Entrevista al decano del ICA Madrid

Antonio Hernández-Gil, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Tras algo más de un año al frente del mayor colegio de abogados de España, el decano Antonio Hernández-Gil ha respondido hoy de 12 a 13 horas las preguntas de los lectores del canal Jurídico de Expansión.com. Lea las respuestas

Decano: ¿Qué opinión le merece la transposición de la Directiva de Servicios? ¿Le parece acertada la reforma de la Ley de Colegios Profesionales anunciada?
(13:10 07/05/2009)

Estamos ante un mero Proyecto de Ley respecto del cual el ICAM ya ha hecho llegar su posición a los poderes públicos. Los Colegios de Abogados (no hablo en general de otros colegios profesionales) no representamos un problema de competencia, sino una garantía de calidad, independencia y libertad en una prestación profesional básica para el derecho a la tutela judicial efectiva, además de cumplir otras funciones de interés social que justifican la existencia de nuestros Colegios y deben ser seña de identidad de la abogacía. Después de esta respuesta, quiero dar las gracias a todos por el interés demostrado y darme la oportunidad de utilizar esta vía directa de comunicación para tratar de los problems de nuestra profesión. Muchas gracias a todos.

Sr. Decano ¿A parte del hecho de las tranferencias del Estado a las CCAA en materia de Justicia, existe alguna justificación de algún tipo para el hecho de que los Letrados del Turno de Oficio perciban retribuciones tan acusadamente diferentes en función del territorio donde realicen su trabajo?
(13:03 07/05/2009)

Efectivamente, la única "justificación" es la distribución autonómica de competencias en materia de justicia, lo que afecta no sólo a la remuneración de los abogados del Turno de Oficio. Pero la absoluta desproporción que hay en algunos casos no es admisible con justificaciones "formales" de ese tipo.

Si la Comunidad de Madrid tarda en pagar lo que debe al turno de oficio, ¿cree que irán a la huelga? ¿Qué hará usted en ese caso?
(13:02 07/05/2009)

Esperamos que este año no se reproduzca la situación del año anterior. El Colegio de Abogados lo exigirá por todos los medios para que no se de el supuesto de la pregunta; en cualquier caso, y como ya he dicho respondiendo a anteriores preguntas, la Junta de Gobierno tiene que garantizar la continuidad del sistema de justicia gratuita para que no quiebre en ningún caso el derecho de defensa.

¿Cuando publicará en la WEB del ICAM el organigrama de todos los despachos, nombres y salarios de todo el personal?.
(12:58 07/05/2009)

Tenemos aún mucho que hacer para incrementar la transparencia en la gestión y organización del ICAM, aunque me temo que la transparencia nunca podrá llegar a la publicación de datos protegidos por la LOPD.

Aunque sin duda su gestión está siendo impecable, si es cierto que a día de hoy los abogados jovenes tenemos un papel inexistente en el ICAM. Tengo la sensación que no se promueve una mayor participación en el ICAM del futuro de la abogacía madrileña. ¿Está de acuerdo?
(12:58 07/05/2009)

Estamos tratando de promover la mayor participación de todos los sectores de la abogacía, incluyendo el esencial de los abogados jóvenes, tanto a través de su articulación institucional en el Grupo de Abogados Jóvenes, como de cualquier otro modo. Como de la pregunta resulta una dosis de "insatisfacción", le invito a una interlocución más directa y a trasladarnos propuestas concretas de participación.

¿Ha podido cumplir en este tiempo en el cargo con algunas de las cosas que prometía en su programa o todo ha quedado en agua de borrajas? Mójese decano.
(12:55 07/05/2009)

Hemos incrementado las prestaciones asistenciales más de un 15%, como propusimos en nuestro programa electoral sin subir las cuotas. Hemos creado el Observatorio de la Justicia, como cauce estable de interloción con los órganos judiciales, y en el que ya participan más de 200 abogados, trasladando propuestas concretas. También hemos puesto en marcha el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía, que ya ha aprobado un número significativo de proyectos sociales en áreas sensibles como extranjería, formación, mediación, ayuda a personas en situación de desventaja social ... Pero no podemos estar satisfechos, porque quedan demasiadas cosas por hacer y por mejorar.

Hola, quisiera saber si la cuota de incorporacion y cuotas trimestrales para los colegiados van a bajar de precio. Entiendo que son muy caras y tambien en la situación actual de crisis son muy gravosas. Atentamente.
(12:54 07/05/2009)

La Junta de Gobierno que presido lleva ya dos años proponiendo y la Junta general aprobando la congelación de todas las cuotas (incrementando, sin embargo, nuestra actividad). Nuestro compromiso con la economía es máximo. Si en el actual escenario viéramos la posibildad de mantener las prestaciones y reducir de algún modo las cuotas, así lo plantearemos.

¿Cómo podemos tener una mayor identidad como grupo ante las actuaciones de la Administración de Justicia, las ingerencias de asesoramiento de entidades como bancos, notarías, asesorías, gestorías, y demás que delimiten el campo de cada uno?
(12:54 07/05/2009)

Nuestra profesión es cada vez más diversa y la realidad social lleva a que se multipliquen los actos de asesoramiento, una veces especializado y otras no. El "instrumento" para defender la calidad del asesoramiento jurídico prestado por abogados ya existe: los Colegios de Abogados. Entre todos tenemos que dotar de sentido y eficacia a su función.

Sr. Decano. ¿para cuando una reunión nacional de representantes de todos los colegios de abogados de España, a fin de solucionar los problemas de la abogacía? ¿Están los decanos de los colegios domesticados por el poder?
(12:54 07/05/2009)

Para eso está el Consejo General de la Agogacía Española, que es básicamente un órgano de representación plural de los "representantes" (decanos) de todos los colegios. Se trata de que el CGAE cumpla del mejor modo con esa función representativa, en última instancia, de todos los abogados. En ello estamos.

Sr. Decano por qué en el conflicto de los jueces con el ministerio de justicia apenas se ha oído opinión alguna del colectivos de abogados rechazando ese huelga y esas medidas de presión que lo único que hacen es colapsar más el sistema judicial y dilatar aún mas los procedimientos ¿es por miedo a las mas que probables represalias de la judicatura?
(12:53 07/05/2009)

Con ocasión de ese conflicto la Junta de Gobierno del ICAM hizo una declaración institucional (que puede encontrarse en nuestra web) y la Comisión Permanente del CGAE, que integro como Vicepresidente, un comunicado que se difundió a los medios. Yo también tengo la percepción de que estas tomas de posición, en un conflicto que nos afecta día a día a todos, no han tenido la suficente difusión y estamos tratando de reforzar nuestra capacidad de comunicación.

¿un chico de 30 años y tetraplejico que esta en 3º de derecho, debido a que, por cicunstancias, empezo a estudiar la carrera con 28, puede tener futuro en el mundo del derecho?, por cierto, ¿se puede decir que soy su alumno puesto que estoy en la uned?.
(12:50 07/05/2009)

El recurso esencial para el ejercicio de nuestra profesión lo tenemos en nuestro interior. Todo lo demás es superable. Espero que palgun día podamos compartir experiencias profesionales y, como alumno, mucho ánimo.

¿Cree que la trasposición de la Directiva de servicios acabará con la colegiación obligatoria?
(12:49 07/05/2009)

Como ya he dicho anteriormente, creo que en el caso de los Colegios de Abogados debe mantenerse y se mantendrá la colegiación obligatoria.

Sr. Decano como jurista cree que en ese proyecto común que es Europa, ¿los Abogados debemos promover una unificación del derecho europeo? ¿Vamos hacia un derecho civil, mercantil, penal, administrativo etc unificado, salvaldo las diferencias que pueda haber entre distintos ordenamientos jurídicos?
(12:48 07/05/2009)

Creo que los abogados demenos implicarnos más en esa dimensión europea de nuestra vida en común, absolutamente necesaria para afrontar las dificultades de estos momentos. Eso incluye la promoción, allí donde sea posible, de un derecho uniforme.

Señor Decano, que piensa usted acerca del examen de admisión a la profesión de abogado en España? Mejorará esto la calidad de nuestra profesión? No cree Usted que a esta prueba le falta algo fundamental para un abogado, es decir, un examen oral que demuestre las capacidad del futuro colegiado de aguantar la presión y de saber expresarse correctamente delante de un Tribunal?
(12:48 07/05/2009)

La prueba de evaluación es el final del proceso formativo diseñado en la Ley de Acceso. Respecto a su propuesta de desarollo en el primer borrador de Reglamento hay varios aspectos a reconsiderar; entre ellos la falta de toda referencia al conocimiento de las reglas deontológicas y ética profesional, y la ausencia de oralidad. Lo hemos dicho en el Informe de la Comisión de Formación que presido dentro del CGAE.

¿Para cuándo la publicidad de la doctrina de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid en materia deontológica?
(12:44 07/05/2009)

La Junta que presido ha sido contraria a la publicación de las sanciones deontológicas, para no "agravar" la sanción impuesta al colegiado; pero no a la difusión de los criterios generales de resolución de expedientes. Sucede es que nuestra actuación en esta materia extraordinariamente sensible está sometida en estos momentos a un proceso de revisión, que incluye el objeto de su pregunta.

¿Ha pagado la Comunidad de Madrid el primer trimestre de 2009 que adeuda al turno de oficio?
(12:43 07/05/2009)

Aún no, pero esperamos que este año no se repita lo sucedido el año pasado.

¿Cómo valora el trasiego de borradores sobre el Reglamento de la Ley de Acceso?
(12:41 07/05/2009)

Como consecuencia del diseño general de la ley de Acceso, hay dos Ministerios implicados, Justicia y Educación, y me consta que están haciendo un esfuerzo de interlocución con los sectores afectados: Universidades, públicas y privadas, y Colegios Profesionales, haciendo "visible" un proceso de elaboración normativa que otras veces permanece oculto. Luego esa aparente circulación de borradores no es algo malo; siempre que no se demore demasiado el Reglamento definitivo.

¿Que opina del abuso del turno de oficio en la representacion ficticia de extranjeros tal y como ha denunciado el TSJ de Madrid?
(12:41 07/05/2009)

Creo que el problema no es de actuación de los abogados del turno de oficio, aunque siempre pueda haber algún exceso, sino de diseño del régimen legal de la asistencia jurídica gratuita, que data de 1996 y que seguramente no se adecúa a la actualidad realidad social, con un incremento muy importante en la demanda de justicia. Estamos proponiendo su revisión, siempre sin merma del derecho de defensa de los ciudadanos y sin discriminación para los extranjeros.

¿Qué percepción tiene sobre cómo afecta la crisis a los abogados?
(12:38 07/05/2009)

Toda la sociedad está afectada y también la abogacía: hay un incremento de la demanda de justicia y de la conflictividad social que está detras de ella; hay más dificultades en las condiciones materiales de ejercicio de la profesión y en los pagos efectivos. Y esto afecta tanto a los profesionales que ejercen personalmente desde organizaciones modestas como a los grandes despachos.

