lunes, 4 de mayo de 2009

SISTEMAS JUDICIALES. Reino Unido

Reino Unido.Una Justicia que desincentiva los litigios

Publicado el 26-06-2008 , por Diego Torres.

Los británicos presumen de uno de los sistemas judiciales más prestigiosos del mundo. La clave reside en una baja cantidad de juicios y una judicatura especialmente preparada.

El Lincoln’s Inn es una de las cuatro asociaciones o colegios donde los barristers ?abogados que pleitean ante la corte? deben estar inscritos para ejercer el Derecho en Inglaterra y Gales y cuya sede está en un magnífico edificio en el centro de Londres. “El conjunto es del siglo XII, pero hay una sala que fue construida después, en el siglo XV.

A ésa la llamamos New Hall (la habitación nueva)”. Esta anécdota de Andrew Ward, responsable de Competencia en Cuatrecasas en Madrid y barrister del Lincoln’s Inn durante años, ilustra muy bien la mentalidad y el peso de la tradición que marcan el sistema de Justicia en Reino Unido.

Este país carece de Constitución escrita. Su modelo legal está basado en los precedentes que dictan los jueces. Muchas de las instituciones que aún hoy perviven en Reino Unido datan del siglo XII, como la distinción entre barristers y solicitors ?abogados que no pleitean, al menos hasta hace poco, ante los tribunales?. Y, sin embargo, su sistema parece gozar de plena salud, sobre todo en la jurisdicción comercial, cuyo funcionamiento es calificado como “ágil y rápido” por los expertos consultados por EXPANSIÓN .

“En un tema de deudas muy claro, los tribunales comerciales británicos pueden resolver incluso en 14 días”, afirma Stuart Percival, socio de Clifford Chance responsable del Departamento de Derecho Inglés en Madrid. La dilación de un proceso similar ante los tribunales mercantiles españoles estaría en torno a los seis meses ?ver EXPANSIÓN de 19 de junio?.

¿Cómo consiguen las Islas esta celeridad con instituciones centenarias? La clave está en los pocos asuntos que llevan los tribunales y en la especialización y profundo conocimiento del Derecho de los jueces. Como revelaba esta misma semana un estudio publicado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Reino Unido es el país con menos casos judiciales entre los grandes de Europa ?ver gráfico?, mientras que España es el que más procedimientos tiene.

La propia Justicia incentiva que las partes lleguen a un acuerdo para evitar los juicios. “En la vía civil, el demandado puede ofrecer una cantidad al demandante que luego se consigna ante el juez, por ejemplo, 10.000 euros. Al final, si decide seguir y la indemnización es menor que esos 10.000 euros, aunque gane el juicio, las costas las paga el demandante”, explica Ward. Esta institución es el Payment In.

Otra causa de la tendencia de los británicos a resolver sus problemas lejos de los tribunales es el precio de los abogados. “La Justicia es eficiente pero muy cara”, ratifica Ward.

Mucho tiene que ver también la eficiencia británica, que, según Percival, lleva a que muchas empresas se sometan voluntariamente a su jurisdicción, con el decisivo papel que juegan los jueces en el sistema.

Más 28.000 jueces de paz, que son ciudadanos comunes sin conocimiento del Derecho, dictan sentencia en primera instancia civil y penal en temas de pequeña cuantía (o delitos no muy graves), tal y como aclara Miguel Checa, consejero académico de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero.

En cambio, los jueces profesionales, que son pocos en relación con España ?ver gráfico?, acceden a su puesto después de décadas de trabajo en los juzgados como barristers. “Es como el final del cursus honorem del abogado. La edad media para el acceso a la judicatura está en los 48 años”, afirma Checa. Para su elección, se convoca un concurso de méritos, no una oposición, que está a cargo de un órgano independiente: Independent Judicial Appointments Commission.

Ward aporta un ejemplo de la importancia de esta diferencia: “No creo que Emilio Cuatrecasas se sienta impresionado por un joven juez de 30 años en España. Sin embargo, el director de la oficina en Londres de Clifford Chance tratará seguro con muchísimo respeto a cualquier juez británico”. Reino Unido funciona de forma eficiente sin oposiciones a la judicatura, destaca Checa. “Eso implica que el sistema de oposiciones no es de Derecho Natural”, concluye.

El acceso a las ‘dos abogacías’ diferentes del país
Barristers y solicitors. Ésas son las dos modalidades durante siglos antagónicas de ejercicio del Derecho en Reino Unido. Hoy día, las diferencias se han hecho más pequeñas ?un solicitor puede pleitear ante los tribunales, aunque no es común que lo haga?, pero la tradición sigue otorgando a cada uno un papel diverso.

Los solicitors son expertos en leyes que asesoran a sus clientes ?los que trabajan en los grandes bufetes?, mientras que los barristers son los encargados de pleitear. Conocen la corte y son expertos en procesal. Un barrister no puede ser contratado ni pagado por ningún cliente: es el solicitor el que encarga al barrister la defensa procesal de su cliente ante los magistrados.

Lo esencial de esta distinción, con matices por las sucesivas reformas, permanece hasta hoy. El acceso es también diferente. “Los solicitors deben tener una licenciatura; si ésta no es en Derecho, al menos un año de especialización legal. Luego hay que pasar un año en una Law School, que suele ser muy cara, aunque muchos bufetes pagan las tasas a los alumnos a cambio de que después trabajen para ellos. Finalmente, se debe estar dos años de prácticas en un despacho”, explica Andrew Ward.

El camino de los barrister es igual al principio, pero en lugar de ir a una Law School, van a una Bar School. Y deben estar también un año de prácticas en una Barrister’s Chamber. El problema para los barristers es que no tienen bufetes que les bequen los estudios en la Bar School, afirma Ward.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Francia.

Francia, una Justicia impartida por los propios empresarios.

La serie de análisis comparativos entre la Justicia española y la del resto de Europa continúa hoy con el sistema francés. El país galo parte de un modelo más centralizado y especializado. Pero comparte objetivos con España.

Complejidad. Ésa es la palabra que mejor define un sistema judicial que hunde aún sus raíces en la Revolución de 1789. Empresarios que juzgan a empresarios en temas mercantiles. Trabajadores que dictan sentencias de lo social. La Justicia en Francia es un intrincado laberinto difícilmente comprensible desde el exterior y que, sin embargo, comparte preocupaciones y problemas con el sistema español.

Lo más sorprendente es, tal vez, la importancia de los jueces no profesionales, es decir, que no provienen de la carrera judicial. Hay 185 Tribunaux de Commerce, según los últimos datos del Gobierno galo, que imparten justicia en temas mercantiles mediante magistrados elegidos entre los propios empresarios. Y parece que funcionan bien.

Así opina Nuria Bové, socia directora de la oficina de Cuatrecasas en París, que reconoce que estos juzgados son, por lo general, “más rápidos que la jurisdicción civil en España”. Según la letrada, esto se debe a una fuerte especialización, ?“por ejemplo, en un tema sobre seguros es muy probable que el magistrado ponente sea un empresario del ramo, que conozca bien la materia”?, y a ciertas herramientas procesales para obtener una resolución provisional ejecutoria “en tres o cuatro meses”.

Estos plazos son menores que los de juzgados de lo Mercantil en España que, para los procedimientos más cortos, emplean entre “cuatro y seis meses”, según Íñigo Villoria, socio de Clifford Chance. Pese a esto, Villoria defiende que estos juzgados españoles funcionan más rápido que los civiles y valora positivamente su creación.

La jurisdicción comercial en Francia abarca, además, un abanico competencial muy amplio: “Todo lo que llevarían los juzgados de lo mercantil en España y algunos otros temas de primera instancia”, según Bové.

Otro ámbito donde actúan los jueces no profesionales es el social, con los Conseil de Prudd’hommes, órganos formados por representantes de los trabajadores y de los empresarios, que deciden en temas laborales. A ojos de Bové, sin embargo, la jurisdicción social funciona más rápido en España.

Francia y España parten de un sistema de organización territorial completamente opuesto: centralismo frente al Estado de las autonomías. Pero ambos países afrontan problemas similares. Para ser uno de los Estados más desarrollados del mundo, Francia invierte poco en Justicia en relación con los países de su entorno.

Además, una serie de desgraciados sucesos en los dos últimos años ?violadores o pederastas liberados que reincidieron en sus crímenes? crearon un ambiente parecido al que se vio en España tras el caso Mari Luz: puesta en tela de juicio de la organización judicial, sed de Justicia y un Ejecutivo que se decide por fin a emprender las necesarias reformas.

Tras su elección como presidente de la República, en mayo de 2007, Nicolas Sarkozy ?de la mano de la ministra de Justicia, Rachida Dati? ha puesto en marcha un plan de renovación tecnológica que tratará de facilitar el acceso vía internet a los expedientes judiciales. Además, está en plena reforma la Carte Judiciaire, el equivalente a la Ley de Planta y Demarcación española, que es la que decide en qué lugar se establecen qué tribunales.

Estos dos objetivos ?nuevas tecnologías y racionalización de recursos mediante la reforma de la Ley de Planta? son precisamente los mismos que plantea el ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo ?ver EXPANSIÓN del 6 de junio?. Sin embargo, las reformas en España están pendientes de un gran pacto entre el PP y el PSOE, mientras que en Francia ya han comenzado.

Fuente:www.expansión.com

SISTEMAS JUDICIALES. Estados Unidos

EEUU Un sistema caro y extremadamente litigioso.

La complejidad de la Justicia norteamericana la hace demasiado costosa para muchos ciudadanos en la vía civil, al tiempo que la celeridad es similar a la española.

“Díganle a mi familia y a mis amigos que los quiero. Díganle al gobernador que acaba de perder mi voto. Y aceleren todo esto: me muero por salir de aquí”. Tal y como demandaba en sus últimas palabras, Christopher Scott Emmett no tuvo que esperar mucho más para salir de ahí: sólo los minutos que tardó en hacer efecto la dosis letal que le inyectaron en una cárcel de Virginia. Convicto del asesinato de un compañero de trabajo, Emmett es hasta hoy el último de la larga lista de ejecutados por el sistema de Justicia en Estados Unidos.

La pena capital, que se sigue aplicando en más de una treintena de los 50 estados del país, representa la cruz de un sistema judicial enormemente complejo ?hay tantas jurisdicciones como estados, con sus diversos modos de elección de jueces, fiscales y sus propias leyes en todos los ámbitos?, pero que destaca por dos características fundamentales: el alto precio de los procedimientos y la extrema litigiosidad.

