2009, lo que abre una brecha entre ambas instituciones.

Tras la resolución adoptada por el CAG, los servicios de justicia gratuita volverán a la normalidad en toda la provincia de La Coruña, a la espera de la celebración de una entrevista con el nuevo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para retomar las negociaciones.

Fuente: www.abc.es