¿Cómo valora el anteproyecto de Ley de Extranjería sobre cuyos ¿peligros? el que CGAE y otros organismos alertan?
(12:37 07/05/2009)

Hemos participado activamente en la elaboración del Informe de la Subcomisión de Extranjería del CGAE. No sólo asumimos sus postulados críticos, sino que en algunos puntos concretos el ICAM es aún más crítico en la defensa de unos ciudadanos en especial situación de necesidad de justicia, que no pueden verse discriminados negativamente frente a nuestros ciudadanos cuando ven comprometida su libertad o sus derechos constitcionales.

Sr. Decano, porqué los colegios de Abogados tienen menos peso que otros colectivos, tales como el de médicos por ejemplo? No me diga que no porque en ese colectivo no existen los Médicos de Oficio. ¿No le parece que el Consejo General de la Abogacía Española no representa más que a los Srs de corbata y chaqueta, y no a los ABOGADOS CURRANTES DE VERDAD?
(12:35 07/05/2009)

Sinceramente, no creo que los Colegios de Abogados tengan menos peso que otros. Pero es cierto que no tenemos el peso que deberíamos tener y que, al menos en parte, eso sucede por no haber tenido la suficiente convicción en la defensa de los valores que nos corresponden. Me remito a respuestas anteriores.

Sr. Decano ¿cree usted que actualmente los colegios de abogados defienden realmente los intereses generales del colectivo? y si es así porqué existen asociaciones representativas del colectivo del Turno de Oficio creadas al margen del Colegio?
(12:33 07/05/2009)

Los Colegios de Abogados debemos defender los intereses generales del colectivo. Pero eso no significa que no deba haber asociaciones representativas de sectores concretos de la abogacía, porque esta profesión es cada vez más diversa y el movimiento asociativo es lógico. Creo que desde los Colegios debemos organizar cauces de interlocución con esas asociaciones para tener un mejor conocimiento de los intereses reales de los abogados asociados.

Sr. Decano, el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones nos ha definido como colaboradores fundamentales de la Justicia y garantes de la protección de los derechos que consagra nuestro ordenamiento jurídico. ¿Realmente el peso específico frente a la Administración de los Abogados coincide con esta afirmación? ¿o se puede decir que en casa del herrero cuchara de palo?
(12:31 07/05/2009)

Creo que los abogados somos mucho más que "colaboradores" de la Justicia, aunque esa sea la definición legal. Y no; no tenemos el peso que deberíamos frente a los poderes públicos y es tarea de todos revertir esa situación: los abogados y la abogacía institucional tenemos que implicarnos más en la defensa de los valores constitucionales más allá del caso concreto que se nos encomienda y las administraciones "acostumbrarse" a atender la voz de la abogacía que expresa el punto de vista del ciudadano que acde al sistema de la justcia.

Sr. decano de Madrid, ¿qué se pude hacer desde los Colegios para mejorar la mala imagen que tienen los ciudadano de la Justicia española? Un saludo y aplaudo su decisión de exponerse a los preguntas de los lectores.
(12:30 07/05/2009)

Creo que los Colegios podemos y debemos hacer mucho más de lo que hemos venido haciendo no para mejorar "la imagen" de la Justicia, sino para mejorar la Justicia, de la que los abogados somos una parte esencial (representamos y defendemos interés del ciudadano): denunciar los problemas, proponer soluciones concretas y exigir la colaboración de todos los que tenemos alguna participción o responsabilidad en esta materia.

Señor Hernández-Gil, ¿qué opinión le merece el primer borrador del nuevo reglamento para el acceso a la abogacía? ¿Qué cosas añadiría o cambiaría? Muchas gracias.
(12:28 07/05/2009)

Es sólo un primer borrador. La Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía, que presido, ha trasladado al Ministerio de Justicia un informe muy detallado con nuestra opinión y propuestas. En general, pediría una mayor flexibilidad para que Universidades y Colegios de Abogados podamos organizar los cursos y una mayor apertura hacia la realidad social del ejercicio de una abogacía muy plural y especializada.

Sr. Decano ¿Qué piensa usted sobre las declaraciones del presidente de la comisión nacional de la competencia, en las que se pone en duda la obligatoriedad de la colegiación? ¿Van a desaparecer los colegios profesionales?
(12:23 07/05/2009)

El Presidente de la CNC se refiere a los colegios profesionales en general. Yo sólo puedo hablar de los Colegios de Abogados, que cumplimos importantísimas funciones sociales de interés general en la garantía del derecho de defensa, que sólo pueden desempeñarse desde la colegiación obligatoria.

¿No cree que el seguro médico del ICAM es bastante flojo? Me gustaría (con lo mucho que pago y lo poco que lo uso) que se cubra el seguro dental... ¿Esto sería posible?
(12:21 07/05/2009)

De los estudios de opinión que disponemos resulta una buena valoración comparativa del Servicio Médico del ICAM. Pero, como hemos informado en las últimas Juntas, lo estamos sometiendo a un proceso de revisión estructural para garantizar su continuidad en las mejores condiciones (incluyendo una mayor cobertura en la especialidad de la pregunta, donde hoy creo que se cubre sólo la asistencia primaria: urgencias, extracciones y limpieza)

Gracias por atendernos, Sr. Hernández-Gil. ¿No debería organizarse cursos, seminarios y otras actividades jurídicas para los colegiados en un horario que no fuese laboral? Si trabajo en un despacho de sol a sol, los cursos que promocionan (y por muy apetecible que sean) son simplemente inimaginables por motivos de horario. Muchas gracias.
(12:16 07/05/2009)

Tratamos de hacerlo. Una buena propuesta es la de los cursos on-line, virtuales, que con esfuerzo (de tiempo y coste) estamos desarrollando en nuestro Centro de Estudios.Gracias por el interés en nuestra actividad formativa, esencial para la abogacía de hoy.

Sr. Decano, en el Siglo XIX la codificación permitió la reunificación y compilación del derecho en códigos. En la actualidad cree que hemos vuelto a un maremagnun y dispersión legislativa inaceptable para la seguridad jurídica. ¿Cree que los Abogados cono juristas que somos, tenemos voz y opinión en la creación de la normas jurídicas?
(12:11 07/05/2009)

La actual dispersión legislativa es un hecho en todo el mundo y obedece a un proceso de multiplicación de las fuentes de derecho consustancial con nuestros tiempos. Para no comprometer la seguridad jurídica hay que mejorar y elevar el rigor en la fuente normativa. Los Abogados tenemos que alzar más la voz en el proceso de creación del derecho y se tiene que reconocer más peso a nuestra opinión.

¿Cree que debe mantenerse la Ley de Sociedades Profesionales? ¿Es compatible con la Directiva de Servicios?
(12:11 07/05/2009)

Creo que debe mantenerse (desarrollándose adecuadamente por vía reglamentaria) y que es compatible con la Directiva de Servicios.

Sr. Decano, en relación con el movimiento del Turno de Oficio, desarrollado en Galicia, Gijón y Madrid. ¿Conoce sus reivindicaciones, está de acuerdo con ellas?
(12:11 07/05/2009)

Conozco las reivindicaciones y estoy de acuerdo con ellas, siempre que no se comprometa la continuidad del servicio de justicia gratuita afectando al derecho de defensa de los ciudadanos.

Fuente:www.expansión.com

A CORUÑA. Turno de Oficio. Los parias de los parias de la Justicia.

El turno de oficio, los parias de los parias de la Justicia

Autor:Julio Á. Fariñas Fecha de publicación:8/5/2009

En la India se llaman parias o intocables las personas de la casta más baja, sin derechos civiles ni religiosos.

Aquí en Galicia, que teóricamente forma parte del primer mundo, sus equivalentes son los abogados del turno de oficio. Cada día tienen menos que envidar a sus clientes, esos ciudadanos con derecho a justicia gratuita por carencia de recursos.

Resulta que estos profesionales, al menos en la provincia de A Coruña, son los peor pagados de todo el suelo patrio y cobran tarde y mal. Y eso cuando sean capaces de demostrarle a la Xunta que sus clientes son insolventes. O esto cambia o el derecho de todo ciudadano detenido a la asistencia letrada se quedará en papel mojado.

Fuente:www.lavozdegalicia.es

A CORUÑA. Los Letrados del Turno de Oficio coruñés acuden al contencioso para defender su derecho a la huelga

JUSTICIA. Los letrados del turno de oficio coruñés van al contencioso para defender su derecho de huelga.
El colegio provincial recurre el acuerdo del Consello da Avogacía Galega

Autor:A. Mahía. Fecha de publicación:8/5/2009

El Colegio Provincial de Abogados de A Coruña interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consello da Avogacía Galega que declaró el 20 de abril la nulidad de los acuerdos tomados por el órgano colegial coruñés sobre el mantenimiento de la huelga en el turno de oficio. Los letrados habían tomado la decisión en junta general extraordinaria de suspender los servicios de asistencia jurídica gratuita en su circunscripción territorial ante la «grave situación» del turno de oficio. Entre otras cosas, los abogados aún no han recibido sus emolumentos por sus servicios del último cuatrimestre del 2008. Además, denuncian la escasa cuantía de la remuneración. Mientras obtienen alrededor de 200 euros por defensa, los letrados vascos, por ejemplo, alcanzan los 600. Todo ello los ha llevado a la huelga.

Esta medida fue recurrida por la Fiscalía ante el Consello da Avogacía, que estimó el recurso, obligando al colegio coruñés a alzar la suspensión de servicios de asistencia jurídica gratuita. La presentación del recurso ante el tribunal de lo contencioso-administrativo se produce en un momento calificado por uno de los portavoces de los abogados como «curioso», pues el decano del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, Jesús Varela Fraga, también es presidente del Consello da Avogacía. Esta dualidad, aseguran, no supondrá mayores problemas. El consello había obligado al órgano colegial coruñés a suspender la huelga cuando Varela aún no era su presidente -fue elegido el pasado viernes-. Además, el decano coruñés tiene entre sus objetivos solucionar la precariedad del turno de oficio.

Medio millón de euros

Los letrados acordaron pasar a la huelga -nunca quisieron emplear este término, prefiriendo hablar de suspensión del servicio- porque no tienen fondos para mantenerlo. Aseguran que la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas y Xustiza les debe más de medio millón de euros.

Aunque la Administración paga a los abogados unos honorarios por atender el servicio público, el colegio coruñés afirma que desde hace dos años todos los gastos de infraestructura, como transporte, llamadas telefónicas, correo o equipos informáticos, salen de su bolsillo. «Hemos anticipado el dinero, y no podemos seguir adelantándolo», aseguraba el letrado coruñés Roberto Rodríguez.

El paro fue secundado, hasta que el consello obligó a suspenderlo, por los 700 letrados de oficio del partido judicial de A Coruña. El malestar de los abogados por el turno de oficio no es nuevo. Viene de lejos. Desde hace años exigen el establecimiento de una tabla de tarifas acordes a los precios de mercado y las suscripción por la Xunta de un seguro de responsabilidad civil y accidentes que los ampare en su actuación.