Según todos los expertos, la celeridad de la vía civil es similar a la española. Pero, para las empresas, “es inmensamente más costoso litigar en EEUU que en España”, asevera Camilo Cardozo, asociado senior de DLA Piper en Nueva York. Y la clave está en el procedimiento probatorio civil, conocido como discovery. “Cuando presentas una demanda, el demandado está obligado a entregar al demandante todos lo documentos que guarden relación con el sujeto del litigio”, afirma. Esto puede incluir emails internos de la compañía y un sinfín de papeles que cuesta caro obtener. Además, “el demandante tiene derecho a interrogar al demandado o a testigos. Y estas declaraciones tienen valor probatorio durante el juicio”, asegura el letrado, con ocho años de experiencia en litigios en la capital financiera del mundo.

A la complejidad del procedimiento se une el hecho de que gran parte de su peso recae sobre los abogados. “El salario de los letrados por hora facturada es similar o un 20% mayor que en España”, explica Albert Garrofé, socio director de la oficina en Nueva York de Cuatrecasas. Sin embargo, “facturan muchas más horas”, porque son “los abogados los que dirigen el proceso”, subraya.

No es de extrañar, pues, que un porcentaje muy bajo de las demandas acaben en juicio. “Alrededor del 90% de los procesos se solucionan antes de la sentencia, mediante acuerdo.”, indica Garrofé. Como en EEUU no hay condena en costas y, por lo tanto, hay que asumir unos costes legales elevados en cualquier caso, es preferible llegar a “un mal acuerdo que tener un buen juicio”, ratifica el abogado de Cuatrecasas. Antonio Herrera, el socio director de la oficina en Nueva York de otro de los grandes bufetes españoles, Uría Menéndez, se muestra de acuerdo: “Las empresas toman decisiones económicas. Por lo general, llegan a un acuerdo sin asumir ningún tipo de responsabilidad”.

La carestía del acceso a la Justicia es precisamente uno de los aspectos más criticados del sistema estadounidense. En la vía penal, todo acusado goza del derecho a un defensor de oficio, pero no ocurre lo mismo en la vía civil. Sin embargo, hay numerosos letrados que asumen los costes iniciales del procedimiento a cambio de una remuneración elevadísima (de hasta el 30% o más del total) en caso de victoria judicial. Se trata de los abundantes casos por responsabilidad extracontractual ?ver gráfico?, cuyas indemnizaciones pueden ser astronómicas, puesto que el juez puede imponerlas no sólo para resarcir el daño, sino con afán ejemplificador, lo que se conoce como punitive damages.

Pero las principales críticas al sistema norteamericano van dirigidas contra la jurisdicción penal, según Luis García del Río, del bufete homónimo. “Se ve con cierta preocupación la seguridad jurídica en el ámbito penal ya que el número de condenas conseguidas puede actuar como factor de prestigio en la carrera política de los fiscales, como en el caso del ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer”, afirma.

La elección de los jueces: del voto popular al mérito
Desde 1829, el sistema básico de elección de los jueces estatales es el del voto popular: los candidatos ?apoyados por diferentes partidos políticos? compiten en las urnas por la plaza. A partir del siglo XX, se intentó la elección sin que los jueces se identificaran con ningún partido, pero en la práctica resultó difícil.

En 1940, Missouri adoptó un sistema diferente, que fue adoptado por otros estados: el gobernador nombraba al juez a partir de una serie de candidatos presentados por un panel de expertos. Estos sistemas sobreviven hoy, junto al nombramiento directo por el gobernador o el legislativo, que se da en unos pocos estados.

Fuente:www.expansión.com

ARAGON. Aumenta la retribución de Abogados y Procuradores.

La retribución de los abogados y procuradores de oficio aumentará un 15% este año

En Aragón trabajan cerca de 1.000 abogados y procuradores de oficio. Por ello, el Ejecutivo autonómico y el Colegio de abogados y procuradores han firmado un convenio en el que aumentará un 15% la compensación económica por su trabajo, ya que no se revisaba desde 2005. Esta mejora laboral tiene un coste de 4 millones de euros.

4/5/2009. Zaragoza.- Cerca de 1.000 abogados y procuradores que prestan asistencia jurídica gratuita por el turno de oficio verán incrementados en un 15% sus compensaciones económicas este año. Para 2010 se aplicará una subida de un 5% y una actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC), y para 2011 continuará la actualización del IPC.

Todas estas “mejoras laborales” se encuentran en el acuerdo firmado este lunes por el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior de la Diputación General de Aragón, Rogelio Silva, y los presidentes del consejo del Colegio de Abogados y Procuradores de Aragón, José Ignacio Gutiérrez Arrudi y Luis Ignacio Ortega.

El consejero Silva ha señalado que este acuerdo “es muy importante”, ya que la justicia gratuita se venía trabajando con unos módulos de compensación desde 2005 sin ningún tipo de revisión. Por ello, Silva se ha felicitado que “gracias a la proximidad -en relación con la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de Aragón- se ha arreglado esta compensación económica”.

Rogelio Silva ha resaltado que con este acuerdo “se ayuda también a las personas sin recursos económicos que recurren a los abogados y procuradores de oficio porque no pueden remunerar servicios como éstos”. Además, ha puntualizado que dentro del ámbito de la Justicia es “el servicio mejor valorado”.

El presidente del Consejo del Colegio de Abogados ha destacado que un tercio de los abogados se dedica a estas prestaciones judiciales y que la mayoría de ellos tienen una experiencia de 15 y 17 años, por lo que “los 250 euros de retribución media es muy simbólico”.

Además de las cuestiones económicas, el convenio recoge el compromiso de los Consejos de los Colegios de Abogados y Procuradores de Zaragoza, Huesca y Teruel para colaborar en la organización y funcionamiento de los medios al servicio de los distintos juzgados, secciones y salas de la Administración de Justicia en Aragón. A estos efectos, los Consejos de los Colegios firmantes presentarán las iniciativas, medidas de corrección que consideren oportunas y, en su caso, las quejas y sugerencias que respecto de la atención a los profesionales y a los ciudadanos puedan formularse en el ámbito competencial de esta Comunidad Autónoma.

Asimismo, el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior se compromete a adoptar todas las medidas materiales que puedan facilitar el desarrollo de la actividad de Abogados y Procuradores, en especial, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y aplicativos informáticos de titularidad ministerial o de la propia Comunidad Autónoma, así como la optimización y compatibilización de las herramientas informáticas que estos Colegios puedan tener desarrolladas.

Para el seguimiento de este convenio ambas partes podrán crear una Comisión Mixta integrada por cuatro representantes de la Comunidad Autónoma designados por el consejero competente en materia de Administración de Justicia, de una parte, y dos representantes de cada uno de los Consejos de Abogados y Procuradores firmantes.

Fuente:www.aragondigital.es

ANDALUCÍA. Los Juzgados de Menores acumulan trabajo a pesar de la reducción de asuntos pendientes en 2008.

Publicado Sábado, 02-05-09 a las 14:16
El número de asuntos pendientes de resolución en los diecisiete Juzgados de Menores existentes en Andalucía, Ceuta y Melilla se redujo en un dos por ciento el año pasado respecto al ejercicio anterior, ya que la pendencia bajó en 130 casos.
Según los datos de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al inicio de 2008 los juzgados dedicados a menores acumulaban una pendencia de 5.452 casos penales, mientras que al cierre del año esa cifra fue de 5.322 asuntos.
En total, estos juzgados ingresaron el año pasado 8.451 asuntos penales nuevos, lo que supone un cinco por ciento más que el año anterior mientras que el número de casos resueltos ascendió a 8.577, unos trescientos menos que en 2007.
Se dictaron 5.128 sentencias penales (siete de cada diez de conformidad con el acusado) y 9.166 autos contra 6.811 menores que, según los datos del TSJA, tienen en su mayoría entre 16 y 17 años.
Las medidas impuestas en sentencia fueron mayoritariamente de libertad vigilada, con el 38 por ciento de los casos, mientras que la prestación de servicios en beneficio de la comunidad supuso un 22 por ciento del total y el internamiento en régimen semiabierto, el diez por ciento.
Además, el TSJA recuerda que la recomendación del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el módulo de entrada para estos juzgados en 650 asuntos por año y establece que están al límite cuando, sobre un registro de 650 asuntos, en al menos 450 hay escrito de alegaciones fiscales y en 350 piezas civiles se ha dado pieza formal al procedimiento.
Con estas recomendaciones, el alto tribunal andaluz advierte de que los juzgados de Almería, Córdoba y Cádiz superan la cantidad establecida por el CGPJ "de manera más notable" en un 52, un 33 y un 16 por ciento, respectivamente.
Por encima del 30 por ciento y superando el margen de 450 escritos de alegaciones fiscales y 350 piezas civiles figuran Almería y Córdoba, por lo que se considera necesaria la creación de dos nuevos Juzgados de Menores en estas dos provincias y adelanta que en Córdoba ya está prevista la creación del juzgado número 2 este año.
Por otra parte, se registraron 263 asuntos civiles independientes y quedaron pendientes de resolución un total de 12.658 piezas de responsabilidad civil, de las cuales el veinte por ciento están pendientes en la vía penal y el 66 por ciento, en la civil.

Fuente:abcdesevilla.es

OVIEDO. Se abre un punto de información catastral en la sede del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados abre un punto de información catastral en su sede.

El decano explica que facilita la labor de los letrados y «descongestiona» la oficina de la dirección general.

04.05.09 -P. ALVEAR| OVIEDO.

Evitar paseos, colas innecesarias y disponer de la información al momento. Éste es el objetivo del nuevo punto de información catastral que ha abierto el Ilustre Colegio de Abogados, en la calle Schultz. Su decano, Enrique Valdés Joglar, ha firmado un convenio con Ángel Manuel Álvarez Capón, director general del Catastro, para que cualquier letrado tenga al alcance la consulta y certificación telemática de la información incorporada a la base de datos nacional del catastro. El punto de información está gestionado por el propio colegio.
«Con este avance, los profesionales podrán disponer de los datos del catastro sin tener que desplazarse a las oficinas centrales. Es sobre todo importante para los colegiados que no residen en la capital y que, a lo mejor, vienen un día por semana al colegio, y aprovechan para sacar la información», explicó Valdés Joglar, quien añadió que la dirección general está interesada en afianzar relaciones con otras entidades para «descongestionar» el trabajo en sus dependencias.
En su quehacer diario, los profesionales del Derecho deben consultar a menudo el catastro, y sobre todo los letrados del turno de oficio. «Es la manera que tienen de acreditar la escasez de recursos de un justiciable, porque a través del catastro se comprueba si tienen terrenos o pisos a su nombre». Estos datos están protegidos, pero la vía está abierta para el colectivo.
De hecho, para la asistencia jurídica gratuita, el colegio recibirá telemáticamente, sin solicitar el consentimiento del titular catastral, la información requerida para la tramitación de la asistencia al turno de oficio.
Los letrados que integran el servicio (más de 700 en Oviedo), en ocasiones se eternizan en cuestiones burocráticas a la hora de afrontar la defensa de un cliente que solicita la justicia gratuita. Con el punto de información catastral, los profesionales sabrán al momento si el justiciable realmente no tiene medios económicos para pagar a un abogado.