También exigen de la Xunta la responsabilidad de indagar sobre los ingresos del defendido, que hasta ahora recae en los letrados y del que se tienen que ocupar cuando presentan la asistencia. Asimismo, se quejan de estar obligados a una formación continua costeada por ellos.

Fuente:www.lavozdegalicia.es

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA. Rentabilidad del 6,36%

La mutua de los abogados, con una rentabilidad neta del 6,36%

La entidad aseguradora de los abogados ha informado hoy en un desayuno con los medios de comunicación que cerró el ejercicio 2008 con un excedente de 13 millones de euros y una rentabilidad neta del 6,36%. Además, en la presentación de los datos, que contó con la presencia del presidente de la mutualidad, Luis de Ángulo, el vicepresidente, José María Antrás Badía, y el director general, José Luis Pérez Torres, la institución confirmó que el número de afiliados creció un 5,99% en 2008, alcanzando los 146.000 mutualistas. Solidario. Por su parte, Antrás Badía recalcó que el éxito de la aseguradora se debe, en parte, al “carácter solidario” de la misma. Fuente:www.americaeconomica.com

A CORUÑA. El Colegio de Abogados interpone recurso contencioso contra el acuerdo del Consello de reanudar la prestación del Turno de Oficio.

El Colegio de Abogados de A Coruña interpone un recurso contra la obligación de reanudar la prestación del turno de oficio

A CORUÑA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio provincial de Abogados de A Coruña ha interpuesto un recurso ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra el acuerdo del Consello da Avogacía Galega, que declaró la nulidad de los acuerdos adoptados por la junta general extraordinaria de esta entidad y obligó a reanudar la prestación del turno de oficio en la circunscripción territorial colegial.

El Consello de la Avogacía Galega adoptó el acuerdo el pasado 17 de abril ante la suspensión de los servicios de asistencia jurídica gratuita en la circunscripción del Colegio de Abogados de A Coruña para exigir a la Xunta mejoras laborales y salariales.

En un comunicado, el Colegio de Abogados de A Coruña aseguró que, pese al nombramiento del nuevo conselleiro de Presidencia y del director xeral de Xustiza, "la nueva Administración no ha iniciado los contactos para solucionar la grave situación del turno de oficio".

Asimismo, señaló que esto implica que hasta la fecha la Xunta "no ha abonado los gastos de infraestructura del 2008", de forma que las corporaciones profesionales están manteniendo "con partidas presupuestarias ajenas al turno de oficio un servicio público".

Según añadió, transcurrida la primera semana de mayo del 2009, se les adeudan también "las cantidades devengadas por los profesionales del tercer cuatrimestre del 2008".

El Colegio de Abogados de A Coruña señaló que en estos momentos no existe "un baremo de compensación económica para las actuaciones profesionales de los letrados en el 2009, por lo que se están prestando servicios desconociendo lo que se percibirá por ellos".

Por otra parte, trasladó el "malestar" existente entre los letrados del turno de oficio en el partido judicial de Ribeira, donde 26 de los 28 abogados adscritos al turno de oficio han solicitado su baja en el servicio de asistencia jurídica gratuita.

Fuente:www.europapress.es

GRANADA. Los Letrados del Turno de Oficio de Granada tienen póliza de accidentes corporales desde el año 1990.

El Colegio de Abogados de Granada tiene concertada con la mutualidad de la Abogacía DESDE EL AÑO 1990 una Póliza que cubre el riesgo de accidentes corporales que puedan sufrir los letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, durante la prestación del SERVICIO DE ASISTENCIA AL DETENIDO O PRESO, organizado por esa Corporación.

Semanalmente prestan este servicio 13 letrados exclusivamente desde las 24 horas de cada día, hasta las 24 horas del día siguiente, distribuidos de la siguiente manera: 5 letrados en Granada, 2 letrados en Motril, 1 letrado en Orgiva, 1 letrado en Baza, 1 letrado en Loja, 1 letrado en Guadix, 1 letrado en Santa Fé y 1 letrado en Huéscar.

Las garantías de la MUTUALIDAD se limitan exclusivamente a cubrir los accidentes acaecidos a los Letrados durante el desempeño de la asistencia en el centro de detención y primera asistencia en el órgano judicial o fiscalía correspondiente, incluyendo el riesgo "initínere", es decir, queda cubierto también el riesgo de accidente desde que el asegurado se encamina a la prestación del servicio y también su regreso. A los efectos de este Seguro, se entende por accidente la lesión corporal que derive de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca incapacidad temporal o invalidez permanente o muerte.

El 1 de enero de 2009, se ha firmado un nuevo convenio que lo único que aumenta es la cobertura por muerte que pasa de 8.000.000 millones de las antiguas pesetas a 100.000 euros, el resto de prestaciones se mantiene así incapacidad permanente se queda en 100.000 euros, y la incapacidad temporal en 15 euros, con el límite de 90 días.

Fuente: Foro de Abogados indepedientes de Granada.

Esta noticia en principio no sería relevante sino es porque en muchos Colegios de Abogados de España los Letrados que desempeñan el Turno de Oficio no están cubiertos por esta contingencia. Es más son los propios Colegios de Abogados y en definitiva el Colegiado el que con sus cuotas abona este servicio. Tendría que ser la Administración Pública la que cubriera dicha contingencia.

HUESCA. Los procuradores también existen y tienen los mismos problemas que los Letrados.

Huesca - La Hoya

Quejas de procuradores de los tribunales de la zona oriental de la provincia contra su Colegio profesional en Huesca.

- Se refieren al no percibo de sus remuneraciones en el turno de oficio

FD \ Son numerosas las quejas que vienen escuchándose entre los procuradores de los juzgados de Barbastro y Monzón en relación a las retribuciones “que no perciben” por su intervención en los turno de oficio en los que son designados, es decir en aquellos casos que deben obligatoriamente representar a un ciudadano ante los tribunales, bien porque no ha designado abogado o procurador que los defienda o porque carece de recursos para hacerlo. Una de las procuradoras ha manifestado a este diario: “hasta hace dos años veníamos cobrando esos turnos, pero un buen día dejamos de hacerlo; quizá haya algún acuerdo colegial al respecto, pero aquí en la zona nadie sabe nada”. Lo único seguro, según declara otra procuradora, “es que el Ministerio de Justicia ha venido y viene abonando al colegio la retribución de estos turnos, pero a nosotros no llega el dinero”.

A juicio de los procuradores de estos partidos judiciales, lo denunciado se enmascara en la habirtual actitud oscurantista de su propio colegio, con sede en Huesca capital, ya que anteriormente cuando venían cobrando los turnos de oficio, lo que recibían en realidad era una cantidad netas global, pero que ningún caso discriminaba el monto o número de cada una de sus intervenciones profesionales, ni tampoco las identificada.

Recientemente, al traspasarse las competencias del pago de estos turnos a la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón, estas remuneraciones derivadas de los turnos de oficio se verán incrementadas en un 15% para esta anualidad, y en un 5% más para 2010 y una actualización del IPC, gracias a un acuerdo conseguido entre los colegios de abogados y procuradores y la citada consejería, según publica el Heraldo de Aragón de fecha 5 de mayo. La pregunta que se hacen en este caso los procuradores denunciantes, “ es si estos incrementos serán nuevamente “absorbidas” por su colegio profesional como ocurre con sus remuneraciones actuales, o si todo ello conllevará, de una vez por todas, que vuelva a percibir sus retribuciones en el turno de oficio, discriminándoles además esta vez sus aranceles caso por caso”.

Varios procuradores de los partidos señalados, estudian por otra parte el pedir al colegio las oportunas explicaciones por todos estos hechos, o interesar la convocatoria de una asamblea ante el colegio para aclarar las cosas. “ No puede ser que sigamos trabajando gratis y además soportando gastos, sin que se nos de una explicación”, reafirmó una de las procuradoras entrevistadas.

Fuente:www.franjadigital.com

ABOGACÍA. Cuidado Peligro de muerte.

• Abogados británicos denuncian impunidad en asesinatos de colegas colombianos
• EFE/Londres

Más de 400 abogados han sido asesinados en Colombia desde 1991, en unos crímenes que han quedado impunes, según denuncia la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales en un informe elaborado tras visitar el país sudamericano en 2008.

El informe, difundido hoy y realizado por la "Caravana Internacional de Juristas", documenta amenazas, asaltos, asesinatos y desapariciones de defensores de los derechos humanos y la omisión de las autoridades colombianas de investigar estos crímenes.

En agosto del año pasado, 42 abogados del Reino Unido y una treintena de juristas de otros países, participaron en una investigación en Colombia sobre la situación de los abogados en ese país, especialmente de los que trabajan en el área de derechos humanos.

Según explicó hoy la Sociedad de Abogados británica en un comunicado, el objetivo fue hacer las funciones de "escudo humano" a los abogados en riesgo, protestar contra las autoridades e investigar qué se puede hacer para apoyar y proteger a los abogados de derechos humanos en el futuro.

La delegación se reunió con abogados de derechos humanos y grupos de víctimas así como con jueces, policías y fiscales, empleados de la embajada del Reino Unido, y funcionarios públicos.

Sara Chandler, de la Sociedad de Abogados, destaca en el comunicado que "el coraje de los abogados colombianos ha dejado una profunda impresión en todos nosotros".

"Escuchamos terribles y detallados recuentos de testigos oculares del acoso y ataques sufridos. Durante nuestra visita, un abogado fue asesinado en una de las regiones que estábamos investigando", dice.

Chandler denuncia que "los abogados que conocimos durante nuestra visita continúan sufriendo acoso y recibiendo amenazas de muerte" y que las oficinas de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo Umaña Mendoza (ACADEUM), donde se reunieron con sus colegas, ha sufrido robos y asaltos desde entonces.

Además, afirma, "dos abogados han tenido que exiliarse después de recibir amenazas de muerte en febrero y marzo de este año".

En el informe se señala que los sindicalistas "también han sido objeto de esta campaña de terror".

"Desde 1986, 2.700 sindicalistas han sido asesinados. Profesores, trabajadores de salud y empleados y trabajadores de la industria del aceite de palma son los que están en más alto riesgo", se indica.

Fuente:www.adn.es

ENTREVISTA. Presidente del Consello da Avogacía Galega.

Presidente del Consello da Avogacía Galega «El colapso judicial únicamente se alivia con más dinero»

entrevista | jesús varela fraga | Presidente del Consello da Avogacía Galega

Alberto Mahía. 5/5/2009

El decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Jesús Varela Fraga (Melide, 23 de diciembre de 1936), tiene la intención de estrenar su cargo como presidente del Consello da Avogacía Galega con una reunión con los actuales responsables de Xustiza, en la que les transmitirá lo mismo que han hecho sus antecesores desde tiempos inmemoriales: «El colapso judicial únicamente se alivia con más dinero». Sobre todo, para el turno de oficio, cuya situación queda descrita con el hecho de que los letrados gallegos aún están a la espera de cobrar las asistencias de los últimos ocho meses.

-¿Cómo describiría la situación de la Justicia?

-Como la describiría un colega de hace 50 o 25 años. Hay que recordar que la Justicia estuvo marginada desde siempre. Mientras las autoridades no dediquen más recursos económicos, la solución al colapso es imposible. Son necesarios más jueces, más juzgados, más medios, más funcionarios y unos abogados de oficio mejor pagados. No hay duda alguna de que el colapso judicial solo se alivia con más dinero. Me consta que las autoridades están sensibilizadas y harán un gran esfuerzo.

-¿Cuánto de grande ha de ser el esfuerzo que piden?

-Tal y como está la situación, el esfuerzo ha de ser enorme. Debemos tener en cuenta que en España existen 10 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media de la Unión Europea es de 20 y en Alemania es de 28. Con esa cifra y el elevado número de pleitos que existen, se concluye que un magistrado ha de dictar entre 8 y 10 sentencias al día, lo que es humanamente imposible.

-¿Por qué entonces el Consejo General de la Abogacía Española se desmarcó y no respaldó la reciente huelga de los jueces?

-En efecto. Reunidos, acordamos desmarcarnos. No obstante, a nivel personal, he de decirle que yo sí estoy absolutamente de acuerdo con sus demandas.

-En esta época de profunda crisis económica, ¿cómo les va a los abogados?

-Es una respuesta que solo se puede dar a nivel individual. No obstante, le diré que somos muchísimos. En Galicia existen alrededor de 5.700 letrados. También es cierto que hay trabajo para todos. Recuerdo que mis inicios eran bien distintos, no ya porque éramos pocos, sino porque también se producían muchas menos demandas o denuncias. Había dos juzgados de lo civil que recibían 120 pleitos al año. Hoy en día hay 12 salas que recibe cada una 1.200. Es impresionante el aumento de pleitos que ha habido en los últimos años, en un país con 350.000 disposiciones legales vigentes, una exageración. Lo peor del caso es que muchas de ellas son contradictorias. Lo que hay que solucionar es el turno de oficio.

-¿Tan mal pagados están los abogados gallegos en el turno de oficio?

-El legislador nos dice a quién debemos defender y nos dice el dinero que vamos a cobrar por ello, que en Galicia ronda los 200 o 300 euros, cuando un letrado del País Vasco cobra 600 euros. Además, los abogados gallegos todavía están a la espera de cobrar las asistencias correspondientes al último cuatrimestre del ejercicio pasado.

Fuente:www.lavozdegalicia.es

ARAGÓN. Nuevo convenio de asistencia jurídica gratuíta en Aragón.

ZARAGOZA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón ha firmado hoy un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores de Aragón para la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio en el periodo 2009-2011.

Entre los puntos más destacados del acuerdo figura aumentar un 15 por ciento la compensación económica por servicio que reciben estos profesionales. La subida tendrá efecto retroactivo con fecha 1 de enero de 2009, mientras que en 2010 se aplicará un aumento del cinco por ciento y una actualización del Índice de Precio al Consumo (IPC) y para 2011 se actualizará el IPC.

La compensación económica que reciben abogados y procuradores que participan en la asistencia jurídica gratuita no se actualizaba desde diciembre de 2005. El Gobierno de Aragón, que asumió las competencias en Justicia el 1 de enero de 2008, ha trabajado desde entonces para mejorar las condiciones de estos profesionales. El convenio recoge, además, el compromiso de los abogados y procuradores aragoneses para trabajar junto a la administración con el objetivo de mejorar el servicio al ciudadano.

El texto ha sido rubricado por el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, el presidente del Consejo del Colegio de Abogados de Aragón, José Ignacio Gutiérrez Arrudi y el presidente del Consejo del Colegio de Procuradores de los Tribunales, Luis Ignacio Ortega Alcubierre.

Silva ha destacado la colaboración entre los Colegios y el Gobierno de Aragón para firmar un convenio que permite actualizar una compensación "que llevaba desde 2005 sin ser revisada". La "proximidad" lograda con la asunción de competencias de Justicia por parte del Departamento ha sido clave para que este convenio haya salido adelante con el consenso de todas las partes.

Por último, el consejero ha comentado que la asistencia jurídica gratuita es uno de los servicios públicos "mejor valorados por los ciudadanos".

Además de las cuestiones económicas, el convenio recoge el compromiso de los Consejos de los Colegios de Abogados y Procuradores de Zaragoza, Huesca y Teruel para colaborar en la organización y funcionamiento de los medios al servicio de los distintos juzgados, secciones y salas de la Administración de Justicia en Aragón.

Para ello, los Consejos de los Colegios firmantes presentarán las iniciativas, medidas de corrección que consideren oportunas y, en su caso, las quejas y sugerencias que respecto de la atención a los profesionales y a los ciudadanos puedan formularse en el ámbito competencial de esta comunidad autónoma.

Asimismo, el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior se compromete a adoptar todas las medidas materiales que puedan facilitar el desarrollo de la actividad de abogados y procuradores, en especial, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y aplicativos informáticos de titularidad ministerial o de la propia Comunidad Autónoma, así como la optimización y compatibilización de las herramientas informáticas que estos Colegios puedan tener desarrolladas.

Para el seguimiento de este convenio ambas partes podrán crear una Comisión Mixta integrada por cuatro representantes de la comunidad autónoma designados por el Consejero competente en materia de Administración de Justicia, de una parte, y dos representantes de cada uno de los Consejos de Abogados y Procuradores firmantes.

Fuente:www.europapress.es

SISTEMAS JUDICIALES. Japón

Japón. Una Justicia con bastante poco trabajo.

Publicado el 31-10-2008 , por Diego Torres. Madrid

El país del sol naciente tiene una de las ratio más baja de casos por habitante entre las naciones desarrolladas. Unos pocos miles de abogados bastan para 130 millones de personas.

“Una reputación de mil años quizá dependa de la conducta de una hora”. Los proverbios japoneses, al igual que los de cualquier otro sitio, dicen mucho de la cultura donde han germinado. El de arriba da cuenta de la importancia que el país del sol naciente concede a la reputación personal. Y fundamentalmente al honor. En Japón, si alguien comete un fraude, un robo o un engaño, queda automáticamente excluido en todos los ámbitos: laboral, familiar, afectivo... Y tal vez por eso no hacen falta muchos jueces.

La segunda potencia económica del planeta tiene un número de casos civiles y penales por habitantes extraordinariamente bajo –ver gráfico–. Las cifras son inferiores al resto de países –Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos– estudiados en esta serie de reportajes de EXPANSIÓN (ver abajo) sobre la Justicia en el mundo. En ambos ámbitos, civil y penal, los datos son sorprendentes, pero es en la jurisdicción penal donde la diferencia con España, por ejemplo, es mayor.

Otros de los aspectos más sorprendentes del sistema legal japonés, ligado con el primero, es el escaso número de profesionales: jueces, abogados y fiscales. Matthias Grupp, letrado de Cuatrecasas que pasó largas temporadas en el país nipón, cifra en unos 25.000 el número actual de abogados que ejercen en Japón. “¡Para 130 millones de personas!”, destaca. En España, con un tercio de la población, hay alrededor de 130.000 colegiados.

En cuanto a los jueces, rondan los 3.400, después de un programa de incremento de personal llevado a cabo en la última década. El número de fiscales es aún ligeramente inferior. En fin, pocos casos, pero pocos profesionales. ¿Cómo repercute esto en el rendimiento de los tribunales?

Haig Oghigian, socio de procesal del bufete Baker & Mckenzie en Tokio, lo explica al citar otro de los puntos clave del sistema judicial japonés: “La lentitud de los tribunales”. Su opinión es compartida por la mayor parte de los expertos consultados. Oghigian calcula que para obtener una resolución en la primera instancia civil hacen falta “alrededor de tres años”. En España, la espera está en torno al año y medio –ver reportajes anteriores de la serie–. Nobutoshi Yamanouchi, socio director de Jones Day en la capital nipona, destaca que están dilaciones están entre las preocupaciones de la Corte Suprema, que está intentando implementar mejoras para “acelerar los procedimientos civiles”.

La escasez de juristas está directamente relacionada con el elitista proceso de selección y formación que deben cumplir con éxito jueces, fiscales y abogados. Tras superar cuatro años de estudios y obtener la licenciatura en derecho, los aspirantes a juristas deben enfrentarse a un examen nacional. Se presentan alrededor de 35.000 personas cada año. Sólo los 1.000 mejores superan la prueba. Oghigian afirma que “los estudiantes necesitan en torno a cuatro o cinco años de preparación para pasar el examen”.

Pero aún después de esto el camino no ha llegado a su fin para los que aprueben: deben pasar dos años más de formación en un instituto de práctica jurídica nacional dirigido por la Corte Suprema, con un nuevo examen final incluido. Sólo tras este último paso, los juristas son destinados a juzgados como fiscales (10%) o jueces (15%) en prácticas, mientras que la mayoría comienza a ejercer en bufetes como abogados.

Un mercado legal atomizado y controlado bufetes locales
La típica estructura legal anglosajona, con grandes firmas de abogados, está aún lejos de la japonesa. Pero ya deja sentir su influencia en el tradicionalmente atomizado mercado nipón. Hasta hace pocos años, sólo unos pocos bufetes superaban la decena de abogados. Hoy en día, el mercado “está dominado por un puñado de grandes firmas locales, pero los despachos internacionales tienen una presencia significativa”, afirma Peter Kilner, socio director de Clifford Chance en Tokio. Según Kilner, la situación está evolucionando mediante procesos de concentración entre los bufetes nipones. Recientemente, algunas firmas internacionales han cerrado sus oficinas en el país, como Simmons and Simmons, mientras que otras están abriendo ahora.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Italia

Italia. Un sistema lento y lastrado por los anacronismos.

Publicado el 16-07-2008 , por Diego Torres

El país transalpino ha sido condenado en más de 1.000 ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a la excesiva duración de los procedimientos.

Fueron dos bombazos. Dos chasquidos metálicos cuya onda expansiva alcanzó a conmover a toda la gente que lucha por la Justicia en el mundo. El 23 de mayo de 1992, Giovanni Falcone, el más célebre de los jueces antimafia, fue asesinado junto a su mujer y tres escoltas al estallar una tonelada de explosivos oculta debajo de la carretera por donde viajaba en su tierra natal: Sicilia. Dos meses más tarde, la Cosa Nostra volvía a dejar claro quién manda en el sur de Italia con el homicidio del también juez antimafia Paolo Borsellino.

Han pasado 16 años desde esos hechos, pero la sombra del crimen organizado todavía marca la fisionomía de la Justicia transalpina. “En el sur, sobre todo en el ámbito penal, todo el mundo sabe quién manda”, admite un abogado con años de experiencia en el país.