Fuente:www.elcomerciodigital.com

sábado, 2 de mayo de 2009

TARRAGONA. La crisis económica ingrementa un 20% las demandas de un Abogado de Oficio.

La crisis hace aumentar un 20% las peticiones de abogado de oficio.

La crisis económica, junto con la promulgación de nuevas leyes que incrementa los casos en que es necesaria la participación de un abogado en el proceso, están provocando un aumento del 20% de las peticiones de justicia gratuita en los juzgados de Tarragona, El Vendrell y Valls

Àngel Juanpere - 02/05/2009 22:00

Actualmente, casi la mitad de los abogados en ejercicio pertenecientes al Col·legi d’Advocats de Tarragona –que da cobertura a los partidos judiciales de Tarragona, El Vendrell y Valls– está apuntado al turno de oficio en alguna de sus modalidades. Y no lo hacen por el dinero. El coordinador de la Comissió del Torn d’Ofici, Celestino Rivera, reconoce que lo que cobra el abogado del turno de oficio es poco, «está bastante alejado de la realidad». El objetivo para él es conseguir algún día que el baremo que marca la Generalitat sea similar a lo que cobra un letrado en su despacho particular.

Rivera asegura que un abogado del turno de oficio cobra la mitad que si lo hiciera por la vía privada. Por un caso de alcoholemia positiva, el letrado recibe 382,78 euros, mientras que un despacho suele cobrar unos mil. «Prestamos un servicio esencial, básico y constitucionalmente garantizado sin que esté retribuido en igual proporción que otros profesionales, como los médicos de la Seguridad Social», asegura el abogado Francesc Fuster.

De la misma opinión es su colega Lourdes Guivernau: «Se tiene que invertir mucho tiempo y trabajo que no se paga ni con los mínimos establecidos en el baremo que aplica el Departament de Justícia». Por ejemplo, los abogados del turno de oficio no cobran las ruedas de reconocimiento, entradas o registros de madrugada y otras diligencias penales. Por ello, Guivernau asegura que la justicia es la hermana pobre de la administración, «con menos recursos y más descuidada».

El responsable del turno de oficio comenta que la Generalitat hace un esfuerzo, pero como mínimo tiene que subir las tarifas igual que el IPC. Actualmente, reconoce Celestino Rivera, la Generalitat paga con bastante celeridad, algo que corroboran los abogados consultados. Algunos pero, creen que de seguir este ritmo, antes de final de año la Generalitat se quedará sin dinero.

Más volumen de trabajo

Durante el año pasado se recibieron un total de 12.284 peticiones para tener un abogado de oficio. En los tres meses de este año han sido 3.350, frente a los 2.788 del mismo periodo de 2008. Ello representa un incremento del 20,2 por ciento, según apunta Carme Queralt, la secretaria técnica del Torn d’Ofici.

Por lo que respecta al número de actuaciones –donde se recoge tanto a los detenidos como por ejemplo a las víctimas de violencia doméstica– el año pasado fueron 8.879, frente a las 7.656 de 2007 o las 7.600. En el primer trimestre de este año ya se han efectuado 2.251, mientras que en el mismo periodo de 2008 fueron 2004, un 12,3 por ciento menos.

Fuente:www.diaridetarragona.com

ENTREVISTA. Rubén González

Cualquier cambio en el ordenamiento jurídico debe hacerse con la cabeza fría y serenidad» «La justicia funciona sólo por inercia y por el tesón de los profesionales que trabajan para ella día a día»

POR: ROMÁN GARCÍA ÁNGEL GONZÁLEZ.

El abogado Rubén González Sierra se está abriendo paso, poco a poco, en el camino de la abogacía. No trabaja en una rama específica del Derecho intentando, de esa forma, dar un servicio completo al cliente particular que acude buscando su ayuda y a quien busca su consejo dentro del servicio de asistencia gratuita del turno de oficio.

-¿Qué es lo que mueve a un joven a empezar la carrera de derecho?

-La inquietud y las ganas de buscar alternativas a los temas que te encuentras en tu vida diaria. Cuando eres joven, surgen esas necesidades de no dar nada por supuesto y de buscar la justicia a través del derecho que te empujan hacia estos estudios. Siempre me ha seducido situarme ante un juez y jugar a ser culpable e inocente, colocarme en todas estas situaciones. La verdad no es una, pueden ser varias, las cosas no son blancas ni negras, hay una amplia gama de grises y en ese ámbito es en el que se mueve el abogado.

-El ministro de Justicia habla de dar más importancia a los fiscales en la investigación de los casos. ¿Se debe dar este paso?

-La intervención de cada una de las partes que conforman el juego jurídico está bien delimitada ya por las leyes procesales en vigor. Cada uno tiene que tener su campo de trabajo. Dar protagonismo a una de las partes en defecto de otras no es para nada apropiado. Las competencias del ministerio fiscal ya están suficientemente fijadas en las leyes actuales, y atribuirles más competencias obedece al intento de ocultar otro tipo de problemas y carencias que no se resuelven de la noche a la mañana.

-¿Es duro con el delincuente el ordenamiento jurídico español?

-La justicia es dura porque todos podemos ser víctimas de la misma. Endurecer las penas es una labor que corresponde a nuestros legisladores. Los abogados, procuradores, jueces y fiscales únicamente se limitan a utilizar o interpretar la ley que se les impone. En todo caso, es preciso distinguir el tipo de delito; quizás algún tipo penal precisara un mayor endurecimiento, por ejemplo los delitos informáticos o los que atentan contra la seguridad en el trafico. Eso sí, cualquier endurecimiento del ordenamiento jurídico debe hacerse con la cabeza fría, sin dejarse llevar por apasionamientos o alarmismos sociales, y desde la serenidad. Las leyes las tenemos, pero precisamos de medios para que el engranaje judicial permita hacerlas mas eficaces. Porque una justicia lenta no es justicia.

-¿Qué le pasa a la justicia, que soporta tantas huelgas?

-La justicia no dispone de medios. El engranaje judicial funciona por inercia y por el esfuerzo personal de los que nos dedicamos a esto. En cualquier caso, Asturias tiene una de las administraciones más eficientes, pero no es sino el resultado del esfuerzo humano, del tesón y de la dedicación de jueces, fiscales , funcionarios, letrados, procuradores y de todos cuantos trabajamos en ella en el día a día. No es posible que un Juzgado esté tramitando un asunto sin saber que el juez de la puerta de al lado tiene un caso similar con el mismo acusado, o que los Juzgados no tengan posibilidad de intercambiar información con otras localidades. Justicia sigue siendo la hermana pobre. Las huelgas, por eso, obedecen a este malestar y a esa falta de entendimiento con la Administración, que hace oídos sordos y que, lamentablemente, de vez en cuando se lleva las manos a la cabeza.

-¿Y las reivindicaciones de los abogados cuáles son?

-Nosotros también hemos protestado durante este año en el que nos hemos puesto de huelga en varias ocasiones para reivindicar mejoras en el turno de oficio. Esas reivindicaciones aún continúan, aunque de otra manera. Hay que dignificar el turno y para ello eliminar las trabas burocráticas que hacen más difícil la atención al ciudadano. Cualquier protesta ha de hacerse desde el respeto mutuo, sin descalificaciones, entendiendo todas y cada una de las posturas. Reivindicamos cobertura sanitaria, mejora de las retribuciones, la eliminación de las trabas burocráticas y una más prontitud en los pagos de los devengos del turno.

-¿Tiene esperanza de lograr algo?

-Confío plenamente en que algo se consiga. Los grandes logros llevan su tiempo, pero con insistencia lo acabaremos consiguiendo, siempre dentro de la cordialidad y del diálogo entre todos los agentes sociales implicados en este problema.

-Se habla mucho del atasco judicial pero, ¿cuáles son las causas que lo han generado y lo mantienen?

-El atasco judicial llega de la mano de la falta de medios, pero también tiene un papel muy importante el proceso judicial, que en ocasiones es muy largo e implica muchísimo papeleo engorroso y dilata los plazos. También es cierto que la justicia, a día de hoy, se lleva gran parte de los aspectos de la vida, de modo que todo se está judicializando. Se hace un uso excesivo e innecesario de las demandas y de las denuncias. Recurrimos a los juzgados para todo, incluso para cosas que se podrían arreglar por medios extrajudiciales como el arbitraje de consumo o la mediación familiar.

-¿Cuál es la imagen actual que tiene del abogado la sociedad?

-Sin lugar a dudas, la profesión de abogado ya no tiene la misma valoración que tenía antes. Las razones no alcanzo a entenderlas. Es obvio que la imagen del abogado se ha deteriorado. «Ser abogado no es saber derecho, sino conocer la vida», como decían los teóricos. Hoy en día el abogado debe ser un obrero del derecho, por y para el cliente; el abogado es para el cliente y no al contrario, y debemos hacer un gran esfuerzo por acercarnos más a los ciudadanos que nos lo demandan. El oficio de abogado, además, no se aprende en las escuelas. El buen abogado se forja de una manera casi autodidacta a base del trabajo diario. No hay una escuela, por así decir, que enseñe a ser abogado ni a comportarse ante un tribunal. La Escuela de Práctica Jurídica ayuda pero, a mi juicio, se pierde mucho en la teoría y no ofrece excesivos ejemplos prácticos.

-¿Qué sintió cuando se puso por primera vez ante un tribunal?

-Respeto hacia mi profesión y admiración hacia las personas que concurrimos al mismo: jueces, fiscales y letrados. Además de consideración hacia mi cliente y hacia mi contrario, dado hay que cumplir objetivos y defender al cliente con todos los medios posibles sin que el enfrentamiento salga de la sala de vistas. No debe dejar de ser un pacto entre caballeros; jamás el victorioso recuerda su triunfo al derrotado.