Los expertos coinciden en la gran distancia ?en celeridad e independencia? que separa el sistema judicial del norte y el sur de Italia. “Cuanto más vamos al sur, mucho peor”, afirma Claudio Doria, socio responsable del Italian Desk de Garrigues.

Pero más allá de las diferencias norte-sur, la Justicia italiana tiene un problema de excepcional gravedad: la lentitud del sistema. Italia ha sido condenada más de 1.000 veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por infracción del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a ofrecer a sus ciudadanos un proceso judicial “en tiempo razonable”.

De hecho, el Tribunal tuvo que crear un nuevo procedimiento estandarizado a partir de 1999 sólo para enjuiciar al Estado italiano debido a la avalancha de demandas que llegaban desde la Península por la misma razón.

“La lentitud en Italia es un problema más grave que en España”, afirma Miguel Checa, consejero académico de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero. “En materia civil, se puede hablar fácilmente de tres años en primera instancia, cuatro en apelación y otros tres en casación”, asegura. El resto de expertos coinciden de forma aproximada en estos tiempos, que doblan o triplican la duración de los procesos en España.

¿Cuál es la causa de esta lentitud en uno de los países más industrializados del mundo y que se sienta en el G-8 frente a EEUU, Japón y Alemania? La ley procesal, a ojos de los abogados, es demasiado formalista. Francisco Málaga, socio de Cuatrecasas, explica que, por ejemplo, “un defecto en un poder, puede provocar el sobreseimiento de un juicio. Y vuelta a empezar. El mismo error en España tiene un plazo de subsanación de 10 días”.

Casos parecidos eran comunes en la España de la década de los 70, pero, desde entonces, mucho ha cambiado, sobre todo desde la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que ha resultado un éxito, según la mayor parte de juristas. Sin embargo, Italia, que cuenta con una doctrina judicial más brillante ?el Derecho Procesal es obra, sobre todo, de italianos y alemanes? parece aferrada a anacronismos que lastran la eficacia actual de la Justicia.

A esto se suma la saturación, que podría ser equiparable a la española antes de la creación de los juzgados de lo Mercantil, en opinión de Málaga. Tienen tribunales especializados, como algunos de Propiedad Industrial en Roma o Milán que funcionan muy bien. Pero fuera de las grandes ciudades es diferente, según el letrado de Cuatrecasas. Además, ni rastro de nuevas tecnologías: “Menos aún que en España”, admiten todos los expertos consultados.

A pesar de todos estos defectos, la jurisprudencia goza de una sólida reputación en el resto de Europa. Los juristas reconocen que las sentencias, en especial las de la Corte de Casación, son de muy alta calidad. Ahí, y parece que sólo ahí, Italia aventaja a España en Justicia.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Alemania

Alemania. Una Justicia sin CGPJ, descentralizada ... y eficiente.

Publicado el 12-06-2008 , por Diego Torres

En un momento vital para la Justicia en España, EXPANSIÓN y Expansión.com inician hoy una serie de análisis comparativos entre los sistemas judiciales de los países vecinos.

Disciplina, eficiencia y organización. Quien conoce Alemania sabe que estas virtudes marcan profundamente el funcionamiento de las administraciones. Y la Justicia no es una excepción.

En Alemania, los casos que entran anualmente en el sistema judicial equivalen a los que se resuelven. Los procedimientos civiles en primera instancia duran entre cuatro y doce meses. En la jurisdicción penal, aún menos: entre cuatro y seis meses, según afirma Sebastián von Thunen, abogado del bufete teutón Hengeler Mueller, socio del español Uría Menéndez.

La duración de los procedimientos en España dista mucho de acercarse a la velocidad teutona, según las fuentes consultadas por este periódico. Nada que ver, por tanto, con las montañas de expedientes acumulados que padecen los juzgados y tribunales españoles. Pero, ¿cuál es el secreto de su sistema?

Alemania dedica el doble de recursos por persona a la Justicia ?ver cuadro adjunto?. Hay más jueces y fiscales por habitante, lo que, lógicamente implica una mayor capacidad de gestión de todos los asuntos.

Estas cifras parecen contradecir las declaraciones del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en su primera comparecencia en televisión tras las elecciones. El jefe del Ejecutivo defendió entonces que el problema de la Justicia en España no es de recursos económicos. Pero el dinero que los países punteros de Europa dedican a la Justicia es superior.

Otra de las dificultades a la hora de hacer más eficiente el sistema que Zapatero enunció en televisión fue la multiplicidad de administraciones y órganos competentes en materia de Justicia: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comunidades autónomas y el Estado.

Y ahí también España podría aprender de los teutones. Alemania es una república federal con un nivel muy alto de descentralización. Como explica Mathias Grupp, abogado alemán de Cuatrecasas, “cada estado federado es competente sobre los tribunales sitos en su territorio y el Estado sobre los tribunales de ámbito nacional”. La descentralización, por tanto, no excusa un funcionamiento deficiente de la Justicia.

Otra de las particularidades alemanas es que no existe ningún órgano similar al CGPJ español. Dependiendo del tribunal, los Länder o el Estado central asumen ese tipo de competencias. “No hay un órgano de gobierno autónomo judicial. El sistema es es administrado por el ministro de Justicia de cada Land o del Bund, dependiendo de la instancia”, explica Von Thunen.
El abogado señala, sin embargo, que desde 2007 las asociaciones profesionales de jueces vienen reclamando un órgano similar al CGPJ. “Pero no creo que esta petición tenga mucha perspectiva de éxito”, sentencia.

Otro punto fuerte del sistema alemán es la utilización de las nuevas tecnologías, después de las reformas que se han emprendido en los últimos años. “Hay un uso muy extenso de las nuevas tecnologías, lo que acaba acelerando los procedimientos, aunque hay diferentes sistemas dependiendo de cada Land”, dice Von Thunen.

A pesar de lo que pueda parecer, el sistema judicial en Alemania no está exento de críticas. Las fuentes consultadas reconocen que no ha habido en los últimos años un escándalo judicial tan dramático como el caso Mari Luz en España. Sin embargo, jueces y fiscales denuncian habitualmente que la carga de trabajo por persona está aumentado, puesto no se sustituye a los funcionarios que se jubilan.

También se quejan los profesionales de su remuneración, que no parece ajustarse a una carrera muy larga y sacrificada ?ver información adjunta?. Von Thunen destaca también el carácter litigioso de los alemanes, que acuden a juicio por cuestiones como la altura de una valla en una finca, lo que lleva a una sobrecarga judicial.

El mismo sistema de acceso a la abogacía y la judicatura
Después de terminar la carrera de Derecho, a cualquier estudiante en Alemania aún le queda mucho camino por recorrer para llegar a ser juez, fiscal o abogado. En primer lugar, debe pasar un Staatsexam, una especie de examen de oposición, en el que se ponen a prueba los conocimientos adquiridos durante la licenciatura.

El procedimiento es común para las tres disciplinas. Tras el Staatsexam, hay un periodo de prácticas en el que el becario pasa por muy diversas situaciones: “Se está un tiempo a las órdenes de un fiscal, luego de un juez, tal vez otro periodo en un bufete de abogados...”, explica Mathias Grupp, abogado alemán de Cuatrecasas. Al final de toda esta experiencia, que dura alrededor de los dos años, más el tiempo que se ha necesitado para preparar el primer examen, viene el segundo Staatsexam.

Ésa es la prueba definitiva, tras la cual el jurista puede solicitar su ingreso como fiscal o juez en un juzgado, o intentar ganarse la vida como abogado. Las intenciones del ministro de Justicia en España, Mariano Fernández Bermejo, para la reforma del acceso a la judicatura parecen copiar en cierta forma el sistema alemán.

En la entrevista publicada en EXPANSIÓN el 6 de junio, Bermejo apostaba por una especie de MIR con un examen final muy similar al alemán. La reciente reforma del acceso a la abogacía, aún pendiente de concretar mediante reglamento, se dirige también hacia un sistema de prácticas y formación adicional después de la licenciatura.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Reino Unido

Reino Unido.Una Justicia que desincentiva los litigios

Publicado el 26-06-2008 , por Diego Torres.

Los británicos presumen de uno de los sistemas judiciales más prestigiosos del mundo. La clave reside en una baja cantidad de juicios y una judicatura especialmente preparada.

El Lincoln’s Inn es una de las cuatro asociaciones o colegios donde los barristers ?abogados que pleitean ante la corte? deben estar inscritos para ejercer el Derecho en Inglaterra y Gales y cuya sede está en un magnífico edificio en el centro de Londres. “El conjunto es del siglo XII, pero hay una sala que fue construida después, en el siglo XV.

A ésa la llamamos New Hall (la habitación nueva)”. Esta anécdota de Andrew Ward, responsable de Competencia en Cuatrecasas en Madrid y barrister del Lincoln’s Inn durante años, ilustra muy bien la mentalidad y el peso de la tradición que marcan el sistema de Justicia en Reino Unido.

Este país carece de Constitución escrita. Su modelo legal está basado en los precedentes que dictan los jueces. Muchas de las instituciones que aún hoy perviven en Reino Unido datan del siglo XII, como la distinción entre barristers y solicitors ?abogados que no pleitean, al menos hasta hace poco, ante los tribunales?. Y, sin embargo, su sistema parece gozar de plena salud, sobre todo en la jurisdicción comercial, cuyo funcionamiento es calificado como “ágil y rápido” por los expertos consultados por EXPANSIÓN .

“En un tema de deudas muy claro, los tribunales comerciales británicos pueden resolver incluso en 14 días”, afirma Stuart Percival, socio de Clifford Chance responsable del Departamento de Derecho Inglés en Madrid. La dilación de un proceso similar ante los tribunales mercantiles españoles estaría en torno a los seis meses ?ver EXPANSIÓN de 19 de junio?.

¿Cómo consiguen las Islas esta celeridad con instituciones centenarias? La clave está en los pocos asuntos que llevan los tribunales y en la especialización y profundo conocimiento del Derecho de los jueces. Como revelaba esta misma semana un estudio publicado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Reino Unido es el país con menos casos judiciales entre los grandes de Europa ?ver gráfico?, mientras que España es el que más procedimientos tiene.

La propia Justicia incentiva que las partes lleguen a un acuerdo para evitar los juicios. “En la vía civil, el demandado puede ofrecer una cantidad al demandante que luego se consigna ante el juez, por ejemplo, 10.000 euros. Al final, si decide seguir y la indemnización es menor que esos 10.000 euros, aunque gane el juicio, las costas las paga el demandante”, explica Ward. Esta institución es el Payment In.

Otra causa de la tendencia de los británicos a resolver sus problemas lejos de los tribunales es el precio de los abogados. “La Justicia es eficiente pero muy cara”, ratifica Ward.

Mucho tiene que ver también la eficiencia británica, que, según Percival, lleva a que muchas empresas se sometan voluntariamente a su jurisdicción, con el decisivo papel que juegan los jueces en el sistema.

Más 28.000 jueces de paz, que son ciudadanos comunes sin conocimiento del Derecho, dictan sentencia en primera instancia civil y penal en temas de pequeña cuantía (o delitos no muy graves), tal y como aclara Miguel Checa, consejero académico de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero.

En cambio, los jueces profesionales, que son pocos en relación con España ?ver gráfico?, acceden a su puesto después de décadas de trabajo en los juzgados como barristers. “Es como el final del cursus honorem del abogado. La edad media para el acceso a la judicatura está en los 48 años”, afirma Checa. Para su elección, se convoca un concurso de méritos, no una oposición, que está a cargo de un órgano independiente: Independent Judicial Appointments Commission.

Ward aporta un ejemplo de la importancia de esta diferencia: “No creo que Emilio Cuatrecasas se sienta impresionado por un joven juez de 30 años en España. Sin embargo, el director de la oficina en Londres de Clifford Chance tratará seguro con muchísimo respeto a cualquier juez británico”. Reino Unido funciona de forma eficiente sin oposiciones a la judicatura, destaca Checa. “Eso implica que el sistema de oposiciones no es de Derecho Natural”, concluye.

El acceso a las ‘dos abogacías’ diferentes del país
Barristers y solicitors. Ésas son las dos modalidades durante siglos antagónicas de ejercicio del Derecho en Reino Unido. Hoy día, las diferencias se han hecho más pequeñas ?un solicitor puede pleitear ante los tribunales, aunque no es común que lo haga?, pero la tradición sigue otorgando a cada uno un papel diverso.

Los solicitors son expertos en leyes que asesoran a sus clientes ?los que trabajan en los grandes bufetes?, mientras que los barristers son los encargados de pleitear. Conocen la corte y son expertos en procesal. Un barrister no puede ser contratado ni pagado por ningún cliente: es el solicitor el que encarga al barrister la defensa procesal de su cliente ante los magistrados.

Lo esencial de esta distinción, con matices por las sucesivas reformas, permanece hasta hoy. El acceso es también diferente. “Los solicitors deben tener una licenciatura; si ésta no es en Derecho, al menos un año de especialización legal. Luego hay que pasar un año en una Law School, que suele ser muy cara, aunque muchos bufetes pagan las tasas a los alumnos a cambio de que después trabajen para ellos. Finalmente, se debe estar dos años de prácticas en un despacho”, explica Andrew Ward.

El camino de los barrister es igual al principio, pero en lugar de ir a una Law School, van a una Bar School. Y deben estar también un año de prácticas en una Barrister’s Chamber. El problema para los barristers es que no tienen bufetes que les bequen los estudios en la Bar School, afirma Ward.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Francia.

Francia, una Justicia impartida por los propios empresarios.

La serie de análisis comparativos entre la Justicia española y la del resto de Europa continúa hoy con el sistema francés. El país galo parte de un modelo más centralizado y especializado. Pero comparte objetivos con España.

Complejidad. Ésa es la palabra que mejor define un sistema judicial que hunde aún sus raíces en la Revolución de 1789. Empresarios que juzgan a empresarios en temas mercantiles. Trabajadores que dictan sentencias de lo social. La Justicia en Francia es un intrincado laberinto difícilmente comprensible desde el exterior y que, sin embargo, comparte preocupaciones y problemas con el sistema español.

Lo más sorprendente es, tal vez, la importancia de los jueces no profesionales, es decir, que no provienen de la carrera judicial. Hay 185 Tribunaux de Commerce, según los últimos datos del Gobierno galo, que imparten justicia en temas mercantiles mediante magistrados elegidos entre los propios empresarios. Y parece que funcionan bien.

Así opina Nuria Bové, socia directora de la oficina de Cuatrecasas en París, que reconoce que estos juzgados son, por lo general, “más rápidos que la jurisdicción civil en España”. Según la letrada, esto se debe a una fuerte especialización, ?“por ejemplo, en un tema sobre seguros es muy probable que el magistrado ponente sea un empresario del ramo, que conozca bien la materia”?, y a ciertas herramientas procesales para obtener una resolución provisional ejecutoria “en tres o cuatro meses”.

Estos plazos son menores que los de juzgados de lo Mercantil en España que, para los procedimientos más cortos, emplean entre “cuatro y seis meses”, según Íñigo Villoria, socio de Clifford Chance. Pese a esto, Villoria defiende que estos juzgados españoles funcionan más rápido que los civiles y valora positivamente su creación.

La jurisdicción comercial en Francia abarca, además, un abanico competencial muy amplio: “Todo lo que llevarían los juzgados de lo mercantil en España y algunos otros temas de primera instancia”, según Bové.

Otro ámbito donde actúan los jueces no profesionales es el social, con los Conseil de Prudd’hommes, órganos formados por representantes de los trabajadores y de los empresarios, que deciden en temas laborales. A ojos de Bové, sin embargo, la jurisdicción social funciona más rápido en España.

Francia y España parten de un sistema de organización territorial completamente opuesto: centralismo frente al Estado de las autonomías. Pero ambos países afrontan problemas similares. Para ser uno de los Estados más desarrollados del mundo, Francia invierte poco en Justicia en relación con los países de su entorno.

Además, una serie de desgraciados sucesos en los dos últimos años ?violadores o pederastas liberados que reincidieron en sus crímenes? crearon un ambiente parecido al que se vio en España tras el caso Mari Luz: puesta en tela de juicio de la organización judicial, sed de Justicia y un Ejecutivo que se decide por fin a emprender las necesarias reformas.

Tras su elección como presidente de la República, en mayo de 2007, Nicolas Sarkozy ?de la mano de la ministra de Justicia, Rachida Dati? ha puesto en marcha un plan de renovación tecnológica que tratará de facilitar el acceso vía internet a los expedientes judiciales. Además, está en plena reforma la Carte Judiciaire, el equivalente a la Ley de Planta y Demarcación española, que es la que decide en qué lugar se establecen qué tribunales.

Estos dos objetivos ?nuevas tecnologías y racionalización de recursos mediante la reforma de la Ley de Planta? son precisamente los mismos que plantea el ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo ?ver EXPANSIÓN del 6 de junio?. Sin embargo, las reformas en España están pendientes de un gran pacto entre el PP y el PSOE, mientras que en Francia ya han comenzado.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Estados Unidos

EEUU Un sistema caro y extremadamente litigioso.

La complejidad de la Justicia norteamericana la hace demasiado costosa para muchos ciudadanos en la vía civil, al tiempo que la celeridad es similar a la española.

“Díganle a mi familia y a mis amigos que los quiero. Díganle al gobernador que acaba de perder mi voto. Y aceleren todo esto: me muero por salir de aquí”. Tal y como demandaba en sus últimas palabras, Christopher Scott Emmett no tuvo que esperar mucho más para salir de ahí: sólo los minutos que tardó en hacer efecto la dosis letal que le inyectaron en una cárcel de Virginia. Convicto del asesinato de un compañero de trabajo, Emmett es hasta hoy el último de la larga lista de ejecutados por el sistema de Justicia en Estados Unidos.

La pena capital, que se sigue aplicando en más de una treintena de los 50 estados del país, representa la cruz de un sistema judicial enormemente complejo ?hay tantas jurisdicciones como estados, con sus diversos modos de elección de jueces, fiscales y sus propias leyes en todos los ámbitos?, pero que destaca por dos características fundamentales: el alto precio de los procedimientos y la extrema litigiosidad.

Según todos los expertos, la celeridad de la vía civil es similar a la española. Pero, para las empresas, “es inmensamente más costoso litigar en EEUU que en España”, asevera Camilo Cardozo, asociado senior de DLA Piper en Nueva York. Y la clave está en el procedimiento probatorio civil, conocido como discovery. “Cuando presentas una demanda, el demandado está obligado a entregar al demandante todos lo documentos que guarden relación con el sujeto del litigio”, afirma. Esto puede incluir emails internos de la compañía y un sinfín de papeles que cuesta caro obtener. Además, “el demandante tiene derecho a interrogar al demandado o a testigos. Y estas declaraciones tienen valor probatorio durante el juicio”, asegura el letrado, con ocho años de experiencia en litigios en la capital financiera del mundo.

A la complejidad del procedimiento se une el hecho de que gran parte de su peso recae sobre los abogados. “El salario de los letrados por hora facturada es similar o un 20% mayor que en España”, explica Albert Garrofé, socio director de la oficina en Nueva York de Cuatrecasas. Sin embargo, “facturan muchas más horas”, porque son “los abogados los que dirigen el proceso”, subraya.

No es de extrañar, pues, que un porcentaje muy bajo de las demandas acaben en juicio. “Alrededor del 90% de los procesos se solucionan antes de la sentencia, mediante acuerdo.”, indica Garrofé. Como en EEUU no hay condena en costas y, por lo tanto, hay que asumir unos costes legales elevados en cualquier caso, es preferible llegar a “un mal acuerdo que tener un buen juicio”, ratifica el abogado de Cuatrecasas. Antonio Herrera, el socio director de la oficina en Nueva York de otro de los grandes bufetes españoles, Uría Menéndez, se muestra de acuerdo: “Las empresas toman decisiones económicas. Por lo general, llegan a un acuerdo sin asumir ningún tipo de responsabilidad”.

La carestía del acceso a la Justicia es precisamente uno de los aspectos más criticados del sistema estadounidense. En la vía penal, todo acusado goza del derecho a un defensor de oficio, pero no ocurre lo mismo en la vía civil. Sin embargo, hay numerosos letrados que asumen los costes iniciales del procedimiento a cambio de una remuneración elevadísima (de hasta el 30% o más del total) en caso de victoria judicial. Se trata de los abundantes casos por responsabilidad extracontractual ?ver gráfico?, cuyas indemnizaciones pueden ser astronómicas, puesto que el juez puede imponerlas no sólo para resarcir el daño, sino con afán ejemplificador, lo que se conoce como punitive damages.

Pero las principales críticas al sistema norteamericano van dirigidas contra la jurisdicción penal, según Luis García del Río, del bufete homónimo. “Se ve con cierta preocupación la seguridad jurídica en el ámbito penal ya que el número de condenas conseguidas puede actuar como factor de prestigio en la carrera política de los fiscales, como en el caso del ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer”, afirma.

La elección de los jueces: del voto popular al mérito
Desde 1829, el sistema básico de elección de los jueces estatales es el del voto popular: los candidatos ?apoyados por diferentes partidos políticos? compiten en las urnas por la plaza. A partir del siglo XX, se intentó la elección sin que los jueces se identificaran con ningún partido, pero en la práctica resultó difícil.

En 1940, Missouri adoptó un sistema diferente, que fue adoptado por otros estados: el gobernador nombraba al juez a partir de una serie de candidatos presentados por un panel de expertos. Estos sistemas sobreviven hoy, junto al nombramiento directo por el gobernador o el legislativo, que se da en unos pocos estados.

Fuente:www.expansión.com

ARAGON. Aumenta la retribución de Abogados y Procuradores.