-¿Se defiende igual al cliente de pago que al de oficio?

-En mi despacho, y seguramente en cualquier otro, se trata por igual a gente que viene con el dinero por delante que a aquellos que carecen de recursos económicos y se ven obligados a acudir al turno de oficio. Si queremos que el turno de oficio se dignifique, tenemos que empezar nosotros mismos por hacerlo.

Rubén González Sierra es abogado. Se licenció en Derecho y cuando acabó sus estudios no tenía excesivamente clara su vocación. A pesar de ello, la pasantía le hizo saborear las ventajas de su trabajo y se enamoró de la abogacía. Sus primeros pasos profesionales los dio en Avilés, en donde conoció los quehaceres diarios de un abogado. Tras cinco años de pasantía y con experiencia bajo el brazo, llegó a Gijón, en donde se estableció en su propio despacho, en el que trabaja a día de hoy.

Fuente:www.lne.es

viernes, 1 de mayo de 2009

Barcelona. Crítica al proyecto de la Ley de Extranjería.

Critica el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería

EL Colegio de Abogados de Barcelona denuncia que el Gobierno "desoye" al Constitucional

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Foto: CEP

Afirma que el anteproyecto "vulnera los derechos de los menores" y "criminaliza" al conjunto de los extranjeros

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Barcelona ha advertido de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería "desoye el mandato" del Tribunal Constitucional, que en una sentencia sobre la legislación en vigor reconoció el derecho de los inmigrantes en situación irregular a la educación no obligatoria.

En un informe recogido por Europa Press, la Comisión de Defensa de la institución denuncia que "cuando el cumplimiento de esta sentencia es uno de los motivos alegados por el Gobierno para llevar a cabo la reforma que propone", el Ejecutivo "obvia" el mandato y "requiere nuevamente la residencia para los mayores de 18 años en el acceso a la enseñanza no obligatoria".

El trabajo, elaborado con el fin de generar el "necesario debate" sobre la reforma, señala también un "retroceso" en la configuración del derecho a la vivienda, porque mientras la actual Ley de Extranjería garantiza el derecho de acceso al sistema de ayudas públicas de los residentes legales en igualdad de condiciones, el anteproyecto del Gobierno "sólo" lo reconoce para quienes llevan más de cinco años viviendo en España de forma legal y continuada.

Otra de las cuestiones que más preocupan a la abogacía barcelonesa es la modificación planteada en materia de postulación procesal. Con el redactado actual del texto, para recurrir una orden de expulsión el inmigrante deberá comparecer personalmente ante el juez, lo que según el informe, generará "una grave situación de indefensión" para los extranjeros que ya hayan sido expulsados o para quienes no tengan contacto con el abogado que los asistió en comisaría.

En cuanto a la limitación de la reagrupación familiar al ámbito nuclear (cónyuge e hijos menores o "incapaces"), el informe concluye que con esta restricción el legislador "no respeta, entre otros, los principios rectores de la política social y económica y jurídica de la familia recogidos en el Artículo 39 de la Constitución Española". Además, al fijar la incapacidad como requisito para reagrupar a hijos mayores de 18 años, impone el "obstáculo" de requerir una certificación de la misma en el país de origen.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Una de los aspectos del anteproyecto que más críticas suscitan en el informe es la gestión que propone de los menores inmigrantes que llegan a España de forma irregular sin compañía de un adulto. Para el Colegio de Abogados de Barcelona, el texto del Gobierno "vulnera el derecho del menor a que se observe primero su interés superior" al tener como "principal objetivo" la repatriación.

Además, en virtud del anteproyecto, "sólo se tendrá en cuenta el interés superior del menor a los efectos de la repatriación, por lo que la inconstitucionalidad es muy relevante" y "sólo se prevé el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos administrativos de devolución, retorno o expulsión, olvidando las repatriaciones (...) y vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva", señala el informe.

CRIMINALIZACIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

El informe describe otros aspectos "preocupantes" derivados de "la criminalización constante de la condición de inmigrantes que inspira todo el texto normativo, en el que se parte de una presunción de culpabilidad respecto al ciudadano no nacional". Así, critica la ampliación del plazo de retención de extranjeros previa expulsión, y las tipificación de "conductas que desde el punto de vista de su propia y específica normativa no son sancionables".

En este sentido, denuncia que el Gobierno ampara "gran parte del régimen sancionador en conceptos sin definición legal que abren la puerta a actuaciones con un gran margen de discrecionalidad que pueden avalar actuaciones arbitrarias de difícil o imposible control".

-. Firma: IVE .-

Fuente:www.europapress.es

miércoles, 29 de abril de 2009

CORDOBA. El presidente de la A.P.C. y la junta sectorial de jueces discrepan en el número de Juzgados de nueva creación.

Miércoles, 29-04-09.P. GARCÍA-BAQUERO.

CÓRDOBA. El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, afirmó ayer durante la presentación de la memoria del TSJA correspondiente a 2008, que la Justicia en la provincia no acumula retrasos, sólo fluctúa. Baena sólo reconoció, tal y como refleja el texto publicado el pasado lunes, que sería necesaria la creación de un nuevo Juzgado más de Primera Instancia y un segundo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Baena plantea crear un juzgado de Primera Instancia mientras los jueces reclaman seis

Nada que ver con la percepción de la junta sectorial de jueces de Primera Instancia que acordó recientemente instar tanto al TSJA como al Consejo General del Poder Judicial la creación «urgente» de seis nuevos ju zgados de esta materia en la provincia ante la «sobrecarga» de trabajo. De hecho el pasado ejercicio soportaron el doble de la carga de trabajo establecida por el CGPJ. Los jueces de Primera Instancia alertaron entonces que si continuaba el aumento de asuntos, tal y como sucedió en los dos primeros meses de este año, al acabar 2009 se superará el 225 por ciento de la carga de trabajo.

La situación de colapso también salpica al resto de materias como el Juzgado de Menores, pero como adelantó Baena, ya se busca un emplazamiento para la creación de un segundo Juzgado para este año, aunque no será, dij o, antes de verano. Baena avanzó que también está previsto para este año la creación un Juzgado número 3 de Posadas.

Y sería conveniente, apreció el presidente de la Audiencia durante la presentación de la memoria del TSJA, «aunque aún no está decidida, la creación» de dos Juzgados más de lo Social, dada la incidencia de la crisis y uno más de Vigilancia Penitenciaria ya que se prevé uno cada 1.000 internos y en Córdoba hay 1.810.

Sin embargo, el presidente de la Audiencia mantiene que sería «ideal», aunque bajo criterios económicos y optimización presupuestaria, la creación sólo de un nuevo órgano de Primera Instancia, con el objetivo de que el actual Juzgado de lo Mercantil limite su actividad a asuntos jurídicos de esta índole. Sin embargo, aunque se cree un décimo juzgado, al liberal de asuntos civiles el de lo Mercantil, el resto de materia civil ha llegado a engrosar más aún al resto de juzgados. De ellos, dos exclusivos para familia.

«Juzgados aliviados»

De hecho, Baena reconoció que la creación el pasado año del Juzgado de Primera Instancia número 10 «no ha sido suficiente» para paliar esta carga. Sí lo han sido, puntualizó Baena, la puesta en marcha del Juzgado de lo Penal número 5, y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, ambos han quedado con un volumen de asuntos por debajo de los módulos recomendados por el CGPJ.

Por otro lado, una de las apuestas de Baena ha sido incrementar con dos magistrados y secretarios más la plantilla de la Audiencia de modo que existan doce jueces que se pueden dividir en cuatro secciones con lo cual se especializarían dos en asuntos penales y otros dos en civiles. Aún así, la Audiencia Provincial registró en 2008 un volumen total de 2.341 asuntos penales y 1.195 civiles un trabajo similar a la de años anteriores resueltos en un 96%.

Fuente:www.abc.es


BALEARES. El Colegio de Abogados de Balerares abre un debate sobre la pena privativa de libertad.

El Colegio de Abogados aboga por alternativas "más eficaces" que la prisión para solventar los problemas de criminalidad.

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares recalcó hoy la necesidad de aplicar penas alternativas al ingreso en prisión para castigar los delitos relacionados con la criminalidad, al considerar que la privación de libertad "no solventa" los problemas de este tipo de delincuencia sino que su interposición "tiene límites" más allá de los cuales esta medida "deja de ser útil para ser más bien contraproducente".

Así lo manifestó hoy uno de los miembros de la Comisión, Antoni Vicens, en base al informe sobre la 'Orientación actual en materia de política criminal', presentado esta mañana, en el que este órgano del Colegio de Abogados denuncia el aumento "exacerbado" de las penas de cárcel "como única respuesta a los delitos que causan alarma social", sin reflexionar sobre la utilidad "real" de alternativas "más eficaces" en el control de las tasas de criminalidad, tanto en Baleares como en el conjunto del Estado.

Durante su intervención, Vicens, acompañado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Francesc Riera, aludió a otras medidas que "pueden adecuarse mejor a la naturaleza de los delitos cometidos", como la retirada del carnet de conducir, del permiso de armas, los trabajos en beneficio de la sociedad -que "bien gestionados son tremendamente útiles"-, la pena de confinamiento o la mediación de conflictos.

A juicio del letrado, estas penas "tienen poder de expandirse sin miedo de que el Código Penal pierda su eficacia", al tiempo que hizo referencia a los distintos costes que conlleva la privación de libertad, como los económicos directos e indirectos, y los sociales. Tal y como manifestó, decretar una pena "no adecuada" al delito "provoca el peligro de que aumente la criminalidad", al aseverar que "las cárceles quedarán saturadas y las herramientas de rehabilitación de los internos perderán por ello eficacia".

"Es necesario acreditar que la prisión tiene limitaciones y pensar que solventa los problemas de criminalidad es ingenuo", por lo que consideró que esta pena "merece una reflexión mucho más profunda sin contaminaciones ideológicas", toda vez que debe ser reservada para aquellos casos en los que se constate un fracaso de la prevención especial o para los delitos considerados más graves.

"EROSIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES"

En su opinión, la sociedad civil, además, "parece indiferente ante la erosión de derechos individuales" y la opinión pública "se ha instalado el error de que el logro de la seguridad colectiva se encuentra en relación inversa con el respeto a los derechos fundamentales y sus garantías".