La retribución de los abogados y procuradores de oficio aumentará un 15% este año

En Aragón trabajan cerca de 1.000 abogados y procuradores de oficio. Por ello, el Ejecutivo autonómico y el Colegio de abogados y procuradores han firmado un convenio en el que aumentará un 15% la compensación económica por su trabajo, ya que no se revisaba desde 2005. Esta mejora laboral tiene un coste de 4 millones de euros.

4/5/2009. Zaragoza.- Cerca de 1.000 abogados y procuradores que prestan asistencia jurídica gratuita por el turno de oficio verán incrementados en un 15% sus compensaciones económicas este año. Para 2010 se aplicará una subida de un 5% y una actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC), y para 2011 continuará la actualización del IPC.

Todas estas “mejoras laborales” se encuentran en el acuerdo firmado este lunes por el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior de la Diputación General de Aragón, Rogelio Silva, y los presidentes del consejo del Colegio de Abogados y Procuradores de Aragón, José Ignacio Gutiérrez Arrudi y Luis Ignacio Ortega.

El consejero Silva ha señalado que este acuerdo “es muy importante”, ya que la justicia gratuita se venía trabajando con unos módulos de compensación desde 2005 sin ningún tipo de revisión. Por ello, Silva se ha felicitado que “gracias a la proximidad -en relación con la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de Aragón- se ha arreglado esta compensación económica”.

Rogelio Silva ha resaltado que con este acuerdo “se ayuda también a las personas sin recursos económicos que recurren a los abogados y procuradores de oficio porque no pueden remunerar servicios como éstos”. Además, ha puntualizado que dentro del ámbito de la Justicia es “el servicio mejor valorado”.

El presidente del Consejo del Colegio de Abogados ha destacado que un tercio de los abogados se dedica a estas prestaciones judiciales y que la mayoría de ellos tienen una experiencia de 15 y 17 años, por lo que “los 250 euros de retribución media es muy simbólico”.

Además de las cuestiones económicas, el convenio recoge el compromiso de los Consejos de los Colegios de Abogados y Procuradores de Zaragoza, Huesca y Teruel para colaborar en la organización y funcionamiento de los medios al servicio de los distintos juzgados, secciones y salas de la Administración de Justicia en Aragón. A estos efectos, los Consejos de los Colegios firmantes presentarán las iniciativas, medidas de corrección que consideren oportunas y, en su caso, las quejas y sugerencias que respecto de la atención a los profesionales y a los ciudadanos puedan formularse en el ámbito competencial de esta Comunidad Autónoma.

Asimismo, el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior se compromete a adoptar todas las medidas materiales que puedan facilitar el desarrollo de la actividad de Abogados y Procuradores, en especial, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y aplicativos informáticos de titularidad ministerial o de la propia Comunidad Autónoma, así como la optimización y compatibilización de las herramientas informáticas que estos Colegios puedan tener desarrolladas.

Para el seguimiento de este convenio ambas partes podrán crear una Comisión Mixta integrada por cuatro representantes de la Comunidad Autónoma designados por el consejero competente en materia de Administración de Justicia, de una parte, y dos representantes de cada uno de los Consejos de Abogados y Procuradores firmantes.

Fuente:www.aragondigital.es

ANDALUCÍA. Los Juzgados de Menores acumulan trabajo a pesar de la reducción de asuntos pendientes en 2008.

ABC. GRANADA

Publicado Sábado, 02-05-09 a las 14:16

El número de asuntos pendientes de resolución en los diecisiete Juzgados de Menores existentes en Andalucía, Ceuta y Melilla se redujo en un dos por ciento el año pasado respecto al ejercicio anterior, ya que la pendencia bajó en 130 casos.

Según los datos de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al inicio de 2008 los juzgados dedicados a menores acumulaban una pendencia de 5.452 casos penales, mientras que al cierre del año esa cifra fue de 5.322 asuntos.

En total, estos juzgados ingresaron el año pasado 8.451 asuntos penales nuevos, lo que supone un cinco por ciento más que el año anterior mientras que el número de casos resueltos ascendió a 8.577, unos trescientos menos que en 2007.

Se dictaron 5.128 sentencias penales (siete de cada diez de conformidad con el acusado) y 9.166 autos contra 6.811 menores que, según los datos del TSJA, tienen en su mayoría entre 16 y 17 años.

Las medidas impuestas en sentencia fueron mayoritariamente de libertad vigilada, con el 38 por ciento de los casos, mientras que la prestación de servicios en beneficio de la comunidad supuso un 22 por ciento del total y el internamiento en régimen semiabierto, el diez por ciento.

Además, el TSJA recuerda que la recomendación del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el módulo de entrada para estos juzgados en 650 asuntos por año y establece que están al límite cuando, sobre un registro de 650 asuntos, en al menos 450 hay escrito de alegaciones fiscales y en 350 piezas civiles se ha dado pieza formal al procedimiento.

Con estas recomendaciones, el alto tribunal andaluz advierte de que los juzgados de Almería, Córdoba y Cádiz superan la cantidad establecida por el CGPJ "de manera más notable" en un 52, un 33 y un 16 por ciento, respectivamente.

Por encima del 30 por ciento y superando el margen de 450 escritos de alegaciones fiscales y 350 piezas civiles figuran Almería y Córdoba, por lo que se considera necesaria la creación de dos nuevos Juzgados de Menores en estas dos provincias y adelanta que en Córdoba ya está prevista la creación del juzgado número 2 este año.

Por otra parte, se registraron 263 asuntos civiles independientes y quedaron pendientes de resolución un total de 12.658 piezas de responsabilidad civil, de las cuales el veinte por ciento están pendientes en la vía penal y el 66 por ciento, en la civil.

Fuente:abcdesevilla.es

OVIEDO. Se abre un punto de información catastral en la sede del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados abre un punto de información catastral en su sede.

El decano explica que facilita la labor de los letrados y «descongestiona» la oficina de la dirección general.

04.05.09 -P. ALVEAR| OVIEDO.

Evitar paseos, colas innecesarias y disponer de la información al momento. Éste es el objetivo del nuevo punto de información catastral que ha abierto el Ilustre Colegio de Abogados, en la calle Schultz. Su decano, Enrique Valdés Joglar, ha firmado un convenio con Ángel Manuel Álvarez Capón, director general del Catastro, para que cualquier letrado tenga al alcance la consulta y certificación telemática de la información incorporada a la base de datos nacional del catastro. El punto de información está gestionado por el propio colegio.

«Con este avance, los profesionales podrán disponer de los datos del catastro sin tener que desplazarse a las oficinas centrales. Es sobre todo importante para los colegiados que no residen en la capital y que, a lo mejor, vienen un día por semana al colegio, y aprovechan para sacar la información», explicó Valdés Joglar, quien añadió que la dirección general está interesada en afianzar relaciones con otras entidades para «descongestionar» el trabajo en sus dependencias.

En su quehacer diario, los profesionales del Derecho deben consultar a menudo el catastro, y sobre todo los letrados del turno de oficio. «Es la manera que tienen de acreditar la escasez de recursos de un justiciable, porque a través del catastro se comprueba si tienen terrenos o pisos a su nombre». Estos datos están protegidos, pero la vía está abierta para el colectivo.

De hecho, para la asistencia jurídica gratuita, el colegio recibirá telemáticamente, sin solicitar el consentimiento del titular catastral, la información requerida para la tramitación de la asistencia al turno de oficio.

Los letrados que integran el servicio (más de 700 en Oviedo), en ocasiones se eternizan en cuestiones burocráticas a la hora de afrontar la defensa de un cliente que solicita la justicia gratuita. Con el punto de información catastral, los profesionales sabrán al momento si el justiciable realmente no tiene medios económicos para pagar a un abogado.

Fuente:www.elcomerciodigital.com

TARRAGONA. La crisis económica ingrementa un 20% las demandas de un Abogado de Oficio.

La crisis hace aumentar un 20% las peticiones de abogado de oficio.

La crisis económica, junto con la promulgación de nuevas leyes que incrementa los casos en que es necesaria la participación de un abogado en el proceso, están provocando un aumento del 20% de las peticiones de justicia gratuita en los juzgados de Tarragona, El Vendrell y Valls

Àngel Juanpere - 02/05/2009 22:00

Actualmente, casi la mitad de los abogados en ejercicio pertenecientes al Col·legi d’Advocats de Tarragona –que da cobertura a los partidos judiciales de Tarragona, El Vendrell y Valls– está apuntado al turno de oficio en alguna de sus modalidades. Y no lo hacen por el dinero. El coordinador de la Comissió del Torn d’Ofici, Celestino Rivera, reconoce que lo que cobra el abogado del turno de oficio es poco, «está bastante alejado de la realidad». El objetivo para él es conseguir algún día que el baremo que marca la Generalitat sea similar a lo que cobra un letrado en su despacho particular.

Rivera asegura que un abogado del turno de oficio cobra la mitad que si lo hiciera por la vía privada. Por un caso de alcoholemia positiva, el letrado recibe 382,78 euros, mientras que un despacho suele cobrar unos mil. «Prestamos un servicio esencial, básico y constitucionalmente garantizado sin que esté retribuido en igual proporción que otros profesionales, como los médicos de la Seguridad Social», asegura el abogado Francesc Fuster.

De la misma opinión es su colega Lourdes Guivernau: «Se tiene que invertir mucho tiempo y trabajo que no se paga ni con los mínimos establecidos en el baremo que aplica el Departament de Justícia». Por ejemplo, los abogados del turno de oficio no cobran las ruedas de reconocimiento, entradas o registros de madrugada y otras diligencias penales. Por ello, Guivernau asegura que la justicia es la hermana pobre de la administración, «con menos recursos y más descuidada».

El responsable del turno de oficio comenta que la Generalitat hace un esfuerzo, pero como mínimo tiene que subir las tarifas igual que el IPC. Actualmente, reconoce Celestino Rivera, la Generalitat paga con bastante celeridad, algo que corroboran los abogados consultados. Algunos pero, creen que de seguir este ritmo, antes de final de año la Generalitat se quedará sin dinero.

Más volumen de trabajo

Durante el año pasado se recibieron un total de 12.284 peticiones para tener un abogado de oficio. En los tres meses de este año han sido 3.350, frente a los 2.788 del mismo periodo de 2008. Ello representa un incremento del 20,2 por ciento, según apunta Carme Queralt, la secretaria técnica del Torn d’Ofici.

Por lo que respecta al número de actuaciones –donde se recoge tanto a los detenidos como por ejemplo a las víctimas de violencia doméstica– el año pasado fueron 8.879, frente a las 7.656 de 2007 o las 7.600. En el primer trimestre de este año ya se han efectuado 2.251, mientras que en el mismo periodo de 2008 fueron 2004, un 12,3 por ciento menos.

Fuente:www.diaridetarragona.com

ENTREVISTA. Rubén González

Cualquier cambio en el ordenamiento jurídico debe hacerse con la cabeza fría y serenidad» «La justicia funciona sólo por inercia y por el tesón de los profesionales que trabajan para ella día a día»

POR: ROMÁN GARCÍA ÁNGEL GONZÁLEZ.

El abogado Rubén González Sierra se está abriendo paso, poco a poco, en el camino de la abogacía. No trabaja en una rama específica del Derecho intentando, de esa forma, dar un servicio completo al cliente particular que acude buscando su ayuda y a quien busca su consejo dentro del servicio de asistencia gratuita del turno de oficio.

-¿Qué es lo que mueve a un joven a empezar la carrera de derecho?

-La inquietud y las ganas de buscar alternativas a los temas que te encuentras en tu vida diaria. Cuando eres joven, surgen esas necesidades de no dar nada por supuesto y de buscar la justicia a través del derecho que te empujan hacia estos estudios. Siempre me ha seducido situarme ante un juez y jugar a ser culpable e inocente, colocarme en todas estas situaciones. La verdad no es una, pueden ser varias, las cosas no son blancas ni negras, hay una amplia gama de grises y en ese ámbito es en el que se mueve el abogado.

-El ministro de Justicia habla de dar más importancia a los fiscales en la investigación de los casos. ¿Se debe dar este paso?

-La intervención de cada una de las partes que conforman el juego jurídico está bien delimitada ya por las leyes procesales en vigor. Cada uno tiene que tener su campo de trabajo. Dar protagonismo a una de las partes en defecto de otras no es para nada apropiado. Las competencias del ministerio fiscal ya están suficientemente fijadas en las leyes actuales, y atribuirles más competencias obedece al intento de ocultar otro tipo de problemas y carencias que no se resuelven de la noche a la mañana.

-¿Es duro con el delincuente el ordenamiento jurídico español?

-La justicia es dura porque todos podemos ser víctimas de la misma. Endurecer las penas es una labor que corresponde a nuestros legisladores. Los abogados, procuradores, jueces y fiscales únicamente se limitan a utilizar o interpretar la ley que se les impone. En todo caso, es preciso distinguir el tipo de delito; quizás algún tipo penal precisara un mayor endurecimiento, por ejemplo los delitos informáticos o los que atentan contra la seguridad en el trafico. Eso sí, cualquier endurecimiento del ordenamiento jurídico debe hacerse con la cabeza fría, sin dejarse llevar por apasionamientos o alarmismos sociales, y desde la serenidad. Las leyes las tenemos, pero precisamos de medios para que el engranaje judicial permita hacerlas mas eficaces. Porque una justicia lenta no es justicia.

-¿Qué le pasa a la justicia, que soporta tantas huelgas?

-La justicia no dispone de medios. El engranaje judicial funciona por inercia y por el esfuerzo personal de los que nos dedicamos a esto. En cualquier caso, Asturias tiene una de las administraciones más eficientes, pero no es sino el resultado del esfuerzo humano, del tesón y de la dedicación de jueces, fiscales , funcionarios, letrados, procuradores y de todos cuantos trabajamos en ella en el día a día. No es posible que un Juzgado esté tramitando un asunto sin saber que el juez de la puerta de al lado tiene un caso similar con el mismo acusado, o que los Juzgados no tengan posibilidad de intercambiar información con otras localidades. Justicia sigue siendo la hermana pobre. Las huelgas, por eso, obedecen a este malestar y a esa falta de entendimiento con la Administración, que hace oídos sordos y que, lamentablemente, de vez en cuando se lleva las manos a la cabeza.

-¿Y las reivindicaciones de los abogados cuáles son?

-Nosotros también hemos protestado durante este año en el que nos hemos puesto de huelga en varias ocasiones para reivindicar mejoras en el turno de oficio. Esas reivindicaciones aún continúan, aunque de otra manera. Hay que dignificar el turno y para ello eliminar las trabas burocráticas que hacen más difícil la atención al ciudadano. Cualquier protesta ha de hacerse desde el respeto mutuo, sin descalificaciones, entendiendo todas y cada una de las posturas. Reivindicamos cobertura sanitaria, mejora de las retribuciones, la eliminación de las trabas burocráticas y una más prontitud en los pagos de los devengos del turno.

-¿Tiene esperanza de lograr algo?

-Confío plenamente en que algo se consiga. Los grandes logros llevan su tiempo, pero con insistencia lo acabaremos consiguiendo, siempre dentro de la cordialidad y del diálogo entre todos los agentes sociales implicados en este problema.

-Se habla mucho del atasco judicial pero, ¿cuáles son las causas que lo han generado y lo mantienen?

-El atasco judicial llega de la mano de la falta de medios, pero también tiene un papel muy importante el proceso judicial, que en ocasiones es muy largo e implica muchísimo papeleo engorroso y dilata los plazos. También es cierto que la justicia, a día de hoy, se lleva gran parte de los aspectos de la vida, de modo que todo se está judicializando. Se hace un uso excesivo e innecesario de las demandas y de las denuncias. Recurrimos a los juzgados para todo, incluso para cosas que se podrían arreglar por medios extrajudiciales como el arbitraje de consumo o la mediación familiar.

-¿Cuál es la imagen actual que tiene del abogado la sociedad?

-Sin lugar a dudas, la profesión de abogado ya no tiene la misma valoración que tenía antes. Las razones no alcanzo a entenderlas. Es obvio que la imagen del abogado se ha deteriorado. «Ser abogado no es saber derecho, sino conocer la vida», como decían los teóricos. Hoy en día el abogado debe ser un obrero del derecho, por y para el cliente; el abogado es para el cliente y no al contrario, y debemos hacer un gran esfuerzo por acercarnos más a los ciudadanos que nos lo demandan. El oficio de abogado, además, no se aprende en las escuelas. El buen abogado se forja de una manera casi autodidacta a base del trabajo diario. No hay una escuela, por así decir, que enseñe a ser abogado ni a comportarse ante un tribunal. La Escuela de Práctica Jurídica ayuda pero, a mi juicio, se pierde mucho en la teoría y no ofrece excesivos ejemplos prácticos.

-¿Qué sintió cuando se puso por primera vez ante un tribunal?

-Respeto hacia mi profesión y admiración hacia las personas que concurrimos al mismo: jueces, fiscales y letrados. Además de consideración hacia mi cliente y hacia mi contrario, dado hay que cumplir objetivos y defender al cliente con todos los medios posibles sin que el enfrentamiento salga de la sala de vistas. No debe dejar de ser un pacto entre caballeros; jamás el victorioso recuerda su triunfo al derrotado.

-¿Se defiende igual al cliente de pago que al de oficio?

-En mi despacho, y seguramente en cualquier otro, se trata por igual a gente que viene con el dinero por delante que a aquellos que carecen de recursos económicos y se ven obligados a acudir al turno de oficio. Si queremos que el turno de oficio se dignifique, tenemos que empezar nosotros mismos por hacerlo.

Rubén González Sierra es abogado. Se licenció en Derecho y cuando acabó sus estudios no tenía excesivamente clara su vocación. A pesar de ello, la pasantía le hizo saborear las ventajas de su trabajo y se enamoró de la abogacía. Sus primeros pasos profesionales los dio en Avilés, en donde conoció los quehaceres diarios de un abogado. Tras cinco años de pasantía y con experiencia bajo el brazo, llegó a Gijón, en donde se estableció en su propio despacho, en el que trabaja a día de hoy.

Fuente:www.lne.es

Barcelona. Crítica al proyecto de la Ley de Extranjería.

Critica el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería

EL Colegio de Abogados de Barcelona denuncia que el Gobierno "desoye" al Constitucional

Foto: CEP

Afirma que el anteproyecto "vulnera los derechos de los menores" y "criminaliza" al conjunto de los extranjeros

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Barcelona ha advertido de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería "desoye el mandato" del Tribunal Constitucional, que en una sentencia sobre la legislación en vigor reconoció el derecho de los inmigrantes en situación irregular a la educación no obligatoria.

En un informe recogido por Europa Press, la Comisión de Defensa de la institución denuncia que "cuando el cumplimiento de esta sentencia es uno de los motivos alegados por el Gobierno para llevar a cabo la reforma que propone", el Ejecutivo "obvia" el mandato y "requiere nuevamente la residencia para los mayores de 18 años en el acceso a la enseñanza no obligatoria".

El trabajo, elaborado con el fin de generar el "necesario debate" sobre la reforma, señala también un "retroceso" en la configuración del derecho a la vivienda, porque mientras la actual Ley de Extranjería garantiza el derecho de acceso al sistema de ayudas públicas de los residentes legales en igualdad de condiciones, el anteproyecto del Gobierno "sólo" lo reconoce para quienes llevan más de cinco años viviendo en España de forma legal y continuada.

Otra de las cuestiones que más preocupan a la abogacía barcelonesa es la modificación planteada en materia de postulación procesal. Con el redactado actual del texto, para recurrir una orden de expulsión el inmigrante deberá comparecer personalmente ante el juez, lo que según el informe, generará "una grave situación de indefensión" para los extranjeros que ya hayan sido expulsados o para quienes no tengan contacto con el abogado que los asistió en comisaría.

En cuanto a la limitación de la reagrupación familiar al ámbito nuclear (cónyuge e hijos menores o "incapaces"), el informe concluye que con esta restricción el legislador "no respeta, entre otros, los principios rectores de la política social y económica y jurídica de la familia recogidos en el Artículo 39 de la Constitución Española". Además, al fijar la incapacidad como requisito para reagrupar a hijos mayores de 18 años, impone el "obstáculo" de requerir una certificación de la misma en el país de origen.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Una de los aspectos del anteproyecto que más críticas suscitan en el informe es la gestión que propone de los menores inmigrantes que llegan a España de forma irregular sin compañía de un adulto. Para el Colegio de Abogados de Barcelona, el texto del Gobierno "vulnera el derecho del menor a que se observe primero su interés superior" al tener como "principal objetivo" la repatriación.

Además, en virtud del anteproyecto, "sólo se tendrá en cuenta el interés superior del menor a los efectos de la repatriación, por lo que la inconstitucionalidad es muy relevante" y "sólo se prevé el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos administrativos de devolución, retorno o expulsión, olvidando las repatriaciones (...) y vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva", señala el informe.

CRIMINALIZACIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

El informe describe otros aspectos "preocupantes" derivados de "la criminalización constante de la condición de inmigrantes que inspira todo el texto normativo, en el que se parte de una presunción de culpabilidad respecto al ciudadano no nacional". Así, critica la ampliación del plazo de retención de extranjeros previa expulsión, y las tipificación de "conductas que desde el punto de vista de su propia y específica normativa no son sancionables".

En este sentido, denuncia que el Gobierno ampara "gran parte del régimen sancionador en conceptos sin definición legal que abren la puerta a actuaciones con un gran margen de discrecionalidad que pueden avalar actuaciones arbitrarias de difícil o imposible control".

-. Firma: IVE .-

Fuente:www.europapress.es