Otro de los puntos que criticó Vicens en su discurso es la "idea arraigada" de que el derecho penal de garantías es incompatible con la seguridad ciudadana y de que "no permite alcanzar niveles óptimos de seguridad", al contrario que en 1978, cuando "suponía un espacio de tranquilidad hacia la posible ingerencia sobre los derechos fundamentales de las personas".

En su informe, la Comisión insta asimismo a los poderes públicos a fomentar la investigación científica tanto sobre la delincuencia como sobre la criminalidad, a fin de contar con los modelos teóricos necesarios que permitan diseñar programas de intervención político criminal, sustentados sobre "bases racionales antes que sobre presupuestos ideológicos", y a establecer los medios e incentivos necesarios para implicar activamente a los privados de libertad en su propio proceso de reinserción social.

Fuente:www.europapress.es

CORDOBA. El presidente de la APC a favor de una reforma de los partidos judiciales

Baena plantea cambiar la normativa para crear un juzgado las 24 horas

El presidente de la Audiencia Provincial propone una "comarcalización" de los partidos judiciales para especializar a los jueces de los pueblos en algunos temas

A. Alba | Actualizado 29.04.2009 - 01:00

Eduardo Baena posa para los fotógrafos con una copia de la memoria anual del TSJA.

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, propuso ayer que la solución para que la ciudad cuente con un Juzgado de Guardia activo durante las 24 horas del día pasa por cambiar la normativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Baena informó de que Córdoba cuenta con siete Juzgados de Instrucción y que la normativa del CGPJ prevé la creación de unas guardias durante las 24 horas una vez que una ciudad cuente con ocho órganos de este tipo. Por eso, y teniendo en cuenta que no está previsto la creación de una Instrucción número 8, Baena planteó cambiar el reglamento del poder judicial para casos especiales como el de Córdoba: una ciudad de más de 325.000 habitantes en la que en determinadas horas no hay un Juzgado de Guardia disponible.

Eduardo Baena coincidió con los sindicatos en que este servicio es necesario en Córdoba, sobre todo para "beneficiar la coordinación" con la Policía Judicial, que también ha mostrado su malestar y problemática para desarrollar su trabajo con eficacia en los momentos en los que la ciudad carece de Juzgado de Guardia. Los sindicatos han convocado una protesta a las 10:00 de hoy en las puertas del Juzgado de Guardia de la Audiencia Provincial para exigir la creación de un órgano durante las 24 horas. La Junta de Personal de los Órganos de la Administración de Justicia asegura que el actual sistema de guardias no se adapta a la realidad actual cordobesa. Según los sindicatos, "la gran actividad judicial desborda a diario el Juzgado de Guardia, con jornadas laborales diarias de una media de 12 horas durante los ocho días de duración de las guardias, se incrementa mucho los fines de semana", ya que este órgano asume la competencia en materia de violencia contra la mujer.

El presidente de la Audiencia Provincial presentó ayer la memoria de actividad que el lunes hizo pública el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y reconoció que la situación es "alarmante" en los juzgados de Primera Instancia por culpa de la crisis económica y analizó la situación en las sedes de los pueblos, con especial saturación en Lucena y Posadas. Eduardo Baena planteó la necesidad de modificar el actual sistema de partidos judiciales y propuso una especie de "comarcalización" con la que algunos juzgados se encargarían y especializarían en temas como violencia contra la mujer o familia. El objetivo de esta propuesta es evitar saturaciones y resolver de una manera eficaz "esas materias comunes". Para el presidente de la Audiencia Provincial, esta nueva demarcación judicial debería llevarse a cabo "a corto plazo" y pensar en una reforma mucho más profunda de los partidos judiciales a largo plazo. Baena reconoció que esta modificación provocará "tensiones políticas" entre municipios.

Fuente:www.eldiadecordoba.es

CORDOBA. Se pide un Juzgado de Guardia 24 horas.

Más de un centenar de trabajadores de la Audiencia piden un juzgado de guardia 24 horas

29/04/2009 REDACCIÓN.

Más de un centenar de trabajadores de la administración de Justicia en Córdoba se han manifestado hoy para denunciar que el actual sistema de guardias está "obsoleto" y para pedir un juzgado de guardia que establezca un turno de 24 horas con el que ofrecer un mejor servicio y mejores garantías jurídicas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas el vicepresidente de la Junta de Personal de Justicia, Vicente Bailina, quien ha explicado que esta concentración responde a la necesidad que tiene Córdoba de contar con un servicio ininterrumpido de guardia para conseguir un sistema público que beneficie a la población y a los trabajadores.

Por ello, ha pedido que se conceda un juzgado de guardia de 24 horas tanto para que las personas detenidas puedan ser puestos a disposición judicial con la debida celeridad como para que los trabajadores de los juzgados puedan disfrutar de una jornada laboral equilibrada.

En ese sentido, ha indicado que Córdoba necesita este servicio, que ya está instalado en Málaga, Sevilla y Granada, ya que una jornada de mañana y tarde es insuficiente para dar cobertura a la gran carga laboral que soportan los juzgados.

Según Bailina, la posibilidad de establecer un turno de guardia de 24 horas es competencia del Ministerio de Justicia, que debe tener en cuenta que tanto Policía Judicial, como jueces, procuradores y abogados coinciden en que esta cuestión ayudaría a conseguir un servicio más eficaz.

"El mayor de los problemas es que el horario de guardia establecido en Córdoba es inadaptable hasta para la propia policía", ya que, una vez acabadas las diligencias policiales, los detenidos pasan a disposición judicial, y esto afecta a los trabajadores que estén de guardia, que pueden ver sobrepasada la jornada laboral que le corresponde.

Por tanto, ha subrayado que la solución pasa por establecer un turno de guardia de 24 horas en el que cada día vaya rotando personal nuevo, y en el que los trabajadores que cubran la noche puedan descansar al día siguiente.

Fuente:www.diariocordoba.com.

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA O VOLUNTARIA. Los colegios profesionales en el punto de mira.

La 'ley paraguas' no protege de la tormenta a los Colegios Profesionales

Las medidas aprobadas por Economía que reforman el sector servicios abren el debate sobre la colegiación voluntaria

Beatriz Lorenzo.- La conocida como 'ley paraguas' hace honor a su nombre y trata de mantenerse desplegada en medio del temporal. Unión Profesional, la entidad que en España aglutina a más de 1.000 colegios profesionales y casi millón de profesionales liberales, ha arremetido contra el propósito del Ministerio de Economía de introducir la colegiación voluntaria, la voluntariedad de visados y la eliminación de baremos orientativos.

Son tres las leyes a través de las que se quieren reformar los colegios profesionales.

1. Transposición de la directiva de Servicios : Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (Ley Paraguas). Actualmente en fase de proyecto de ley. El Consejo de Ministros del 27 de marzo remitía el texto al Congreso.

2. Ley Ómnibus Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley Paraguas. Modifica toda la normativa que pueda ser incompatible con la Ley Paraguas.

3. Ley de Servicios Profesionales.

La 'ley paraguas' reconoce que los colegios profesionales son "autoridades competentes" y señala que son imprescindibles para poner en marcha algunas de las obligaciones derivadas de la directiva europea, como la ventanilla única (tramitaciones telemáticas), la cooperación administrativa o el servicio de atención a los ciudadanos.

Además, son los responsables para la elaboración de los códigos de conducta (deontología profesional), son garantía de legalidad para los consumidores y usuarios y son útiles para la resolución extrajudicial de conflictos, entre otros aspectos.

Las principales críticas a esta nueva regulación, no sólo de Unión Profesional, sino de diversos colegios profesionales por separado, vienen motivadas por la colegiación (introducir la voluntariedad); los baremos de honorarios orientativos (su eliminación); los visados (eliminar su obligatoriedad) y la publicidad (eliminar las limitaciones o sus requisitos).

Lo que sin duda ha causado más nerviosismo es la nueva redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales, que en su nueva versión establece que es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación hallarse incorporado al colegio correspondiente. Si la nueva redacción del artículo anula el requisito de la obligatoriedad, podría llegarse, según las voces más alarmistas, a la supresión de los colegios profesionales más pequeños, sobreviviendo sólo los que cuentan ya hoy día con un ingente número de socios. En el caso de los colegios de abogados esto podría causar una merma en los servicios prestados en el turno de oficio o la firma electrónica.

En el lado contrario, los adalides de la reforma fundamentan que un colegio tendría que ser capaz de entusiasmar a los profesionales que representa y esto generaría el deseo, no sólo de la adscripción voluntaria, sino de participar directamente en su actividad, añadiendo que la colegiación voluntaria podría impulsar a estas vetustas instituciones a sacudirse la pereza y fomentar mediante actividades varias la participación e inscripción de los socios.

Sea como fuere, la reforma que se plantea es la más ambiciosa del sector desde 1974. Además de lo mencionado, el Ejecutivo prevé que la 'ley ómnibus' acabe con los baremos orientativos de precios que establecen los colegios profesionales un mecanismo que para sus detractores obstaculiza la competencia y para sus adalides mantiene vivos los prácticos “dictámenes de honorarios”, algo que afecta de lleno a los colegios de abogados que ya no contarían con su clásica herramienta pericial en las reclamaciones judiciales de honorarios. Otro objetivo es acabar con la obligatoriedad de los visados, que pasarán a ser voluntarios, salvo cuando las leyes dicten lo contrario. También se permite a los colegiados hacer publicidad directa de sus servicios.

LOS GUARDIANES DE LA ÉTICA PROFESIONAL

Hasta la fecha, los Colegios Profesionales se han erigido como una especie de pequeño gobierno para los profesionales, salvaguardando la deontología, la ética profesional, y con potestad para sancionar a los colegiados. Una postura algo arcaica, inamovible a lo largo del tiempo, que se ha topado recientemente con el rechazo de organismos como la Comisión Nacional de la Competencia, que recientemente hizo público un informe en el que recomendaba que los Colegios Profesionales fueran desapareciendo, pues estimaba que son una traba para el mercado y los profesionales.

Han sido varios los colegios profesionales que han empezado a movilizarse en contra de la nueva regulación. Ha sido el caso de varios colegios de ingenieros Ha sido el caso de los ingenieros, que desde el Instituto de la Ingeniería de España se han pronunciado en contra del visado voluntario.

Desde los colegios de abogados, las reflexiones han sido más comedidas y prudentes. Mientras desde algunos bufetes aseguran que “lo que hace la futura norma es incorporar a la Ley de Colegios Profesionales la ‘reserva de ley’ en materia de colegiación obligatoria.”, otros se muestran algo más críticos y recomiendan recoger, por razones de seguridad jurídica, la obligación de colegiación en disposiciones legales.

Fuente:www.www.capitalnews.es

martes, 28 de abril de 2009

COLEGIOS PROFESIONALES. ¿Una especie en peligro de extinción?

Publicado el 28-04-09 , por José Mª López Agúndez

Las alegaciones de Unión Profesional a la ley ómnibus cargan contra el propósito de Economía de introducir la colegiación voluntaria, la voluntariedad de visados y la eliminación de baremos orientativos.

Se quieren poner en el peor escenario de cara al futuro y sus alegaciones al anteproyecto de ley conocida como ley ómnibus que modificará 46 normas para adaptarse a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios la denominada ley paraguas dejan pocas dudas: Unión Profesional, la entidad que aglutina en España a más de 1.000 colegios profesionales y cerca de millón y medio de profesionales liberales, no se fía del Ministerio de Economía. El motivo es que, conscientemente o no, se quieren introducir cambios para modificar la situación jurídica actual de los colegios hacia la liberalización.

Aunque, como informó este periódico, los cambios previstos por Economía permiten sostener que el anteproyecto mantiene el statu quo jurídico actual de los colegios ver EXPANSIÓN del 21 de abril, la lectura meditada que ha hecho Unión Profesional del texto ha provocado en el colectivo incertidumbre y temor a que se esté preparando el terreno de la futura liberalización.

El bufete Ariño & Asociados cree que existe el riesgo de que haya colegiación voluntaria

Las principales objeciones que hace esta entidad en sus alegaciones, a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN, se refieren a la colegiación (introducir la voluntariedad o libre adscripción); los baremos de honorarios orientativos (su eliminación); los visados (eliminar su obligatoriedad) y la publicidad (eliminar las limitaciones o sus requisitos).

Nueva redacción
El problema que se plantea para el principio de colegiación obligatoria es la nueva redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales: Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación hallarse incorporado al colegio correspondiente.

El nerviosismo que ha creado este párrafo se explica en que, como explica Unión Profesional, una vez que la colegiación obligatoria se ha desvinculado de la institución colegial, el resultado potencial a que puede conducir es la supresión de la colegiación obligatoria en todas aquellas corporaciones en las que una norma con rango de ley presumiblemente, la ley sectorial, en la que se incardine por razón de la materia el tratamiento jurídico de la actividad profesional respectiva no sancione expresamente el principio. Esto sucede, puntualiza, con la práctica totalidad de las corporaciones de Derecho Público que conforman el panorama estatal.

Es cierto que esto se puede arreglar con una disposición transitoria que aplique el principio de irretroactividad de la reserva de ley, consagrado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero, de momento, tal redacción del artículo 3.2 da lugar a interpretaciones contradictorias.

Este riesgo lo explican muy bien, aportando otro enfoque, las alegaciones de los ingenieros industriales, realizadas por el bufete Ariño & Asociados: La regulación propuesta conllevará que a pesar de que los colegios han de seguirse creando mediante ley formal, la incorporación al colegio quedaría a la disposición plena de los respectivos titulados (colegio profesional voluntario) si la propia ley de creación, u otra norma con rango de ley, no estableciese lo contrario (obligatoriedad) o nada dispusiera. En otras palabras, la colegiación queda configurada como facultad de disposición voluntaria.

Fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN explican que la introducción de la colegiación voluntaria pondría en peligro en la abogacía no a los grandes colegios, sino a los pequeños y provocaría una clara disminución de los servicios que prestan los colegios de abogados en relación con el turno de oficio o la firma electrónica.

La eliminación de los baremos orientativos daría problemas a los 'dictámenes de honorarios'

En relación con los visados, Unión Profesional, ésta alerta de que puede suprimirse su obligatoriedad porque de acuerdo con el anteproyecto, el visado colegial sólo podría practicarse voluntariamente, cuando los destinatarios del trabajo profesional lo soliciten expresamente al colegio, y con carácter obligatorio, cuándo lo impongan las leyes. Esto significa que, si la expresión las leyes se interpreta en sentido estricto, como equivalente a normas con rango de ley, el resultado final es la práctica supresión de la obligatoriedad del visado colegial. Esto ha provocado grandes críticas en el sector.

El anteproyecto también elimina los baremos de honorarios orientativos. Aunque se trata de una cuestión que ha evolucionado desde hace años, esta propuesta afecta de lleno a los abogados, ya que ni siquiera se podrían utilizar como una herramienta meramente pericial en las reclamaciones judiciales de honorarios. Así los ha configurado el Colegio de Abogados de Madrid, que ahora los denomina como dictámenes de honorarios profesionales.

El anteproyecto también toca la publicidad, ya que establece la reserva de ley para establecer limitaciones a las comunicaciones comerciales. Unión Profesional advierte de que esto contradice a la propia Directiva de Servicios.

Ingenieros contra el visado voluntario
Manuel Acero, presidente del Instituto de la Ingeniería de España, una asociación privada que aglutina, como una federación de asociaciones, a más de 100.000 profesionales de las principales ramas de la ingeniería española, explica que hay una insistencia en la reserva exclusiva de la actividad de los colegios, pero esto no es cierto, ya que los ingenieros se encuentran unos con otros en los diferentes proyectos.

Acero cree que tanto desde la Comisión Nacional de Competencia como las reformas legales en marcha existe una concepción equivocada de que los profesionales concentramos poder.

A ello añade por qué es importante la obligatoriedad del visado: Ha existido siempre para que haya una garantía de que no existen riesgos. Si se convierte en voluntario, el ciudadano no la tendrá. Los colegios garantizan que el visado lo hace el profesional cualificado, con arreglo a la normativa específica y con todos los documentos exigidos.

Puntos de debate
- La redacción del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales plantea riesgos legales en el futuro. Los colegios quieren más claridad.

- Los visados se establecen con carácter voluntario, por lo que, según los colegios, se eliminaría un instrumento de seguridad para el ciudadano.

- Con la eliminación de los honorarios orientativos, dice Unión Profesional, se quitaría información a los clientes del contenido del servicio.

- La supresión de barreras a la publicidad en la ley ómnibus plantea discordancias con la propia Directiva de Servicios.

Fuente:www.expansión.com juridico

lunes, 27 de abril de 2009

ALCALA. La Comunidad de Madrid cumple su deuda con el Turno de Oficio.

Lunes 27 de Abril de 2009.

Escrito por D. Santos

La Comunidad de Madrid ya ha saldado la deuda que mantenía desde el año pasado con los abogados del turno de oficio de Alcalá. Así lo asegura el decano del colegio de abogados complutense, José Luis Doñoro, quien apunta a que a fecha de hoy se han pagado a los letrados todos los atrasos que se les debían desde marzo de 2008. “Actualmente, se acaba de cerrar el primer trimestre y se está tramitando también los pagos del mismo”, afirma Doñoro.

La deuda que la Comunidad mantenía con los abogados de la ciudad complutense desde los primeros meses del año pasado se elevaba a más de tres millones de euros. Cada letrado del turno estaba a falta del pago de una media de 6.000 euros, según aseguraban en el mes de febrero las asociaciones judiciales. Fue entonces cuando, ante el impago de sus honorarios, los profesionales de este sector en toda la Comunidad de Madrid decidieron ir a la huelga y realizaron varios paros. En total, en toda la región, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior adeudaba 24 millones de euros.

Una vez subsanado el impago, desde el Colegio de Abogados de Alcalá no se realizarán nuevos paros en su actividad. Sin embargo, no se descarta que éstos se produzcan si el Gobierno regional continúa con su intención de cambiar el modelo del turno de oficio que, según asegura, privatizará el mismo pues lo dejará en manos del poder ejecutivo regional y de los grandes bufetes privados.

“Si se cambia el modelo que existe actualmente, si volveremos a la movilización. Consideramos que se privatizará el turno y que se vulnerará con el cambio uno de los derechos fundamentales”, apunta Doñoro que considera que los más perjudicados serán los más débiles, los imputados que no tengan recursos para su defensa.

Fuente:www.diariodealcala.es

OVIEDO. El colegio de Abogados reclama mejores honorarios para el Turno de Oficio.


Los 700 letrados del servicio resisten la situación con toda «la dignidad» posible

23.04.09 -P. A.| OVIEDO.

Mayores retribuciones, incorporación a la Seguridad Social y rebaja de las trabas burocráticas para cobrar los servicios prestados. Esto es lo que piden los abogados del turno oficio. En Gijón, gran parte de los letrados, amparados por el propio colegio, se pusieron en huelga para ser escuchados y lograr los objetivos. En Oviedo, el ambiente está más calmado, pero las reivindicaciones siguen ahí.

Ignacio Cuesta, responsable del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Oviedo, afirmó ayer que los más de 700 profesionales inscritos en el turno deberían «cobrar mejores» honorarios y que «resisten con la mayor dignidad» posible la actual situación. Por su parte, la Agrupación de Abogados Jóvenes considera que en la institución ovetense «debe abrirse un proceso de reflexión sobre este asunto». El colectivo entiende que los compañeros gijoneses hayan llevado a cabo el paro porque «las peticiones son justas y razonables». Lo demuestra «el hecho de que la cobertura de la asistencia sanitaria haya sido asumida en otras comunidades autónomas limítrofes», especificó la agrupación en un comunicado. También pide al Principado que les «descargue del trabajo meramente administrativo» y exige una subida salarial del 70%.

El 30%, conseguido

Poco a poco, hay avances. Los letrados han logrado una actualización de los honorarios del 30%, pero no es suficiente. «No se puede cobrar 200 euros por llevar un procedimiento de divorcio. Hay que equiparar las retribuciones con las tablas de honorarios del colegio», abogaba en 2008 Cuesta.

Si los honorarios «son ahora un 30% menos miserables», los abogados también han avanzado en otro asunto: la puntualidad a la hora del cobro. «La Consejería de Justicia se está esforzando para ello», reconoció Pablo Luque.

Los retrasos a la hora de recibir las pagas del turno de oficio han llegado hasta los seis meses. El Colegio de Abogados, por su lado, también ha mediado en este asunto. El pasado mes de julio, firmó un convenio con Bankinter para la puesta en marcha de una oficina bancaria virtual para los colegiados. Entre otras cosas, permite el deseado anticipo de los honorarios del turno de oficio.

Fuente:www.elcomerciodigital.com

Confundir la dignidad con la corbata

Confundir la dignidad con la corbata

JOSÉ YOLDI
27/04/2009

Usted, querido lector, que se ve agobiado diariamente por ella, quizá no lo sepa, pero la corbata como símbolo de distinción fue importada directamente de los usos de la guerra. El término procede del italiano cravatta o crovatta, derivado de croata, ya que a mediados del siglo XVII en la guerra contra los turcos los jinetes de la caballería croata, una de las más fieras de Europa, lucían en el cuello unos pañuelos de colores característicos para infundir mayor respeto entre sus enemigos.

No hay que confundirlo con "un corbata", que era un ministro de capa y espada, es decir, un consejero que en los tribunales reales no tenía la condición de letrado. Pero eso es otra historia.

El caso es que el uso de la corbata se extendió como señal de elegancia entre las clases sociales dominantes de Europa, y en el Estatuto General de la Abogacía de 1946 se recogía la exigencia para los letrados de vestir camisa blanca, corbata y zapatos negros cuando se llevara toga en los juicios.

El precepto no fue baladí y algún letrado, como Francesc Arnau, fue sancionado en los albores de la democracia por negarse a llevar corbata en los juicios. Todavía en 2002, los jueces de lo Penal de Málaga acordaron suspender aquellas vistas en las que los abogados acudieran sin esa prenda.

Esa obligatoriedad fue eliminada en el nuevo Estatuto, aprobado como real decreto en junio de 2001, que en su artículo 37 establece: "Los abogados comparecerán ante los tribunales vistiendo toga y, potestativamente, birrete, (...) y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia". Es decir, tirando de sentido común, que no parece adecuado ir con bermudas y chancletas, pero desde luego no es obligatoria la corbata.

Expulsión del edificio

Sin embargo, algunos jueces, con un concepto arcaico de las normas, se empecinan en enseñarnos a todos cómo son capaces de imponer su autoridad al que no lleve corbata. ¡Como si la dignidad, el prestigio y el respeto se llevaran en la corbata!

El 9 de diciembre de 2008, el abogado Juan Moreno, de guardia en el turno de oficio, comparecía ante la Sección Tercera Penal de la Audiencia Nacional para asistir a un procesado en la vista de una prórroga de prisión. El presidente del tribunal, Alfonso Guevara, reclamó al letrado -que sí vestía traje, pero no corbata- que se pusiese esa prenda, a lo que éste contestó que si no se exigía a las mujeres no entendía por qué tenían que ponérsela los hombres. El presidente insistió e indicó a Moreno que si no disponía de corbata se le proporcionaría una en la sala de togas. Pero como el abogado se negó a pasar por tal imposición, fue expulsado de la sala. En el momento de abandonar la estancia, Moreno comentó: "Esto es increíble". Guevara entonces ordenó a la Policía Nacional que se cerciorase de su expulsión no sólo de la sala, sino del edificio de la Audiencia, y el letrado, conducido por los agentes, fue puesto de patitas en la calle. La vista tuvo que ser suspendida hasta el día siguiente pero el acusado ya no fue asistido por el citado letrado, sino por una compañera suya. Moreno denunció lo ocurrido al Consejo del Poder Judicial por estimar que había habido abuso de poder por parte del magistrado.

El 3 de noviembre de 2008, Antonio Morgado comparecía como defensor a una vista en el Juzgado de lo Social número 37 de Madrid. El juez Marcos Ramos impidió subir a estrados al jurista porque no llevaba corbata. Éste alegó que ni la secretaria judicial ni la abogada del Estado la llevaban, pero el magistrado le precisó que por su condición de varón estaba obligado a usarla y que si se negaba a hacerlo podría intervenir como abogado, pero desde los bancos del público.

Para los letrados es una afrenta que los expulsen de los estrados y el artículo 38 del Estatuto de la Abogacía señala que "los abogados tendrán derecho a intervenir (...) sentados dentro del estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el tribunal ante quien actúen". Sin embargo, Morgado accedió a actuar desde los bancos del público porque el juicio se había suspendido ya en dos ocasiones anteriores y no quería perjudicar a su cliente. No obstante, el letrado denunció lo que consideró un trato discriminatorio, arbitrario y desconsiderado por parte del juez.

Ahora, el Consejo del Poder Judicial ha ordenado la apertura de sendos expedientes contra Guevara y Ramos por falta leve de "desatención o desconsideración con iguales o inferiores, (...) abogados y procuradores".

"¡Triste época la nuestra!", decía Einstein, "es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio". O parafraseando a Oscar Wilde: "Se puede admitir la fuerza bruta, pero la razón bruta es insoportable". Y usted se preguntará: ¿En qué hemisferio tiene su sede el Ministerio de Igualdad?

Fuente:www.elpais.com

viernes, 24 de abril de 2009

MÁLAGA. Los despedidos recurren a Abogados de Oficio por la falta de recursos.

El Colegio de Abogados de Málaga asegura que el número de litigios ha aumentado desde que empezó el año y que su celebración se está retrasando Raquel Garrido / Málaga | Actualizado 24.04.2009 - 01:00
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Firma del convenio suscrito ayer en el Colegio de Abogados de Málaga.

En una situación de crisis económica como la actual no es de extrañar que a la hora de afrontar un proceso judicial por un despido laboral se recurra a los abogados del turno de oficio en lugar de contratar los servicios de un letrado. Es la consecuencia directa de la regulación de empleo que muchas empresas de la provincia han llevado a cabo en los últimos meses y que ha hecho que aumente considerablemente también el número de litigios que llegan a los distintos juzgados de lo Social de la provincia de Málaga, muchos de ellos saturados por la proliferación de estos casos.

El Colegio Oficial de Abogados de Málaga ha detectado un aumento de las designaciones de los letrados de oficio desde principios de año cuando se recrudeció la crisis que trajo como consecuencia un continuo goteo de despidos de trabajadores de la provincia. Aunque no necesariamente la mayor demanda de este tipo de abogados del turno de oficio implica, según explicó ayer a este periódico el decano de este colectivo, Manuel Camas, un incremento de los juicios "sino más bien que estas personas que acaban de ser despedidas optan por este servicio por cuestiones económicas".

Pero en este caso el incremento de las designaciones de los abogados de oficio sí va en paralelo con la mayor carga que están soportando los juzgados de lo Social para abordar, sobre todo, despidos improcedentes o desacuerdos de los empleados con las condiciones recogidas en los expedientes de regulación de empleo ejecutados por las empresas.

Según el decano de los abogados malagueños, "de momento no se sabe a ciencia cierta las cifras de que avalan esta percepción pero no cabe duda que la litigiosidad y los concursos han aumentado notablemente en estos meses".

Las efectos de esta situación de sobrecarga que sufren los juzgados malagueños para abordar los litigios laborales son el retraso que acumula por lo general la celebración de este tipo de juicios. Si antes el periodo medio de espera solía rondar los dos meses, ahora a raíz de los despidos masivos que se han producido en muchas empresas están tardando hasta seis meses en celebrarse.

Fuente:www.malagahoy.es

martes, 21 de abril de 2009

GALICIA. El consello da avogacia anula la suspensión del Turno de Oficio.

Martes, 21-04-09. P. F.

LA CORUÑA. El Consello de Avogacía Galega (CAG) declaró, en el pleno celebrado el pasado viernes, la nulidad absoluta de la suspensión del turno de oficio en La Coruña. El órgano colegial de máxima representación de la profesión a nivel autonómico tomó esta decisión tras estimar el recurso de alzada presentado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el acuerdo de los abogados coruñeses. En dicho pacto, los letrados decidían suspender, el pasado mes de enero, el servicio de turno de oficio como medida de presión ante la Consellería de Presidencia del gobierno del bipartito.

En consideración del CAG, «las justas reivindicaciones del Colegio de Abogados no pueden prevalecer sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos para los que presta el servicio». A pesar de ese edicto, el Consello de Avogacióa reconoce, en la resolución, la legitimidad de las motivaciones de fondo que llevó al organismo coruñés a tomar la drástica medida de suspender el turno de oficio. Por este motivo, el CAG anunció que adoptará todas las acciones necesarias para lograr el reconocimiento de los derechos de los juristas y alcanzar así un «financiamiento acorde con los estándares de calidad que se esperan en la Asistencia Jurídica Gratuita en un Estado de Derecho».

Un largo conflicto

El conflicto entre los abogados y la Xunta comenzaba en diciembre de 2008 cuando el CAG inició las negociaciones con la Dirección Xeral de Xustiza para mejorar las condiciones de las actuaciones de los abogados de oficio. En enero, el Colegio de Abogados de La Coruña decide suspender, excepto en casos urgentes, este servicio como medida de reclamo de os pagos pendientes a la administración autonómica. Ante los actos de protesta, Presidencia suspende las negociaciones con el colectivo en marzo de 2009, lo que abre una brecha entre ambas instituciones.

Tras la resolución adoptada por el CAG, los servicios de justicia gratuita volverán a la normalidad en toda la provincia de La Coruña, a la espera de la celebración de una entrevista con el nuevo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para retomar las negociaciones.

Fuente: www.abc.es

lunes, 2 de marzo de 2009

ABOGADOS EN ACCION. Stafford Smith. Un abogado en Guantánamo.

GUILLERMO ABRIL 01/03/2009

Fue el primero en llevar la prisión ilegal a los tribunales. Abrió el camino para defender a los detenidos. Con su ONG, Clive Stafford Smith ha luchado por liberar a casi un centenar. Ahora confía en Europa para echar el cierre.

Cuando en enero de 2002 empezaron a conocerse las primeras noticias sobre la prisión de Guantánamo (Cuba), a la que los militares estadounidenses estaban trasladando a supuestos terroristas de Al Qaeda y talibanes afganos capturados “en combate”, un abogado de sonrisa torcida decidió meter una cuña antes de que se cerrara la puerta de la guerra sucia contra el terror. “Demandemos al presidente Bush”, escribió Clive Stafford Smith en un correo electrónico a sus colegas defensores de los derechos civiles en Estados Unidos. La mayoría respondió con silencio. Otros no veían ningún problema con la prisión. Algo había cambiado, se excusaban: su país se encontraba en guerra desde el 11-S.

Stafford Smith, de 49 años, estadounidense de origen británico, no le retuvo ningún complejo patriótico. Después de dos décadas defendiendo a los innombrables en el corredor de la muerte de los Estados sureños, en febrero de 2002 demandó al entonces presidente, George Walker Bush; al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y a dos mandos de la base naval de Guantánamo por retener “incomunicados y bajo custodia ilegal” a dos ciudadanos británicos. Dos años y medio más tarde, gracias a esta demanda, la Corte Suprema reconocía a los presos el derecho al procedimiento de hábeas corpus y abría una rendija para la entrada de abogados en la base.

La niebla acaricia las colinas del condado de Dorset, al sur de Inglaterra. La carretera serpentea entre prados y vacas. Unas casitas de ladrillo al fondo de un camino embarrado. Un hombre espigado se asoma a la puerta. Dentro, ofrece un té y pide unos minutos: “Estoy acabando una carta a la Casa Blanca. A ver cuál es la postura de Obama sobre la tortura cometida contra un cliente”. Stafford Smith teclea en el portátil. Su mujer, también abogada, juguetea en el salón con el bebé de ambos. John Le Carré y Ernesto Che Guevara sobre la estantería. Zumba la tetera. Punto. Correo terminado. Con la taza en la mano y sus pantalones de pana agujereados, el azote de Guantánamo sale a la calle y hace de guía hasta su oficina, una cabaña luminosa que debió de servir como almacén de aperos. Le ha puesto el apodo de El Pentágono. Como el original, dice, cuenta con cinco lados.

El inagotable Stafford Smith, distinguido como oficial del Imperio Británico, acaba de volver de Estrasburgo (Francia), donde ha pasado un par de días contando a los parlamentarios europeos “la verdad sobre los prisioneros de Guantánamo”. Con más de 20 viajes a la base americana a sus espaldas, en estancias de 10 días, ha representado a unos ochenta detenidos al frente de Reprieve, la organización británica sin ánimo de lucro que fundó hace nueve años; 50 de ellos ya han sido liberados. La mutación de la ONG, consagrada a la defensa de los condenados a muerte, fue inevitable cuando Guantánamo entró en escena. Su sede se encuentra en el corazón de Londres y cuenta con 14 abogados e investigadores dedicados a desvelar el oscuro sistema de inteligencia post-11-S. Las prisiones ilegales se encuentran entre sus prioridades. No sólo la cubana. Ahí están Bagram (Afganistán), Temara (Marruecos) o Diego García (territorio británico). El seguimiento de los vuelos de la CIA es otro de sus fuertes. Sus averiguaciones fueron entregadas en 2008 al fiscal de la Audiencia Nacional que investiga el caso en España, Vicente González Mota. Reprieve aportó la identidad de los agentes de la CIA que operaron los vuelos con escala en territorio español. Los agentes se identificaron con nombres falsos, sostiene Reprieve. “Esta información todavía ha de verificarse, pero ha sido incluida en el sumario”, resume el fiscal. “Y esto da cuenta de su relevancia”.

Volvamos a Guantánamo. Con la orden ejecutiva de Barack Obama de desmantelar en un año una prisión en la que han tenido lugar más suicidios (4) que juicios justos (3), el debate se ha trasladado. “No puedes cerrarla a menos que los prisioneros tengan un lugar al que ir”, dice Stafford Smith. Ahí entra en juego Europa y su viaje a Estrasburgo. De las cerca de 240 personas que siguen encerradas, 140 regresarán a sus países. Unas 40 quizá sean juzgadas en suelo estadounidense. Cerca de 60 no tienen un destino al que volver, perseguidos en sus países, o cuyos Estados se encuentran en guerra. La negociación en el Parlamento Europeo terminó con una declaración de buenas intenciones para ofrecer refugio a quien lo necesite. Pero el problema con la política, dice el abogado, es que una cosa son las palabras y otra la acción.

Noviembre de 2004. Stafford Smith logra su primer permiso para entrar en la base y entrevistarse con los prisioneros británicos Moazzam Begg y Richard Belmar. Bush ya había anunciado al mundo (julio de 2003): “De lo único que estoy seguro es de que éstos [los prisioneros] son personas malvadas”. El abogado imaginaba que se habrían cometido errores, fallos en la identificación, falta de pruebas. “Pero supuse que lo habrían hecho bien en casi todos los casos”. Primera sorpresa: “La mayoría no eran terroristas”. Las cifras han ido hablando por sí solas: de las 759 personas que han desfilado por la base, 525 han sido liberadas. Sus dos primeros clientes volaron a casa dos meses después de la visita del abogado.

El anecdotario de este hombre sobre los sinsentidos de la prisión es interminable. Para empezar, cuenta, se topó con el muro de la burocracia militar. Lo primero que necesita un abogado para defender a una persona es saber quién es la persona, pero nadie sabía quién se hallaba en Guantánamo. Los militares tampoco aportaban ninguna pista. “Cuando por fin dimos con algún nombre y comentamos a las autoridades americanas ‘Eh, estoy representando gratis a esta persona’, nos contestaron que sólo podíamos representarlo si teníamos su permiso expreso. ‘Pregúntenle si quieren que le defendamos’, respondíamos. Y los militares: ‘No. Eso no lo podemos hacer”. La clave fue dar con los familiares, que tienen derecho a solicitar apoyo jurídico para los detenidos. Esto puede resultar sencillo con ciudadanos británicos o australianos. En Yemen, adonde Stafford Smith viajó para localizar a varias familias, se vuelve una labor titánica.

Una vez dentro, la siguiente trampa burocrática: cualquier anotación que un abogado quisiera conservar después de entrevistarse con un detenido había de meterla en un sobre y dirigirla al Departamento de Defensa en Washington, donde se tachaba debidamente toda información comprometedora para la “seguridad nacional” de Estados Unidos. Cualquier referencia a las torturas sufridas por sus clientes, como el ahogamiento, los golpes, los cortes, la simulación de homicidios en celdas contiguas o la posición de strappado propia de la Inquisición española era eliminada porque formaba parte de los “métodos de investigación”. Material clasificado que los abogados no podían hacer público.

A Stafford Smith se le ocurrió así uno de sus golpes de efecto más sonados. En 2005 le remitió al primer ministro británico Tony Blair una carta desde Guantánamo describiendo las atrocidades que los militares americanos habían cometido contra su cliente Moazzam Begg. La misiva la componían una memoria de 40 páginas sobre los abusos, que quedó censurada en un 90%, y dos folios de carta aclaratoria con el encabezamiento: “Re: Torturas y abusos a ciudadanos británicos en Guantánamo”, y un último párrafo: “Todo lo que aparezca tachado en esta carta es información que sus aliados de Estados Unidos no creen que deba conocer”. Fueron las dos únicas frases que la censura de Washington no cubrió con una mancha negra.

Ante la ausencia de juicios justos y la poca información que superaba el filtro, la labor de los abogados ha sido investigar la vida de los prisioneros con las pocas pistas que tenían. Stafford Smith lo ilustra con la historia de otro de sus clientes, Mohamed el Gharani. Originario de Arabia Saudí, fue detenido en Pakistán y vendido a los militares estadounidenses en 2003. Tenía 14 años. Durante el interrogatorio, un intérprete de árabe que hablaba el dialecto yemení le preguntó que cómo conseguía “tomates” en Pakistán. “¿Tomates?”, se preguntó el muchacho. “No necesito tomates. Puedo conseguirlos en cualquier parte”. El problema fue que la palabra que entendía en su dialecto saudí como “tomates” o “ensalada”, zalat, significaba “dinero” en yemení. Los militares, explica su abogado, concluyeron que debía de tratarse de un financiador de Al Qaeda. Lo acusaron de formar parte de una célula londinense en 1998, convencidos de que El Gharani tenía unos 25 años. Lo primero que hizo Stafford Smith, después de entrevistarse con el chico, fue confirmar su edad. Consiguió su partida de nacimiento y probó que cuando se encontraba supuestamente en Londres, financiando a terroristas, ¡tenía 11 años! Su liberación ha sido anunciada en enero.

Aun así, dice el abogado, lo más grave no han sido las torturas ni las injusticias, sino el secretismo: “Yo sé un montón de cosas que están pasando, pero tú no las sabes. Ni nadie. Los americanos clasifican la información cuando los hechos les resultan embarazosos”.

El caso de Binyam Mohamed, cliente que continúa encerrado, es un ejemplo de esta arbitrariedad. El asunto saltaba a la prensa el mismo día de la entrevista con Stafford Smith (5 de febrero). Y por eso escribía un correo apresurado a la Casa Blanca. El residente británico Mohamed fue detenido en 2002 y sometido a torturas en prisiones secretas de Pakistán, Afganistán y Marruecos, según contó. “Los americanos no nos permitían el acceso a las evidencias de esas torturas”, dice su abogado. “Así que denunciamos al Gobierno británico para que nos diera la información”. La inteligencia británica había intervenido en el interrogatorio en Pakistán. Y en Marruecos le inquirieron sobre la base de datos facilitados por los británicos.

Se ganó el caso y Stafford Smith pudo leer 42 documentos clasificados. “La información es devastadora. Pero sólo unos pocos hemos tenido acceso”. A finales de 2008, varios medios de comunicación (la BBC, The Times y The New York Times, entre otros) se unieron a la demanda, para que la evidencia saliera a la luz. El 4 de febrero, los jueces anunciaron que el Gobierno británico no la haría pública, ya que había sido amenazado por la Administración estadounidense en estos términos: “La desclasificación (…) produciría un daño duradero a nuestros acuerdos (…) y a la seguridad del Reino Unido”.

La decisión del tribunal ha sido recurrida y, en cualquier caso, Stafford Smith se muestra orgulloso. “Hasta que no hubiera juicios justos, nada se haría público. Ahora los hay y, como suele decirse, el sol es el mejor desinfectante”. Oscurece fuera de El Pentágono. La taza de té vacía descansa junto al busto de Zeus que preside su escritorio. Son poco más de las cuatro, hora del paseo con su mujer y su hijo. La figura espigada se pierde por los caminos embarrados.

El día siguiente a la entrevista, la viñeta satírica de Times mostraba a Obama preguntándose: “¿Podemos publicar la información sobre la tortura al residente británico?”. Lo mismo le había pedido Stafford Smith, si mantenía la posición oscurantista de su predecesor. “Me gusta Obama. Voté por él”, había explicado el abogado. “Pero no podremos aprender de la historia hasta que no sepamos cuál es la historia”. El documento que remitió al presidente explicando la tortura sufrida por su cliente le fue devuelto por el censor de Washington con todas y cada una de las palabras tachadas.

Fuente:www.elpais.com